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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00816-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00816-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Accédase al amparo de los fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por las razones anotadas en esta providencia. En consecuencia, se deja sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con la radicación 50001-33-33-003-2020-00116-01 y, se ordena a la precitada autoridad judicial que en el término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo de conformidad con las consideraciones señaladas en este proveído. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00816-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de marzo de 2023

Demandante: Dairo Hernando Galvis Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Rad: 11001-03-15-000-2023-00816-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00816-00
Demandante: DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Temas: Tutela contra providencia judicial. Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante correo escrito radicado el 15 de febrero de 2023 en el Sistema de
Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor
Dairo Hernando Galvis Sanabria mediante apoderada judicial, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que le sean
protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial
efectiva, al debido proceso y el principio de la confianza legítima en el sistema
de justicia.

Sostuvo que dichas garantías le han sido vulneradas por el Tribunal
Administrativo del Meta al proferir el fallo del 27 de octubre de 2022, que
confirmó la providencia del 28 de julio de 2022 emitida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Dicho proceso se identificó
con el radicado 5001-33-33-003-2020-00116-01.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Dairo Hernando Galvis Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Rad: 11001-03-15-000-2023-00816-00

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

1. “Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial
efectiva, debido proceso y garantía de la confianza legítima en el sistema
de justicia del señor DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto
negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía
establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal Contencioso
Administrativo Del (sic) Meta proferir nueva sentencia dentro del
expediente No. 50001-33-33-003-2020-00116-01 y en su lugar proceda a
preferir fallo concediendo el derecho al Subsidio familiar como lo establece
el decreto 1794 de 2000.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte actora sostuvo que está casado por medio de matrimonio civil con la
señora Noreida Pérez Becerra desde el 19 de febrero de 2010, además, cuenta
con 3 hijos: Óscar David, Dairo Andrés y Heidy Yudith Galvis Pérez.

Indicó que, como soldado profesional de las Fuerzas Militares de Colombia, y
debido a su composición familiar se le reconoció por concepto de subsidio
familiar un equivalente al (26%) de su salario básico, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1161 de 2014.

Mencionó que, el 8 de agosto de 2018 solicitó la reliquidación de su subsidio
familiar con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, artículo 11; pero que la
entidad le negó lo pedido.

Añadió que promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la mencionada decisión
administrativa, de la cual conoció el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio, que con fallo del 28 de julio de 2022 negó las
pretensiones.

Afirmó que presentó un recurso de apelación, que resolvió el Tribunal
Administrativo del Meta con fallo del 27 de octubre de 2022, en el sentido de
confirmar la decisión recurrida, al considerar que, pese a que el accionante
obtuvo las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en
cuanto al nacimiento de sus hijos, solicitó su reconocimiento cuando el Decreto
1794 de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación los Decretos

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1161 y 1162 de 2014, según se colige de la hoja de servicios en la que
reconocen el subsidio familiar con fecha de vigencia el 18 de julio de 2014.

3. Sustento de la vulneración

La parte demandante consideró que el Tribunal demandado estudió su asunto
de forma inadecuada, toda vez que no verificó los lineamientos
jurisprudenciales emitidos por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio
del 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, en lo que tiene que ver con el
subsidio familiar del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, al desconocer los
efectos ex tunc, de la referida sentencia.

Adujo que con la sentencia acusada se incurrió en “defecto material o
sustantivo transmutándose a una violación directa de la Constitución Política”.
Al respecto, agregó:

“Mi poderdante, siendo soldado profesional del Ejército Nacional a título de
subsidio familiar, de conformidad el decreto 1161 de 2014, en la actualidad
se le reconoce por dicho concepto el 26% de la asignación básica por su
cónyuge e hijos, sin embargo la consolidación del derecho objetivo de
reconocimiento, tuvo lugar en el momento en el que cambio su estado civil
a casado el día 19 de febrero de 2010 como se vislumbra en el extracto
hoja de vida aportado en los anexos de la demanda (folio 52) y teniendo en
cuenta los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado Sala de
lo contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B del 8 de
junio del 2017, que revivió la disposición normativa del artículo 11 del
decreto 1794 del 2000 con el fin de evitar vacíos e inseguridad jurídica
respecto de situación jurídicas no consolidadas desde su promulgación
hasta que fue subrogado por el decreto 1161 del 2014, por tanto la norma
vigente para aquel momento (19 de febrero de 2010) fecha de matrimonio
era el artículo 11 de decreto 1794 del 2000.” (sic)

Afirmó que hay transgresión a sus derechos fundamentales por cuanto, la
autoridad judicial accionada desconoció que la norma que debe aplicarse en su
caso es el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que establece que los
soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de
hecho vigente tienen derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar
equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad, en
atención a la aplicación de los efectos ex tunc de la sentencia que declaro la
nulidad del Decreto 3770 de 2009.

Consideró que la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo del Meta
resulta contraria al sentido de los efectos ex tunc los cuales operan sobre todas
aquellas situaciones que al momento de expedición del decreto declarado nulo
eran debatidas tanto en sede administrativa como en la judicial, pero también,
sobre las situaciones que eran susceptible de ser analizadas en las mismas

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instancias, como en el presente caso ya que el soldado Profesional Dairo
Hernando Galvis Sanabria , cambio su estado civil el 19 de febrero de 2010,
fecha 9 en la cual no se había expedido el Decreto 1161 de 2014.

Señaló que con la reviviscencia que trajo consigo la declaratoria de nulidad de
la norma en mención, para dicha fecha la norma a aplicar era el artículo 11 del
Decreto 1794, independiente de cuando se informó el cambio de estado civil al
Ejército Nacional, ya que para la fecha de su matrimonio no se otorgaba ningún
tipo de prebenda por concepto de subsidio familiar, y lo hizo cuando con la
entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014 se empezó a reconocer
nuevamente el subsidio familiar.

Adujo que, antes de eso no tendría ningún efecto haber solicitado un subsidio
que no existía, y que la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009 se emitió el 8 de junio de 2017. Esto, para concluir que la autoridad
judicial incurrió en un yerro en la aplicación de la norma al caso al determinar
que la aplicable era el Decreto 1161 de 2014, y es por ello, que se configura el
defecto sustantivo planteado dentro de esta acción constitucional.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 21 de febrero de 2023 se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Meta. Se vinculó como terceros con interés al
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, así
como a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

5.1. Tribunal Administrativo del Meta

Esta autoridad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, pues los
argumentos jurídicos que sustentaron la providencia cuestionada a través del
presente mecanismo constitucional, en especial en la circunstancia que dentro
del trámite de tutela no fue acreditado la configuración del vínculo que daba
derecho al reconocimiento del subsidio familiar.

5.2. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio

Dicho despacho judicial allegó el vínculo del expediente ordinario.

5.3. Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
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Esta entidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela al
considerar que no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la
acción, porque el actor no realizó un estudio de los presupuestos específicos de
procedencia ni tampoco acreditó la presunta vulneración del derecho
fundamental, se puede evidenciar con el escrito de tutela que el actor sí
menciona una vulneración por parte de lo fallado por la autoridad judicial
demandada, pero en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal
aseveración.

Indicó que, la acción de tutela no puede ser una tercera instancia en la que se
controvierta una decisión adversa. El fundamento de la tutela contra
providencias judiciales, como se ha reiterado en esta sentencia, debe configurar
una violación al derecho al debido proceso por causales específicas. En este
caso, dado que el reproche versa sobre la interpretación de la norma, para que
se configure la vulneración alegada es necesario que esta sea considera
violatoria de derechos fundamentales sea completamente arbitraria, y por lo
tanto violatoria de la Constitución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Cuestión previa

Antes de desarrollar los aspectos que darán respuesta al problema jurídico
planteado, para la Sala es importante precisar que el análisis del defecto
alegado por la parte demandante se enfocará en la providencia dictada por el
Tribunal demandado que es la que puso fin al proceso contencioso
administrativo iniciado por la parte actora.

Además de lo anterior, es necesario señalar que la demanda presentada en
ejercicio de la acción de tutela solo ataca la decisión mencionada en lo
relacionado con el subsidio familiar y sobre ese único aspecto se pronunciará el
presente fallo.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si con la decisión demandada
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se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, se incurrió en el
defecto sustantivo alegado al confirmar el fallo que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 1, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales2, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el
de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí
que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”3.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

1
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción
de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
3
Ibidem.

6

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Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

5. Examen de requisitos generales

5.1. Relevancia constitucional

Este requisito se encuentra cumplido, en consonancia con la postura fijada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se
unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que

4
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.

7

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los que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial
para superar el requisito de la relevancia constitucional, son los siguientes:

i) Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) No involucrar un debate eminentemente legal,

iii) No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Para el caso en concreto, se advierte que el defecto sustantivo por la presunta
indebida interpretación de las normas que han regulado el subsidio familiar de
los soldados profesionales es relevante desde el punto de vista constitucional.
Esto, en la medida en que, para la parte actora se le negó la posibilidad de que
se reliquidara de forma adecuada dicho subsidio y ello implicó que le dejaran de
reconocer el derecho desde el momento en el que fue consolidado. En ese
sentido, vio transgredidos los derechos fundamentales sobre los que invocó
protección.

Para el demandante el Tribunal incurrió en el yerro mencionado porque
desconoció que el Decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo con efectos ex
tunc, a través de la sentencia de 17 de junio de 2017. Así, se le debió reconocer
el reajuste desde que contrajo matrimonio el 19 de febrero de 2010. Ello,
aunado a que se debe considerar que no reportó antes de la citada sentencia el
cambio de estado civil porque no había lugar a ello.

De lo anterior se extrae, que los reproches propuestos por la parte actora
revisten relevancia constitucional. En efecto, como lo propuso el accionante, el
defecto sustantivo podría conllevar a que se le reliquide indebidamente una
prestación social encaminada a proteger a la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, en los términos del artículo 42 de la Constitución Política.

Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron los
derechos deprecados por el accionante.

5.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza

Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia censurada se profirió en un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

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5.3. Inmediatez

Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez,
puesto que la providencia demandada se dictó el 27 de octubre de 2022,
mientras que la demanda de tutela se presentó el 15 de febrero de 2023; por
tanto, se advierte un ejercicio oportuno de este mecanismo.

5.4. Subsidiariedad

La Sala lo encuentra acreditado puesto que, contra la decisión cuestionada no
procede recurso ordinario ni extraordinario alguno.

Así las cosas, se procederá con el siguiente análisis.

6. Caso concreto

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 27 de octubre de 2022, con la cual, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó el fallo que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el actor para
que le reliquidaran su subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1794 de
2000, artículo 11.

Por tal motivo, alegó la configuración de un defecto sustantivo, por la presunta
indebida interpretación de las normas que han regulado el subsidio familiar de
los soldados profesionales. De modo que, para el actor se le negó la posibilidad
de que se reliquidara de forma adecuada dicho subsidio y ello implicó que le
dejaran de reconocer el derecho desde el momento en el que fue consolidado.

Por su parte, el Tribunal demandado se opuso a la prosperidad de lo solicitado
por el accionante, al considerar que decidió conforme a la norma y lo
demostrado en el proceso. Especialmente, refirió que dentro del trámite de
tutela no fue acreditado la configuración del vínculo que daba derecho al
reconocimiento del subsidio familiar.

La Corte Constitucional5 ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso
o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»6.

5
Corte Constitucional, Sentencia SU 195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
6
Corte Constitucional, Sentencias SU 159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa,
T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del
24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P.

9

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Demandante: Dairo Hernando Galvis Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

i. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente7 o porque ha sido derogada8, es
inexistente9, inexequible10 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador11.

ii. No se hace una interpretación razonable de la norma12.

iii. La disposición aplicada es regresiva13 o contraria a la Constitución14.
iv. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición15.

v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma16 .

Para el caso concreto, se observa que la providencia atacada al referirse al
reconocimiento y pago del subsidio familiar consideró:

“En ese orden de ideas, es necesario precisar que de acuerdo con las
pruebas y certificaciones incorporadas al expediente, se demuestra que el
señor DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA fue incorporado como
soldado profesional el día 14 de julio de 2006, y desde esa fecha se le ha
liquidado la asignación básica, correspondiente a un salario mínimo legal
mensual vigente incrementado en un 40% tal como aparece previsto en el
artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, lo cual se deduce a partir de los
argumentos esbozados en el acto administrativo acusado, así como en los
planteamientos presentados por la entidad demanda en su contestación y
las pruebas incorporadas por ella.

…

Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre
otras
7
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa
8
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
9
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería
10
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
12
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
13
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
14
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
15
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
16
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Dairo Hernando Galvis Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Rad: 11001-03-15-000-2023-00816-00

En este punto, debe advertir la Sala que, de acuerdo con la sentencia de
unificación… del Consejo de Estado, se determinó que los soldados
voluntarios que habían sido incorporados como soldados profesionales no
perdían el derecho a que se les continuara pagando el salario que venían
recibiendo, conforme al segundo inciso del artículo 1 del Decreto 1794 de
2000.

…

No obstante, y como antes se indicó para el periodo comprendido entre 1
de octubre de 2009 y el 30 de junio de 2014, y en razón de los efectos ex
tunc de la sentencia que declaró la nulidad del decreto 3770 del 2009, no
era requisito reportar el cambio de estado civil, conforme a lo indicado en
el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

Sin embargo, en el presente proceso no se aportó el registro civil de
matrimonio para poder corroborar si se encontraba durante este periodo,
siendo carga del demandante demostrarlo.

Conforme lo anterior, la carencia de pruebas allegadas por la parte
accionante al expediente no permite determinar que la modificación de la
situación civil del accionante hubiera sido informada a la entidad
demandada, incumpliendo el segundo requisito establecido en el Decreto
1794 de 2000. Cuestionando a su vez que en el presente proceso no
fueron aportados los registros civiles de nacimiento de los hijos ni el de
matrimonio – el cual fue realizado presuntamente en vigencia del Decreto
3770 del 2009 -.

En ese sentido, pese a que el accionante obtuvo las condiciones
requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en cuanto al
nacimiento de sus hijos, solicitó su reconocimiento cuando el Decreto 1794
de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación los Decretos
1161 y 1162 de 2014, según se colige de la hoja de servicios en la que
reconocen el subsidio familiar con fecha de vigencia el 18 de julio de 2014.
Razón por la que, corresponde a la Sala confirmar la decisión proferida por
el a quo, respecto de esta pretensión…”

Para la Sala es del caso realizar un recuento normativo para entender la
situación jurídica del subsidio familiar para los soldados profesionales, así:

A través del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 el gobierno nacional creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares
casados o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía
reportarse a partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad
con la reglamentación vigente. Dicha norma establecía:

“ARTICULO 11. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente
decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión
marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un
subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico
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mensual más la prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar
el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de
conformidad con la reglamentación vigente.”

Posteriormente, se dictó el Decreto 3770 de 2009, “por el cual se deroga el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000”, norma que empezó a regir a partir de su
publicación, es decir, desde el 30 de septiembre de 2009.

Contra esta norma se interpuso una demanda en ejercicio del medio de control
de simple nulidad y mediante sentencia del 8 de junio de 2017, la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió declarar, con efectos ex tunc, la
nulidad total del Decreto 3770 de 2009.

En la providencia mencionada se consideró:

“En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el
Decreto 3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho
prestacional del subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por
tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y
normas en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección y
seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su
objeto no se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los
soldados profesionales como integrantes de la fuerza pública en una
sociedad democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la
medida regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base
en la cláusula del Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer
en su decisión la vigencia de la norma de derecho social de mayor
alcance, acogiéndose a la regla hermenéutica que rige en materia de
derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las normas a
favor de los soldados profesionales, por cuanto que al serle aplicadas con
este sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las
condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana
desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.” (subrayado fuera del
texto original)

Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los
Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, frente a la
citada sentencia de 8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de
septiembre de 2017, en la cual se precisó:

“De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin
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de evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad
jurídica generada por la ausencia de regulación particular y específica
respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su
promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014,
que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días,
por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna
de las vías legalmente establecidas.” (subrayado fuera del texto
original)

Asimismo, se advierte que la decisión del 8 de junio de 2017 – que declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 2009- también fue objeto de una acción de tutela17
promovida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en
contra de la Subsección B dela Sección Segunda del Consejo de Estado; la
cual fue declarada improcedente mediante fallo del 17 de mayo de 2018 18 y, en
segunda instancia con sentencia del 5 de julio de la misma anualidad 19, se
modificó para negar la protección invocada, luego de precisar lo siguiente:

«Por tanto, lo que se encuentra es que la autoridad judicial demandada
analizó de forma razonada la incidencia del decreto demandado en el
principio de progresividad, pues precisó que las disposiciones contenidas
en el decreto acusado constituían per se un retroceso, ya que se trataba
de una norma regresiva que afectaba el derecho al trabajo y la seguridad
social de los integrantes de las fuerzas militares.»

A su vez, se observa que los Decretos 116120 y 116221 de 2014 ambos
expedidos el 24 de junio de dicha anualidad y, en los que se estipuló lo
siguiente, respectivamente:

“ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes
de marina profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas
Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en
los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se
liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica”
(subrayado fuera del texto)

“ARTÍCULO 1. A partir de julio del 2014, para el personal de Soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares
que al momento del retiro estén devengando el subsidio familiar, regulado
en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, se tendrá en cuenta como
partida computable para liquidar la asignación de retiro y pensión de
17
Identificada con el radicado 11001-03-15-000-2018-00859-01.
18
Dictado por la Sección Cuarta de esta Corporación.
19
Proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
20
Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
21
Por el cual se dictan disposiciones en materia de asignación de retiro y pensiones de
invalidez para los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas
Militares.

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invalidez el treinta por ciento (30%) de dicho valor; el cual será sumado en
forma directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de
retiro o pensión de invalidez, liquidado conforme a las disposiciones
normativas contenidas en el Decreto 4433 de 2004 y demás normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.” (subrayado fuera del texto)

Conforme con lo expuesto, se precisa que el Decreto 3770 de 200922 –que
derogó el subsidio familiar del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000- se expidió
hasta el 30 de septiembre de ese año, sobre el cual recayó la nulidad del
Consejo de Estado desde el momento de su promulgación hasta cuando fue
subrogado por el Decreto 1161 de 2014, es decir, que los efectos de la nulidad
comprendió el periodo entre el 1° de octubre de 2009 –día después de cuando
se promulgó dicha norma- y el 30 de junio de 2014 –día anterior a la creación
del subsidio familiar por el Decreto 1161 de 2014-.

De manera que, en ese lapso, no podía exigirse el requisito de reportar el
cambio de estado civil, conforme lo indicado en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, porque solo hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de
2017 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, era que se podía
solicitar la reliquidación del subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1794
de 2000, artículo 11.

Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
establecía que, para ser acreedor del subsidio familiar, era necesario que el
soldado profesional reportara el cambio de estado civil a partir de su inicio ante
el comando de la fuerza correspondiente y, en consecuencia, para ser
beneficiario de dicho emolumento el actor debía informar su nueva situación
ante las autoridades militares.

Para el caso concreto, se observa que, en los hechos de la demanda de tutela,
el demandante sostuvo que el 8 de agosto de 2018 solicitó la reliquidación de
su subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, artículo 11;
pero que la entidad le negó lo pedido y, por su parte, el tribunal demandado,
concluyó:

22
“ARTÍCULO 1°. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000,

PARÁGRAFO PRIMERO. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las
Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo
el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán
devengándolo hasta su retiro del servicio,

PARÁGRAFO SEGUNDO. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el artículo
11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% Salario Básico
Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual,

ARTÍCULO 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el
artículo 11 del. Decreto 179 de 2000,
…”

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“De la hoja de servicios aportada al expediente, se puede concluir que el
señor DAIRO HERNANDO GALVIS SANABRIA tiene tres (03) hijos que
responden al nombre de OSCAR DAVID GALVIS PÉREZ nacido el 17 de
septiembre de 2004, DAIRO ANDRÉS GALVIS PÉREZ nacido el 03 de
febrero de 2001 y HEIDY YIDITH GALVIS PÉREZ nacida el 27 de enero
de 2000. De igual forma el 19 de febrero de 2010, contrajo nupcias con la
señora NOREIDA PÉREZ BECERRA, por lo que para el 18 de julio de
2014 la entidad accionada le reconoció el pago del Subsidio Familiar. No
obstante, no se advierte ni los registros civiles de los hijos del accionante ni
el de matrimonio con la señora NOREIDA PÉREZ BECERRA, carga que
tenía la parte accionante.”

….

En ese sentido, pese a que el accionante obtuvo las condiciones
requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en cuanto al
nacimiento de sus hijos, solicitó su reconocimiento cuando el Decreto 1794
de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación los Decretos
1161 y 1162 de 2014, según se colige de la hoja de servicios en la que
reconocen el subsidio familiar con fecha de vigencia el 18 de julio de 2014.
Razón por la que, corresponde a la Sala confirmar la decisión proferida por
el a quo, respecto de esta pretensión.” (subrayado fuera del texto)

Además, se advierte que la autoridad judicial acusada se encargó de analizar
los efectos de la nulidad de la norma en cita y su aplicación al caso concreto,
así como, la postura que unificó el Tribunal, así:

i) Sostuvo que la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta 23 unificó su
criterio respecto al reconocimiento del subsidio familiar en el periodo que
trascurrió entre la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 y la
expedición del decreto 1161 de 2014. En dicha decisión, se precisó:

“Debido a esta sentencia, surgió un tercer grupo de Soldados
Profesionales e Infantes de Marina, esto es, aquellos que contrajeron
matrimonio o declararon su unión marital de hecho entre el 1 de octubre de
2009 y el 30 de junio de 2014, los cuales de no haber ocurrido la
derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, tendrían derecho al
subsidio familiar en él contenido, pero que por estar derogada esa norma
no solicitaron su reconocimiento y solo les fue reconocido con el Decreto
1161 de 2014.

Frente a este grupo poblacional para la Sala Plena no existe duda alguna
que la norma aplicable para el reconocimiento del subsidio familiar es el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sin que les sea exigible el requisito
contenido en su inciso segundo, al menos para el mentado período que

23
Sentencia del 20 de octubre de 2022, Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta,
radicado 50 001 33 33 008 2020 00009 01, M.P. Claudia Patricia Alonso.

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subsistió la derogaría, consistente en reportar el cambio de estado civil al
Comando de la Fuerza, dado que la norma estaba derogada, no siéndoles
exigible el cumplimiento de ese deber durante dicha época.

Así mismo, quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión marital
de hecho antes de la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
(1 de enero de 2001 al 30 de septiembre de 2009), no tenían ninguna
justificación legal que los eximiera de cumplir con la normativa de informar
el cambio de estado civil, por ende, en caso de reclamación deberán
acreditar su cumplimiento.

Finalmente, quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión marital
de hecho a partir del 1 de julio de 2014, no son beneficiarios del contenido
normativo del Decreto 1794 de 2000, por cuanto a partir de esa fecha el
reconocimiento del subsidio familiar quedó regulado en el Decreto 1161 de
2014, el cual no ha sido excluido del ordenamiento jurídico.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala Plena que al haberse revivido los
efectos contenidos en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, aquel
personal de Soldados Profesionales e Infantes de Marina que hubieran
declarado su unión marital de hecho o contraído matrimonio en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de junio de 2014
(derogatoria D. 1794/200 (sic)- Entrada en vigencia D.1161/2014), tienen
derecho al reconocimiento del subsidio familiar contenido en el artículo 11
ibidem, desde la fecha en que se declaró la unión marital de hecho o se
contrajo matrimonio hasta la fecha de retiro de la institución castrense.

…” (subrayado fuera del texto original)

b) Indicó que, en el caso de la asignación de retiro, la postura del órgano de
cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa recientemente se modificó,
unificándose en la aludida sentencia proferida el 25 de abril de 2019 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado24, en la que se indicó que el trato de la
asignación de retiro que se otorga a los soldados profesionales antes de la
entrada en vigencia de los Decretos 1161 y 1162 de 2014 no resulta arbitrario ni
injustificado.

c) Mencionó que, si bien el tema objeto de unificación fue el de las partidas
computables para la asignación de retiro de los soldados profesionales y no las
que deben tenerse en cuenta para liquidar la asignación mensual cuando se
encuentran en servicio activo. De las normas en cita y del desarrollo
jurisprudencial, se evidencia que la postura que ha tomado el legislador y el
Consejo de Estado corresponde a demarcar las diferencias salariales que
tienen los miembros de las Fuerzas Militares en razón a su jerarquía25.

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, C.P.
William Hernández Gómez, Rad. 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19.
25
Ello, “…sin perder de vista que la corporación ha concluido que no afecta el derecho de
igualdad entre los Oficiales, Suboficiales y soldados profesionales puesto que sus diferencias

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A partir de lo anterior, la autoridad judicial acusada concluyó que, pese a que el
accionante obtuvo las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio
familiar en cuanto al nacimiento de sus hijos, solicitó su reconocimiento cuando
el Decreto 1794 de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación
los Decretos 1161 y 1162 de 2014, según se colige de la hoja de servicios en la
que reconocen el subsidio familiar con fecha de vigencia el 18 de julio de 2014.

A su vez,en la providencia se estimó que si en gracia de discusión lo que quería
decir era que el nacimiento de los menores ocurrió con anterioridad al 30 de
septiembre del 2009, empero el matrimonio ocurrió posterior a dicha fecha; en
otras palabras, en vigencia del Decreto 3770 del 2009, mediante el cual se
había eliminado el subsidio familiar como factor salarial; no obstante, dicha
norma fue declarada nula con efectos ex tunc, tal como lo refirió en la
motivación de la decisión. Para efectos de lo anterior, recordó que:

a) No se podía perder de vista que el inciso segundo del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 señaló: “Para los efectos previstos en este artículo, el soldado
profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al
Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente”.
Conforme lo anterior, existían solo dos requisitos para que la entidad le
consolidara su derecho en vigencia del Decreto 1794 de 2000: i) que su estado
civil cambiara y ii) que fuera reportada la modificación a la entidad accionada.

b) Que para el periodo comprendido entre 1° de octubre de 2009 y el 30 de
junio de 2014, y en razón de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 3770 del 2009, no era requisito reportar el cambio de
estado civil, conforme a lo indicado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

No obstante, la Sala encuentra que el Tribunal demandado incurrió en un
defecto sustantivo por la falta de interpretación sistemática de las normas que
regulan el caso en concreto aunado a los efectos de la declaratoria de nulidad
contenido en la sentencia del 8 de junio de 2017, dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

En efecto, lo que se observa es que el estudio del Tribunal demandado
concluyó que al actor no le asistía el derecho, pese a que el accionante obtuvo
las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio familiar en cuanto
al nacimiento de sus hijos, solicitó su reconocimiento cuando el Decreto 1794
de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación los Decretos 1161
y 1162 de 2014, según se colige de la hoja de servicios en la que reconocen el
subsidio familiar con fecha de vigencia el 18 de julio de 2014.

jerárquicas justifican bajo los principios constitucionales la diferencia salarial y prestacional
entre unos y otros.”

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De modo que, la Sala no encuentra razonable que la autoridad cuestionada
señalara que no procedía tal reconocimiento pues el demandante presentó su
reclamación en vigencia de los Decretos 1161 y 1162 de 2014, precisamente
porque solo hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017 –
que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, la cual se recuerda fue objeto
de solicitudes de aclaración y adición, además de una acción de tutela en su
contra, era que el accionante contaba con la certeza de informar a la institución
acerca de su estado civil, lo que finalmente ocurrió para el año 2018, según lo
indicó en los hechos de la demanda.

Adicionalmente, se observa que las normas en comento dispusieron para el
reconocimiento del subsidio familiar el deber de reportar, informar o de
presentar la solicitud; no obstante, para el momento en el que el accionante
contrajo nupcias fue en el año 2010, anualidad para la cual, el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 –aplicable para tal partida-, este se encontraba derogado
expresamente por el Decreto 3770 de 2009 y, solo hasta finales del año 2017
fue que cobró firmeza la sentencia que declaró la nulidad de esta última norma,
que se recuerda había derogado expresamente el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 y que este recobró vigencia con dicha decisión que declaró la nulidad.

Por lo que, resultaba necesario verificar si en el periodo comprendido entre la
fecha de celebración del matrimonio 19 de febrero de 2010 y la expedición del
Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar tal
prestación, con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual
el tribunal indicó que no había lugar a acceder a lo pretendido, pues no advertía
ni los registros civiles de los hijos del accionante ni el de matrimonio con la
señora Noreida Pérez Becerra, y ello era una carga que tenía la parte
accionante; cuando la misma autoridad mencionó que podía colegir que el
demandante sí solicitó su reconocimiento, según lo indicado en la hoja de
servicios en la que se reconoció el subsidio familiar con fecha de vigencia el 18
de julio de 2014.

Por tanto, la Sala encuentra configurado el defecto sustantivo invocado, por la
falta de interpretación sistemática de las normas que regulan el caso en
concreto aunado a los efectos de la declaratoria de nulidad contenido en la
sentencia del 8 de junio de 2017, dictada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Y en tal sentido, se accederá al amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Accédase al amparo de los fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por las razones anotadas en esta
providencia.

En consecuencia, se deja sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con la radicación
50001-33-33-003-2020-00116-01 y, se ordena a la precitada autoridad
judicial que en el término de veinte (20) días, contado a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo de
conformidad con las consideraciones señaladas en este proveído.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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