Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00749-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00749-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00749-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00749-00
Accionante: IDALIDES GULLO GALEZO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de
control reparación directa / caducidad de la acción/
defecto fáctico y desconocimiento de precedente
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Idalides
Gullo Galezo en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Valledupar y del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad
con el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
La parte actora, quien actúa a través de apoderado judicial1, invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y seguridad jurídica, con base en los
siguientes:
1 Pedro Antonio Miranda Fontanilla.
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1. HECHOS
1.1. Manifiesta que el municipio del Copey inició una obra de
adecuación en la Casa de la Cultura, por lo que para ser ejecutada,
abrió el proceso de licitación n.° LP – 010 – 2013 mediante Resolución
núm. 436 de 2013, por medio la cual adjudicó el proyecto a la Unión
Temporal Centro Cultural del Copey.
1.2. Una vez finalizada la obra de construcción, la señora Idalides
Gullo Galezo pudo constatar, a través de un perito, que la edificación
levantada sobrepasó los linderos entre su propiedad ubicada en la calle
9 n.° 16 – 05 del municipio del Copey y el lote del centro cultural.
1.3. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de reparación
directa demandó a la entidad territorial a fin de que se le declarara
patrimonialmente responsable por la falla en el servicio en la ocupación
ilegal de su bien inmueble.
1.4. El proceso por reparto correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar, dependencia judicial que, en
audiencia inicial instalada el 21 de abril de 2021 declaró probada la
caducidad de la acción.
1.5. Inconforme, la demandante interpuso recurso de apelación el
cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante auto del 11 de agosto de 2022.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostiene que el tribunal en la decisión objeto de
censura incurrió en defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio, porque el apoderado de la entidad territorial no aportó
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prueba alguna que acreditara lo expuesto en la contestación de la
demanda.
Así pues, hizo énfasis en que la ocupación ilegal era difícil de reconocer
a simple vista, por lo que solo se podía determinar a través del
reconocimiento pericial, lo cual ocurrió el 25 de marzo de 2015, cuando
el señor Julio Cesar Gómez Vásquez rindió el peritaje.
Por otra parte, indicó que hubo desconocimiento del precedente
jurisprudencial contenido en las sentencias del Consejo de Estado del
25 de agosto de 2016 expediente 73001-23-31-000-2003-01601-01
(3594) y del 5 de febrero de 2021, radicado 25000- 23-26-000-2006-
10312-01 (48671).
3. PRETENSIONES
La accionante solicita:
«PRIMERO.- De manera muy respetuosa le solicito a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado, sean Amparados los derechos Fundamentales al DERECHO AL
DEBIDO PROCESO – ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados
por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, por providencia
del 21 de Abril de 2021 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en
providencia del 11 de Agosto de 2022.
SEGUNDO.- De manera muy respetuosa le solicito a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado, dejar sin efectos las providencias emitidas por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, el 21 de Abril de 2021 y la
Providencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, el 11 de
Agosto de 2022.
TERCERO.- De manera muy respetuosa le solicito a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado, ordenar a quien corresponda emitir una nueva decisión y ordene
continuar con el proceso.»
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4. INFORMES
Mediante auto del 15 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Valledupar y al Tribunal Administrativo del Cesar como
accionados y al municipio del Copey, Cesar, como tercero interesado
en las resultas del proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la
magistrada ponente de la decisión cuestionada, solicitó se niegue el
amparo constitucional, toda vez que la providencia no es constitutiva
de alguna “vía de hecho”.
Al respecto, informó que al revisar el expediente encontró que el
término de caducidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 640 de 2001, se suspendió el 15 de marzo de 2017 cuando
la demandante radicó solicitud de conciliación prejudicial, diligencia
que se declaró fallida el 2 de mayo del mismo año según la constancia
expedida por la Procuraduría 75 Judicial I para Asuntos
Administrativos.
Conforme a lo anterior, indicó que el término de caducidad se suspendió
cuando faltaban 4 días para que caducara el medio de control y se
reanudó al día siguiente de la expedición de la constancia de no
conciliación, esto es, a partir del 3 de mayo de 2017, por lo que la
interesada tenía hasta el 7 de mayo del mismo año para interponer la
demanda; no obstante, la presentó el 10 de mayo de 2017, esto es,
por fuera de la oportunidad prevista en la ley.
4.2. El municipio del Copey (Cesar) solicitó desestimar el presente
mecanismo constitucional, al considerar que lo que pretende la parte
actora es reabrir el debate que ya fue decidido por el juez natural.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿El Tribunal Administrativo del Cesar al proferir la providencia del
11 de agosto de 20222 mediante la cual confirmó la decisión de
declarar la caducidad del medio de control de reparación directa,
incurrió en el defecto fáctico y desconocimiento de precedente?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual
del defecto fáctico; y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
2 La Sala debe aclarar que aunque se cuestiona, también, la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Valledupar del 21 de abril de 2021, el análisis se centrará sobre la decisión de segunda instancia por ser
la que puso fin al proceso.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
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corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.
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2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha en que cobró ejecutoria la decisión cuestionada (15 de
agosto de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (13 de
febrero de 2023).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico y
desconocimiento de precedente en que, presuntamente, incurrió la
autoridad judicial cuestionada.
2.2. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional5 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
5
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,
T-311 de 2009, entre otras.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
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b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios» 8.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
2.3. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma 9. En ese sentido, el
precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
7
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
9 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808
de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente
judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
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preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho11.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad” 13.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales14, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
11 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no
1, p. 249-266.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan
pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
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de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial15.
3. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, la parte accionante cuestiona la providencia
del 11 de agosto de 2022 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar confirmó la decisión de primer grado que
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.
Sostiene, en síntesis, que la decisión objeto de censura adolece del
defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, porque
el apoderado de la entidad territorial no aportó prueba alguna que
acreditara lo expuesto en la contestación de la demanda.
Asimismo, señala que hubo un desconocimiento del precedente
jurisprudencial contenido en las sentencias del Consejo de Estado del
25 de agosto de 2016 [expediente 73001-23-31-000-2003-01601-01
(3594)] y del 5 de febrero de 2021 [radicado 25000- 23-26-000-2006-
10312-01 (48671)].
Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente, la
Sala observa que el Tribunal Administrativo del Cesar, para confirmar
la providencia que declaró probado el fenómeno de caducidad,
determinó:
«Para ahondar en el tema, se cita otra providencia de la Alta Corporación16 al respecto de
la caducidad en la reparación directa cuando se trata de ocupación de inmuebles expuso:
(…)
15 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Consejo de Estado. S. de lo Contencioso A. Sección Tercera. Subsección B. Consejera ponente: Stella Conto Diaz
Del Castillo. Sentencia del 30 de julio de 2015. Radicación número: 08001-23-33- 000-2013-10290-01(51694). Actor:
Corporación Universitaria de la Costa. Demandado: Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla
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5. Caducidad del medio de control de reparación directa. Ocupación permanente
de inmuebles. Así las cosas, es necesario indicar que respecto a la caducidad, en
asuntos relacionados con la ocupación permanente de inmuebles, la
jurisprudencia de esta Corporación distingue dos supuestos, como se señala en la
decisión que se trae a colación:
31. (i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de
una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para
ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido
permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra
ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla
podido conocer en un momento anterior. En la sentencia del 10 de junio de 2009
se dijo al respecto:
En los asuntos relativos a la ocupación de un inmueble por trabajos públicos, la
jurisprudencia ha reiterado, en varias oportunidades […], que el término de
caducidad se cuenta a partir de la fecha en que cesó la ocupación del bien, como
quiera que la pretensión del afectado es reclamar los perjuicios que se dieron
durante el lapso que permaneció ocupado el terreno y éstos sólo pueden
determinarse, cuando aquella haya cesado.
(…) Como quiera que el acta de iniciación del contrato no fue aportada al
expediente y de las actas de reunión no se puede establecer claramente cuándo se
dio por terminado aquél, en el presente caso no se declarará la caducidad de la
acción toda vez que al no existir claridad sobre la fecha exacta de finalización de
la obra, se entiende que no ha corrido el término legal de 2 años para presentar la
demanda de reparación directa por ocupación de inmueble por trabajos públicos.
(…)
De los medios probatorios aportados al proceso se advierte que, para el 1 de enero de
2014, la demandante ya tenía conocimiento de que las obras de construcción del Centro
Cultural del municipio, habían iniciado, pues, dentro de los hechos u omisiones en el
punto 4 de la demanda se informa “desde que la vivienda fue adquirida por mi prohijada,
esto es desde 1987, siempre ha vivido con su núcleo familiar bajo el amor, de manera
pacífica y sin ningún contratiempo." (Folio 5 – hoja 5) expediente digital, lo que impone
deducir razonablemente que tenía conocimiento de tal hecho, al vivir residencia
construida en el mismo lote ocupado.
Adicionalmente, la Sala también advierte que en la comunicación referida como
“Repuesta derecho de petición” librada por la alcaldía municipal de El Copey con destino
a la señora IDALIDEZ GUILLO GALEZO, calle 9 N 16-05, barrio Centro, el 13 de abril
del año de 2015, mediante la cual se le autorizó la expedición de la copia del contrato de
obra pública No. 100, cuyo objeto es la construcción del centro cultural del municipio de
El Copey Departamento del Cesar. (Folio 5 – hoja 87) expediente digital. Tal derecho de
petición denota necesariamente que la actora tenía conocimiento, desde antes de esa
respuesta, de las circunstancias de modo y tiempo que afectaban su inmueble.
Con todo, para la Sala si bien no pareciera clara con valor de absoluto la fecha de
finalización de la obra; se advierte que el acta de finalización del contrato de obra como
el de interventoría es al menos del 17 de marzo de 2015 (ver folio archivo 2017-00182 17
COMPROBANTES Y RESOLUCIÓN DE PAGO ACTA FINAL DE OBRA), aunque la
factura para el cobro del dinero liquidado en el acta final, refiere como fecha de dicho
documento el 15 de marzo de 2015).
En ese orden de ideas, el cómputo del término de caducidad del medio de control de
reparación directa debe contarse a partir de esa fecha bien precisada al interior del proceso
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(17 de marzo de 2015), razón por la cual la oportunidad para interponer la demanda, se
completaría el 18 de marzo de 2017. No obstante lo anterior, revisado el expediente se
encuentra que el término de caducidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 640 de 2001, se suspendió el 15 de marzo de 2017 cuando faltaban que corrieran
los días 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2017 para que operara la caducidad, en tanto que ese
día 15 se radicó solicitud de conciliación prejudicial, diligencia que se declaró fallida el
02 de mayo del mismo año, según constancia expedida por la procuraduría 75 judicial I
para asuntos administrativos. (Folio 5 – hoja 21) expediente digital.
De conformidad con lo anterior, el término de caducidad se suspendió cuando faltaban 4
días para que caducara el medio de control y se reanudó al día siguiente de la expedición
de la constancia de no conciliación, esto es, a partir del 03 de mayo de 2017 corrieron los
días 4, 5, 6, y 7 de mayo del mismo año; y como la demanda se presentó el 10 de mayo
de 2017, es dable concluir como lo hizo el a quo, que la demanda se presentó por fuera
de la oportunidad prevista en la ley, cuando había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad.»
A partir de lo anterior concluyó:
«El Tribunal no acoge la posición planteada en la apelación relacionada con que en
aplicación de la fecha más favorable para la actora se ha debido comenzar a contabilizar
el término para que operara la caducidad desde el 26 de marzo de 2015, o desde el 31 de
marzo del mismo año, y tampoco el 13 de abril siguiente, porque conforme a la
jurisprudencia traída a colación en esta providencia, el término de caducidad se cuenta a
partir del momento en que las obras que generaron la ocupación parcial se consolidan, y
no como lo pretende el apelante, desde cuando la parte interesada estructura o construye
una prueba para hacer valer dentro del proceso judicial, o desde cuando se documentan
algunos trámites posteriores a la misma obra.
En ese sentido, la fecha en que se hizo el peritaje adosado al libelo introductor no es válida
para soportar la pretensión de la alzada, porque con dicho peritaje se podrá estructurar la
dimensión del daño, pero no la ocurrencia de la ocupación, cuyo conocimiento tenía la
demandante desde el mismo momento en que las obras se terminaron.
La fecha que obra en el documento diligenciado ante el Departamento Nacional de
planeación como indicadora de la terminación de la obra (31 de marzo de 2015), da cuenta
del trámite de los procedimientos adelantados ante dicha dependencia para la legalización
de los recursos con los que se financió la obra, y tal documento no alcanza a generar duda
en la Sala sobre la verdadera fecha en la que se culminó la obra generadora del daño cuya
reparación se pretendió.
En tal sentido, pese a que el a quo tuvo en cuenta como hito para contar el término de la
caducidad el 15 de marzo de 2015, el Tribunal tiene en cuenta una fecha que encuentra
plenamente determinada en pruebas irrefutables y que por no haber sido tachadas por las
partes en el momento procesal oportuno, dieron lugar a fijar como la fecha demostrada
en el expediente el 17 de marzo de 2017, día en que se firmó el acta final y de entrega de
la obra.
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En ese sentido, la fecha en que se hizo el peritaje adosado al libelo introductor no es válida
para soportar la pretensión de la alzada, porque con dicho peritaje se podrá estructurar la
dimensión del daño, pero no la ocurrencia de la ocupación, cuyo conocimiento tenía la
demandante desde el mismo momento en que las obras se terminaron.
La fecha que obra en el documento diligenciado ante el Departamento Nacional de
planeación como indicadora de la terminación de la obra (31 de marzo de 2015), da cuenta
del trámite de los procedimientos adelantados ante dicha dependencia para la legalización
de los recursos con los que se financió la obra, y tal documento no alcanza a generar duda
en la Sala sobre la verdadera fecha en la que se culminó la obra generadora del daño cuya
reparación se pretendió. En tal sentido, pese a que el a quo tuvo en cuenta como hito para
contar el término de la caducidad el 15 de marzo de 2015, el Tribunal tiene en cuenta una
fecha que encuentra plenamente determinada en pruebas irrefutables y que por no haber
sido tachadas por las partes en el momento procesal oportuno, dieron lugar a fijar como
la fecha demostrada en el expediente el 17 de marzo de 2017, día en que se firmó el acta
final y de entrega de la obra.
Por ello la decisión habrá de ser confirmada, contabilizando el término de caducidad a
partir del 17 de marzo de 2015, lo que lleva a concluir que el medio de control caducó el
7 de mayo de 2017, y como la demanda se presentó el 10 de mayo, la decisión atacada en
apelación será confirmada, por las razones acabadas de exponer.»
De las transcripciones relacionadas previamente se advierte que el
Tribunal Administrativo del Cesar sustentó la decisión en un análisis
normativo y probatorio integral, en consonancia con las pautas
jurisprudenciales que ha fijado el Consejo de Estado, lo que le permitió
concluir que el término de caducidad se debía contabilizar desde 17 de
marzo de 2015, fecha en la que se firmó el acta de finalización y
entrega de la obra.
No obstante, encontró, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 640 de 2001, que dicho término se suspendió el 15 de
marzo de 2017 cuando la parte actora radicó la solicitud de conciliación
prejudicial, diligencia que se declaró fallida el 2 de mayo del mismo
año, razón por la que el término se reanudó al día siguiente, esto es, a
partir del 3 de mayo de 2017, por lo que tenía hasta el 7 de mayo de
2017 para interponer el medio de control de reparación directa. Sin
embargo, radicó la demanda el 10 de mayo de 2017, esto es, por fuera
de la oportunidad prevista en la ley.
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Lo anterior, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial contenido
en la sentencia del 30 de julio de 2015 proferida por la Sección Tercera
de esta corporación en la que se estableció que en los eventos en que
la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública
con vocación de permanencia el término de caducidad debe calcularse
desde que la obra ha finalizado, o desde que la parte actora conoció la
finalización de la misma sin haberla podido conocer en un momento
preliminar.
Así pues, no fue de recibo para el a quem el argumento planteado en
el recurso de alzada relacionado con que el término de caducidad se
debía contabilizar desde que se rindió el peritaje, esto es, el 25 de
marzo de 2015, porque insistió en que este se debía calcular a partir
del momento en que las obras que generaron la ocupación parcial se
consolidaron y no desde cuando la parte interesada constituyó una
prueba para hacer valer dentro del proceso judicial.
En ese contexto, es claro para esta Sala que el tribunal no incurrió en
los defectos alegados en el escrito de tutela, toda vez que realizó un
análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de
las reglas de la sana crítica, además porque la providencia cuestionada
contiene una carga argumentativa suficientemente sustentada en la
aplicación de las normas vigentes que le permitió inferir que en el
asunto operó el fenómeno de caducidad, lo que descarta una actuar
arbitrario por parte de la autoridad demandada.
De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente
al análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que
no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales,
en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.
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Por otra parte, no encuentra la Sala acreditado el desconocimiento del
precedente judicial invocado por la accionante, dado que las
providencias relacionadas por la accionante no guardan identidad
fáctica ni jurídica con el asunto de autos, si se tiene en cuenta que en
aquellos procesos se estudió la responsabilidad patrimonial del Estado
con ocasión de la ocupación permanente de unos lotes para la
ampliación de una avenida en la ciudad de Ibagué 17 y las afectaciones
al derecho de propiedad por una ocupación material con vocación de
permanencia de unos lotes ubicados en la ciudad de Bogotá18.
Así las cosas, lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un
estudio lógico y plausible conforme al criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, por lo que la divergencia de criterios en cuanto a
la aplicación e interpretación de la ley y la resolución al caso concreto
no puede considerarse per se como violatoria de derechos
fundamentales, pues dicha manifestación corresponde únicamente al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se
deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial.
En consecuencia, se negará el amparo constitucional reclamado por la
accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius fundamental.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
17 Ver sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 25 de agosto de 2016; expediente 73001-23-
31-000-2003-01601-01 (3594)
18Ver sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida del 5 de febrero de 2021; radicado 25000- 23-
26-000-2006-10312-01 (48671)
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FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora
Idalides Gullo Galezo en contra del Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Valledupar, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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