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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00794-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00794-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román Arenas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO.- REGÍSTRESE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00794-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00794-01
Accionante: NICOLÁS ÁLVARO ARENAS ECHEVERRI Y OTRO
Accionado: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y
patrimonio económico / prima de productividad para
empleado de Rama Judicial / procedencia de la acción
de tutela para cuestionar actos administrativos /
incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por los
señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román
Arenas en contra de la sentencia del 9 de marzo de 2023 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado que rechazó por improcedente
la acción de tutela interpuesta por la parte accionante en contra de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia - Chocó, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Asociación
Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00794-01
Accionante: Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y otro

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y patrimonio económico se fundamentó en los
siguientes:

1. HECHOS

1.1. Los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo
Román Arenas laboran como secretarios de los juzgados promiscuos de
los circuitos judiciales de Fredonia y Amagá, respectivamente, hasta el
momento de la presentación de la acción de tutela.

1.2. El 16 de diciembre de 2022 no les fue liquidada en su totalidad la
prima de productividad por lo que formularon petición ante el Grupo de
Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Antioquia – Chocó, en la que solicitaron el pago de: i) la prima de
productividad, correspondiente al año 2022, con el 50 % de la
asignación básica mensual y el 50 % de la prima de antigüedad; y (ii)
el incremento del 2.5 % de su salario.

1.3. La solicitud fue resuelta el 7 de febrero de 2023 por medio del
asistente administrativo del Grupo de Asuntos Laborales de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó, en el que
precisó que la liquidación de la prima de productividad se realizó de
acuerdo a lo que determinó el Departamento Administrativo de la
Función Pública mediante concepto núm. 20216000414881 del 19 de
noviembre de 2021, lo cual fue puesto en conocimiento mediante el
oficio DEAJRH022-4720 del 13 de diciembre de 2022 expedido por la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

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2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«Con fundamento en lo expuesto, solicitamos los abajo firmantes como
SERVIDORES JUDICIALES, mediante el presente mecanismo de Acción
Constitucional de la TUTELA, se nos protejan los derechos FUNDAMENTALES
de la IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, PATRIMONIO ECONÓMICO, los
que nos han sido vulnerados por los demandados: Unidad de Recurso Humanos del
Consejo Superior de la Judicatura; Director jurídico de Departamento
Administrativo de la Función Pública; Director de la Administración Judicial de
Antioquia y Chocó, pagaduría o tesorería de esta seccional, Sindicato de la Rama
Judicial, entidades quienes también incurrieron en VÍA DE HECHO,
SOLICITANDO través del presente mecanismo, disponiendo:
a.- El Pago completo de la PRIMA DE PRODUCTIVIDAD adquirida por
NICOLÁS ÁLVARO ARENAS ECHEVERRI y JUAN GUILLERMO ROMÁN
ARENAS, secretarios de los JUZGADOS PROMISCUOS DE LOS CIRCUITO DE
FREDONIA (A.) Y AMAGA (A.), en el pasado mes de Diciembre de 2022, y las
que en adelante se adquieran, en forma completa, teniendo de presente además del
50% del sueldo básico ($ 930.569,50, y el 50% de la prima de antigüedad ($
1.395.316.509), PRIMA DE ANTIGÜEDAD constitutiva de forma de retribución
mensual formando parte de nuestra "remuneración" mensual”, y no como se hizo en
forma indebida, sin tener de presente el 50% de la Prima de antigüedad.
b.- PAGO DEL INCREMENTO DEL 2.5%, establecido en el art. 17 del Decreto 57
de 1993, el que tampoco se hizo en el pago de la Prima de Productividad
correspondiente al mes de Diciembre de 2022, y en lo sucesivo, una vez adquirida
dicha prestación económica.». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante consideró que el Concepto núm. 20216000414881
del 19 de noviembre de 2021 proferido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP vulneró sus derechos
fundamentales al definir de manera incorrecta los conceptos que
componen la prima de productividad.

Igualmente, indicaron que la extensión de dicho concepto para
determinar los factores salariales que se debían tener en cuenta para
liquidar la mencionada prima, se emitió de manera «ilegal», dado que

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se estableció que solamente se tendría en consideración la asignación
básica mensual, dejando por fuera el 50 % de la prima de antigüedad.

Advirtieron que el concepto emitido por la DAFP no puede de ninguna
forma ser vinculante para todos los trabajadores de la Rama Judicial
dado su carácter «irracional», ya que estaría vulnerando un derecho
adquirido e intangible que resulta en un perjuicio irremediable para
todos los empleados al servicio de la administración de justicia.

Aludieron la configuración de un defecto sustantivo (a pesar de que no
se evidencie la existencia de un proceso ordinario), toda vez que los
jueces no pueden apartarse de las disposiciones consagradas en la
Constitución o la ley.

Concluyeron que no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial
para proteger sus derechos vulnerados, porque «ningún abogado que
se respete, va a iniciar una demanda de nulidad con restablecimiento
del derecho por lo que se nos dejó de pagar $ 2.600.000 en el año, y
acrecimiento de la retroactividad de las cesantías; y es más, esperar la
corrección de esta injusticia por varios lustros ante el Contencioso
administrativo, que supera la vida probable del hombre
colombiano(…)».

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 16 de febrero de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar
como accionados al Consejo Superior de la Judicatura, al Departamento
Administrativo de la Función Pública, a la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia – Chocó, al Ministerio de Hacienda

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y Crédito Público y a la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema
Judicial Colombiano, para que ejercieran su derecho de defensa.

4.1. La Departamento Administrativo de la Función Pública, a
través del director jurídico de la entidad, solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Antioquia – Chocó solicitó que la presente acción de tutela se
declare improcedente, toda vez que no se configura la vulneración de
ninguno de los derechos fundamentales alegados por la parte
accionante, ya que la liquidación de la prima de productividad se ajustó
a los parámetros fijados por la directriz del Nivel Central fijada en el
Oficio DEAJRH022-4730 de 13 de diciembre de 2022.

4.3. La Dirección Ejectuvida de Administración Judicial indicó que
la acción de tutela de la referencia es improcedente, dado que se dirige
contra un acto administrativo impersonal y abstracto, por lo que no
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela.

Asimismo, señaló que el presente conflicto debe ser resuelto mediante
un proceso ordinario y de conocimiento del juez de la jurisdicción
contencioso administrativo, de acuerdo con lo establecido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la
tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2021-03070-00.

4.4. La Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial solicitó que se declare improcedente el
presente mecanismos constitucional, dado que no se supera el requisito

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de subsidiariedad, sobre todo cuando la parte accionante no
fundamento ningún perjuicio irremediable.

De igual forma, manifestó que de acuerdo al concepto brindado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública la prima de
productividad debe ser liquidada de acuerdo al 50 % de los ingresos
mensuales, sin tomar el valor percibido a título de bonificación judicial.

4.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que dicha
entidad no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, ni por acción u omisión, dado que
no tiene la competencia del pago de nóminas individuales y que cada
entidad cuenta con su apropiación presupuestal, por lo que solicitó la
desvinculación del presente trámite.

4.6. Las demás partes guardaron silencio.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de
marzo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela instaurada
por los accionantes, al considerar que el reproche contenido dentro de
la acción de tutela de la referencia se dirige contra los desprendibles de
pago de nómina del mes de diciembre del 2022, la Resolución
DEAJRHO22-4730 del 13 de diciembre del mismo año del Consejo
Superior de la Judicatura y el Concepto 20216000414881 del 11 de
noviembre de 2021 del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Por lo anterior, precisó que frente a los actos administrativos acusados
la parte activa tiene a su alcance los medios de control de simple

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nulidad y el de nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo de
su pretensión concreta.

Por último, advirtió que a pesar de que los tutelantes manifiesten que
el acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo generaría un
perjuicio irremediable por el tiempo en el que suelen resolverse los
procesos, recordó que puede solicitar ante el juez contencioso
administrativo las medidas cautelares pertinentes, en procura de
garantizar la tutela judicial efectiva de su proceso

En consecuencia, concluyó que la presente acción de tutela no supera
el requisito de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con
otros mecanismos de defensa dentro del ordenamiento jurídico para
cuestionar la legalidad de los actos administrativos referidos.

7. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991; el Decreto 333 de 2021 y demás normas concordantes.

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2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la acción de tutela es
procedente para establecer si la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, las direcciones seccionales de administración judicial de
Antioquia y Chocó, el Consejo Superior de la Judicatura y la Asociación
Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano vulneraron
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y patrimonio
económico de los señores Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y Juan
Guillermo Román Arenas por la presunta indebida liquidación de la
prima de productividad para el mes de diciembre del 2022.

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) las generalidades de la acción de tutela, ii) el principio de
subsidiariedad y iii) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. DE LA NATURALEZA SUBSIDIARIA Y RESIDUAL DE LA
ACCIÓN DE TUTELA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.

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En este orden, el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, estableció como causales de
improcedencia de la acción de tutela:

«ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante. 2. Cuando para proteger el derecho se pueda
invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se pretenda proteger derechos
colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de
sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o
derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4.
Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto» (negrillas de la Sala).

Así pues, dentro de las causales de improcedencia de la tutela, se
contempla la existencia de otros medios o recursos de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, presupuesto que responde al carácter subsidiario de la
acción de tutela, en aras de respetar la división de competencias que
la misma Carta ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.

Dada entonces su naturaleza subsidiaria o residual, la tutela es
improcedente para debatir asuntos propios de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra plenamente
definido en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes

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especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en
los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa…».

Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituida en el artículo 138 ibídem, la
posibilidad de conocer los litigios que se originen con ocasión de la
expedición de un acto administrativo, cuando en él se configure una de
las causales definidas en el artículo 137 ibídem que afectan en forma
sustancial la legalidad, esto es, «cuando hayan sido expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, o sin competencia, o
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia o
de defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió».

Ahora bien, la regla general de improcedencia del recurso de amparo
contra actos administrativos es especialmente aplicable cuando se trata
de aquellos que tienen un carácter general, impersonal y abstracto,
pues además de existir un mandato legal contenido en el numeral 5 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en el que se señala expresamente
que la acción de tutela no procede contra este tipo de actuaciones, el
ordenamiento jurídico tiene previstos diversos mecanismos para
controvertir su legalidad y constitucionalidad, como el de nulidad simple
(artículo 137 CPACA), el de nulidad por inconstitucionalidad (artículo
135 CPACA) o el de la acción pública de inconstitucionalidad prevista
en el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución.

Por tanto, la Corte Constitucional ha señalado que «el acto de carácter
general, por antonomasia, debe entenderse como aquel que al no
dirigirse contra alguien particular no es susceptible de consolidar

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situaciones jurídicas subjetivas y por tanto de estructurar asuntos
competencia del juez de tutela1»2.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha reconocido que
en casos rigurosamente excepcionales es posible determinar que la
aplicación o ejecución de un acto general da lugar a la procedencia de
la acción de tutela, cuando se encuentre acreditado que ello origina una
vulneración o amenaza de algún derecho fundamental del que es titular
una persona determinada, caso en el cual el amparo se constituirá en
una fórmula transitoria, de tal manera que sus efectos estarán
supeditados a la toma de una decisión definitiva en la sede ordinaria,
idónea y adecuada, siempre que, además, se cumplan los requisitos
generales de procedencia, arriba mencionados3.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, la parte accionante alega la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y patrimonio
económico, ocurrida con ocasión de la indebida liquidación de la prima
de productividad contenido en sus desprendibles de pago de nómina de
diciembre de 2022, dado que dicha irregularidad fue el resultado de
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó adoptara la directriz contenida en la Resolución
DEAJRHO22-4720 del 13 de diciembre de 2022 de la Dirección Ejecutiva

1
Ver. Sentencia T-725 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, en reiteración de la sentencia T-225 a 400 de
1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, en la que se dijo que “[c]uando el enunciado de la norma jurídica
consagra situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos a ella sometidos por un
precepto de mandato o de prohibición, que son determinables mediante la aplicación de predicados que la
misma fórmula en términos de características abstractas, se dice que se trata de un acto regla (Jeze) o
general. || Por su propia naturaleza, entonces, el acto de este linaje no crea situaciones jurídicas subjetivas
y concretas y, por lo mismo, tampoco puede lesionar por sí sola derechos de esta índole, que es lo que la
Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable, por cuya virtud, en consecuencia,
esta no procede”.
2
Corte Constitucional, sentencia T-187-17.
3
Corte Constitucional, sentencia T-187-17.

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de Administración Judicial. En la cual se establece que de acuerdo con
el Concepto número 20216000414881 del 11 de noviembre de 2021 se
definió que la prima discutida se debía liquidar tomando como base la
asignación básica mensual.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 9 de marzo
de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar
que la misma carece del requisito general de subsidiariedad, puesto
que la parte accionante tiene a su disposición diferentes mecanismos
judiciales de defensa para cuestionar dicha decisión, tales como el
medio de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho, dependiendo de su pretensión concreta.

En el escrito de impugnación, los accionantes insistieron que no cuentan
con otros medios judiciales para reprochar la decisión de la entidad
accionada, toda vez que, en sus palabras, ningún abogado aceptaría
iniciar un proceso ordinario por una suma irrisoria, además que el
tiempo para que la jurisdicción contenciosa administrativa resuelva
dicha situación son de varios lustros, lo que en algunos casos supera la
vida probable del hombre colombiano.

Del contexto descrito, surge para la Sala la improcedencia de la
presente acción de tutela, por cuanto el reproche planteado en sede
constitucional referido a la indebida liquidación de la prima de
productividad va en contra de: i) el desprendible de pago de nómina de
cada uno de los accionantes correspondientes al mes de diciembre de
2022 y ii) la Resolución DEAJRHO22-4720 del 13 de diciembre de 2022
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que adopta el
Concepto número 20216000414881 del 11 de noviembre de 2021, el
cual establece que la prima discutida se debe liquidar tomando como
base la asignación básica mensual.

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Por lo anterior, se tiene que las decisiones administrativas que se
cuestionan son susceptibles de ser demandadas a través del medio de
control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho
contemplados en el CPACA, a saber:

« Artículo 137. Nulidad.Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de
los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido
particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a
favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el
orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento
automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.

Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad

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procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

Lo anterior conduce a concluir que la acción de tutela, al ser un
mecanismo residual y subsidiario, no puede usarse para sustituir la
órbita de competencia del juez natural; más si se tiene en cuenta que
el accionante aun cuenta con herramientas dentro del ordenamiento
jurídico mediante las cuales puede plantear los argumentos que hoy
traen ante el juez constitucional.

En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional4 ha sido clara en precisar que las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema
judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.

Frente a esto, si bien la Corte Constitucional5 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio irremediable,
también ha dispuesto que este debe cumplir los siguientes supuestos:

4
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
5
Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00794-01
Accionante: Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y otro

i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.

En este orden de ideas, al no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
fijado por el Decreto 2591 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional
como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, esta Sala de
Subsección confirmará la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que rechazó por
improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Nicolás
Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román Arenas, a nombre
propio, en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
• Chocó, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública
y la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial
Colombiano.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00794-01
Accionante: Nicolás Álvaro Arenas Echeverri y otro

FALLA

PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 9 de marzo de 2023,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que rechazó por
improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Nicolás
Álvaro Arenas Echeverri y Juan Guillermo Román Arenas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO.- REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

TERCERO.- REGÍSTRESE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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