Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00749-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00749-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00749-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
30 de junio de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Demandante: IDALIDES GULLO GALEZO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA EN CASOS DE OCUPACIÓN PERMANENTE DE
INMUEBLE POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
ANÁLISIS DEL DEFECTO FÁCTICO POR VALORACIÓN
INDEBIDA DE PRUEBAS ALLEGADAS POR FUERA DE
LAS OPORTUNIDADES PROCESALES DISPUESTAS.
Síntesis del caso: se cuestionaron los autos de primera y segunda instancia por medio de los
cuales las autoridades demandadas declararon la caducidad del medio de control de reparación
directa incoado por los actores con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble por la
construcción del Centro Cultural El Copey. Se revocará la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones del mecanismo y, en su lugar, se accederá al amparo, tras verificarse que se
configuró un defecto fáctico por valoración indebida de unas pruebas.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 20 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia”. (mayúsculas fijas del
original - archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
1) Mediante Resolución no. 436 de 2013, el municipio El Copey le adjudicó a la Unión
Temporal del Centro Cultural El Copey la construcción de una obra pública.
2) Una vez finalizada la obra de construcción, la señora Idalides Gullo Galezo pudo
constatar, a través de un perito, que la edificación levantada sobrepasó los linderos entre
su propiedad ubicada en la calle 9 n.° 16 – 05 y el lote del centro cultural.
3) El 15 de marzo de 2017, radicó la solicitud de conciliación extrajudicial y el 25 de abril
de 2017 se llevó a cabo la audiencia que se declaró fallida, por lo que la constancia de
conciliación fue expedida el 2 de mayo de 2017.
4) El 10 de mayo de 2017, en ejercicio del medio de control de reparación directa
demandó al municipio El Copey (Cesar) para que se le declarara patrimonialmente
responsable por la falla en el servicio por la ocupación permanente en su bien inmueble.
5) A través de auto de 6 de junio de 2017, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Valledupar admitió la demanda y mediante auto de 8 de febrero de 2018 corrió traslado
por el término de 30 días, no obstante, un día antes de que se venciera dicho término, el
municipio demandado solicitó la ampliación de dicho plazo, en razón a que presentaría
un dictamen pericial, de conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitud que le fue concedida por el
juzgado.
6) El 12 de junio de 2018, el apoderado del municipio contestó la demanda en la que se
opuso a las pretensiones de la demanda y, a su vez, propuso las excepciones de
caducidad de la acción1 y culpa exclusiva de la víctima.
7) El 19 de junio de 2018, el municipio del Copey, a través de su apoderado judicial, llamó
en garantía a la Unión Temporal Centro Cultural El Copey y aportó en un CD una
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A su juicio “el daño se produjo desde el momento mismo en el que se inició la construcción de la obra, en
las postrimerías del año 2013 (…) Así pues, para resolver el asunto de marras basta con establecer en cuál
de estos dos momentos se concretó el daño antijurídico que se alega, es decir, si fue cuando se inició la
construcción de la citada obra (2013) o cuando esta finalizó (año 2015) (…) Estando en esta dimensión las
cosas, es evidente que la afectación que se alega en la demanda porque se sobrepasó los linderos
existentes entre el lote del municipio y la propiedad de la demandante (ocasionando una ocupación de
hecho), ocurrió desde el instante mismo en el que inició la respectiva construcción del Centro Cultural El
Copey”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
documentación relacionada con el contrato de obra pública no. 100 de 21 de noviembre
de 20132, pero no allegó el dictamen pericial.
8) El juzgado admitió el llamamiento en garantía, pero posteriormente lo declaró ineficaz
porque no se pudo notificar a la Unión Temporal Centro Cultural El Copey.
9) Mediante auto del 14 de diciembre de 2020 se fijó como fecha de audiencia inicial el 8
de abril 2020, la cual no se llevó a cabo por cese de actividades producto de la pandemia
originada por el Covd-19.
10) En audiencia inicial de 8 de abril de 2021, el juzgado, mediante Acta no. 42, estimó
que “sería del caso resolver lo relacionado con la excepción de caducidad propuesta por
el apoderado judicial del Municipio del El Copey – Cesar, empero considera el despacho
necesario la práctica de una prueba con el fin de constatar el extremos temporales
correspondientes a la fecha de terminación de la construcción del Centro Cultural del
municipio del Copey, teniendo en cuenta la discrepancia existente entre la fecha
mencionada en la demanda y en la contestación de la misma”.
11) En consecuencia, le ordenó al Alcalde del municipio El Copey y al apoderado judicial
del citado municipio, que allegaran dentro los cinco (5) días siguientes a la finalización de
esa audiencia, el acta de finalización y/o entrega de la obra denominada “Construcción
Centro Cultural del municipio del el Copey – Departamento del Cesar”, los cuales vencían
el 15 abril siguiente.
12) En esa misma providencia sostuvo que “pese a haber sido arrimada al plenario ficha
de información del Proyecto del Departamento Nacional de Planeación, en ella lo que se
indica es el plazo pactado para la construcción de la obra, pero no la entrega final de la
misma, por ende, no puede tenerse en cuenta tal fecha a efectos de contar si ha
caducado o no la acción”.
13) Asimismo, indicó expresamente que en caso de que no se allegara tal información en
el término concedido “se tendrá por cierta la fecha de terminación y entrega del CENTRO
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Contrato de Obra Pública no. 100 de 21 de noviembre de 2013, Contrato Adicional de 22 de julio de 2014,
por tres meses; certificado de inscripción en el registro de proponentes de la Cámara de Comercio de
Montería correspondiente al Ingeniero Juan Fernando Vélez Ortiz; certificado de inscripción el registro de
proponentes de la Cámara de Comercio de Montería correspondiente a la Asociación de Municipios de la
Sábana y el Sinú “AMUSSIM; RUT y acta de constitución de unión temporal El Copey.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
CULTURAL DEL MUNICIPIO DEL COPEY indicada en la demanda, es decir, el treinta y
uno (31) de Marzo de 2015, para todos los efectos procesales pertinentes”.
14) El 15 de abril de 2021 - último día del vencimiento del término otorgado-, el municipio
El Copey solicitó que se le concedieran cinco días más con el fin de aportar la documental
requerida, no obstante, esta solitud fue retirada.
15) El 19 de abril del mismo año, el municipio allegó los documentos cuando ya había
fenecido el término concedido.
16) En audiencia inicial del 21 de abril de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Judicial de Valledupar, previo a resolver las excepciones previas, le corrió
traslado al apoderado de la demandante de los documentos allegados por el municipio,
por lo cual, este solicitó que no se tuvieran en cuenta porque fueron allegados de manera
extemporánea y eran ilegibles.
17) No obstante, no se atendió dicha solicitud y, por el contrario, el juzgado declaró
probada la caducidad de la acción con base justamente en los referidos documentos que
se aportaron de manera extemporánea3.
18) En esa oportunidad, el a quo agregó que aunque le asistía la razón al apoderado de
la demandante en cuanto a que la mayoría de documentos eran ilegibles, principalmente
las actas de liquidación de contrato de la obra, lo cierto es que habían otros documentos
legibles con los cuales se podía contabilizar el término de caducidad4.
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Al respecto, el a quo consideró que “si bien es cierto los documentos solicitados no fueron presentados
en forma oportuna, la contraparte ha tenido la oportunidad de controvertirlo, por lo que no se puede hacer
un examen riguroso del comportamiento procesal de la entidad demanda como para culminar
sancionándola no teniéndole en cuenta los documentos aportados, primero por la situación actual de
pandemia y que ha dificultado el manejo físico de muchos procesos, entre estos los judiciales que en otro
tiempo eran físicos, igual los procesos administrativos, puesto que la pandemia ha traído una alteración
que ha modificado ostensiblemente su tratamiento. No se puede negar que se aportaron los documentos
y que el Despacho acogiendo el principio de la prevalencia del derecho sustantivo sobre el meramente
formal, los valorará hasta donde sea posible en este proceso, es decir, de desechar de plano la
documentación que ha sido allegada, estaríamos rindiendo un culto a la forma en detrimento de lo
sustancial, además que se puede incurrir en unas posibles vías de hecho por un exceso de rigor manifiesto”
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“Con esta breve introducción el despacho analiza que se aportó el acta final del contrato de interventoría
con fecha 17 de marzo de 2015, que de la misma manera, se presentó otra documentación como el contrato
de finalización de la obra que no tiene fecha, puesto que esta ilegible, empero existen otros legajos que
hacen concluir la fecha en que se elaboró el acta de liquidación y entrega de la obra y estos son: (…)
Así las cosas, para el despacho estos documentos llevan a la plena convicción que el acta final y entrega
de la obra se efectuó el 15 de marzo de 2015, a pesar de que en el acta misma no se observa la fecha
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
19) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que insistió en la
responsabilidad del municipio por sobrepasar los linderos con el fin de construir el centro
cultural y que los documentos aportados por la demandada fueron presentadas de
manera extemporánea, así como que en su mayoría eran ilegibles.
20) Mediante auto de 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
la decisión de declarar la caducidad del medio de control de reparación directa basándose
en la misma documentación, sin pronunciarse sobre la extemporaneidad de los mismos.
Fundamento de la vulneración
La parte demandante consideró que tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar incurrieron en un defecto
fáctico, por cuanto fundaron la decisión de declarar la caducidad del medio de control en
unas pruebas que fueron aportadas de manera extemporánea y que no demostraban con
certeza la fecha de finalización de la obra pública, lo que conllevó a que realizarán una
valoración indebida.
Sobre el particular, señaló que el municipio no aportó los documentos que demostraban
la fecha de finalización de la obra en el término del traslado de la demanda ni en los 30
días adicionales que solicitó, como tampoco lo hizo en los cinco días adicionales
otorgados en audiencia del 8 de abril de 2021; por el contrario, vencido dicho término
allegó unos documentos que eran ilegibles y, pese a ello, el a quo decidió no solo
incorporarlos sino valorarlos y con base en ellos declarar la caducidad.
Por su parte, el tribunal demandado confirmó la caducidad del medio de control con
fundamento en las mismas pruebas que fueron aportadas de manera extemporánea y les
otorgó pleno valor probatorio, a pesar de que algunas eran ilegibles y las que sí se podían
visualizar no daban cuenta con certeza de la fecha de finalización del centro cultural.
En ese contexto, insistió en que debió tenerse como fecha inicio para el conteo de la
caducidad la fecha del dictamen pericial que aportó –25 de marzo de 2015– o la fecha de
finalización del contrato que se podía verificar con la ficha de información del Proyecto
porque esta ilegible, pero hay otros documentos que llevan a concluir que el acta de terminación de la
pluricitada obra fue levantada el 15 de marzo de 2015”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de
Planeación –31 de marzo de 2015–.
Además del reparo anterior, se alegó que el tribunal incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 5 de febrero de 2021 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en el proceso con
radicación no. 25000-23-26-000-2006-10312-01 (48671).
A su juicio, con base en ese pronunciamiento jurisprudencial se podía concluir que la
ocupación del inmueble era difícil de reconocer a simple viste, ya que fue en el espacio
aéreo y solo con el concepto de una persona con el conocimiento idóneo se podía
determinar que hubo una ocupación ilegal por parte del municipio.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO.- De manera muy respetuosa le solicito a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado, sean Amparados los derechos
Fundamentales al DERECHO AL DEBIDO PROCESO – ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, por providencia del 21 de Abril de 2021
y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en providencia del 11 de
Agosto de 2022.
SEGUNDO.- De manera muy respetuosa le solicito a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado, dejar sin efectos las providencias emitidas
por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, el 21 de
Abril de 2021 y la Providencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR, el 11 de Agosto de 2022.
TERCERO.- De manera muy respetuosa le solicito a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado, ordenar a quien corresponda emitir una
nueva decisión y ordene continuar con el proceso”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 15 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo del Cesar y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
Sentencia de primera instancia
Mediante providencia de 15 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, tras concluir que no
se configuraron los defectos invocados.
Frente al defecto fáctico, estimó que el tribunal realizó un análisis íntegro del material
probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica.
En cuanto al desconocimiento del precedente expuso que las providencias invocadas por
la accionante no guardaban identidad fáctica ni jurídica con el asunto, por lo que no eran
vinculantes.
Impugnación
La parte demandante reprodujo exactamente los mismos argumentos del escrito de tutela
relacionados con que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar incurrieron en un defecto fáctico por una
valoración indebida de unas pruebas que fueron allegadas de manera extemporánea y
que eran ilegibles
Adicionalmente, el tribunal también incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la sentencia de 5 de febrero de 2021 proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera de esta Corporación, en el proceso con radicación no. 25000- 23-26-
000-2006-10312-01.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y al Tribunal Administrativo del Cesar
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos de primera y segunda
instancia que declararon la caducidad del medio de control de reparación directa incoado
por los aquí accionantes.
Se recuerda que a las providencias cuestionadas se les endilgó defecto fáctico porque
fundaron su decisión con base en unas pruebas que fueron allegadas por fuera de la
oportunidad procesal correspondiente y no daban cuenta con total certeza de la fecha de
finalización del Centro Cultural El Copey.
Asimismo, a la decisión del tribunal se le reprochó haberse apartado del precedente
judicial en la materia.
En primera instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó
las pretensiones de la acción de tutela, tras concluir que no se configuraron los defectos
invocados.
En la impugnación, la parte demandante reiteró exactamente los mismos argumentos del
escrito de tutela.
Además, es preciso aclarar que la acción de tutela se dirigió indistintamente contra las
providencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario;
empero, en este caso el análisis se limitará a esta última, por cuanto fue la que definió la
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
situación jurídica particular de la actora y, en caso de que eventualmente haya lugar a
dictar alguna orden será dicha autoridad la encarga de cumplirla.
De igual forma, desde ya la Sala advierte que se relevará de estudiar el presunto
desconocimiento del precedente por considerar que el análisis del fáctico es suficiente
para amparar los derechos invocados y ordenar que se profiera una sentencia de
remplazo, por las razones que se expondrán más adelante.
2.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad
Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez5; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, v) la
parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala iv) la cuestión que se discute sí resulta de relevancia
constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia confirmó
la decisión de primera instancia basándose en unas pruebas que no fueron allegadas en
la oportunidad procesal correspondiente, asunto que, si bien fue puesto de presente en
el recurso de apelación ante el juez de la especialidad, el tribunal omitió resolver.
Así las cosas, en el contexto en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su
lugar, accederá al amparo por considerar que se configuró un defecto fáctico con
fundamento en las razones que se procederán a exponer:
1) En primer lugar, la Sala encuentra que le asiste la razón al apoderado de la parte actora
en cuanto a que el tribunal demandado declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa con base en unas pruebas que fueron allegadas al proceso de manera
extemporánea.
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El auto de segunda instancia se notificó el 12 de agosto de 2022 y la tutela se presentó el 13 de febrero
de 2023, esto es, en un plazo no superior a los seis meses.
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Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
2) Lo anterior, por cuanto el municipio no aportó los documentos que demostraban la
fecha de finalización de la obra en el término del traslado de la demanda ni en los 30 días
adicionales que solicitó y, mucho menos, en los cinco días adicionales otorgados en
audiencia del 8 de abril de 2021.
3) Por el contrario, fue solo una vez que vencido dicho término que aportó unos
documentos ilegibles relacionados con el Contrato de Obra Pública no. 100 de 21 de
noviembre de 2013 y, sin perjuicio de ello, el a quo decidió valorarlos y declarar la
caducidad con base en ellos.
4) El apoderado de la parte demandante apeló esa decisión e insistió en que esas
pruebas no debían ser tenidas en cuenta por haber sido presentadas de manera
inoportuna y de ellas no se podía observar con claridad cuando finalizó la obra.
5) En esos términos, para esta Sala de Decisión es evidente que el tribunal accionado
incurrió en un yerro que de contera vulneró los derechos fundamentales del debido
proceso y defensa de la parte demandante, en tanto fundó la decisión de declarar la
caducidad de la acción en la valoración de una pruebas que fueron aportadas por fuera
del término perentorio que el mismo juez otorgó, lo cual viola el derecho de defensa de
la parte actora.
6) Al respecto, el tribunal en la providencia cuestionada consideró lo siguiente:
“Con todo, para la Sala si bien no pareciera clara con valor de absoluto la
fecha de finalización de la obra; se advierte que el acta de finalización del
contrato de obra como el de interventoría es al menos del 17 de marzo de
2015 (ver folio archivo 2017-00182 17 COMPROBANTES Y RESOLUCIÓN
DE PAGO ACTA FINAL DE OBRA), aunque la factura para el cobro del
dinero liquidado en el acta final, refiere como fecha de dicho documento
el 15 de marzo de 2015).
En ese orden de ideas, el cómputo del término de caducidad del medio de
control de reparación directa debe contarse a partir de esa fecha bien
precisada al interior del proceso (17 de marzo de 2015), razón por la cual
la oportunidad para interponer la demanda, se completaría el 18 de marzo
de 2017.
No obstante lo anterior, revisado el expediente se encuentra que el término de
caducidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de
2001,se suspendió el 15 de marzo de 2017 cuando faltaban que corrieran los
días 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2017 para que operara la caducidad, en tanto
que ese día 15 se radicó solicitud de conciliación prejudicial, diligencia que se
declaró fallida el 02 de mayo del mismo año, según constancia expedida por la
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
procuraduría 75 judicial I para asuntos administrativos. (Folio 5 – hoja 21)
expediente digital.
De conformidad con lo anterior, el término de caducidad se suspendió cuando
faltaban 4 días para que caducara el medio de control y se reanudó al día
siguiente de la expedición de la constancia de no conciliación, esto es, a partir
del 03 de mayo de 2017 corrieron los días 4, 5, 6, y 7 de mayo del mismo año;
y como la demanda se presentó el 10 de mayo de 2017, es dable concluir como
lo hizo el a quo, que la demanda se presentó por fuera de la oportunidad prevista
en la ley, cuando había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
El Tribunal no acoge la posición planteada en la apelación relacionada con que
en aplicación de la fecha más favorable para la actora se ha debido comenzar
a contabilizar el término para que operara la caducidad desde el 26 de marzo
de 2015, o desde el 31 de marzo del mismo año, y tampoco el 13 de abril
siguiente, porque conforme a la jurisprudencia traída a colación en esta
providencia, el término de caducidad se cuenta a partir del momento en que las
obras que generaron la ocupación parcial se consolidan, y no como lo pretende
el apelante, desde cuando la parte interesada estructura o construye una
prueba para hacer valer dentro del proceso judicial, o desde cuando se
documentan algunos trámites posteriores a la misma obra”. (Se resalta)
7) De conformidad con la cita expuesta se tiene que en el expediente no existía prueba
de la fecha del acta de entrega de la obra, sino el acta de entrega del contrato de
interventoría y unas facturas, con base en las cuales finalmente se declaró caducidad del
medio de control.
8) En otros términos, desde la presentación de la demanda existía una prueba que daba
cuenta de que el contrato finalizó el 31 de maro de 2015, esto es, en una fecha posterior
a la deducida por las autoridades demandadas en ambas instancias y que favorecía a la
parte demandante, quien sí fue diligente al aportarla al proceso desde el inicio, pero el
tribunal decidió valorar unas pruebas que fueron aportadas por fuera de las
oportunidades previstas para ello e incluso del mismo término que otorgó el juez.
9) En ese orden, se concluye que se rompió el principio de igualdad de armas porque al
municipio demandado se le dio un término para que allegara esa prueba y no lo hizo,
pero, a pesar de dicha desidia se profirió una decisión que lo favoreció.
10) Esa valoración tuvo un efecto determinante en la decisión, pues si bien es cierto que
los documentos allegados por la parte demandada daban luces de la fecha de finalización
del centro cultural, también lo es que no fueron aportadas en las oportunidades previstas
por el legislador para el efecto ni por la dispuesta por el a quo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
11) Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, para
que puedan ser apreciadas por el juez “las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas”, lo cual no
ocurrió con los documentos relacionados con el Contrato de Obra Pública no. 100 de 21
de noviembre de 20132, de modo que el tribunal no podía otorgarle valorar probatorio en
tanto, se reitera, no fue debidamente incorporada.
12) Así las cosas, la Sala considera que la autoridad judicial incurrió en una valoración
defectuosa de los documentos allegados por el apoderado del municipio El Copey el 19
de abril de 2021, puesto que fueron allegados inoportunamente y no daban cuenta con
total claridad de la entrega o finalización de la obra, por ende, no se podía declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa formulado por los actores con base
en una prueba que no correspondía.
12) En conclusión, se ampararán los derechos de la parte actora y, en consecuencia, se
dejará sin efecto el auto proferido el 11 de agosto de 2022 en el marco del proceso de
reparación directa con radicación no. 20001-33-33-001-2017-00182-01 y se ordenará al
Tribunal Administrativo del Cesar que profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las
consideraciones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de
tutela. En su lugar, dispónese:
1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la señora Idalides Gullo
Galezo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto auto del 11 de agosto de 2022 proferido por el
Tribunal Administrativo del Cesar al interior del proceso de reparación directa con
radicación no. 20001-33-33-001-2017-00182-01 y ordénase a dicha autoridad que, en el
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00749-01
Actor: Idalides Gullo Galezo
Acción de tutela
término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia,
profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones
expuestas en esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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