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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00801-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00801-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 31 de marzo de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00801-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

6 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00801-01
Demandante: Wilmer Jahir Sierra Fagua

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-01
Demandante: WILMER JAHIR SIERRA FAGUA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Recurso de reposición contra
la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante
la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos en el marco de la Convocatoria No. 27

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el actor contra la sentencia de 31 de marzo de 2023, dictada por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 para el cargo
el cargo de juez administrativo y que en el marco de la misma presentó la prueba
de aptitudes y conocimientos.

Aseguró que los resultados de dicha prueba se publicaron por medio de la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, obteniendo un total de
793,62 puntos, lo que resultó insuficiente para aprobar el examen.

Afirmó que por encontrarse insatisfecho con la calificación asignada, el 22 de
septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el referido acto
administrativo en el que cuestionó (i) el puntaje obtenido y el procedimiento
utilizado para calificar la prueba de aptitudes y conocimientos; (ii) la elaboración de
la prueba (iii) el tiempo otorgado para su presentación; (iv) la posibilidad de
presentar pruebas supletorias a algunos participantes. Además, reprochó que el
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 violó de forma directa el
contenido de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

Refirió que el 15 de noviembre de 2022, luego de asistir a la jornada de exhibición
presentó escrito de complementación del recurso de reposición con el fin de
cuestionar la estructuración y la forma de calificación de las preguntas 6, 7, 9, 10,
18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69, 70, 76, 84, 102, 103, 108 y
122.
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Demandante: Wilmer Jahir Sierra Fagua

Por último, adujo que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, expidió la Resolución No. CJR23-0045 de 16
de enero de 2023, “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición
presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la
cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez
Administrativo”. Sin embargo, sostuvo que dicha respuesta fue genérica y no
resolvió de fondo los planteamientos formulados por él en el recurso de reposición.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, petición e igualdad, los cuales considera vulnerados por la falta
de respuesta clara, congruente y de fondo a lo solicitado en el recurso de
reposición presentado contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre
de 2022.

Sostuvo que la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de 2023, si bien
atendió el recurso de reposición no resolvió de forma clara, congruente y de fondo
cada uno de los argumentos que allí se formularon, ni en el escrito de ampliación
del mismo, así como tampoco sobre los elementos probatorios que aportó y de los
cuales solicitó su decreto.

Aseguró que la entidad demandada, en el marco de la Convocatoria No. 27, ha
proferido alrededor de 25 resoluciones más, cuyo contenido es idéntico al
expuesto en el acto administrativo demandado, lo que pone en evidencia que el
recurso de reposición fue resuelto de manera genérica y no bajo un análisis de la
situación particular del actor.

Expresó que la acción de tutela cumple con el requisito de la inmediatez “i) porque
no ha pasado tiempo considerable desde la actuación que se considera lesiva de
mis derechos fundamentales hasta el momento de acudir ante el Juez de tutela,
debido a que la Resolución CJR23-0045 -que exteriorizó la vulneración de mis
garantías fundamentales- data del 16 de enero de 2023; y ii) porque las conductas
que amenazan o vulneran los derechos fundamentales continúan vigentes al
momento de interponerse este amparo, como quiera que las autoridades
accionadas no han contestado de manera clara, congruente y de fondo los
argumentos expuestos en mi recurso de reposición y en el escrito de
complementación tantas veces citado”.

Además, manifestó que la resolución es un acto administrativo definitivo pues
define una situación particular por lo que la acción de tutela resulta procedente
como mecanismo definitivo dado que fue producto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario. Sobre el particular, hizo referencia
a las sentencias T-386 de 20161 y SU-067 de 20222 de la Corte Constitucional.
Agregó que en esa última sentencia, proferida en el marco de la convocatoria No.
27, la Corte precisó que la acción de tutela era procedente casos como el suyo.
Enseguida, señaló que la finalidad de la acción de tutela no es debatir la legalidad
del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición sino obtener la
protección de los derechos fundamentales invocados, los cuales, insistió,
resultaron vulnerados por la falta de respuesta sobre cada uno de los argumentos

1 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
2 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Demandante: Wilmer Jahir Sierra Fagua

que presentó tanto en el recurso de reposición, como en su escrito de ampliación,
frente a lo cual no cuenta con otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo.

Al respecto, aseguró que “la prueba contundente de ello es que las demandas que
cursan en el Consejo de Estado frente a la convocatoria 22, que fue la última en
quedar en firme y con la cual se proveyeron los cargos vacantes de jueces y
magistrados (...) no se han resuelto de fondo”.

Sostuvo que dicha demanda se radicó en el año 2016, por lo han transcurrido más
de seis (6) años, sin que al menos se haya citado a la audiencia inicial prevista en
el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

Por último, mencionó que se configura un perjuicio irremediable, teniendo en
cuenta que “de no resolverse el asunto aquí planteado de fondo, las etapas de la
convocatoria 27 continuarán y, finalmente, tal y como sucedió en la convocatoria
22, las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho tardaran años en
resolverse”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso
administrativo (garantías de defensa y contradicción), vulnerados por las autoridades accionadas.

SEGUNDA: Como consecuencia, ORDENAR a las autoridades accionadas lo siguiente:

1.1. PRONUNCIARSE de manera clara, congruente y de fondo sobre todos los argumentos de
inconformidad plasmados por el suscrito mediante el recurso de reposición interpuesto el 22
de septiembre de 2022 contra la Resolución CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022 y
complementado a través de documento de 15 de noviembre de 2022, de manera que se
confronten cada uno de los argumentos allí plasmados. Puntualmente, sobre aquellos
respecto de los cuales no ha existido pronunciamiento concreto hasta el momento, conforme
lo señale en el hecho No. 16 de esta acción constitucional.
1.2. RESOLVER las objeciones de fondo y de manera coherente con los argumentos que presenté
contra las preguntas 6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69, 70, 76,
84, 102, 103, 108 y 122, mediante el escrito de complementación radicado ante las
accionadas el 15 de noviembre de 2022
1.3. ORDENAR que se pronuncien acerca de la conducencia, pertinencia y utilidad de decretar las
pruebas que solicité en el recurso de reposición.
1.4. ORDENAR que si, como consecuencia de resolver los argumentos que presenté a través del
recurso de reposición y del escrito de complementación, las autoridades accionadas
determinan que se debe modificar el puntaje obtenido, dando como resultado una puntuación
superior a los 800 puntos, se reponga la decisión contenida en la Resolución CJR23-0045 de
16 de enero de 2023 y se concluya que sí aprobé el examen de aptitudes y conocimientos,
permitiéndoseme continuar con las demás etapas del concurso”.

4. Pruebas relevantes

Con la solicitud de amparo la parte actora aportó los siguientes documentos:

• Copia del recurso de reposición y de su escrito de complementación presentado
contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.
• Copia de la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 febrero de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la
parte demandante y a las autoridades demandadas. Además, se ordenó vincular a
los aspirantes al cargo de Juez Administrativo, en el marco de la Convocatoria No.
27, con el fin de que tengan conocimiento de la existencia de este mecanismo
constitucional como terceros interesados.

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Demandante: Wilmer Jahir Sierra Fagua

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No.
16529 a 16534 de 24 de febrero de 2023, con el fin de notificar a las partes3.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

En memorial allegado a través de correo electrónico 28 de febrero de 2023, la
directora de la Unidad sostuvo que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado dado que el actor en el recurso de reposición interpuesto y en el
escrito complementario, presentó reparos y requerimientos relacionados con la
revisión de la calificación de los componentes de aptitudes y conocimientos, los
cuales fueron atendidos de forma suficiente en la Resolución No. CJR23-0044 de
16 de enero de 2023, en donde se mencionó que con base en la información
proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico
de la prueba, que no se encontró ninguna inconsistencia en el proceso de
calificación de su prueba lo que dio lugar a que se confirmara el resultado por él
obtenido en la Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.

Indicó que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los
derechos del accionante, pues las inconformidades expresadas en el recurso de
reposición y en el escrito de adición del mismo, señaladas en el escrito de tutela
respecto las objeciones realizadas a las preguntas 6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33,
34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69, 70, 76, 84, 102, 103, 108 y 122, los
cuestionamientos efectuados sobre la calificación de la prueba, tiempo otorgado
para responder el examen, consideración del puntaje de quienes presentaron las
pruebas a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos, alteración de guarismos
de la calificación por resultados de la prueba supletoria, fueron atendidas en los
puntos 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20 y 35 de la Resolución CJR23- 0045 de 16 de
enero de 2023, con base en la información proporcionada por la Universidad
Nacional de Colombia.

Aseguró que con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 209 de la
Constitución Política, en especial de los principios de eficiencia, celeridad y
economía, este último desarrollado en el numeral 12 del artículo 3 de la Ley 1437
de 2011 -CPACA- y a lo establecido en el artículo 22 ibídem sustituido por el
artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición,
los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante
categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los
ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.

En relación con los requerimientos encaminados a realizar la recalificación del
examen y reponer el resultado obtenido, refirió que estos fueron respondidos en
los puntos 7 “Solicitud de revisión - Lector óptico” y 19 “Revocatoria de la
calificación – Dejar sin efecto la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de
2022 –- Revocar puntaje – Nulidad – Reponer el resultado o la Resolución” de la
resolución referida dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como se
evidencia realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula
del aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0045+-
3 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:

juris.gomez.asociados@gmail.com; wsierrafagua@yahoo.com; willsierrafagua@gmail.com;
carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co; convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co;
notificaciones_juridica_nal@unal.edu.co; notificaciones_juridica_bog@unal.edu.co;

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+ANEXO+1+-+Juez+Administrativo.pdf/c7c5caf8-2539-4eab-b887-5acf0d858b90,
en los cuales se hizo mención acerca de los procesos de control de calidad
efectuados a la base de datos tanto de manera previa como posterior a la
aplicación de la prueba, con la realización de calibración de la máquina lectora de
las hojas de respuestas y la designación.

Sostuvo que los cuestionamientos respecto de la fórmula de calificación, valor de
cada pregunta, porcentajes determinados para cada componente, media y
desviación estándar y alteración de los resultados por la calificación de los
aspirantes que presentaron la prueba supletoria fueron atendidos con la
Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023 en el punto 9 denominado
“Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los datos
estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo
estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta- Aciertos propios -
Método para conocer aciertos a partir del puntaje”, así mismo, las inquietudes
relacionadas con los índices de confiabilidad, discriminación y dificultad y las
personas que intervinieron en la construcción del examen fueron respondidas en
el punto 13 denominado “Índices psicométricos de la prueba (validez,
confiabilidad, discriminación, dificultad, efectividad) - Análisis psicométrico de la
prueba”, con la respectiva marcación.

Adujo que en el punto 13 también se informó que luego de aplicadas las pruebas
se realizó un análisis psicométrico completo con fundamento en las respuestas de
los examinados, en el que se revisaron los indicadores de confiabilidad, validez y
un análisis de dificultad, concluyendo que a partir de los datos estadísticos
psicométricos observados se determinó que la calidad de la prueba fue adecuada
para la evaluación de ambos componentes, especificando que el componente de
aptitudes tuvo una dificultad media y una confiabilidad o consistencia interna alta y
el de conocimientos una dificultad media, con confiabilidad buena y adecuada para
cada una de las pruebas desarrolladas según el cargo o conjunto de cargos
agrupados.

Indicó que las objeciones efectuadas sobre preguntas del examen por motivos
deconstrucción, redacción, formulación en su enunciado y opciones de respuesta,
múltiples claves de respuesta, fueron atendidas en el punto 17 denominado
“Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la
prueba - Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores
en el ensamblaje y diagramación de la prueba”, en el punto 18 denominado
“Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si
fue excluido algún ítem – Recalificar” y el punto 35 denominado “Objeciones a
preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas”.

Aseveró que en el ítem 18 denominado “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas
• Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem –Recalificar” en la
fila correspondiente al aspirante, se le dio respuesta de manera particular
indicándole de una parte que, luego de haberse realizado una revisión detallada
de los ítems incluidos se determinó que no eran susceptibles de modificación,
exclusión o invalidación por no ser ambiguos, confusos, capciosos o
impertinentes, toda vez que cumplieron con los requisitos y estándares técnicos
requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección
y, de otra parte, se aclaró que para el cargo por ella aplicado, se evidenció que no
hay preguntas con varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave, por lo que no se encontró razón alguna para modificar la calificación.

Frente a la inquietud relacionada con el tiempo establecido para el desarrollo de la
prueba, aseguró que fue resuelto en el punto 20 denominado “Tiempo de la
prueba insuficiente”, precisando que el tiempo de 4 horas y 30 minutos otorgado

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para resolver la totalidad de preguntas fue razonable y adecuado para el tipo de
población a la cual está dirigida, de acuerdo con los análisis psicométricos que
permitieron establecer que fue el correcto para conservar un adecuado nivel de
exigencia en la evaluación.

Refirió que en el numeral 35 de la Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de
2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves de
respuesta correctas y la correspondiente explicación en cuanto a la pertinencia de
las preguntas 6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69, 70,
76, 84, 102, 103, 108 y 122.

En este orden de ideas, aseguró que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado dado que la pretensión del actor se encamina a que se dé
respuesta a todos los argumentos de inconformidad presentados en el recurso de
reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba aplicada el 24
de julio de 2022, la adición del mismo y las objeciones efectuadas a las preguntas
6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69, 70, 76, 84, 102,
103, 108 y 122, lo cual fue debidamente atendido mediante la Resolución CJR23-
0045 de 16 de enero de 2023.

En cualquier caso, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran
amparados por la presunción de legalidad.

6.2. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia

En escrito remitido mediante correo electrónico el 1 de marzo de 2023, el director
de proyecto del Contrato 096 de 2018 solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por configurarse la carencia actual de objeto teniendo en cuenta
que se ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los
reparos y a las solicitudes formuladas por la accionante en el recurso de
reposición.

Lo anterior, mediante la expedición de la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de
enero de 2023, en la que se explicó cuál era la justificación técnica de los
diferentes ítems de la prueba en sus dos componentes, su pertinencia de cara a
los planteamientos expuestos por la accionante con relación al cargo aplicado y la
justificación técnico-jurídica de cada opción de respuesta establecida como
correcta o incorrecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido.

Además, sostuvo que el actor fue convocado y asistió a la jornada de exhibición
del material de la prueba el 30 de octubre de 2022, en donde se le dio a conocer la
documentación del material de la prueba en las mismas condiciones que los
demás aspirantes que así lo solicitaron y se logró verificar cado uno de los aciertos
de cada ítem de la prueba. Agregó que fue con base en esa información que,
posteriormente, argumentó y allegó la ampliación correspondiente a su recurso de
reposición.

Aseguró que contrario a lo afirmado por el accionante la Resolución No. CJR23-
0044 de 16 de enero de 2023, sí resolvió de forma clara, congruente y de fondo
sus inconformidades frente a los ítems 6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43,
53, 55, 59, 62, 63, 69, 70, 76, 84, 102, 103, 108 y 122.

Expresó que en dicho acto administrativo se puede evidenciar la justificación dada
por la Universidad Nacional de Colombia sobre la pertinencia de las preguntas,
frente a las opciones de respuesta correctas e incorrectas, el proceso de
elaboración de las pruebas, las aptitudes de sus constructores, así como el

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estricto proceso de elaboración, control de calidad, que ha cumplido con los
requerimientos que la actuación administrativa, basado en los principios de
legalidad, igualdad y transparencia.

Adicionalmente, manifestó que en el numeral 35 de la Resolución CJR23-0044 de
16 de enero de 2023 y el documento “Anexo 2 - Respuesta a objeciones” de ésta,
se plasmaron las claves de respuesta correctas y la correspondiente explicación
de cada opción de respuesta, como resultado de las valoraciones técnicas que
responden a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente
determinados, por lo que frente a lo señalado en los ítems en comento se indicó
pertinencia del enunciado de la pregunta y la clave asignada.

Enseguida sostuvo que la acción de tutela no resulta procedente para controvertir
la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, por cuanto para ello la
actora cuenta con otros medios de defensa judicial que deben ser agotados antes
de acudir al trámite constitucional. Además, advirtió que en el asunto bajo examen
no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable que la habilite a
desplazar los mecanismos ordinarios dado que en la demanda ordinaria cuenta
con la posibilidad de que se adopten medidas de carácter inmediato como serían
las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011.

Por otro lado, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
inmediatez pues fue interpuesta tres (3) meses después de la publicación del acto
administrativo cuestionado por la parte accionante y con el cual, a su juicio, se le
vulneran sus derechos, espacio de tiempo que rebasa el término prudente y
razonable si se considera la existencia de una presunta violación de derechos por
parte de las accionadas.

Finalmente, refirió que las entidades demandadas no han vulnerado los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso del demandante dado que (i) el
ejercicio del recurso de reposición no implica necesariamente que se deba
resolver a favor del recurrente y, (ii) se le garantizó el ejercicio de los recursos que
tenía a su alcance para controvertir los actos administrativos y las situaciones
surgidas en el marco de la convocatoria No. 27, sin obstáculo alguno.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 31 de
marzo de 2023, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de la subsidiariedad, al considerar que las inconformidades del
accionante se dirigían a cuestionar la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero
de 2023, el cual por su naturaleza es un acto administrativo de carácter definitivo
que puede ser controvertido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

A lo que agregó que en dicho medio de control el accionante puede solicitar la
adopción de las medidas cautelares que considere necesarias con el fin de
garantizar el objeto del proceso y, de esta manera, evitar la consumación o
agravación de los daños que estima provienen de la presunta transgresión de los
derechos invocados, hasta tanto se profiriera una decisión definitiva.

Por lo anterior, concluyó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para debatir las inconformidades
del actor, por lo que la acción de tutela resulta improcedente. Por último, advirtió
que el demandante no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo transitorio.

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Demandante: Wilmer Jahir Sierra Fagua

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara la
decisión accediendo a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.

En primer lugar, sostuvo que de conformidad con las sentencias T-507 de 2012, T-
682 de 2016 y T-386 de 2016 de la Corte Constitucional pese a la existencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de tutela
resulta procedente para controvertir los actos administrativos proferidos en el
marco del concurso de méritos dada la falta de eficacia e idoneidad de dicho
mecanismo judicial.

Así mismo, mencionó que en la sentencia SU-067 de 2022, proferida por la Corte
Constitucional, precisamente en el marco de la presente convocatoria 27, indicó
sobre la procedencia de la acción de tutela en estos casos, lo siguiente:

“(…) la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los
concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración
de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez administrativo (…)”.

Insistió que en su caso el requisito de la subsidiariedad se encuentra cumplido
dado que no se discute la legalidad de un acto administrativo sino la vulneración
de sus derechos fundamentales invocados por cuenta de la “ausencia total de
decisión sobre algunos de los motivos de inconformidad expuestos, tanto en el
recurso de reposición presentado el 25 de septiembre de 2022 como en el escrito
de complementación de 15 de noviembre siguiente, contra la Resolución CJR22-
0351 de 1 de septiembre de 2022”.

En ese sentido, aseguró que no existe otro mecanismo judicial idóneo ni eficaz
dentro del ordenamiento jurídico para proteger sus derechos fundamentales, por
cuanto, se repite, al no haber acusación contra algún acto administrativo el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no sería el mecanismo eficaz
ni idóneo para el propósito.

Enseguida refirió que también cumple con el requisito de la inmediatez, pues se
interpuso luego de un tiempo razonable a partir de la notificación de la Resolución
No. CJR23-0045 de 16 de enero de 2023.

Expresó que se vulneró el núcleo del derecho fundamental de petición en
conexidad con el debido proceso, pues a partir del momento en que la persona
acude ante las autoridades o particulares solicitando cualquier información y estos
tienen el deber de contestar de fondo en forma oportuna, de manera clara y
congruente.

Reiteró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
resulta eficaz dado en el caso de la Convocatoria No. 22 han transcurrido más de
6 años sin que a la fecha se haya llevado a cabo la audiencia inicial (rad. No.
11001032500020160008100).

Por último, manifestó que dicha tardanza también permite evidenciar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio, porque de no resolverse el
asunto prontamente las etapas de la Convocatoria No 27 continuarán y,

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finalmente, tal y como sucedió en la Convocatoria No. 22 las demandas de nulidad
y restablecimiento del derecho tardaran años en resolverse.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 31 de marzo de 2023, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad y, en su
lugar, efectuar el estudio de fondo de la solicitud de amparo teniendo en cuenta
que si bien el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para debatir sus inconformidades, el mismo no resulta idóneo ni eficaz
y, además, se configura un perjuicio irremediable con el avance de las etapas del
concurso.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de un concurso de méritos

3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
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3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con
los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial4. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando
ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se
expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles,
es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se
encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas
aplicables en el proceso de selección5.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20196
indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra
los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar
continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias
suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó
que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la
provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el
registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la
acción de tutela es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-

01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp.
Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019,
exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de
2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-

05555-01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-
00928-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Colombia, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, petición e igualdad. Lo anterior, al encontrarse inconforme con lo resuelto
en la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, pues considera que no
se abordaron cada una de las inconformidades planteadas en el recurso de
reposición, lo que, a su juicio, constituye un vicio formal del acto administrativo.

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
marzo de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no
cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la
legalidad de la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, pues es un
acto administrativo definitivo y de carácter particular, mediante el cual se resolvió
excluirlo del concurso.

El demandante formuló escrito de impugnación en el que indicó que la acción de
tutela resulta procedente como mecanismo definitivo, pues el medio de control no
resulta idóneo ni eficaz por el tiempo que puede tardar hasta que se dicte
sentencia. A lo que agregó que también procedería como mecanismo transitorio
ante la ocurrencia del perjuicio irremediable que implica el avance de las etapas
en el concurso.

4.2. De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente se advierte
que el 22 de septiembre de 2022, el actor presentó recurso de reposición contra la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez
Administrativo.

El 30 de octubre de 2022 se llevó a cabo la jornada de exhibición de la prueba,
diligencia a partir de la cual el actor presentó escrito de complementación del
recurso de reposición.

El recurso fue resuelto de forma conjunta mediante la Resolución No. CJR23-0045
de 16 de enero de 2023, en el sentido de confirmar la Resolución CJR22-0351 de
1º de septiembre de 2022 y, en consecuencia, no reponer los puntajes obtenidos
por los recurrentes. Así mismo, resolvió que contra dicha decisión no procedían
recursos en sede administrativa, por lo que la decisión se encuentra en firme.

A juicio de la Sala, el debate formulado en la acción de tutela no está relacionado
directamente con la vulneración del derecho fundamental de petición, sino con la
forma en que la resolución cuestionada resolvió el recurso de reposición
presentado por el actor, lo cual al tratarse de un acto administrativo de carácter
definitivo en tanto resolvió la situación jurídica particular del señor Sierra Fagua,
quien al obtener un puntaje inferior a 800 puntos resultó excluido del concurso de
méritos, es susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa
bajo la causal de expedición irregular del acto prevista en el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011.

De este modo, lo planteado por el accionante aun cuando en apariencia esté
relacionado con el derecho fundamental de petición, en realidad se dirige a
controvertir la legalidad de los precitados actos administrativos de carácter
particular que resolvieron sobre el puntaje obtenido y que, en consecuencia, lo
excluye del concurso de méritos.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, en el marco de
los concursos de méritos se profieren dos tipos de actos administrativos: de
trámite, que se expiden para impulsar y dar continuidad a las convocatorias,

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frente a los cuales el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela
porque los mismos no son susceptibles de control judicial, y definitivos que de
conformidad con el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, son aquellos que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación, frente a los cuales la acción de tutela, en principio, resulta
improcedente, como sucede en este caso, en donde el actor resultó excluido del
concurso por obtener menos de 800 puntos en el examen de aptitudes y
conocimientos.

4.3. En este sentido, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad porque los reproches formulados en realidad están
relacionados con la forma como la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de
2023 resolvió el recurso de reposición presentado por el actor, por cuanto el
debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión de carácter definitivo
que produjo efectos jurídicos particulares, como quiera que mediante la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, junto con el acto que
resolvió el recurso de reposición (Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de
2023), se decidió excluirlo del concurso de méritos.

En efecto, al no alcanzar un puntaje igual o superior a 800 puntos, no podía
avanzar hacia la Fase II de la convocatoria, en tanto de conformidad con el
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma regulatoria del concurso de méritos, la
Fase I tiene un carácter eliminatorio.

De este modo, lo planteado por el actor aun cuando en apariencia esté
relacionado con el derecho fundamental de petición, en realidad está dirigido a
controvertir la legalidad de los precitados actos administrativos que resolvieron
sobre el puntaje y que como consecuencia lo excluye del concurso de méritos.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha estimado que por regla general
“dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien pretenda
controvertir en sede judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para
tales fines existen en la jurisdicción contenciosa administrativa”7.

Así las cosas, la Sala observa que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea y eficaz para cuestionar la
legalidad de las Resoluciones Nos. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022 y
CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el cual resulta eficaz para resolver el debate
que propone, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la
misma normativa.

Además, teniendo en cuenta que al acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa el accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en
virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, este es el
mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.

Por otro lado, la Sala no advierte que con la decisión de la autoridad demandada
de confirmar el puntaje que le fue otorgado en la prueba de aptitudes y
conocimientos se ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un
derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, en los términos señalados por la Corte Constitucional.

En este sentido, la acción de tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio, pues la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez de tutela y, por ende, será en el

7 Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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marco del proceso ordinario en donde deberá discutir lo que ahora propone en
esta sede constitucional. A lo que se agrega que a pesar de que el actor
manifiesta que la decisión afecta su situación, en tanto le impide continuar con las
demás etapas del concurso, dicha circunstancia no es suficiente para concluir que
existe un perjuicio irremediable.

El anterior discernimiento, contrario a lo afirmado por el accionante, no desconoce
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022, pues en
dicha sentencia se dejó sentada la subregla jurisprudencial que permite habilitar la
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el
marco de un concurso de méritos como mecanismo definitivo, únicamente cuando
el medio de control no resulte idóneo ni eficaz para controvertirlo o, como
mecanismo transitorio, cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Aspectos que fueron ampliamente analizados en el asunto bajo
examen, encontrando que no se cumplen los requisitos que habiliten la
procedencia.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión objeto de impugnación,
proferida el 31 de marzo de 2023, por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 31 de marzo de 2023, dictada por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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