Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00794-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de marzo de 2023
Demandantes: Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y otro
Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00794-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00794-00
Demandantes: NICOLÁS ÁLVARO ARENAS ECHEVERRI Y OTRO
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
OTROS
Tema: Tutela contra acto administrativo - improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. Los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román
Arenas, aduciendo ser secretarios de los juzgados Penal del Circuito de
Fredonia y Promiscuo del Circuito de Amagá (ambos municipios de Antioquia),
presentaron acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia - Chocó, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función
Pública y la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial
Colombiano. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al “patrimonio
económico”.
2. Las anteriores transgresiones constitucionales se la adjudican a la
indebida liquidación de la prima de productividad arrojada en sus desprendibles
de nómina del mes de diciembre de 2022, por parte de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Antioquia – Chocó y al Concepto N.°
20216000414881 de 11 de noviembre de 2021, expedido por el Departamento
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandantes: Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y otro
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Administrativo de la Administración Pública2.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
(…) solicitamos los abajo firmantes como SERVIDORES JUDICIALES,
mediante el presente mecanismo de Acción Constitucional de la TUTELA, se
nos protejan los derechos FUNDAMENTALES de la IGUALDAD, EL DEBIDO
PROCESO, PATRIMONIO ECONÓMICO, los que nos han sido vulnerados por
los demandados: Unidad de Recurso Humanos del Consejo Superior de la
Judicatura; Director jurídico de Departamento Administrativo de la Función
Pública; Director de la Administración Judicial de Antioquia y Chocó, pagaduría
o tesorería de esta seccional, Sindicato de la Rama Judicial, entidades quienes
también incurrieron en VÍA DE HECHO, SOLICITANDO través del presente
mecanismo, disponiendo:
a.- El Pago completo de la PRIMA DE PRODUCTIVIDAD adquirida por
NICOLÁS ÁLVARO ARENAS ECHEVERRI y JUAN GUILLERMO ROMÁN
ARENAS, secretarios de los JUZGADOS PROMISCUOS DE LOS CIRCUITO
DE FREDONIA (A.) Y AMAGA (A.), en el pasado mes de Diciembre de 2022, y
las que en adelante se adquieran, en forma completa, teniendo de presente
además del 50% del sueldo básico ($ 930.569,50, y el 50% de la prima de
antigüedad ($ 1.395.316.509), PRIMA DE ANTIGÜEDAD constitutiva de forma
de retribución mensual formando parte de nuestra "remuneración" mensual”, y
no como se hizo en forma indebida, sin tener de presente el 50% de la Prima de
antigüedad.
b.- PAGO DEL INCREMENTO DEL 2.5%, establecido en el art. 17 del Decreto
57 de 1993, el que tampoco se hizo en el pago de la Prima de Productividad
correspondiente al mes de Diciembre de 2022, y en lo sucesivo, una vez
adquirida dicha prestación económica. (Sic a todo el texto).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:
5. El 16 de diciembre de 2022, los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri
y Juan Guillermo Román Arenas enviaron una petición ante el Grupo de
Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó, en la que solicitaron el pago de: (i) la prima de
productividad, correspondiente al año 2022, con el 50% de la asignación básica
mensual y la prima de antigüedad, y (ii) el incremento del 2.5.% de su salario.
6. El 7 de febrero de 2023, la auxiliar de Asuntos Laborales de Nómina de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó, les
envió un correo electrónico, en el que les respondió lo siguiente:
2 Se precisa que, si bien los accionantes manifiestan en el escrito de tutela que cuestionan el
Concepto 241521 de 9 de julio de 2021, lo cierto es que de los anexos aportados con la
demanda se advierte que corresponde con el dictado el 11 de noviembre de 2021.
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La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como administrador del sistema
ajustó el aplicativo de nómina – EFINOMINA -, para que la liquidación de la prima
de productividad se realice tomando como base la asignación básica mensual,
conforme a la definición, que para el efecto, determinó el Departamento
Administrativo de la Función Pública mediante concepto No. 20216000414881
del 19 de noviembre de 2021, lo cual fue dado a conocer a las seccionales
mediante oficio DEAJRHO22-4720 del 13 de diciembre de 2022, con lo cual se
entiende que esta decisión se escapa de la definición de la Seccional Medellín
quien funge como liquidador de nómina, pero no interviene en la parametrización
del sistema liquidador de nómina EFINOMINA.
1.4. Sustento de la vulneración
7. La parte actora manifestó que la vulneración de sus derechos
fundamentales se concretó con ocasión del Concepto dictado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante DAFP), que
generó el pago incorrecto de su prima de productividad. Aludieron que dicho
documento les impidió obtener el incremento del 2.5 % dispuesto en el artículo
17 del Decreto 57 de 1993.
8. Advirtieron que pertenecen al régimen salarial de los servidores judiciales
no acogidos al Decreto 53 de 1993, y que, además se les debe pagar la prima
de productividad con base en el 50% de la remuneración mensual, más la prima
de antigüedad. Alegaron que se les tomó $1.861.140, “sin incluir
$1.395.316.50”.
9. Señalaron que la Unidad de Recursos Humanos del Consejo Superior de
la Judicatura “sin reflexión alguna sobre el daño que iba a causar” y en
desmedro de sus derechos fundamentales, extendió la “parametrización del
sistema de Efinómina para la liquidación de la prima de productividad”, el cual
fue establecido en la Resolución DEAJRHO22-4720 de 13 de diciembre de
2022. Apuntaron que, anteriormente se tenía en cuenta para efectos de liquidar
la citada prestación: la prima de antigüedad, las horas extras, el auxilio de
transporte y el subsidio de alimentación.
10. A su juicio, con ocasión de la consulta que se elevó ante el DAFP, en
aras de que determinara cuáles factores salariales se debían tener en cuenta
para liquidar la prima mencionada, se emitió un concepto “ilegal” que genera la
transgresión cuya protección se invoca por esta vía. Ello, dado que, se definió
que solo se tendría en consideración la asignación básica correspondiente a la
remuneración mensual.
11. Refirieron que el acoger el concepto expedido por el DAFP “alberga una
vía de hecho” a la vez que vulnera los principios de proporcionalidad, equidad y
la igualdad en materia salarial.
12. Arguyeron que un concepto de una entidad no es vinculante cuando es
“irracional”, en este caso, respecto a la forma de liquidar la prima de
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productividad. Adicionaron que se les está desconociendo un derecho adquirido
e intangible y ello conlleva a la concreción de un perjuicio irremediable.
13. Precisaron que se configuró un defecto sustantivo (pese a que no
manifestaron haber presentado ningún proceso ordinario), dado que, la
autonomía de los jueces no les permite apartarse del ordenamiento jurídico, y
de forma particular, de la Constitución Política. De otro lado, que en la sentencia
dictada dentro del expediente N. ° 25000-23-25-000-2004-04894-01, el Consejo
de Estado dispuso cuáles normas regulan casos como el presente.
14. Finalmente, indicaron que no cuentan con otro mecanismo de defensa
judicial para proteger sus intereses “porque ningún abogado que se respete va
a iniciar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por lo que se
nos dejó de pagar $2.600.000 en el año, y acrecimiento de la retroactividad de
las cesantías”. De otro lado, porque tendrían que esperar “varios lustros ante el
Contencioso (sic) administrativo”.
1.5. Trámite de la acción
15. Mediante auto de 16 de febrero de 2023, se admitió la acción
constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como
accionados al Consejo Superior de la Judicatura, al Departamento
Administrativo de la Función Pública, a la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia y Chocó, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la
Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano.
16. De igual forma se dispuso a vincular a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado
1.6. Intervenciones
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
17. Afirmó que esta acción de tutela es improcedente porque se dirige contra
un acto administrativo impersonal y abstracto. Refirió que, lo que manifiesta la
parte actora no le perjudica de forma exclusiva, sino que tiene que ver con un
trámite aplicable a todos los servidores judiciales. En ese sentido, no se
satisfacen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
18. Aseveró que le corresponde entregar todos los parámetros y formas en
cómo deben ser liquidados y reconocidos los factores salariales y
prestacionales de todos los funcionarios judiciales del país.
19. Refirió que el escrito de tutela carece de pretensiones, y pese a que los
accionantes realizan una amplia exposición normativa, lo cierto es que no
manifiestan lo que persiguen con la interposición de este mecanismo. Aclaró
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que, en todo caso, el juez de tutela no puede librar una orden que se relacione
con el presupuesto de las entidades públicas.
20. Precisó que, de conformidad con el Oficio DEAJRHO23-439 de 21 de
febrero de 2023, cualquier pretensión relacionada con la forma de pago de la
prima de productividad le corresponde al juez ordinario. De otro lado, que las
tutelas que se interpongan devienen en improcedentes.
21. Por último, aludió que las situaciones derivadas de una relación laboral
deben ser puestas en conocimiento del juez de la jurisdicción contenciosa. Así
lo advirtió la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado dentro de la
tutela con radicado N.° 11001-03-15-000-2021-03070-00.
1.6.2. Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
22. Manifestó que la prima de productividad estaba siendo reconocida a los
servidores judiciales teniendo en cuenta para su liquidación el 50% de los
ingresos mensuales, sin tomar el valor percibido a título de bonificación judicial.
23. Señaló que, al consultar el Decreto 190 de 2003, encontró que tiene un
concepto de remuneración mensual distinto al de ingreso mensual. Por ello,
ante las dudas que existían sobre la correcta liquidación de la prima de
productividad elevó una consulta dirigida al DAFP. Específicamente sobre los
factores para tener en cuenta para su liquidación.
24. La administración brindó respuesta en el Oficio N.° 20216000414881 de
19 de noviembre de 2021. Al respecto, indicó que para la liquidación de la prima
de productividad creada mediante el Decreto 2460 de 2006, se debe tener en
cuenta la remuneración mensual, “toda vez que la Bonificación Judicial se
constituye factor salarial, únicamente para la base de cotización al Sistema
General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud…”.
Asimismo, explicó que solo se tendría en cuenta la remuneración mensual legal
correspondiente, para efectos de la liquidación.
25. Por último, manifestó que en este caso no se supera el requisito de la
subsidiariedad, aunado a que no se presenta ningún perjuicio irremediable.
1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó
26. Afirmó que los accionantes le presentaron una petición conjunta,
encaminada a que les reajustara la liquidación de la mencionada prima. Sin
embargo, mediante correo electrónico de 7 de febrero de 2023, les indicaron las
razones por las que se llegó a tal monto. En ese sentido, expresó que el monto
liquidado se halló tomando la asignación básica mensual, dando estricto
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cumplimiento a la directriz del Nivel Central fijada en el Oficio DEAJRHO22-
4730 de 13 de diciembre de 2022.
27. Refirió que lo pedido por los actores escapa de la órbita de sus
competencias y que de manera manual no puede intervenir en la
parametrización fijada por la DEAJ. Explicó que el monto liquidado no obedece
a un actuar negligente o caprichoso del Grupo de Asuntos Laborales como lo
quieren hacer ver los actores.
28. Por último, solicitó que se declare improcedente este mecanismo
constitucional, dado que no está vulnerando los derechos deprecados por el
extremo accionante.
1.6.4. Departamento Administrativo de la Función Pública
29. Alegó que los tutelantes cuentan con otros mecanismos de defensa para
reclamar la prima de productividad, y por ello, no se puede entender superado
el requisito de la subsidiariedad. Adicionó que no se cumplen los presupuestos
de procedencia, aunado a que no se configura un perjuicio irremediable.
30. Precisó que no existe una relación de causalidad entre los hechos
narrados y las funciones que desarrolla la entidad. Explicó que no es un
organismo de control y vigilancia y que no cuenta con las facultades para
determinar si se deben reconocer derechos individuales, ni para señalar la
forma en como las entidades deben manejar su personal. Con base en ello,
solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
31. Solicitó que se le desvincule de este trámite, con fundamento en que no
tiene competencia sobre lo que se pide, ni ha conculcado los derechos
fundamentales alegados por los accionantes. Precisó que no está a su cargo el
pago de nóminas individuales y que cada entidad cuenta con apropiación
presupuestal para distribuir en sus actividades específicas en el marco de su
autonomía.
1.6.6. La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial
Colombiano y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron
debidamente notificados del auto admisorio de esta acción constitucional, no
obstante, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura
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y otros. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el
Decreto N. º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
33. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Administrativo de la Función Pública solicitaron ser desvinculados del presente
trámite constitucional. La cartera ministerial, bajo el argumento de que dentro
del marco de sus funciones no tiene relación con el caso. Respecto al DAFP,
alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva.
34. La cartera ministerial citada no tiene injerencia en el pago de nóminas o
prestaciones salariales ni sociales de los servidores públicos. De otro lado, el
DAFP se encarga de “formular y promover las políticas e instrumentos en
empleo público, organización administrativa, control interno, racionalización de
trámites”, sin embargo, se aludió en la demanda que el Concepto N.°
20216000414881 de 11 de noviembre de 2021 dictado por esta entidad, es
ilegal.
35. Por ende, la Sala aceptará la solicitud del Ministerio accionado, teniendo
en cuenta que en este caso se reclama el reajuste de la prima de productividad
de dos servidores judiciales y ello no tiene relación alguna con su marco de
competencia y funcionalidad. La del DAFP será negada, teniendo en cuenta
que hay un cargo concreto contra esta entidad.
2.3. Legitimación en la causa
36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román Arenas
solicitaron ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó, el pago de la prima de productividad y que les fue negado
conforme al concepto N.° 20216000414881 de 11 de noviembre de 2021, del
DAFP.
38. Por otro lado, la Sala evidencia que el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Antioquia – Chocó están legitimadas
en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el primero se encarga del
gobierno y administración de la Rama Judicial.
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39. En cuanto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, junto con
sus seccionales, se encargan de ejecutar las actividades administrativas de la
Rama Judicial, de conformidad con los artículos 98, 100 y 101 de la Ley 270 de
1996. Por último, el Departamento Administrativo de la Función Pública dictó el
Concepto 20216000414881 de 11 de noviembre de 2021, con base en el cual
se liquidó la prima de productividad con la que se encuentra en desacuerdo la
parte actora.
2.4. Problema jurídico
40. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas
en el trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir el siguiente problema
jurídico:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela?
41. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará el
fondo del asunto en torno a resolver el siguiente interrogante:
¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las Direcciones Seccionales
de Administración Judicial de Antioquia y Chocó, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial
Colombiano vulneraron los derechos fundamentales de los señores Nicolás
Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román Arenas, por pagarles
indebidamente la prima de productividad, acogiendo el Concepto
20216000414881 de 11 de noviembre de 2021 del DAFP, el cual es ilegal en
sentir de los tutelantes?
42. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas así: (i) generalidades de la acción de tutela, y, de superarse, (ii) caso
concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
43. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos
casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
44. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
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demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace
procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
45. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
46. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.
47. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando
una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia.
48. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.
49. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas
son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el
inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino
que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del
Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
50. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.
51. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo
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contencioso administrativo, con el fin de ejercer aquellos que el legislador ha
diseñado para la garantía de los derechos3.
52. Así las cosas, la Corte ha precisado que “conforme al carácter residual
de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están
previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la
respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un
perjuicio irremediable (…)”4.
53. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, en la que igualmente es
posible acudir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de urgencia, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido
ordenamiento.
54. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad
de actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados
en la Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del
mecanismo de amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
2.8. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto
55. A juicio de la parte actora, la trasgresión de las garantías constitucionales
que deprecan por esta vía, se desprende del indebido pago de la prima de
productividad contenido en sus desprendibles de pago de diciembre de 2022.
Esta irregularidad, a su vez, se produjo a partir del Concepto N.°
20216000414881 de 11 de noviembre de 2021 del DAFP, el cual adoptó la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó
para liquidar la referida prestación a sus servidores.
56. Se comienza por precisar que, los accionantes solicitaron ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó
el reconocimiento de la prima de productividad, conforme al monto que a juicio
de ellos corresponde. Lo anterior, teniendo en cuenta que, el 16 de diciembre
de 2022 se requirió el reconocimiento y por correo electrónico del 7 de febrero
de 2023, la Seccional accionada se limitó a manifestar lo siguiente:
(…) la liquidación de la prima de productividad se realice tomando como base la
asignación básica mensual, conforme a la definición, que para el efecto,
3 Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
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Demandantes: Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y otro
Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00794-00
determinó el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante
concepto No. 20216000414881 del 19 de noviembre de 2021, lo cual fue dado a
conocer a las seccionales mediante oficio DEAJRHO22-4720 del 13 de diciembre
de 2022.
57. Es decir que, los accionantes cuestionan, tanto los desprendibles de
pago del mes de diciembre arrojados por el aplicativo Efinómina que contienen
presuntamente mal liquidada la prima de productividad, como la Resolución
DEAJRHO22-4720 del 13 de diciembre de 2022. Sobre el acto citado,
mencionan de forma puntual que “sin reflexión alguna sobre el daño que iba a
causar”, la Dirección Ejecutiva Seccional tutelada acogió el Concepto
20216000414881 de 11 de noviembre de 2021 del DAFP, siendo este último
ilegal.
58. Luego, reiteran que someterse a tal concepto vulnera los principios de
proporcionalidad, equidad e igualdad en materia salarial. Al tiempo, señalan que
los conceptos de la administración no son vinculantes y que acoger el del
DAFP, para su caso, conlleva a que se desconozca un derecho adquirido.
59. Observa la Sala que, mediante la Resolución DEAJRHO22-4730 del 13
de diciembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura le informo a los
directores seccionales de administración judicial que le elevó una consulta al
DAFP. Ello, con el fin de que le informara sobre la viabilidad de tener en cuenta
lo devengado a título de bonificación judicial para el pago de la prima de
productividad de los servidores judiciales, así como los factores salariales a
tener en cuenta para liquidar dicha prestación.
60. En el citado acto, se comentó que en el Concepto 20216000414881 de
11 de noviembre de 2021 se explicó que la prima de productividad solamente
se liquida con base en la remuneración legal mensual correspondiente al cargo
del cual es titular el respectivo funcionario. Asimismo, que, dado que el DAFP
es “el único órgano competente para conceptuar en materia salarial y
prestacional”, se acogería dicha tesis.
61. En este sentido, se tiene que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados parte de la premisa de discutir la presunción de
validez y legalidad de dos actos administrativos debidamente ejecutoriados. El
primero, contenido en el desprendible de pago de cada uno de los actores
correspondiente al mes de diciembre, y el segundo en la resolución expedida
por el Consejo Superior de la Judicatura en la que se acogió un concepto
proveniente del DAFP, sobre los factores a tener en cuenta para liquidar las
primas de productividad de los servidores judiciales.
62. Con tal precisión, la Sala considera que la petición de amparo deviene en
improcedente en la medida en que para el propósito en comento, esto es,
discutir la presunción y validez de los actos mencionados, la parte actora tiene a
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su alcance el medio de control de simple nulidad y el de nulidad y
restablecimiento del derecho, dependiendo su pretensión concreta.
63. Frente al desprendible de pago, podría optar por demandar en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho la presunta indebida liquidación, en los
términos del artículo 138 del CPACA. Igualmente, si pretende que se le
restablezca un daño generado con la Resolución del 11 de noviembre de 2021.
Por el contrario, si persigue la simple nulidad de la Resolución DEAJRHO22-
4730 del 13 de diciembre de 2022, debe remitirse a lo dispuesto en el artículo
137 del mismo cuerpo normativo.
64. Ahora bien, en lo que atañe al concepto acogido en virtud de la
resolución mencionada, se precisa que de conformidad con el artículo 28 del
CPACA estos no son vinculantes ni de obligatorio cumplimiento cuando
provienen de una petición ejercida por la administración con el fin de formular
una consulta, como ocurre con el que se objeta en esta oportunidad. En ese
sentido, si la parte actora considera que es ilegal acogerlo, teniendo en cuenta
que es algo facultativo, lo que eventualmente contraviene sus garantías
fundamentales es la Resolución DEAJRHO22-4730 de 2022, que como se
mencionó, es pasible de los medios de control indicados.
65. Por último, pese a que los tutelantes manifestaron que el acudir al medio
de control respectivo le generaría un perjuicio irremediable por el tiempo en el
que suelen resolverse este tipo de procesos, lo cierto es que no es una excusa
válida para aceptar la interposición de este instrumento constitucional como un
mecanismo transitorio. Se recuerda que al interponer la respectiva demanda
ante el juez contencioso administrativo puede solicitar las medidas cautelares
que considere pertinentes, en procura de garantizar la tutela judicial efectiva de
su proceso.
66. Así las cosas, se reitera que la acción de tutela tiene una naturaleza
residual ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, lo que de
suyo presupone que no es posible el ejercicio concomitante de distintas
acciones para lograr un mismo propósito, pues ello implica un desgaste
innecesario de la administración de justicia.
67. Por consiguiente, es claro que el mecanismo de amparo no supera el
requisito de subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de
otros instrumentos idóneos para cuestionar la legalidad de los actos
administrativos ya referidos, aunado al hecho de que no se demostró la
configuración de un perjuicio irremediable el cual, en todo caso, puede ser
sustento de una medida cautelar dentro del medio de control por el que opte.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR DE ESTE TRÁMITE al Ministerio de Educación
Nacional y NEGAR la solicitud del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román Arenas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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