Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00767-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de marzo de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00767-00
Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00767-00
Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Demandados: Presidente de la República y otro
Temas: Acción de tutela por falta de respuesta a una petición. Accede
parcialmente al amparo.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
en contra del presidente de la República y de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo promovió demanda en orden a que se tutele su
derecho fundamental de petición y, en consecuencia, solicitó lo siguiente:
i) Ordenar al presidente de la República que, en el término improrrogable de cuarenta
y ocho (48) horas, resuelva de fondo la petición elevada, a través del número de
radicado EXT23-00009442.
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Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
ii) Declarar que el oficio firmado por la secretaria de Atención a la Ciudadanía, Claudia
Murillo, y remitido al director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
no constituye una respuesta oportuna, clara, completa y de fondo a lo solicitado, pues
no realizó un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que
rigen el tema objeto de petición.
iii) Indicar que, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1034 de 2015 y SU-027 de 2021, se encuentra plenamente justificada la
interposición de la acción de la referencia, por el no pronunciamiento sobre su real
pretensión en la tutela 11001 03 15 000 2022 04996 00/01 y la necesidad extrema de
defender sus derechos en materia prestacional y pensional.
iv) Señalar que cuando se discuten derechos pensionales resulta irrelevante el término
de inmediatez, de conformidad con lo dispuesto en las sentencias T-217 de 2013, T-
246 de 2015 y T-291 de 2017.
v) Precisar que los responsables del alto monto que alcanzan sus pretensiones
económicas son los servidores del Ministerio de Defensa Nacional, los de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), al no reliquidar sus prestaciones; y los jueces
y magistrados de la República, quienes actuaron con dolo y mala fe e incurrieron en
prevaricato en los procesos 2007 00723 00/01, 2012 00094 00/01, 2008 000109 00/01,
2008 000188 00/01, 2011 00665 00/01, 2012 00047 00/01 y 2010 00034 00/01.
vi) Declarar que el pago de su deuda no afecta la sostenibilidad fiscal de la Nación, por
cuanto 1) el presidente de la República ha manifestado su intención de modificar el
Metro de Bogotá, cuya variación, según expertos, podría costar más de 12 billones de
pesos; 2) la deuda puede pagarse descontando el 15 % de lo que le «va a regalar a la
primera línea y las Bodegas que le ayudaron en su campaña electoral»; y 3) no hay
opción de algún militar en servicio activo o retirado que pretenda lo que él busca, con
fundamento en la ley.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
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i) En enero de 2023 solicitó al presidente de la República ordenar al Ministerio de
Defensa y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reliquidar sus cesantías y
asignación de retiro en la forma prevista en la ley.
ii) El 31 de igual mes y anualidad la coordinadora del Grupo de Atención a la
Ciudadanía de la Presidencia de la República, Claudia Murillo, mediante el Oficio núm.
OFI23-00011800 / GFPU 12000002, le informó que remitió la petición a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares.
iii) Es la tercera tutela que interpone contra el presidente de la República, puesto que
a) desistió de la acción con radicado 11001 03 15 000 2022 04608 00, debido a que
fue designada la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, quien, en su criterio, no
garantiza un juzgamiento conforme a derecho, por cuanto desconoce que los derechos
prestacionales y pensionales son irrenunciables e imprescriptibles, que el requisito de
inmediatez es irrelevante cuando se discuten este tipo de derechos y que la Corte
Constitucional ha dicho que la sentencia que se produzca con violación o
desconocimiento de derechos, tanto de orden procesal como sustantivo, no puede
hacer tránsito a cosa juzgada; y b) la tutela identificada con el número 11001 03 15
000 2022 04996 00/01 fue declarada improcedente, comoquiera que existía identidad
de pretensiones con la acción primigenia.
iv) La Corte Constitucional, en las sentencias T-1034 de 2005 y SU-027 de 2021,
señaló que la interposición de la nueva solicitud de amparo se encuentra justificada
cuando la primera no se pronuncia de fondo sobre lo pretendido y existe una necesidad
extrema de defender un derecho.
1.1.3. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes aspectos:
i) La respuesta brindada por la secretaria del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
Presidencia de la República no cumple lo dispuesto por la Corte Constitucional para
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garantizar este derecho, comoquiera que no realizó un análisis profundo y detallado
de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema objeto de petición.
ii) El presidente de la República por su condición de nominador y jefe del ministro de
defensa y del director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es el único
funcionario, distinto a los jueces de la República, con facultad constitucional para
ordenarle a estos reliquidar sus prestaciones sociales.
iii) Se encuentra legitimado para presentar esta acción, puesto que la tutela con
radicado 11001 03 15 000 2022 04996 00/01 fue declarada improcedente, por lo que
no se analizó su pretensión, consistente en reliquidar sus prestaciones sociales en la
forma prevista en la ley.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 16 de febrero de 2023 el despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia en contra del presidente de la República y de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (Cremil). En consecuencia, les concedió un término de tres (3) días
para que ejercieran su derecho de defensa.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Presidencia de la República
La profesional del derecho Sandra Patricia Bohórquez Cortés solicitó desvincular a la
Presidencia de la República del presente asunto y, de manera subsidiaria, negar las
pretensiones de la tutela, ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales reclamados. Para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
i) El señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo radicó una petición ante la Presidencia de la
República, la cual fue remitida el 31 de enero de 2023, a través del Oficio 00015358 /
GFPU 12000002, al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil), Leonardo Pinto Morales y, adicionalmente, esta decisión le fue informada al
accionante, mediante el Oficio OFI23-00011800 / GFPU 12000002.
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ii) Su representada no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera
que solo las Fuerzas Armadas estarían facultadas para analizar de fondo los
planteamientos elevados por el accionante, con respecto al proceso de liquidación de
su asignación de retiro.
iii) No se cumple el requisito general de subsidiariedad, toda vez que la parte
accionante no demostró que hubiese acudido ante los jueces contenciosos
administrativos, para discutir los actos emitidos por las Fuerzas Armadas, mediante
los cuales se liquidaron sus prestaciones sociales. Además, tampoco acreditó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, que permitiera la procedencia transitoria del
mecanismo de amparo.
1.3.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
La abogada Angélica Melissa Castañeda Gil requirió desvincular a la entidad de la
referencia de la presente acción constitucional, para lo cual manifestó lo siguiente:
i) Al revisar los canales de recepción de correspondencia, pudo evidenciar que esa
entidad no recibió la petición que discute el accionante, pues esta, de acuerdo con las
pruebas adjuntadas con el escrito de tutela, fue radicada ante el presidente de la
República, bajo el número EXT23-00009442.
ii) La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no es la entidad competente para
reconocer las partidas computables en actividad –tiempos dobles– y pagos pendientes
de cesantías, pues aquella solo se encarga de reconocer y pagar las asignaciones de
retiro al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, de ahí que el 20
de septiembre de 1985 le reconociera esta prestación al accionante.
iii) El señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo interpuso varias acciones de tutela, con el fin
de obtener el reconocimiento de derechos y acreencias laborales, las cuales fueron
resueltas de manera desfavorable, al ser improcedentes o al encontrarse configurada
la cosa juzgada constitucional.
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iv) El accionante actúa con temeridad, por lo que deben adelantarse las acciones
pertinentes, con el fin de que se abstenga de interponer nuevas acciones bajo los
mismos hechos y derechos.
v) El demandante no puede utilizar la acción de tutela para la reliquidación de las
prestaciones percibidas en actividad, cuando han transcurrido más de treinta años,
pues este mecanismo busca la protección oportuna de los derechos que se estiman
vulnerados.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
conocer el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333
de 2021, que prevé que «[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del
Presidente de la República […] serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado», en concordancia, con el artículo 86 constitucional y
el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 20191, según el cual «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si existe identidad de objeto, causa
y partes entre la acción de la referencia y las tutelas con números de radicado 11001
03 15 000 2022 04608 00 y 11001 03 15 000 2022 04996 00/01 y, en esa medida, si
operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional; y, en segundo lugar, en caso de
una respuesta negativa, si la Presidencia de la República y la Caja de Retiro de las
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Fuerzas Militares (CREMIL) vulneraron el derecho fundamental de petición del señor
Jorge Eliecer Cuervo Cuervo.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Cosa juzgada constitucional
La Corte Constitucional, en virtud de lo preceptuado en los artículos 243 superior y 303
del Código General del Proceso, ha señalado que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada constitucional gobierna no solo las decisiones que en ejercicio del control
jurisdiccional dicte esa corporación, sino todas aquellas proferidas dentro del trámite
de la acción de tutela, para dotar las providencias de un valor inmutable, vinculante y
definitivo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en las decisiones judiciales, lo
que impide que el juez del amparo realice un nuevo pronunciamiento sobre lo ya
definido.
Dicho propósito se ve reflejado en el contenido del artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, de acuerdo con el cual, quien interpone la acción de tutela debe manifestar, bajo
la gravedad de juramento, que no ha presentado otra solicitud de amparo, con
fundamento en iguales hechos y derechos; de donde se desprende que la cosa
juzgada constitucional supone identidad de objeto, de causa y de partes, que deberá
ser analizado en cada caso concreto, ante la posibilidad de la presencia de nuevos
hechos que ameriten un análisis respecto de ellos.
En la Sentencia T-497 de 2020, la Corte Constitucional precisó que una sentencia hace
tránsito a cosa juzgada constitucional i) cuando es seleccionada para revisión por parte
de esa corporación y fallada en la respectiva Sala; o ii) cuando, surtido el trámite de
selección, se vence el término establecido para que se insista en su selección, sin que
ésta haya sido escogida por esa corte. Adicionalmente, expuso que el principio en
mención se vulnera cuando: i) se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia; ii) en el nuevo proceso existe identidad de partes; iii) de
objeto; y iv) de causa respecto del anterior
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Igualmente precisó que cuando se verifique la coincidencia material de los casos
presentados ante la jurisdicción constitucional, en atención a lo previsto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991, el juzgador tiene dos opciones, la primera: denegar la
tutela solicitada y la segunda, declarar la improcedencia del amparo, sin importar que
no coincidan en el tiempo. Ello por cuanto que la presentación sucesiva o múltiple de
acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además, comprometer
el principio de cosa juzgada constitucional.
2.3.2. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.
La Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento, reiteró la caracterización del
derecho de petición y afirmó que su condición de derecho fundamental implica una
garantía que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la
administración. Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Social Democrático de
Derecho.
En ese sentido, la garantía ius fundamental precitada tiene dos componentes
esenciales: i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y,
como correlativo a ello, ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz,
oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo
esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la
existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.
a) Respecto de la formulación de la petición
En virtud del derecho de petición, cualquier persona podrá dirigir solicitudes
respetuosas a las autoridades, ya sea de forma verbal, por escrito o por cualquier otro
medio idóneo –artículo 23 de la Constitución Política y 13 del CPACA–. En otras
palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas,
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siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos
administrativos. Además, estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y
responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de
acuerdo con los estándares establecidos por la ley.
b) Pronta resolución
Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste en que
las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben ser resueltas
en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal
efecto.
c) Respuesta de fondo
En la Sentencia T-230 de 2020, se reiteró que el componente del núcleo esencial
supone que la contestación a las peticiones debe observar ciertas condiciones para
que sea constitucionalmente válida. Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser:
i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; ii) precisa,
de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; iii) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con
el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta se produce con motivo de
una petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente.
d) Notificación de la decisión
En la citada sentencia, la Corte Constitucional enfatizó que para materializar la
decisión es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación
realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA.
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2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de la referencia, la Sala
establece:
2.4.1. El señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo solicitó al presidente de la República lo
siguiente:
«[…] En mi condición de VICTIMA DEL ESTADO (Rama Ejecutiva y Judicial) en el Ilegal
e Inconstitucional DESPOJO de Parte de mis Constitucionalmente ( Arts. 48 y 53)
irrenunciables e Imprescriptibles Derechos en Materia Prestacional y Pensional,
Considerando Que usted como Presidente de la Republica, Constitucionalmente
Obligado está a (1) Garantizar los Derechos Adquiridos conforme a la ley a los
Ciudadanos Residentes en Colombia (2) Cumplir y hacer Cumplir la Constitución y
demás leyes de la Republica, por TERCERA VEZ le solicito Tenga a bien ORDENAR
1º. AL MINISTERIO DE DEFENSA:
(i) El Pago Debidamente indexado Desde el 11 de Octubre de 1.986 de $ 413.562 que
Corresponden las cesantías dejadas de Liquidar y pagar, de conformidad con lo
Expresado en el siguiente cuadro elaborado con fundamento en la Ley (Articulo 222
Literal B –decreto 089 de 1984 –Bajo Cuya Vigencia me fueron Reconocidas mis
Prestaciones sociales) […]
(ii) El Pago Debidamente indexado Desde el 11 de Octubre de 1.986 de $ 4.135, 62
que corresponden a los intereses legales Mensuales de las Cesantías dejadas de
Liquidar y Pagar.
(iii) Como Sanción Moratoria Consagrada en la Ley 244 de 1995
• El Pago de $ 124.071 diarios desde Agosto 23 de 2007 de conformidad con por
petición elevada el 12-06-2007 ante el Ministro de Defensa Juan Manuel santos
Calderón y que origina el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2007-
0723 -00/01 (demanda parcial de Tiempo Doble para Efectos de Prestaciones Sociales)
• El Pago de $ 212.602 Diarios desde Junio 29 de 2012 de conformidad con por petición
elevada EL 10 -04-2012 ante el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, Y que
originó el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Drecho 2012-0094-00/01 (demanda
parcial de Tiempo Doble para Efectos de Prestaciones Sociales)
2ª. A La CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES
2.1. La Reliquidacion y Reajuste de mi Asignacion de Retiro, en el 78% de las
Siguientes partidas computables y sus Porcentajes fijados en la Ley, desde la Fecha
que respecto de cada una […]
3. Dando Estricto Cumplimiento, a la Sentencia 02-7905 que Ordenó para el suscrito
la Reliquidacion de mi Asignacion Retiro, con las dos (2) Formas distintas de Liquidar
Sueldos Basicos para suboficiales y Oficiales subalternos, como son:
3.1. La inclusión de la Prima de Actualizacion para los años 1993, 1994 y 1995
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3.2. A partir de 1996- años en que con el Decreto 107 Entra en vigencia la Escala Gradual
Porcentual.
3.3. Actualizando los valores dejados de Liquidar y pagar.
3.4. Dando Cumplimento a la sentencia con los Artículos 176 y177 del CCA
4. Cesar en el Hurto o Vulgar Robo del 5% de cada v Mesada y el valor de 30 días
por Aumento de la Asignacion de Retiro, que Violando la Ley y desconociendo
sentencia con Efectos Erga Omnes y Ex Nunc y el Principio de irretroactividad de Ley
me Aplican desde 1990
5. Oportuno y Pertinente es volver a manifestarle que yo Soy Victima.
5.1. Del Ilegal e Inconstitucional Despojo Judicial de mis Constitucionalmente
Irrenunciables e Imprescriptibles Derechos en Materia Prestacional y Pensional
por Funcionarios Judiciales Defensores, Receptores de sus Favores como Yolanda
Garcia de Carvajalino, Amparo Oviedo Pinto, Carmen Alicia Rengifo Sanguino y
José María Armenta y Otros Milicianos de la Izquierda Judicial , que producto de su
Delirante Ideologia en clara violación de la Constitución, la Ley y tratados
Internacionales firmados por Colombia Ejercieron ilegal e ilegítima Venganza , contra
Los miembros más Humildes dela Fuerza Pública, por Las Acciones del Ejército y la
Policia contra la Banda Terrorista y Criminal M-19.
5.2. Del Acuerdo entre el Gobierno del Nobel de las Narco Farc -UP (Juan Manuel
santos) y los Sindicatos Judiciales, que por Objeto tuvo – el ilegal e inconstitucional
DESPOJO DE SENTENCIAS que Ordenaron el Cumplimentó de la Ley 4ª de 1992
5.3. Hasta de un Burdo, sucio y Cobarde Montaje Judicial en el que resultaron
Vulnerados y Agredidos en su Derechos, mis Hijos y hasta mi Nietecito de Escasos 20
días de Nacido
6. Poner a la Recepcionista de Atencion Ciudadana a reenviar mis Peticiones a su
pares del MDN y CREMIL, y la “Asesora anticorrupción”, a quien No Tiene facultad
Legal para de Resolver lo Peticionado como la Procuraduría , NO Cumple con el
Mandato Constitucional que lo Obliga a Usted a dar respuesta clara, Oportuna y de
Fondo a lo peticionado
7. La Deuda Estatal conmigo la pude pagar sin Afectar la sostenibilidad Fiscal y es
restándole por una sola vez al $ 1.000.000 que le va a Regalar cada mes a los de las
Bodegas y los de la Primera Línea que lo ayudaron a Elegir $ 150.000 […]
8. El Hurto o Vulgar Robo del 5 % de cada Mesada de Asignacion de Retiro y de los
Aumentos desde 1990, Hurto o vulgar Robo que hacen desconociendo los Efectos
Erga Omnes de la Sentencia proferida por la Corte suprema de Justicia en Julio 05
de 1990 –Expediente 2091 –Acta 027 que declaró Inexequibles los artículos 235, 236
y 237 del decreto 089 de 19884 y que Previamente tambien había declarado
inexequibles los artículos similares del decreto 095 de 1989 Hurto o Vulgar Robo, que
hacen Desconociendo el Principio de irretroactividad dela Ley ; Hurto o Vulgar Robo
Los anterior conlleva a que la Asignacion de Retiro que violando la Ley y
Desacatando sentencia Judicial me liquidó la Cremil en 2022 , sea Inferior al sueldo
Basico que el Gobierno del Nobel de las Narco Farc - UP – Juan Manuel santos , le fijo
mediante Decreto 302 de 2017 para Dicho año 2017 a los Criminales de dicha
Organización Terrorista y Criminal que le sirvieron y le sirven Escoltas a sus Privilegiados
Cabecillas como Iván Márquez y el Narco Ciego Santrich , su camarada en el M-19
Pablo Cava Tumbas
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Finalmente, le manifiesto que si quiere CONCILIAR la DEUDA ESTATAL Conmigo, ello
le puede Ahorrar muchos Millones y Problemas al Estado y a su Gobierno, porque yo,
que no soy Político, a mis 71 años lo único que hago es Defender mis Derechos y los de
mis hijos y Nietos, y no cesaré en esa Defensa, NO Evada su Responsabilidad Señor
Petro […]» (Transcripción con errores incluidos).
2.4.2. El 31 de enero de 2023 la coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía,
Claudia Murillo, mediante el Oficio con número de radicado OFI23-00015358 / GFPU
12000002, remitió por competencia la petición al director general de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares (Cremil), Leonardo Pinto Morales. Adicionalmente, en igual
fecha, le comunicó la anterior decisión al accionante al correo electrónico
jorgecuervo1952@gmail.com, a través del Oficio OFI23-00011800 / GFPU 12000002.
2.5. Análisis del caso en concreto
2.5.1. Estudio de la configuración de la cosa juzgada en el presente asunto
El señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo solicitó la protección de su derecho fundamental
de petición, el cual consideró vulnerado por el presidente de la República, al no
brindarle una respuesta de fondo a la solicitud que elevó, consistente en ordenar al
Ministerio de Defensa y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reliquidar sus
prestaciones sociales en la forma prevista en la ley.
Pues bien, para resolver la anterior inconformidad, la Subsección considera necesario
determinar si la acción de tutela de la referencia comparte identidad de partes, causa
y objeto con las solicitudes de amparo radicadas bajo los números 11001 03 15 000
2022 04608 00 y 11001 03 15 000 2022 04996 00/01. Así, para mayor ilustración, a
continuación, se realizará una descripción del panorama jurídico de los anteriores
trámites constitucionales, donde el primero sea la tutela que hoy se discute:
2023-00767-00 2022-04996-00/012 2022-04608-003
Accionante: Jorge Eliecer Accionante: Jorge Eliecer Accionante: Jorge
PAR
Cuervo Cuervo Cuervo Cuervo Eliecer Cuervo Cuervo
TES
2 Información extraída de las sentencias proferidas el 28 de octubre de 2022 y el 20 de enero de 2023
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y por la Sección Primera, respectivamente.
3 ibidem
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00767-00
Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
Accionado: Presidente de Accionado: Presidente de Accionado: Presidente de
la República la República la República
El accionante consideró La solicitud de tutela se El accionante reclamó la
vulnerado su derecho fundamentó en que, a protección de su derecho
fundamental de petición, juicio del actor, el fundamental de petición,
presidente de la República debido a que la
por cuanto el presidente de
vulneró su derecho Presidencia de la
la República no resolvió de
CAUSA PETENDI
fundamental de petición, al República no le dio
fondo la solicitud elevada no contestar la petición respuesta a la petición
en enero de 2023, que presentó el 16 de que presentó el 16 de
mediante el número de agosto de 2022, mediante agosto de 2022.
radicado EXT23- la cual solicitó ordenar al
00009442. Ministerio de Defensa
Nacional y a la Caja de
Retiro de Fuerzas Militares
reliquidar sus
Prestaciones sociales
(Cesantías y Asignación
de Retiro) en la Forma
Prevista en la Ley.
La solicitud de tutela La solicitud de tutela La solicitud de tutela
pretende: pretende: pretendió:
i) Ordenar al presidente de 1. Declarar que la 1. Declarar probado
la República que, en el Presidencia de la normativa y
término improrrogable de República de Colombia documentalmente el
cuarenta y ocho (48) violó su derecho ilegal e inconstitucional
horas, resuelva de fondo la fundamental de petición despojo gubernamental y
petición elevada, a través ante ausencia de judicial de sus derechos
PRETENSIONES
del número de radicado respuesta a su escrito del prestacionales y
EXT23-00009442. 16 de agosto de 2022, y pensionales.
ii) Declarar que el oficio que ello transgrede 2. Declarar que sus
remitido al director de la además los artículos 188 y derechos pensionales
Caja de Retiro de las 189 de la Constitución son irrenunciables e
Fuerzas Militares Política. imprescriptibles.
(CREMIL) no constituye 2. Declarar que el 3. Declarar que para esta
una respuesta oportuna, presidente de la República acción no puede
clara, completa y de fondo está obligado a garantizar declararse ni aplicarse la
a lo solicitado, pues no sus derechos legales y
inmediatez la cosa
realizó un análisis de fondo constitucionales en
sobre lo solicitado. materia pensional, y a juzgada, la temeridad y el
ordenarle, por un lado, al principio de sostenibilidad
Ministerio de Defensa fiscal.
cumplir con su liquidación
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iii) Declarar que, de de asignación de retiro y 4. Declarar que ante el
conformidad con lo cesantías, y por otro a ilegal e inconstitucional
expuesto por la Corte CREMIL cumplir con los despojo de sus derechos
Constitucional en las artículos 34 de la Ley 2ª de
pensionales y
sentencias T-1034 de 1945, 222 literal B del
2015 y SU-027 de 2021, se Decreto 089 de 1984, 2 del prestacionales, quien
encuentra plenamente Decreto 2863 de 2007, 31 debe responder es el
justificada la interposición de los Decretos presidente de la
de la acción de la posteriores a la expedición República.
referencia, por el no del núm. 673 de 2008, así 5. Tutelar mi derecho
pronunciamiento sobre su como la Ley 420 de 1998, fundamental de petición
real pretensión en la tutela y la sentencia de la Corte
vulnerado por el
11001 03 15 000 2022 Suprema de Justicia (CSJ)
04996 00/01 y la del 5 de julio de 199 que presidente de la
necesidad extrema de declaró inexequibles los República, y, en
defender sus derechos en artículos 235 y 237 del consecuencia ordenar: (i)
materia prestacional y Decreto 089 de 1984. al Ministerio de Defensa
pensional. 3. Declarar que los Nacional, el pago
iv) Declarar que cuando se reenvíos de peticiones por indexado desde el 11 de
discuten derechos parte de la Presidencia de
noviembre de 1986 de
pensionales resulta la República de Colombia
irrelevante el término de al Ministerio de Defensa sus cesantías e intereses
inmediatez, de Nacional y al CREMIL, no de cesantías dejados de
conformidad con lo constituyen respuesta de liquidar; así como la
dispuesto en las fondo. sanción moratoria
sentencias T-217 de 2013, 4. Tutelar su derecho correspondiente desde el
T-246 de 2015 y T-291 de fundamental de petición, y,
23 de agosto de 2007 por
2017. en consecuencia, ordenar
v) Declarar que los a la Presidencia de la un valor de $141.512 y
responsables del alto República de Colombia desde el 29 de junio de
monto que alcanzan sus que a su vez ordene: 2012 por un valor de
pretensiones económicas 5. Al Ministerio de Defensa $262.612; y (ii) a la
son los servidores del Nacional el pago indexado CREMIL, la reliquidación
Ministerio de Defensa de las cesantías y los de su asignación de retiro
Nacional, los de la Caja de intereses de cesantías
desde el 5 de septiembre
Retiro de las Fuerzas dejados de liquidar desde
Militares (CREMIL), al no el 11 de octubre de 1986; de 1985 de conformidad
reliquidar sus la sanción moratoria con los porcentajes y
prestaciones; y los jueces correspondiente desde el partidas computables por
y magistrados de la 23 de agosto de 2007 por disposición legal y con
República, quienes un valor de $141.512 y sus sueldos básicos; la
actuaron con dolo y mala desde el 29 de junio de respectiva inclusión de la
fe e incurrieron en 2012 por un valor de
prima de actualización y
prevaricato en los $262.612.
procesos 2007 00723 6. A la CREMIL la la liquidación de sus
00/01, 2012 00094 00/01, reliquidación de su sueldos básicos.
2008 000109 00/01, 2008 asignación de retiro desde
000188 00/01, 2011 00665 el 5 de septiembre de 1985
00/01, 2012 00047 00/01 y de conformidad con los
2010 00034 00/01. porcentajes y partidas
vi) Declarar que el pago de computables por
su deuda no afecta la disposición legal y con sus
sostenibilidad fiscal de la sueldos básicos;
Nación.
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Así las cosas, la Sala advierte que en el presente asunto no concurren los elementos
para la configuración del fenómeno procesal de la cosa juzgada, comoquiera que si
bien es cierto que existe identidad de partes, puesto que todas las acciones fueron
presentadas por el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo y se dirigieron contra la
Presidencia de la República, también lo es que la causa petendi no es igual, debido a
que las solicitudes de amparo con número de radicado 2022 04608 00 y 2022 04996
00/01 se fundamentan en la falta de respuesta del escrito presentado el 16 de agosto
de 2022, mientras que la acción de la referencia se cuestiona la petición elevada en el
mes de enero de 2023.
Por tanto, al no haberse acreditado la triple identidad, de partes, de causa petendi y
de objeto, procederá a resolverse de fondo la inconformidad planteada por el
accionante, sobre la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
2.5.2. Análisis de la petición elevada por el accionante
2.5.2.1. La petición formulada al presidente de la República
La Sala observa que la petición elevada por el accionante, bajo el número de radicado
EXT23-00009442, fue contestada de forma oportuna con el traslado que realizó el 31
de enero de 2023 la presidencia de la República a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (Cremil), a través del Oficio OFI23-00015358 / GFPU 12000002.
Adicionalmente, se denota que la anterior decisión le fue notificada en la misma fecha
a la parte accionante al correo suministrado en su escrito petitorio, esto es,
jorgecuervo1952@gmail.com.
En esa medida, se colige que la Presidencia de la República no transgredió el derecho
fundamental de petición invocado pues, al considerar que no era la competente para
atender dicho requerimiento, decidió remitirlo a la entidad que estimó era la encargada
de pronunciarse de fondo y, adicionalmente, le notificó esta decisión al solicitante, por
lo que atendió satisfactoriamente los prespuestos previstos en el artículo 21 de la Ley
1755 de 2015
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2.5.2.2. La petición remitida a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
La Sala advierte que si bien la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en el informe
rendido dentro del presente trámite constitucional, afirmó que no recibió la petición que
discute el accionante, lo cierto es que en el plenario se encuentra plenamente
demostrado que el 31 de enero de 2023 la coordinadora del Grupo de Atención a la
Ciudadanía, Claudia Murillo, mediante el Oficio OFI23-00015358 / GFPU 12000002,
remitió la solicitud a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil). Sin embargo,
en el expediente no obra prueba que acredite que esta última resolvió ese pedimento
de forma clara, precisa, oportuna y de fondo.
Por tanto, se tiene que la entidad precitada desconoció el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición, el cual, según lo sostenido por la Corte Constitucional, en la
sentencia T-320 de 2020, «supone que la contestación a los derechos de petición debe
observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Es decir, la
respuesta de la autoridad debe ser: i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; ii) precisa, de manera que atienda directamente lo
pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas; iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado […]»; de ahí que resulte forzoso conceder el amparo
deprecado con respecto a esta entidad.
De otra parte, la Subsección aclara que no emitirá ningún pronunciamiento con
respecto a las demás pretensiones formuladas, comoquiera que estas están
relacionadas con lo deprecado por el accionante en la petición objeto de estudio.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que (i) la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo; por tanto, se amparará
la garantía fundamental mencionada y, en consecuencia, se ordenará a la entidad
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precitada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, otorgue respuesta de fondo a la solicitud que
presentó el accionante y que le fue remitida a esa entidad el 31 de enero de 2023 a
través del Oficio OFI23-00015358 / GFPU 12000002; y (ii) la Presidencia de la
República no transgredió la garantía fundamental precitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Amparar el derecho fundamental de petición del señor Jorge Eliecer Cuervo
Cuervo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, brinde una respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud elevada por
la parte accionante, y que le fue remitida a esa entidad a través del Oficio OFI23-
00015358 / GFPU 12000002, la cual deberá ser notificada en debida forma.
Tercero: Negar el amparo invocado, con respecto a la Presidencia de la República.
Cuarto: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS (E)
Firmado Electrónicamente
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Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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