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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00767-01

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00767-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación: 110010315000-2023-00767-01 Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00767-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00767-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ EL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. CONFIRMA EN TODO LO DEMÁS,
COMOQUIERA QUE LAS DEMÁS PRETENSIONES NO FUERON OBJETO DE
IMPUGNACIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la CAJA DE RETIRO

DE LAS FUERZAS MILITARES -en adelante CREMIL- contra la

sentencia de 16 de marzo de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

1
En adelante Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-00767-01
Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO

accedió parcialmente a la solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JORGE ELIECER CUERVO CUERVO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y CREMIL, al negarse a dar

respuesta clara, concreta y de fondo a su petición de 10 de enero de

2023, por medio de la cual solicitó requilidar sus cesantías y la

asignación de retiro que le había sido reconocida.

I.2.- Hechos

Refirió que el 10 de enero de 2023 presentó petición ante el

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, con el fin de que se ordenara al

MINISTERIO DE DEFENSA – CREMIL reliquidar sus cesantías y

asignación de retiro, de conformidad con la normativa dispuesta para

el asunto.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-00767-01
Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO

Sostuvo que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA el 31 de enero de

la presente anualidad, mediante el Oficio núm. OFI23-00011800 /

GFPU 12000002 le informó que dio traslado de la petición a CREMIL,

sin dar una respuesta clara, completa y de fondo a lo solicitado.

Puso de presente que es la tercera tutela que promueve contra el

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, comoquiera que en una de ellas

desistió de la solicitud de amparo 2 y la segunda3, fue declarada

improcedente por considerarse que existía identidad de pretensiones

con la acción de tutela primigenia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA en

su condición de nominador y “jefe” del MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL y del CREMIL, es el único facultado para ordenar la

reliquidación de sus cesantías y de su asignación de retiro solicitada.

Resaltó que la falta de respuesta a la petición por parte del

2 Identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-2022-04608-00.

3 Identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-2022-04996-00/01.

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Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA vulnera su derecho fundamental

de petición previsto en el artículo 23 de la Carta Política, que

establece el derecho a obtener una respuesta oportuna, clara,

completa y de fondo a lo solicitado.

En efecto, sostuvo que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, se

limitó a remitir el asunto a CREMIL, lo cual no cumple con los

estándares antes descritos.

Refirió que de conformidad con los porcentajes de actualización

decretados por el Gobierno Nacional para su grado de Suboficial

Técnico Primero de la Fuerza Aérea Colombiana, los sueldos básicos

con la inclusión de la prima de actualización son superiores a los ya

reconocidos.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERA:

DECLARAR que el Presidente dela Republica
Constitucionalmente está Obligado a

• Garantizar los derechos de los ciudadanos entre ellos el

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Constitucional Fundamental de petición.

• Cumplir y hacer cumplir la Leyes de la República (las que rigen
en materia prestación y pensional de la Fuerza Pública- de la
Cual es el Comandante en Jefe.

• Responder Personalmente las peticiones por asuntos en los que
sus colaboradores NO puedan hacerlo por No tener competencia,
facultad legal o mando sobre el Ministro de Defensa y el Director
de CREMIL.

SEGUNDA

DECLARAR que el oficio firmado por la Secretaria de Atención a
la Ciudadanía – CAUDIA MURILLO y enviado al Director de
CREMIL NO CONSTITUYE

• Respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto
solicitado

• Análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y
normativos que rigen el tema, objeto del derecho de petición (la
liquidación de mis prestaciones sociales)

TERCERA

Declarar que de conformidad con lo expuesto por la Corte
Constitucional en Sentencias T-1034 de 2015 y SU-027 de 2021
existe plena justificación y el suscrito está Legitimado para
INTERPONER esta NUEVA TUTELA ante:

3.1. El NO Pronunciamiento de la jurisdicción Constitucional en
11001031500020220499600/01 sobre mi REAL PRETENSIÓN
(Que se ordene al Presidente de la Republica- ordenar al Ministro
de Defensa y Director de Cremil el reajuste y liquidación de mis
Prestaciones sociales en la forma prevista en la ley (la
normatividad aplicable al suscrito)

3.2. La necesidad extrema de defender mi derecho fundamental
de petición y mis derechos en materia prestacional y pensional.

CUARTA

Declarar Probada la violación de mi derecho fundamental de
petición por parte del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, y en
concordancia ORDENARLE que dentro del Improrrogable término
de 48 horas en concordancia con el respeto a la Constitución

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Actor: JORGE ELIECER CUERVO CUERVO

Proceda a ORDENAR

AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL _Que en 48 horas

4.1.1. El pago bebidamente indexado Desde el 11 de octubre de
1.986 de $413.562 que corresponden las cesantías dejadas de
liquidar y pagar, de conformidad con lo expresado en el siguiente
cuadro elaborado con fundamento en la ley (Artículo 222 Literal
B –decreto 089 de 1984 –bajo cuya vigencia me fueron
reconocidas mis prestaciones sociales) […]

4.1.2. El Pago Debidamente indexado desde el 11 de octubre de
1.986 de $4.135,62 que corresponden a los intereses legales
mensuales de las cesantías dejadas de liquidar y pagar.

4.1.3. Como sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de
1995.

4.1.3.1 El pago de $ 117.056 diarios desde agosto 23 de 2007
de conformidad con por petición elevada el 12-06-2007 ante el
Ministro de Defensa Juan Manuel Santos Calderón y que origina
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2007-0723
-00/01 (demanda parcial de tiempo doble para efectos de
prestaciones sociales)

4.1.3.2. El pago de $ 201.699 diarios desde junio 29 de 2012 de
conformidad con por petición elevada el 10-04-2012 ante el
Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, Y que originó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2012-0094-
00/01 (demanda parcial de tiempo doble para efectos de
prestaciones sociales)

NOTA: en esta Tutela se corrigen los valores de sanción
moratoria consagrada en la ley 244 de 1995 y contenidos en la
petición elevada ante Presidencia de la República.

A La CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES –QUE EN
48 HORAS PROCEDA A

4.2.1. La liquidación y reajuste de mi asignación de retiro, en el
78% de las siguientes partidas computables y sus porcentajes
fijados en la Ley, desde la fecha que respecto de cada una se
Indica […]

QUINTA

Declarar que de conformidad con lo expresado por la Corte

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Constitucional en sentencias T-217 de 2013, T-246 de 2015 y T-
291 de 2017, cuando lo que se discuten los Constitucionalmente
irrenunciables e imprescriptibles derechos pensionales NO
APLICA y Resulta irrelevante la INMEDIATEZ ( principio contrario
al artículo 86 Constitucional) y utilizado por Funcionarios
Judiciales como medio de violación de derecho fundamental al
DEBIDO PROCESO JUDICIAL - igualmente ha dicho la Corte
Constitucional que los 6 meses del Consejo de Estado sobre la
aplicación de la INMEDIATEZ a derechos pensionales es
INCONSTITUCIONAL.

SEXTA

Declarar que del ALTISIMO MONTO que Alcanza mis
Pretensiones Económicas Responsables son: […]

SEPTIMA

DECLARAR que ordenar el pago de la deuda estatal para
conmigo NO AFECTA la SOSTENIBILIDAD FISCAL de la Nación
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA advirtió que no ha

vulnerado los derechos fundamentales del actor, toda vez que la

petición presentada por el mismo fue remitida a la entidad

competente para el asunto, esto es, a CREMIL, actuación que le fue

dada a conocer al señor CUERVO CUERVO.

Aseveró que carece de legitimación en la causa por pasiva,

comoquiera que solo las Fuerzas Armadas están facultadas para

estudiar de fondo las solicitudes del actor, por lo que solicitó que se

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le desvincule del presente trámite constitucional.

Finalmente, añadió que la solicitud de amparo carece del requisito de

subsidiariedad, en la medida en que el actor no agotó los mecanismos

de defensa que tenía a su alcance ante la jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo para ventilar allí sus inconformidades, así

como tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable

en el asunto.

I.5.2.- CREMIL informó que luego de revisar los canales de

recepción de correspondencia, constató que no recibió el derecho de

petición que indica el actor, de tal forma que, a su juicio, carece de

legitimación en la causa por pasiva para atender lo solicitado, pues

no es la llamada a pronunciarse sobre la solicitud planteada al

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, por lo que solicitó que se le

desvincule del presente trámite constitucional.

Asimismo, destacó que las pretensiones están encaminadas al

reconocimiento y pago de partidas computables en actividad,

tiempos dobles y pagos pendientes de cesantías, competencia

exclusiva de la Fuerza Aérea, pues ello fueron situaciones causadas

en servicio activo, por lo que no es la llamada a resolver ese tipo de

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reclamaciones, máxime cuando se le reconoció su asignación de

retiro de conformidad con la normativa vigente en el momento.

Finalmente, resaltó que el actor ha promovido varias acciones de

tutela con el fin de obtener el reconocimiento de derechos y

acreencias laborales, no siendo este el mecanismo idóneo para ello,

solicitudes que fueron resueltas de manera desfavorable al

encontrarse improcedentes o configurarse la cosa juzgada, por lo que

el señor CUERVO CUERVO actúa con temeridad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA

de esta Corporación accedió parcialmente a la solicitud de amparo al

considerar que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA contestó de

forma oportuna la petición con el traslado a la entidad competente,

actuación que fue comunicada al señor CUERVO CUERVO, diferente

a CREMIL, quien desconoció el núcleo esencial del derecho

fundamental de petición, pues no acreditó haber resuelto la solicitud

remitida.

En efecto, destacó que si bien CREMIL en el informe afirmó que no

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recibió petición del accionante, lo cierto es que en el plenario se

encuentra plenamente demostrado que el 31 de enero de 2023 la

coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA remitió la solicitud a esa

entidad, sin que la misma haya emitido respuesta alguna, por lo que

se encuentra demostrada la vulneración del derecho fundamental de

petición del actor.

Ahora, al analizar si en la solicitud de amparo de la referencia se

configuraba la cosa juzgada respecto de las dos acciones de tutela

ya promovidas, logró determinar que aun cuando compartían

identidad de partes, la causa petendi no era la misma, por lo que no

se acreditó la triple identidad de partes, causa petendi y objeto.

Finalmente, frente a las demás pretensiones formuladas no emitió

pronunciamiento alguno al estimar que estaban relacionadas con lo

deprecado por el actor en la petición objeto de estudio.

Por lo anterior, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Amparar el derecho fundamental de petición del
señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

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Segundo: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil), que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, brinde una
respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud elevada por la
parte accionante, y que le fue remitida a esa entidad a través del
Oficio OFI23- 00015358 / GFPU 12000002, la cual deberá ser
notificada en debida forma.

Tercero: Negar el amparo invocado, con respecto a la Presidencia
de la República […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

CREMIL impugnó la decisión proferida en primera instancia

señalando que el actor radicó derecho de petición ante el

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA más no ante esa entidad, que fue

lo mencionado en la contestación de la acción de tutela, sin embargo,

una vez verificado lo manifestado en la acción de tutela evidenció

que dicha solicitud le fue trasladada, en efecto, el 31 de enero de la

presente anualidad, razón por la que mediante Oficio Rad.

2023016326 de 23 de febrero de 2023, dio respuesta de fondo a lo

pretendido por el peticionario.

En efecto, destacó que dio respuesta al señor CUERVO CUERVO a

través de la cual se le informó que no se desconoció lo previsto en la

normativa al momento del reconocimiento de la asignación de retiro;

además, que no era posible acceder a la prima de actividad solicitada,

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en la medida en que tal asunto ya había sido resuelto por el juez de

lo contencioso administrativo.

Ahora, en cuanto a la prima de actualización y la de bonificación, le

informó al actor que en tales asuntos ya se configuró el fenómeno

procesal de cosa juzgada, pues ya habían sido objeto de

pronunciamiento por el juez de la causa.

Refirió que dicha respuesta fue enviada al correo electrónico

aportado por el actor, del cual se evidencia el acuse de recibo

certificado, por lo que, a su juicio, ha actuado conforme a la

legislación vigente, sin desconocer los derechos del actor, en la

medida en que dio respuesta a la petición de forma clara, completa

y de fondo.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia proferida en primera

instancia y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por

hecho superado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que tanto el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

como CREMIL solicitaron su desvinculación en la presente acción de

tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

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la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que

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inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el derecho de petición de 10 de enero de 2023

objeto de tutela fue presentado ante el PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA y, que a su vez, este dio traslado de la solicitud a

CREMIL por considerar que es la entidad competente para dar

respuesta a lo pretendido por el señor CUERVO CUERVO, les asiste

interés en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará

sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa

por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el señor JORGE ELIECER CUERVO CUERVO,

actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual, a

su juicio, le fue vulnerado por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

y CREMIL, al no haber dado respuesta clara, concreta y de fondo a

la petición presentada el 10 de enero de 2023, por medio de la cual

solicitó reliquidar sus cesantías y la asignación de retiro reconocida.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 16 de marzo de

2023 accedió parcialmente a la solicitud de amparo, al considerar

que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA contestó de forma

oportuna la petición con el traslado a la entidad competente,

actuación que fue comunicada al señor CUERVO CUERVO, diferente

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a CREMIL, quien desconoció el núcleo esencial del derecho

fundamental de petición, pues no acreditó haber resuelto la solicitud

remitida por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

CREMIL inconforme con lo anterior, impugnó la decisión del a quo al

estimar que dio respuesta a la petición del actor mediante Oficio Rad.

2023016326 de 23 de febrero de 2023, de forma clara, completa y

de fondo, por lo que solicitó revocar la sentencia proferida en primera

instancia y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por

hecho superado.

En este punto, es preciso indicar que la Sala circunscribirá su estudio

a las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación

presentado por CREMIL contra la sentencia dictada en primera

instancia, por lo que la Sala procederá a determinar si confirma,

modifica o revoca la decisión del a quo, en atención a los reparos

frente al derecho de petición, expuestos en la impugnación.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al

marco legal del derecho fundamental aludido para en seguida

abordar el estudio del fondo del asunto.

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Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20115, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala

5
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la

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materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

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Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 6 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

6
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Ahora, al entrar a analizar el caso concreto se observa que

CREMIL, al presentar el escrito de impugnación puso de presente

que estando en trámite la presente solicitud de amparo, mediante

Oficio Rad. 2023016326 de 23 de febrero de 2023, dio respuesta a

la petición que le fue traslada por el PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA el 31 de enero de la presente anualidad, tal como se

evidencia de las constancias allegadas.

En efecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,

se observa que el señor CUERVO CUERVO presentó derecho de

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petición ante el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en la cual solicitó

lo siguiente:

“[…] Doctor
Gustavo Francisco Petro Urrego
Presidente de la República

Derecho de petición

En mi condición de víctima del estado (rama ejecutiva y judicial)
en el ilegal e inconstitucional despojo de parte de mis
constitucionalmente (arts.48 y 53) irrenunciables e
imprescriptibles derechos en materia prestacional y pensional,
considerando que usted como Presidente de la República,
constitucionalmente obligado está a (1) garantizar los derechos
adquiridos conforme a la ley a los ciudadanos residentes en
Colombia (2) cumplir y hacer cumplir la constitución y demás leyes
de la república, por tercera vez le solicito tenga a bien ordenar

1º. Al Ministerio de Defensa:

(i) El pago debidamente indexado desde el 11 de octubre de
1.986 de $ 413.562 que corresponden las cesantías
dejadas de liquidar y pagar, de conformidad con lo
expresado en el siguiente cuadro elaborado con
fundamento en la ley (artículo 222 literal b –decreto 089
de 1984 –bajo cuya vigencia me fueron reconocidas mis
prestaciones sociales)
[…]

(ii) El pago debidamente indexado desde el 11 de octubre
de 1.986 de $ 4.135,62 que corresponden a los intereses
legales mensuales de las cesantías dejadas de liquidar y
pagar.
(iii) como sanción moratoria consagrada en la ley 244 de
1995
• el pago de $ 124.071 diarios desde agosto 23 de 2007
de conformidad con por petición elevada el 12-06-2007

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ante el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos Calderón
y que origina el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 2007-0723 -00/01 (demanda parcial de tiempo
doble para efectos de prestaciones sociales)
• el pago de $ 212.602 diarios desde junio 29 de 2012 de
conformidad con por petición elevada el 10-04-2012 ante
el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, y que
originó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 2012- 0094-00/01 (demanda parcial de tiempo
doble para efectos de prestaciones sociales)

2ª. A la Caja de Retiro de Fuerzas Militares

2.1. La reliquidación y reajuste de mi asignación de
retiro, en el 78% de las siguientes partidas computables
y sus porcentajes fijados en la ley, desde la fecha que
respecto de cada una se indica.

[…]

2.2. Sobre los siguientes sueldos basicos.

2..2.1. Los decretados en pesos para mi grado (Suboficial
Técnico Primero Fuerza Aérea) por el Gobierno Nacional
entre los años 1985 y 1992

[…]

2.2.2. Los que a mi grado (Suboficial Técnico Primero
Fuerza Aérea) corresponden con la inclusión de la prima
de actualización para los años 1993, 1994 y 1995, y que
en mi caso concreto fueron ordenados mediante
sentencia 02-7905

[…]

2.2.3. Los que a mi grado (Suboficial Técnico Primero
Fuerza Aérea ) corresponden a partir de enero 1996 año
en que con el decreto 107 entra en vigencia la escala
gradual porcentual ordenada en la ley 4ª de 1992, y que

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en mi caso concreto fueron ordenados mediante
sentencia 02-7905

[…]

3. Dando estricto cumplimiento, a la sentencia 02-7905
que ordenó para el suscrito la reliquidación de mi
asignación retiro, con las dos (2) formas distintas de
liquidar sueldos básicos para Suboficiales y Oficiales
Subalternos, como son:

3.1. la inclusión de la prima de actualización para los años
1993, 1994 y 1995

3.2. a partir de 1996- años en que con el decreto 107
entra en vigencia la escala gradual porcentual.

3.3. actualizando los valores dejados de liquidar y pagar.

3.4. dando cumplimento a la sentencia con los artículos
176 y177 del cca

4. cesar en el hurto o vulgar robo del 5% de cada v
mesada y el valor de 30 días por aumento de la
asignación de retiro, que violando la ley y desconociendo
sentencia con efectos erga omnes y ex nunc y el principio
de irretroactividad de ley me aplican desde 1990

5. oportuno y pertinente es volver a manifestarle que yo
soy victima.

5.1. del ilegal e inconstitucional despojo judicial de mis
constitucionalmente irrenunciables e imprescriptibles
derechos en materia prestacional y pensional por
funcionarios judiciales defensores, receptores de sus
favores como Yolanda García de Carvajalino, Amparo
Oviedo Pinto, Carmen Alicia Rengifo Sanguino y José
María Armenta y otros milicianos de la izquierda judicial,
que producto de su delirante ideología en clara violación
de la constitución, la ley y tratados internacionales
firmados por Colombia ejercieron ilegal e ilegítima

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venganza , contra los miembros más humildes dela
fuerza pública, por las acciones del ejército y la policía
contra la banda terrorista y criminal m-19.

5.2. del acuerdo entre el gobierno del nobel de las narco
farc -up (Juan Manuel Santos ) y los sindicatos judiciales,
que por objeto tuvo – el ilegal e inconstitucional despojo
de sentencias que ordenaron el cumplimentó de la ley 4ª
de 1992

5.3. hasta de un burdo, sucio y cobarde montaje judicial
en el que resultaron vulnerados y agredidos en sus
derechos, mis hijos y hasta mi nietecito de escasos 20
días de nacido

6. poner a la recepcionista de atención ciudadana a
reenviar mis peticiones a su pares del MDN y CREMIL, y
la “asesora anticorrupción”, a quien no tiene facultad
legal para de resolver lo peticionado como la
procuraduría, no cumple con el mandato constitucional
que lo obliga a usted a dar respuesta clara, oportuna y
de fondo a lo peticionado

7. la deuda estatal conmigo la pude pagar sin afectar la
sostenibilidad fiscal y es restándole por una sola vez al
$1.000.000 que le va a regalar cada mes a los de las
bodegas y los de la primera línea que lo ayudaron a elegir
$ 150.000

Finalmente, oportuno y pertinente es recordarle que los
llamados por el secuaz de las narco -farc-up que
desconsolado lloraba y sufría por el narco ciego Santrich
e Iván Márquez y falso defensor de los derechos humanos
Iván Cepeda Castro “inmensos beneficios de gozan
Suboficiales de la Fuerza Pública” que son los siguientes:

1. El ilegal e inconstitucional despojo gubernamental y
judicial del derecho al cómputo doble de 6 años 8 meses
y 9 días de tiempo de servicio laborado en vigencia de la
Constitución de 1886 por declaratorias efectuadas
mediante decretos de estado de sitio 1249 de 1975 y

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2131 de 1976 y cuyo fundamento legal de dicho computo
son las vigente 2ª de 1945 en su artículo 47 y el artículo
52 de la ley vigente 126 de 1959, reproducidas en el
decreto 2337 de 1971

2. El ilegal e inconstitucional despojo gubernamental y
judicial de partidas computables (prima de especialista,
subsidio de alimentación y jinetas de buena conducta)
para efectos de cesantías y asignación de retiro; cuyo
fundamento legal de dicho computo lo son el artículo 34
de la ley vigente 2ª de 1945, (conocido como el principio
de oscilación de las asignaciones de retiro) y el articulo
222 literal b del decreto 089 de 1984 (bajo cuya vigencia
me fueron reconocidas mis prestaciones sociales

3. El ilegal e inconstitucional despojo gubernamental del
artículo 13 de la ley marco de salarios 4ª de 1992, para
personal en actividad y en retiro

4. El ilegal e inconstitucional desacato o fraude a
resolución judicial por parte de la delincuencia de la
CREMIL de sentencia 02-7905 que para el suscrito ordenó
la reliquidación de mi asignación de retiro, con lo
dispuesto en artículo 13 de la ley marco de salarios 4ª de
1992

5. El ilegal e inconstitucional despojo judicial de la
sentencia 02-7905 que para el suscrito ordenó la
reliquidación de mi asignación de retiro, con lo dispuesto
en artículo 13 de la ley marco de salarios 4ª de 1992
6. el ilegal e inconstitucional despojo gubernamental y
judicial de la bonificación por compensación creada para
retirados antes de 1997 por la ley 420 de 1998

7. el ilegal e inconstitucional despojo gubernamental y
judicial para retirados del incremento al porcentaje
liquidatorio de la prima de actividad ordenado mediante
decreto 2863 de 2007 y fijado en los decretos de
aumento anual expedidos a partir del 673 de 2008

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8. el hurto o vulgar robo del 5 % de cada mesada de
asignación de retiro y de los aumentos desde 1990, hurto
o vulgar robo que hacen desconociendo los efectos erga
omnes de la sentencia proferida por la corte suprema de
justicia en julio 05 de 1990 –expediente 2091 –acta 027
que declaró inexequibles los artículos 235, 236 y 237 del
decreto 089 de 19884 y que previamente tambien había
declarado inexequibles los artículos similares del decreto
095 de 1989 hurto o vulgar robo, que hacen
desconociendo el principio de irretroactividad dela ley ;
hurto o vulgar robo, que utilizan para […]

Los anterior (SIC) conlleva a que la asignación de retiro
que violando la ley y desacatando sentencia judicial me
liquidó la CREMIL en 2022, sea inferior al sueldo básico
que el gobierno del nobel de las narco farc - up – Juan
Manuel Santos, le fijo mediante decreto 302 de 2017 para
dicho año 2017 a los criminales de dicha organización
terrorista y criminal que le sirvieron y le sirven escoltas
a sus privilegiados cabecillas como Iván Márquez y el
narco Ciego Santrich, su camarada en el m-19 pablo cava
tumbas

Finalmente, le manifiesto que si quiere conciliar la deuda
estatal conmigo, ello le puede ahorrar muchos millones y
problemas al Estado y a su Gobierno, porque yo, que no
soy político, a mis 71 años lo único que hago es defender
mis derechos y los de mis hijos y nietos, y no cesaré en
esa defensa, no evada su responsabilidad señor Petro
[…]”.

Tal petición fue traslada a CREMIL el 31 de enero de 2023, para lo

cual dicha entidad mediante Oficio Rad. 2023016326 de 23 de

febrero de 2023, dio respuesta al actor de la siguiente manera:

“[…] Señor

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TÉCNICO PRIMERO (RA) FUERZA AÉREA
JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
jorgecuervo1952@gmail.com

Asunto: Respuesta derecho de petición

Reciba un cordial saludo,

En atención a sus derechos de petición radicados en esta Entidad
con los números ID. 2023005675 (trasladado por competencia por
la Presidencia de la República con oficio OFI23-00015358 / GFPU
12000002) y 2023005697 […]

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, reconoció a su favor
asignación de retiro mediante Resolución No. 1192 del 20 de
septiembre de 1985, con fundamento en lo establecido en su HOJA
DE SERVICIOS, el expediente prestacional remitido por la
respectiva fuerza, siendo este un trámite que se efectúa de manera
oficiosa y conforme lo establecido en los artículos 222, 223 y SS
del Decreto Ley 089 de 1984 normatividad vigente para la época
en que se consolidó su derecho prestacional.

El artículo 222 del Decreto Ley 089 de 1984, dispone: […]

Revisado su expediente administrativo, específicamente la carpeta
denominada “ASIGNACION DE RETIRO”, a folio 7 obra certificación
No. 179 expedida por el jefe de la Sección de Liquidación de
Haberes del Comando de la Fuerza Aérea que contiene los valores
por usted devengados en el mes de junio de 1984, a efectos de ser
tenidos en cuenta al momento del reconocimiento de su prestación,
de conformidad al literal B de la norma atrás descrita.

A folios 24 y 25 del cuaderno en mención, obra la liquidación de su
prestación, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución No.
1192 del 20 de septiembre de 1985, “Por la cual se ordena el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro al señor Suboficial
Técnico Primero JORGE ELIECER CUERVO CUERVO”, por lo que es
claro que los valores certificados por el jefe de la Sección de
Liquidación de Haberes del Comando de la Fuerza Aérea atrás
referenciados fueron tenidos en cuenta como base liquidar su
asignación de retiro, por lo que es claro que esta Entidad no

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desconoció los dispuesto en el literal B del Decreto Ley 089 de
1984. (Los documentos atrás referenciados le fueron remitidos con
oficio No. 2022028866 del 08 de marzo de 2022)

De otra parte, le indico que las partidas a tener en cuenta se
liquidaron de conformidad con lo anteriormente señalado y de
conformidad con las disposiciones legales contenidas en el artículo
151 literal b) del Decreto 089 Página 12 de 22 de 1984, el cual se
trascribe: […]

De lo anterior, se indica que al accionante se le reconoció
Asignación de Retiro de conformidad con la normatividad vigente
en el momento, en el cual en su parte considerativa estipulo los
siguientes porcentajes:

Sueldo básico de actividad

Prima de actividad 20% (veinte por ciento)
Prima de antigüedad 15% (quince por ciento)
Subsidio familiar 39% (treinta y nueve por ciento)

Ahora bien, respecto a la partida computable de la prima de
actividad se indica:

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, le reconoció Asignación
de Retiro de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para la
fecha del retiro, a partir del 05 de septiembre de 1985 en cuantía
del 50%, por haber acreditado un tiempo de servicio de 15 años,
10 meses y 11 días.

El Decreto Ley 089 de 1984 artículo 152 establece: COMPUTO
PRIMA DE ACTIVIDAD: “A partir dela vigencia del presente decreto,
para efectos de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones
sociales la prima de actividad de los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares se computará de la siguiente forma: Para
individuos con menos de quince (15) años de servicio, el quince
por ciento (15).

Para individuos con quince (15) o más años de servicio, pero menos
de veinte (20), el veinte por ciento (20%).

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Para individuos con, veinte (20) o más años de servicio, pero
menos de veinticinco (25), el veinticinco por ciento (25%)

Para individuos con veinticinco (25) o más años de servicio, pero
menos de treinta (30), el treinta por ciento (30%).

Para individuos con treinta (30) o más y tres por ciento años de
servicio, el treinta y tres por ciento (33%)”.

Es preciso aclararle que con posterioridad al reconocimiento de la
asignación de retiro mediante Decreto 2863 del 27 de julio del
2007, el Gobierno Nacional autorizó el aumento en la Prima de
Actividad en un 50% del porcentaje que venían devengando a la
entrada en vigencia del Decreto, la cual es retroactiva a partir del
01 de julio de 2007.

En ese orden de ideas, se reitera que no es posible atender
favorablemente su petición, toda vez que computando el tiempo de
servicio con lo establecido en el Ley 089 de 1984 se le reconoció el
20% por prima de actividad, más el aumento autorizado mediante
el Decreto 2863 de 2007, es decir el 50% del porcentaje que se
venía devengando, que corresponde a un 10% adicional, arroja
como resultado el porcentaje que se viene percibiendo a la fecha
por concepto de prima de actividad del 30%.

Ahora bien, verificados los sistemas de información de esta Caja de
Retiro, se evidencia que usted promovió proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Juzgado 08 Administrativo de
Descongestión de Bogotá, cuya pretensión principal era la
declaración del silencio administrativo negativo por la no respuesta
a su derecho de petición radicado con el número 74814 del 12 de
agosto de 2011, por medio de la cual solicitó el reajuste de su
asignación de retiro respecto de la partida computable de prima de
actividad al 49.5%

Con sentencia del 31 de enero de 2014 el referido despacho judicial
NIEGA LAS PRETENSIONES de su demanda, decisión confirmada
por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F en Descongestión, con providencia del 09
e octubre de 2015, configurándose de esta manera la existencia
del fenómeno procesal de COSA JUZGADA.

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Respecto a la partida computable de la prima de actualización se
indica:

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha partido del supuesto
de que el orden jurídico fundado en la Constitución Política no
podría subsistir sin la debida garantía en el acatamiento a los fallos
que profieren los jueces, quienes han sido revestidos de autoridad
suficiente para resolver los conflictos que surjan entre la
Administración y sus administrados, constituyéndose de esta forma
un elemento fundamental en la operatividad y eficiencia del Estado
de Derecho.

Con Resolución No. 4310 del 27 de diciembre de 2004, la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares ordenó el cumplimiento de la
sentencia de fecha 03 de septiembre de 2004 proferida a su favor
por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del proceso No. 02-7905, que dispuso el reconocimiento y pago de
la Prima de Actualización, acto administrativo que se encuentra
debidamente notificado y ejecutoriado, gozando de presunción de
legalidad.

Adicional a lo anterior, usted promovió proceso Ejecutivo Laboral
ante el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, radicado
11001333100920100003400, quienes con sentencia del 31 de
mayo de 2013 NEGÓ LAS PRETENSIONES de su demanda, decisión
que fue confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de Descongestión, Sección Segunda, Subsección
“F”, con providencia del 16 de marzo de 2016.

Por lo expuesto, se tiene entonces que el presente asunto ya tuvo
pronunciamiento de fondo por parte de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa configurándose de esta manera la existencia del
fenómeno procesal de COSA JUZGADA, la cual impide que se
realice un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Ahora bien, el inciso Segundo del Articulo 217 de la Constitución
Nacional, en su tenor literal reza “La ley determinara el sistema de
reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos,
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de
carrera, prestacional y disciplinario que le es propio (…)”.

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Por lo expuesto el Gobierno Nacional, anualmente mediante
decreto ejecutivo, reajusta las asignaciones de retiro con base en
los incrementos de los sueldos básicos del personal en actividad.
Utilizar mecanismos, fórmulas o sistemas de liquidación diferentes,
equivaldría a aplicar un sistema prestacional distinto al establecido
en el régimen especial para la Fuerza Pública, es así como al aplicar
la prima de actualización reconocida durante los años de 1992 a
1995, el salario básico fue ajustado al entrar a regir la ESCALA
GRADUAL PORCENTUAL.

La nivelación salarial se cumplió y se desarrolló a través de los
sueldos básicos del personal en actividad, los cuales en cada una
de las vigencias fueron incrementados; situación que se hizo
extensiva a los miembros de las fuerzas militares en goce de
asignación de retiro por efecto del principio de oscilación, esto es
que el sueldo básico del activo se toma como base prestacional
para la liquidación de la Asignación de Retiro.

Respecto a la Bonificación por Compensación se indica:

La Bonificación por Compensación a que se refiere el Decreto No.
2072 de agosto 21 de 1997 y la Ley 420 de enero 05 de 1998
correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero a
diciembre 31 de 1997, fue cancelada por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares con la mesada del mes de enero de 1998, a las
personas que tenían reconocida asignación de retiro y/o pensión de
beneficiarios para esa época.

Para mayor claridad sobre la liquidación y pago de la Bonificación
por Compensación, se transcriben las normas pertinentes:

El parágrafo del Artículo 01 de la Ley 420 de enero 05 de 1998,
establece: “Si la Bonificación a que se refiere el presente Artículo
se incorpora al sueldo básico del personal de la Fuerza Pública en
servicio activo, tendrá el mismo comportamiento en las
asignaciones de retiro y pensiones de militares y policiales y por
tanto desaparecerá como bonificación”. (Subrayado fuera de
texto).

De otra parte, el Artículo 39 del Decreto No. 58 de enero 10 de
1998 dispuso: “En las asignaciones básicas mensuales fijadas en el

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presente Decreto queda incorporada la Bonificación por
Compensación establecida mediante el Decreto No. 2072 de agosto
21 de 1997”. Por lo anterior, la Bonificación en mención ya viene
incorporada al sueldo básico dentro de la Asignación de Retiro.
(Subrayado fuera de texto).

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, dando aplicación a la
normatividad antes transcrita y teniendo en cuenta que tanto el
Decreto 2072, como la ley 420 de 1997 produjeron efectos fiscales
a partir del 1 de enero de 1997, canceló a su favor la bonificación
por compensación de que tratan las citadas normas en el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 dicho
pago se realizó con la mesada del mes de enero de 1998, y
posteriormente le incorporó la bonificación por compensación en el
sueldo básico de su asignación de retiro, de conformidad al Decreto
58 de 1998 el cual dispuso: […]

De lo anterior se desprende que la bonificación que usted hace
referencia ya está incorporada en el sueldo básico de su asignación
de retiro desde 1998, teniendo en cuenta que en el Decreto 58 del
10 de enero del mismo año se fijaron los sueldos básicos para el
personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y en el
mismo quedó incluida la bonificación en las asignaciones básicas
mensuales, por tal motivo no se atiende favorablemente su
solicitud.

Ahora bien, usted promovió proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho ante el Juzgado 48 Administrativo de Bogotá, cuya
pretensión principal era la nulidad de los actos administrativos
OFICIO 57093 del 29 de octubre de 2009 y Resoluciones CREMIL
1498 del 10 de mayo de 2010 y 2412 del 28 de julio de 2010, por
medio de los cuales esta Caja de Retiro niega el reajuste de su
asignación de retiro con la inclusión del factor salarial de carácter
permanente denominado BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN.

Con sentencia del 27 de febrero de 2014 el referido despacho
judicial NIEGA LAS PRETENSIONES de su demanda, decisión
confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con providencia del 22 de septiembre de 2015,
configurándose de esta manera la existencia del fenómeno procesal
de COSA JUZGADA.

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Finalmente, queda claro que la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares reconoció y liquidó su asignación de retiro bajo la luz de
lo dispuesto en el Decreto Ley 089 de 1984, y que partidas
computables liquidadas en la misma son las que en derecho le
corresponden, por lo que no existe prueba siquiera sumaria que
soporte sus pretensiones, pero si ha quedado demostrado en los
múltiples litigios que usted ha promovido en contra de CREMIL que
esta Entidad ha obrado siempre conforme a la Ley.

[…]

2. DERECHO DE PETICIÓN ID. 2023005697 DEL 02 DE FEBRERO
DE 2023:

La Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
establece:

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda
petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no
se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá
al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10)
días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará
la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se
consideren inadecuadas o incompletas.
En igual sentido, la Corte Constitucional ha realizado múltiples
pronunciamientos, en los que ha precisado:

“iii) Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa.
Así lo exige el precepto constitucional, de modo que su ejercicio
solo es válido y merece protección constitucional si el derecho de
petición se formuló en esos términos.

En la Sentencia T-353 de 2000, la Corte resaltó: (…) el debido
respeto hacia la autoridad, como un elemento esencial del derecho
de petición, como quiera que, de lo contrario, “la obligación
constitucional, que estaría a cargo del servidor o dependencia al
cual se dirigió la petición, no nace a la vida jurídica. La falta de tal
característica de la solicitud sustrae el caso de la regla general, que
exige oportuna contestación, de fondo, sobre lo pedido. En esos

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términos, si una solicitud irrespetuosa no es contestada, no se viola
el derecho de petición” (...)

Por tanto, en esos eventos las autoridades públicas pueden
rechazar las peticiones irrespetuosas, situaciones que son
excepcionales y de interpretación restrictiva, pues la
administración no puede tachar toda solicitud de irreverente o
descortés con el fin de sustraerse de la obligación de responder las
peticiones.

En relación con el alcance del calificativo de irrespetuoso, la Corte
ha señalado que: “La determinación acerca de cuándo un escrito
es inadmisible, por considerarse irrespetuoso, corresponde al
discrecional, pero ponderado, objetivo, juicioso, imparcial y no
arbitrario juicio del juez, pues las facultades omnímodas e
ilimitadas de éste para rechazar escritos que pueden significar
muchas veces la desestimación in límine del recurso afecta el
derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia. En
tal virtud, estima la Sala que los escritos irrespetuosos son aquéllos
que resultan descomedidos e injuriosos para con los mencionados
sujetos, de manera ostensible e incuestionable y que superan el
rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso
de un proceso judicial, aún en los eventos de que quienes los
suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o
injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial”

Por lo anterior, atentamente le indico que esta Caja de Retiro
rechaza de manera vehemente el contenido irrespetuoso de su
comunicado, el cual atenta contra la dignidad humana de nuestros
servidores públicos y contratistas, quienes se han caracterizado por
cumplir a cabalidad sus funciones en pro de la misión de esta
Entidad, por lo que no se realizará pronunciamiento de fondo sobre
ese particular […]”.

De las pruebas allegas por CREMIL al expediente, se observa que

dicha respuesta fue comunicada al actor el 23 de febrero de la

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presente anualidad, a través de correo electrónico enviado a la

dirección jorgecuervo1952@gmail.com.

Sumado a lo anterior, CREMIL allegó como evidencia el acuse de

recibo certificado, tal como se observa a continuación:

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En ese entendido, para la Sala es evidente que CREMIL dio

respuesta a la petición presentada por el actor el 10 de enero de

2023 de forma clara, completa, congruente y de fondo, además, le

fue comunicada al correo electrónico del señor CUERVO CUERVO,

razón por la que se advierte que las circunstancias fácticas que

generaron la presunta vulneración desaparecieron.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»7. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la

7 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”8.
(Negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite

8 Ibídem.

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cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”9.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala revocará la sentencia impugnada que amparó el

derecho fundamental de petición y, en su lugar, declarará la carencia

actual de objeto por hecho superado toda vez que la petición de 10

de enero de 2023 ya fue resuelta de forma clara, completa y de

fondo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación
número: 54001-23-33-000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda.
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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Finalmente, es del caso destacar que la Sala no se referirá a las

demás pretensiones expuestas por el actor en el escrito de tutela,

comoquiera que estas no fueron objeto de impugnación, por lo que

se confirmará en todo lo demás la sentencia impugnada, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA y la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS

MILITARES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales primero y segundo de la

sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA

ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada,

por las razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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