Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00748-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00748-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00748-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de octubre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00748-01
Demandante: Germán Darío Torres Soto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00748-01
Demandante: Germán Darío Torres Soto
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Temas: Tutela por no resolver de fondo los reparos presentados en el recurso
de reposición interpuesto contra decisión de exclusión de la
Convocatoria 27, concurso de jueces y magistrados.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 11 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Germán Darío Torres Soto, actuando en nombre propio, promovió demanda
en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso y, como
consecuencia de lo anterior, que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia,
lo siguiente:
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Demandante: Germán Darío Torres Soto
[P]rocedan a revaluar el examen del suscrito conforme con el total de respuestas
acertadas correspondientes al ítem de conocimientos. La prueba debe ser recalificada
empleando para el efecto la fórmula establecida por el propio concurso, esto es,
utilizando la siguiente ecuación: puntaje de conocimiento = (# de aciertos-
media/desviación convocatoria) x 30 + 550.
De igual forma para poder efectuar de forma correcta la asignación de puntajes es
necesario recalificar todos los exámenes para obtener con certeza los valore[s] de las
variables de la anterior fórmula denominados la media y desviación convocatoria.
[…] resolver el requerimiento mediante el cual solicité fuera designado un perito filólogo
perteneciente a la lista de auxiliares de la justicia, para que precise en torno únicamente,
respecto de algunas de las preguntas de comprensión de lectura que integraron el
examen aplicado al suscrito memorialista, cuáles de las respuestas dadas se pueden
tener por válidas.
[…] resolver las objeciones efectuadas a través del recurso de reposición, respecto de
algunas de las respuestas consideradas como acertadas por el concurso, NO de forma
genérica mediante el anexo 2, sino que se les ordenará estudiar los argumentos que en
cada caso fueron expuestos para objetar la respuesta propuesta como válida por la
organización.
[…] que en el evento en que la recalificación del examen arroje un resultado superior a
800 puntos se me permita proseguir con las demás etapas del concurso selectivo.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Participó en la Convocatoria 27 de 2018, cuyo objeto es la provisión de empleos de
funcionarios judiciales de carrera administrativa, para el cargo de magistrado de
Tribunal Administrativo.
ii) Mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, publicó los
resultados de la prueba de conocimientos, la cual no aprobó.
iii) Dentro de la oportunidad legal presentó recurso de reposición en el que solicitó la
exhibición del examen y las claves de las respuestas consideradas como acertadas.
iv) El 30 de octubre de 2022, la entidad realizó la exhibición de las pruebas, así como
las respuestas que el concurso señaló como acertadas, dentro de la cual pudo
constatar que su examen estuvo mal calificado.
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v) Consecuencia de lo anterior, presentó adición al recurso de reposición en el que
alegó lo siguiente:
Al ser revisadas las claves de las respuestas consideradas como acertadas por el
concurso y cotejarlas con las marcadas correctamente por el suscrito, encuentro que
corresponden a un total de CUARENTA (40) respuestas correctas, lo cual implica que el
puntaje que me debe ser otorgado en este ítem corresponde a por los menos la suma
de 566,480 puntos. Lo anterior resulta de aplicar la fórmula entregada por el concurso
para obtener el valor de la prueba de conocimientos, esta es la siguiente: PUNTAJE DE
CONOCIMIENTOS= (# de aciertos-media/desviación convocatoria) x 30 +550. Al
reemplazar la anterior fórmula matemática por valores tenemos los siguientes
resultados: PUNTAJE DE CONOCIMIENTOS= (40-35,959/7,356) x 30 + 550= 566,480.
vi) De igual forma, solicitó que fuera designado un perito filólogo, perteneciente a la
lista de auxiliares de la justicia, para que precisara los siguientes aspectos:
a) Si además de las respuestas dadas como acertadas por la organización, existen otras
respuestas que pudieran tenerse como válidas y, en consecuencia, obtener puntaje;
b) Si existen respuestas contenidas en el examen presentado por el suscrito recurrente,
que puedan ser consideradas acertadas y, en consecuencia, merecedoras de recibir
puntaje, debido a los contextos en los cuales fueron planteados los interrogantes, en
caso afirmativo señalar cuales.
vii) A través de Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial resolvió las objeciones propuestas por los
participantes, sin pronunciarse sobre su alegato y petición particular.
viii) Al menos dos variables del puntaje de conocimientos dependen del resultado
global de la prueba, es decir, las variables denominadas: la media y la desviación de
la prueba, factores que se obtienen de la universalidad de los resultados de los
participantes, por lo que resulta «curioso» que se mantengan incólumes los resultados
de la prueba cuando es evidente que la sumatoria de las respuestas dadas por el
propio concurso como acertadas, en verdad, no se hizo, de aquí que los resultados
entregados no sean fidedignos.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 6 de marzo de 2023, el consejero de Estado Alberto Montaña Plata remitió
el expediente de la referencia al despacho del consejero Gabriel Valbuena Hernández,
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Demandante: Germán Darío Torres Soto
a fin de que resolviera sobre la posible acumulación de la acción de tutela con la
tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-00712-00.
1.2.2. El 16 de marzo de 2023, el consejero Gabriel Valbuena Hernández negó la
acumulación del proceso y devolvió el expediente.
1.2.3. El 27 de marzo de 2023, el señor Germán Darío Torres Soto aportó como
prueba sobreviniente, para ser valorada dentro del trámite de tutela, la Resolución
CJR-23-0104 del 17 de marzo de 2023, en orden a acreditar que las calificaciones
generales del concurso adolecen de precisión.
1.2.4. El 21 de abril de 2023, el consejero de Estado Alberto Montaña Plata admitió la
acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia para que, dentro del término de dos días, rindieran informe sobre
los hechos de tutela; tuvo como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los
documentos allegados con la demanda; y ordenó publicar la providencia en la página
web del Consejo de Estado.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial. El 27 de abril de 2023,
la directora Claudia M. Granados R., solicitó negar las pretensiones de tutela, en
atención a los siguientes argumentos:
i) Mediante la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023,1 se atendieron de
manera clara, completa y de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso
presentado por el tutelante. En aplicación del artículo 209 de la Constitución Política,
en especial de los principios de eficiencia, celeridad y economía, este último
desarrollado en el numeral 12 del artículo 3 CPACA y lo dispuesto en el artículo 22
ibidem —sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que reguló el derecho
1 Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de
Magistrado de Tribunal Administrativo de la Rama Judicial.
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fundamental de petición—, los recursos fueron resueltos en una sola resolución por
cargo, mediante categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas
planteados y con un análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones
coinciden con los ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.
ii) Así, en los puntos 8, 9, 18 y 35 de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de
2023 se resolvieron de fondo y de forma congruente las solicitudes de recalificación
del examen, de explicación de la fórmula de calificación y de revisión de perito, así
como los reparos realizados a las preguntas específicas. Conforme con lo anterior, la
situación debe ser calificada como hecho superado y por ende concluir la carencia
actual de objeto que impide que se ampare el derecho fundamental invocado.
1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia. El 27 de abril de 2023, el señor
Eduardo Aguirre Dávila, director del Proyecto Contrato de Consultoría 096 de 2018,
solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, dado lo siguiente:
i) Mediante la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, con sus respectivos
anexos, la universidad brindó respuesta clara, completa y de fondo a todos los reparos
y solicitudes invocados por el recurrente.
ii) Si el accionante no está de acuerdo con lo allí resuelto puede demandar su
contenido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no siendo la acción de
tutela el mecanismo adecuado para presentar tal disenso.
1.4. Sentencia impugnada
El 11 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró
improcedente la solicitud de amparo, en atención a los siguientes considerandos:
i) La acción de tutela es improcedente por cuanto el accionante tiene a su alcance
otros medios de defensa judicial para cuestionar lo resuelto por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en la
Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución CJR22- 0351 de 1 de septiembre de 2022,
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mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de conocimientos y
aptitudes.
ii) Las resoluciones aludidas constituyen actos administrativos definitivos que son
susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por estar
ante manifestaciones de la voluntad de la administración que, para el caso concreto,
definieron la situación jurídica del participante, pues dispusieron su exclusión del
concurso de méritos.
iii) Además, en el caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que
torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
1.5. Impugnación
El 11 de agosto de 2023, el accionante impugnó la decisión de primera instancia en
orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para
dichos efectos, sustentó la impugnación en los siguientes términos:
i) La sentencia de primera instancia fue resuelta casi seis meses después de la
presentación de la demanda, cuando ya había fenecido la oportunidad para acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la Resolución CJR23-
0044 del 16 de enero de 2023, siendo el trámite constitucional por naturaleza breve y
sumario, y sin que se hubiere ordenado la suspensión de términos mientras era
tramitada la acción.
ii) Contrario a lo manifestado por el a quo, la decisión que resuelve el recurso de
reposición contra las calificaciones otorgadas por el concurso no es un acto definitivo,
sino preparatorio, en la medida en que impulsa un trámite administrativo que concluye
con la consolidación de una lista de elegibles. Así lo señaló el Consejo de Estado en
las sentencias del 13 de agosto y 5 de noviembre de 2020, proferidas dentro de los
expedientes 25000-23-42-000-2014-00109- 01 (1997-16) y 25000-23-41-000-2012-
00680-01 (3562-15), respectivamente. Por ende, la acción de tutela es el mecanismo
judicial idóneo para la protección eficaz del derecho fundamental invocado.
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iii) En todo caso, en el asunto sí se acredita la existencia de un perjuicio irremediable,
para conocerse la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues es evidente que
la exclusión del concurso de méritos —con violación del debido proceso— resulta ser
argumento suficiente para evidenciar su materialización. En la diligencia de exhibición
de los exámenes se pudo evidenciar que varias pruebas habían sido calificadas con
puntajes inferiores a aquellos que realmente les correspondían, de acuerdo a las
propias claves de aciertos previstos por el concurso, lo cual no sólo convoca a la
organización del certamen a corregir las calificaciones sino, además, a recalificar las
pruebas, de acuerdo con la fórmula propuesta por el concurso para calificar los
exámenes.
iv) Ahora bien, en el asunto de marras no se estudió el hecho de que la resolución que
decidió los recursos de reposición oportunamente impetrados se hizo de forma
genérica, es decir, sin estudiar a fondo los argumentos en los cuales se sustentaron,
ya que solo existió la afirmación de que las pruebas fueron revisadas por un grupo de
expertos y que, por ende, no eran susceptibles de ningún tipo de interpretación,
cuando es evidente que por los contextos de formulación de los interrogantes muchas
de las preguntas admiten al menos dos posibles respuestas acertadas, situación que
también surge como violatoria del debido proceso, en la medida en que se trata de
actos administrativos inmotivados.
v) Tampoco existió pronunciamiento sobre la solicitud de práctica de la siguiente
prueba: «OFICIOS A SER LIBRADOS. A la Dirección de la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y Universidad Nacional de
Colombia, para que remitan copia de la hoja contentiva de las respuestas dadas por el
suscrito a la prueba de conocimientos, así como la clave de respuestas dadas por el
concurso como acertadas, tiene por objeto demostrar que el suscrito obtuvo un número
acertado de respuestas en la prueba de conocimientos equivalente a 40, lo cual obliga
a la organización a recalificar el examen».
vi) Dicha prueba es conducente, pertinente y útil para demostrar fallas graves en la
calificación de la prueba de conocimientos que implicaron tanto su exclusión del
concurso de méritos como la de los otros participantes en situaciones similares, a
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pesar de que por el puntaje obtenido y la aplicación de la fórmula aritmética deben
permanecer en las demás fases del concurso de méritos. Dado la anterior, debe ser
declarada la nulidad de la actuación, en aras de que la primera instancia resuelva en
torno a la solicitud probatoria.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 2019 2,
según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente
impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dilucidar si, en el caso, corresponde confirmar lo resuelto por el
a quo, respecto de la improcedencia de la acción de tutela, o si, por el contrario, según
el alegato del accionante, concierne analizar la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso invocado.
2.3. El debido proceso administrativo
2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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El derecho al debido proceso administrativo se encuentra recogido en el artículo 29 de
la Constitución Política, donde se determina que su aplicación se extiende a «toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas». De igual manera, el artículo 209
ejusdem y el numeral 1 del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, incluyen al debido
proceso como principio fundamental de la función administrativa.
Por su parte, en Sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional señaló que el debido
proceso administrativo debe entenderse como: «i) el conjunto complejo de condiciones
que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, ii) que guarda relación
directa o indirecta entre sí, y iii) cuyo fin está previamente determinado de manera
constitucional y legal». Así mismo, ha precisado que con dicha garantía se busca «i)
asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, ii) la validez de sus propias
actuaciones y, iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados».3
En esa lógica, en lo que respecta a la administración, el debido proceso administrativo
implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en todo proceso, desde
su inicio hasta su finalización, las entidades públicas están obligadas a observar los
parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico vigente de manera
restrictiva, lo cual busca minimizar el criterio subjetivo dentro de los procesos y evitar
conductas omisivas, negligentes o de descuido de los funcionarios frente a este.
2.4. Hechos probados
2.4.1. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala
de decisión establece, lo siguiente:
i) El 16 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, el Consejo Superior
de la Judicatura convocó a proceso de selección para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, Convocatoria 27 de 2018, que de conformidad con
3 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, comprende las etapas de:
concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles, elaboración de
lista de candidatos, nombramiento y confirmación.
ii) El 2 de agosto del 2018, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Universidad Nacional suscribieron el Contrato de
Consultoría 096 de 2018 con el objeto de realizar el diseño, estructuración, impresión
y aplicación de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica, para los cargos
de funcionarios, así como elaborar el instructivo, realizar la lectura óptica y el
procesamiento de las hojas de respuesta, calificar las pruebas presentadas,
suministrar información de carácter técnico y proyectar y dar respuesta técnica y
jurídica a derechos de petición, reclamaciones, recursos en sede administrativa,
acciones constitucionales y legales durante todas las etapas del concurso, entre
muchas otras.
iii) El señor Germán Darío Torres Soto se inscribió a la Convocatoria 27, concurso de
jueces y magistrados, en el que aplicó para el cargo de magistrado de Tribunal
Administrativo.
iv) El 24 de julio de 2022, se realizó la prueba de aptitudes y conocimientos de la
Convocatoria 27; y el 23 de octubre siguiente, la prueba supletoria, para aquellas
personas que no pudieron asistir a la primera fecha.
v) El 1 de septiembre de 2022, por Resolución CJR22-0351, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, publicó los resultados de
la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para
la provisión del cargo de magistrado de Tribunal Administrativo de la Rama Judicial,
incluyéndose al señor Germán Darío Torres Soto en el listado de participantes que no
aprobaron la prueba.
vi) En septiembre de 2022, el señor Germán Darío Torres Soto presentó recurso de
reposición en contra de la anterior decisión, en los siguientes términos:
Dentro de la oportunidad legal correspondiente, me permito impetrar recurso de
reposición contra la Resolución CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022, el cual
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fundamentaré con base en los resultados de las siguientes pruebas que solicito sean
practicadas:
1. Solicito sea designado un perito filólogo perteneciente a la lista de auxiliares de la
justicia, para que precise en torno únicamente, respecto de las preguntas de
comprensión de lectura que integraron el examen aplicado al suscrito memorialista, los
siguientes aspectos:
a) Si además de las respuestas dadas como acertadas por la organización, existen otras
respuestas que pudieran tenerse como válidas y en consecuencia obtener puntaje.
b) Si existen respuestas contenidas en el examen presentado por el suscrito recurrente
que puedan ser consideradas acertadas y en consecuencia merecedoras de recibir
puntaje, debido a los contextos en los cuales fueron planteados los interrogantes, en
caso afirmativo señalar cuales.
Para estos efectos se deberá permitir al perito el acceso al examen del suscrito, así como
a la clave de respuestas válidas dadas por la organización. Una vez se emita el requerido
dictamen se deberá conceder el plazo adicional previsto en el cronograma del concurso,
para poder complementar los argumentos correspondientes al recurso, el cual deberá
coincidir con el periodo correspondiente a la ampliación de argumentos del recurso
previsto dentro del cronograma del certamen selectivo.
2. De igual forma, solicito ser beneficiado con la corrección de la calificación que resulte
de la jornada de exhibición de los exámenes correspondientes al cargo de magistrado
de Tribunal Administrativo, según los eventuales errores en que se detecten, al otorgar
puntaje a respuestas que pueden ser desacertadas o impedir la atribución de puntaje a
respuestas que pueden ser válidas. Por ende, de manera expresa solicito participar de
la referida jornada de exhibición.
vii) En noviembre de 2022, el señor Germán Darío Torres Soto adicionó el recurso de
reposición, presentando argumentos con respecto de la sumatoria del número de
respuestas acertadas en la prueba de conocimientos dadas como válidas por
concurso, reiterando la solicitud de práctica de la prueba pericial en relación con el
componente de aptitudes del examen y, en consecuencia, solicitando la recalificación
de la prueba de conocimientos.
viii) El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución CJR23-0044, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, resolvió los
recursos de reposición presentados en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1 de
septiembre de 2022.
ix) El 17 de marzo de 2023, por medio de la Resolución CJR23-0104, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, modificó
parcialmente el artículo 1 de la Resolución CJR22-0442 de 1 de noviembre de 2022,
en cuanto al puntaje otorgado al doctor Oscar Eduardo García Gallego, aspirante al
cargo de magistrado de Tribunal Administrativo, código 270001, en el sentido de
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señalar que sí aprobó la prueba de conocimiento; y adicionó parcialmente la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, en el sentido de admitir al concurso
de méritos al referido participante.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
El señor Germán Darío Torres Soto cuestiona en sede de impugnación el hecho de
que en la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, no se atendió
de fondo i) lo requerido en el escrito de septiembre de 2022, en el que además de
presentar recurso de reposición en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1 de
septiembre de 2022, que le asignó un puntaje no aprobatorio en la prueba de
conocimientos generales y específicos, solicitó la práctica de una prueba pericial y la
extensión del beneficio resultante de la jornada de exhibición de cuadernos, ii) ni los
reparos particulares expuestos en el escrito de noviembre de 2022, en el que presentó
ampliación del recurso de reposición.
Pues bien, se advierte que en el escrito de septiembre de 2022, el accionante solicitó:
i) la designación de un perito filólogo para que precisara, en torno de las preguntas de
comprensión de lectura que integraron el examen aplicado, los siguientes aspectos:
«a) Si además de las respuestas dadas como acertadas por la organización, existen
otras respuestas que pudieran tenerse como válidas y en consecuencia obtener
puntaje, y b) Si existen respuestas contenidas en el examen presentado por el suscrito
recurrente que puedan ser consideradas acertadas y en consecuencia merecedoras
de recibir puntaje, debido a los contextos en los cuales fueron planteados los
interrogantes, en caso afirmativo señalar cuales», permitiendo al perito el acceso a su
examen y a las claves de respuestas válidas dadas por la organización, y, una vez
emitido el dictamen, concediera plazo para complementar el recurso de reposición; y,
además ii) ser beneficiado con la corrección de la calificación que resultara de la
jornada de exhibición de los exámenes correspondientes al cargo de magistrado de
Tribunal Administrativo, según los eventuales errores que pudieren detectarse.
Y, en el escrito de noviembre de 2022, el accionante: i) adicionó el recurso de
reposición, presentando argumentos con respecto de la sumatoria del número de
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respuestas acertadas en la prueba de conocimientos dadas como válidas por
concurso, y objetando las preguntas 124, 63, 81, 82, 90, 94, 100, 101, 103, 105, 106,
107, 128, 55, 70, 71,73 y 79, ii) reiteró la solicitud de práctica de la prueba pericial en
relación con el componente de aptitudes del examen y, como consecuencia, iii) solicitó
la recalificación de la prueba de conocimientos.
Ahora bien, en la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, y sus anexos 1 y
2, la Unidad de Administración de Carrera Judicial señaló que en consideración a que
las razones de inconformidad planteadas por los recurrentes eran similares, serían
atendidas en un mismo acto administrativo de acuerdo al cargo, conforme a los
principios contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política en especial el de
economía, desarrollado en el numeral 12 del artículo 3 del CPACA y lo dispuesto en el
artículo 22 ibidem —sustituido por el artículo 1.º de la Ley 1755 de 2015—, así como
en lo indicado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-617 de 2013 y T-386
de 2016.
De esta forma, adoptó un esquema de resolución dividido en temáticas, las cuales se
pasan a abordar, de acuerdo con lo cuestionado por el accionante:
Así, señaló que no era procedente permitir la participación de peritos o terceros ajenos
a los procesos internos de la Universidad Nacional de Colombia para elaborar peritajes
o conceptos técnicos sobre el material contentivo de la prueba, dada la reserva que
sobre ellos recaía y, de igual modo, que no era viable tramitar los peritajes o conceptos
técnicos allegados, toda vez que la integralidad de las preguntas fue auditada y su
contenido se ajustó a los criterios psicométricos definidos, concluyéndose que eran
adecuadas para evaluar las habilidades, capacidades y los conocimientos que se
requerían para el ejercicio del cargo al que se aspiró y, en todo caso, que las
metodologías y procedimientos empleados tuvieron una verificación posterior y
objetiva por parte de expertos que fueron previamente seleccionados y capacitados en
la construcción de preguntas para procesos de selección de estas calidades.
También procedió a explicar la fórmula y metodología de calificación, el cálculo e
información de los datos estadísticos, los fundamentos de la fórmula de calificación, la
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teoría o modelo estadístico utilizado para calificar, el valor de cada pregunta y los
aciertos propios del método para conocerlos a partir del puntaje.
Y, además, refirió que, de acuerdo con la verificación del examen, esto es, la revisión
con lector óptico y manual del cuadernillo y las hojas de respuestas, realizada de
manera individual por parte de la Universidad Nacional, no se observó inconsistencia
alguna en el proceso de calificación y, por lo tanto, no era posible revocarlos, por lo
que se confirmaban los puntajes publicados mediante Resolución CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022.
Por otra parte, para dar solución a las objeciones presentadas a las preguntas de
aptitudes y conocimientos generales y específicos, desarrolló en el anexo 2 de la
Resolución, la pertinencia, la justificación de la clave asignada y la razón de las
opciones de respuesta no válidas, producto de la estructura y construcción de las
preguntas —de acuerdo con lo entregado por la Universidad Nacional de Colombia en
su calidad de operador técnico y diseñador de la prueba—, de lo cual se evidencia una
explicación clara y argumentada de las preguntas objetadas por el accionante, esto es,
las identificadas con los números 55, 63, 70, 71, 73, 79, 81, 82, 90, 94, 100, 101, 103,
105, 106, 107, 124 y 128.
De esta forma, es dable apreciar que en la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de
2023 y sus respectivos anexos se atendieron los cuestionamientos particulares
expuestos por el participante en sus escritos, pues además la entidad explicó que no
era procedente el decreto de nuevo dictamen pericial, también expresó con detalle la
justificación de cada opción de respuesta frente a las preguntas objetadas, explicando
cuales eran las opciones de respuesta consideradas como correctas para el cómputo
del puntaje.
Así las cosas, se colige que en el caso no se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso invocado por el señor Germán Darío Torres, toda vez que las inconformidades
que presentó en el recurso de reposición como en su ampliación fueron debidamente
atendidas, bajo criterios claros, ponderados y razonables.
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Sumado a lo anterior, es de indicar que si el accionante no estaba de acuerdo con lo
resuelto en los actos administrativos que lo excluyeron de la Convocatoria 27, tenía la
posibilidad de demandarlos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, no siendo procedente su
cuestionamiento a través de la acción de tutela, toda vez que lo discutido compromete
no solo su situación jurídica sino también la de los demás participantes de la
Convocatoria 27, a quienes, de igual forma, se les excluyó del concurso de méritos,
definiendo su situación jurídica de manera definitiva dentro del proceso de selección.
Ahora bien, alega el accionante que en el trámite de la primera instancia no hubo
pronunciamiento respecto de la práctica de la prueba solicitada en el libelo, en la que
pidió oficiar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia para que remitieran copia de la hoja contentiva de las
respuestas que dio a la prueba de conocimientos, así como la clave de respuestas
señaladas por el concurso como acertadas; ello, con el objeto de demostrar que obtuvo
un número acertado de respuestas en la prueba de conocimientos equivalente a 40 y
que obliga a la organización a recalificar el examen.
Lo primero a advertir en el asunto es que la inconformidad sobre la omisión en el
decreto de la práctica de la prueba solicitada es un asunto que el accionante pudo
haber objetado luego de que le fue notificado el auto admisorio de la demanda, emitido
el 21 de abril de 2023, lo cual no ocurrió, siendo esa la oportunidad procesal que tenía
para plantear la nulidad invocada. En todo caso, debe indicarse que «la expedición de
la copia de la hoja contentiva de las respuestas dadas en la prueba de conocimientos,
así como la clave de respuestas señaladas por el concurso como acertadas», es un
tema que la Unidad de Carrera dilucidó en el numeral 4 de la Resolución CJR23-0044
del 16 de enero de 2023, en la que fue enfática en señalar que «las solicitudes
relacionadas con la entrega física o digital del material de la prueba aplicada el 24 de
julio del año 2022, copias de actas de sala, informes técnicos y/o de psicometría, así
como aquellos requerimientos de transcripción literal, parcial o total del contenido del
examen» tiene carácter reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 164 de la
Ley 270 de 1996; y, además, trajo a colación la Sentencia T-180 de 2015, en la que se
aclaró que el acceso de los concursantes a los documentos de la prueba no implica
permitir su reproducción física o digital.
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Así las cosas, se concluye que en el caso no se vulneró el derecho fundamental
invocado por el accionante, toda vez que las inconformidades presentadas en sus
escritos fueron debidamente atendidas.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la solicitud de tutela, en el sentido de: denegar el amparo del derecho
fundamental al debido proceso invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el numeral primero de la sentencia del 11 de julio de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el siguiente sentido:
denegar el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor
Germán Darío Torres Soto, dadas las consideraciones expuestas.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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