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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00831-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00831-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que «rechazó por improcedente» la acción por no acreditar el requisito de la inmediatez, para en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental del debido proceso y de acceso a la administración de justicia deprecado por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 5 de diciembre de 2022 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que una vez el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca le allegue el material probatorio requerido en el auto del 22 de agosto de 2023, cuenta con el término de 10 días para que de conformidad con las particularidades del caso, profiera una nueva providencia en la cual se estudie de manera detallada y de fondo el material probatorio allegado por los actores mediante las solicitudes elevadas el 21 de julio de 2021, 3 de agosto de 2021, 11 de julio de 2022 y del 29 de mayo de 2023, así como la arrimada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca. Lo anterior, en aras de determinar si si en efecto cuenta con las pruebas que certifican la condición de herederos de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán y, si, de conformidad con las normas y jurisprudencia aplicables al caso concreto, tienen derecho a la entrega de los bonos agrarios constituidos en el pago de las mejoras reconocidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia del 2 de abril de 1998, dictada en el marco del proceso de revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00831-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

14 de septiembre de 2023

Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00831-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00831-01
Demandantes: LUZ MARINA CASTILLO BOLÍVAR Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
TERCERA - SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – ampara derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la impugnación presentada por la parte actora
contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 16 de febrero de 2023 por correo electrónico, los señores
Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo
Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán, actuando en
nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en Descongestión con el fin de que le
fueran amparados los derechos fundamentales «a la igualdad ante la ley, consagrada en
el art 13 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y art 29 el debido proceso y el art. 229 derecha al
acceso a la justicia, el cumplimiento de los fallos judiciales.»

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales debido
a la omisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C en Descongestión de dar respuesta de fondo a los diferentes
memoriales que elevó con el fin de probar la legitimación en la causa que les asiste
para que se les reconozcan las mejoras decretadas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera en la sentencia de 2 de abril de 1998, dictada en el marco del proceso de
revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01.
1

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Demandantes: Luz Marina Castillo Bolívar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera –
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00831-01

3. Como pretensiones solicitó:

1.- Se digne tutelar nuestros derechos a la igualdad ante la ley, consagrado en el
art 13 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y art 29 el debido proceso y el art 229
derecho al acceso a la justicia, el cumplimiento de los fallos judiciales. Etc.

2.- Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DE
DESCONGESTIÓN […] cesar toda violación al reconocimiento de las mejoras
cuyo pago se ordenó en sentencia ejecutoriada del CONSEJO DE ESTADO,
mediante providencia de fecha 2 de abril de 1998 y 23 de julio de 1998, donde se
ordenó al INCORA el pago entre muchos otros, a nuestros padres (…) y hoy a
nosotros sus herederos reconocidos (…)

3.- Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DE
DESCONGESTIÓN […] PAGARNOS a los suscritos tutelantes los derechos
adquiridos en las sentencias proferidas por H. CONSEJO DE ESTADO en la
providencia de fecha 2 de abril de 1998, con los intereses de mora y la indexación
de capital e intereses correspondientes actualizados; en el término de 48 horas o
el que su Despacho señale para tal fin.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. En el marco del proceso de revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-
000-1989-05388-01, el Consejo de Estado, Sección Tercera mediante sentencia del 2
de abril de 1998 resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 29
de mayo de 1997 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y
dispuso, entre otras cosas, que el Instituto de Reforma Agraria – Incora debía hacer el
pago de unas mejoras, en los siguientes términos:

«QUINTO.- De conformidad con la sentencia, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
LA REFORMA AGRARIA "INCORA" pagará las mejoras existentes en el predio
expropiado en la forma prevista en los numerares “1”, “2” y “3” del literal "b" del
art.61 de ley 135 de 1961, a las siguientes personas, o a sus causahabientes por
acto entre vivos o mortis causae:

(…)

JOSÉ RAMÓN CAST|LLO, la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($17.289
632.oo) MONEDA LEGAL;

(…)

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EDELMIRA BOLÍVAR DE CASTILLO, LA SUMA DE DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS,
($10.436.084.oo) MONEDA LEGAL».

6. El 6 de septiembre de 2017 el apoderado de los señores Luz Marina Castillo Bolívar,
Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo
Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán (en su condición de herederos de los señores
José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo) solicitaron el pago de las
mejoras referidas en dicho numeral.

7. Dicha solicitud fue tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el cual, mediante auto de 15 de
diciembre de 2017, notificado por estado el 19 del mismo mes y año, negó lo solicitado
por no haberse allegado prueba del proceso de sucesión donde hubiesen sido
reconocidos como herederos de los causantes y se les adjudicaran los bonos agrarios
constituidos en el proceso de expropiación.

8. Para fundamentar su decisión, explicó que el Incoder1 con oficio 20152192733 del
26 de octubre de 2015 indicó que, dado que el señor José Ramón Castillo falleció, se
le adjudicó la parcela 8 con área de 11,0392 hectáreas a los herederos Emelina Castillo
y Víctor Julio Tinjacá, mediante resolución 726 del 22 de diciembre de 2011.

9. Igualmente adujo que, ya que la señora Edelmira Bolívar de Castillo falleció, se le
adjudicó la parcela 22 con de área de 11,500 hectareas al señor Libardo Enrique
Castillo, mediante la resolución 740 de diciembre de 2011.

10. Concluyó que «quienes alegan ser los herederos de los señores José Ramón Castillo y
Edelmira Bolívar de Castillo no fueron reconocidos dentro del proceso de titulación».

11. El apoderado de la señora Luz Marina Castillo Bolívar y otros, mediante memorial
allegado el 21 de julio de 2021, nuevamente solicitó el pago de las mejoras, pero esta
vez alegó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca – Cundinamarca mediante
sentencia del 22 de enero de 2021 reconoció a los accionantes como herederos de los
señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo. Para sustentar lo
dicho aportó: i) la sentencia del 22 de enero de 2021, sucesión de la señora Edelmira
Bolívar de Castillo y José Ramón Castillo Díaz proferida por el Juzgado promiscuo
municipal de SUESCA y sentencia adicional de fecha 5 de febrero de 2021, del mismo
juzgado y proceso y constancia de ejecutoria; y ii) el trabajo de partición y adjudicación
fue realizado por la señora Alba Inés González Lozano, entre otros.

12. Dicha solicitud fue reiterada el 3 de agosto de 2021.

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Con la expedición del Decreto 1300 de 2003 se creó el Incoder con el objetivo de asumir las funciones
que el Incora venía desarrollando en materia de desarrollo rural.
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13. Por lo anterior, para determinar la legitimidad para reclamar los aludidos títulos por
parte de los herederos de los causantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C a través de auto del 13 de septiembre de 2021 requirió
a la Agencia Nacional de Tierras –ANT «para que remitieran copia de la Resolución No.
726 del 22 de diciembre de 2011 mediante la cual se adjudicó la Parcela No. 8 con área de
11,0392 hectáreas del Predio la Polinesia, ubicado en el municipio de Suesca –Cundinamarca
(…) y de la Resolución No. 740 del 22 de diciembre de 2011 mediante la cual se adjudicó la
Parcela No. 22 con área de 11,5000 hectáreas del Predio la Polinesia, (…) ubicado en el
municipio de Suesca –Cundinamarca a efectos de terminar».

14. El 22 de septiembre de 2021, en atención al anterior requerimiento, la Agencia
Nacional de Tierras - ANT remitió copias de:

• La resolución 726 del 22 de diciembre de 2011 , «por la cual se adjudica a favor de
VÍCTOR JULIO TINJACA RIVERA Y EMELINA CASTILLO DE MALAGÓN el predio rural
denominado PARCELA N° 8 LOTE ZONA DE EXPROPIACIÓN LA POLINESIA ubicada en La
Vereda El Hatillo, jurisdicción del Municipio de Suesca – Departamento de Cundinamarca».

-Y de la resolución 740 del 22 de diciembre de 2011 «por la cual se adjudica a favor de
LIBARDO ENRIQUE CASTILLO BOLÍVAR el predio rural denominado PARCELA N° 22 LOTE
ZONA EXPROPIACIÓN LA POLINESIA ubicada en La Vereda El Hatillo, jurisdicción del
Municipio de Suesca – Departamento de Cundinamarca)».

15. El 11 de julio de 2022, las partes reiteraron la solicitud citada.

16. Lo anterior, fue resuelto por el tribunal accionado a través de auto de 5 de
septiembre de 2022, en el cual se les indicó que debían estarse a lo decidido en el
auto de 15 de diciembre de 2017. La parte resolutiva fue la siguiente:

SEGUNDO: Respecto de la solicitud radicada el 11 de julio de 2022 (archivo digital
No. 046), por el doctor Juan Eurípides López Padilla, en la que solicita ordenar el
pago de las mejoras reconocidas por el Consejo de Estado -Sección Tercera, en
la sentencia del 1 de abril de 1998, expediente No. 13.959, el solicitante deberá
atenerse a lo dispuesto en auto del 15 de diciembre de 2017 que ya emitió
pronunciamiento en el mismo sentido, en el sentido de negar dicha solicitud por las
razones allí aducidas.

17. Contra esta determinación, el 12 de septiembre de 2022 el apoderado de los
actores interpuso recurso de apelación.

18. No obstante, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C en Descongestión el 5 de diciembre de 2022 la rechazó por
improcedente y ordenó adecuarlo al recurso a una reposición, en virtud del artículo 181
del CCA. La parte resolutiva fue la siguiente:

1: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de
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Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis
Guillermo Castillo Farfán (en su condición de herederos de los señores José
Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo, q.e.p.d.), contra el auto del 5
de septiembre de 2022, que resolvió, en su numeral 2, estarse a lo resuelto en
providencia del 15 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.

2: NO REPONER la decisión del 5 de septiembre de 2022, que resolvió, en su
numeral 2, estarse a lo resuelto en providencia del 15 de diciembre de 2017,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

19. Al resolver la reposición, el tribunal accionado explicó que no había lugar a
reconsiderar la decisión que en su momento se expuso en la providencia del 15 de
diciembre de 2017, contra la cual no se promovió recurso alguno y que se encontraba
en firme.

20. Igualmente, estimó que tampoco se aportaron nuevos elementos de prueba o
circunstancias fácticas diferentes a las que en su momento fueron estudiadas en
decisión del 15 de diciembre de 2017 y en tal sentido, «no hay lugar a emitir un
pronunciamiento diferente al que en ese entonces se emitió.»

21. Adujo que no podía considerarse el hecho de la condición de herederos de los
señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa María
Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán, por
cuanto no obraba la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca del 22 de
enero de 2021, conforme a lo referencia el apoderado de aquéllos, «razón adicional para
no reconsiderar la decisión del 15 de diciembre de 2017, pues allí se explicaron con amplitud
las razones fácticas y jurídicas en que se sustentó tal negativa.»

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C por
medio de auto del 15 de mayo de 2023 puso de presente que aun hacían falta por
entregar 140 bonos agrarios, que fueron constituidos dentro del proceso de
expropiación de la referencia. Agregó que, si bien era cierto que durante el transcurso
de los últimos años se habían resuelto diversas solicitudes de entrega de dichos bonos,
también lo era que, «algunas de dichas solicitudes habían sido materializadas con la
entrega de éstos a sus beneficiarios; en otros casos, se debió negar la entrega a falta
del cumplimiento de los requisitos legales que acrediten su titularidad por parte de
quien los ha reclamado.» Por lo anterior dispuso:
PRIMERO: Se requiere al Secretario de la Sección a efectos de que lleve a cabo
el trámite de su competencia, una vez se cuente con el nuevo cronograma de
prescripción de depósitos judiciales, que habrá de expedir la Directora Ejecutiva
de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de ir
adelantando el trámite pertinente, para declarar la prescripción de los depósitos
judiciales constituidos dentro del proceso de la referencia, conforme a lo explicado
en la parte motiva del presente auto.

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SEGUNDO: El expediente debe permanecer en secretaría de la Sección hasta
tanto se expida el segundo cronograma de prescripción para depósitos judiciales,
por parte de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura y a su vez, se cuente con la directriz que habrá de orientar el
Secretario de la Sección, descrito en el numeral anterior.

TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse una nueva solicitud
de entrega de depósitos y/o bonos agrarios, ingresar el expediente al Despacho
para decidir lo pertinente.

23. El 29 de mayo de 2023 los actores solicitaron la entrega de los bonos agrarios que
les fueron asignados a sus padres (causahabientes), los señores, Edelmira Bolívar de
Castillo y José Ramon Castillo Díaz, constituidos en el pago de las mejoras en virtud
del proceso de expropiación que se adelantó por el predio La Polinesia. Junto a la
solicitud, nuevamente allegó apartes del trabajo de partición presentado por los
referidos herederos, dentro del radicado de la sucesión intestada 25772-40-89-001-
2018-00402-00, como también la providencia que aprobó el trabajo de partición y su
adición.

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
mediante auto del 22 de agosto de 2023 dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Previo a decidir lo que corresponde a la anotada solicitud de entrega
de bonos, se requerirá al Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, con el objeto
de que remita copia íntegra del trabajo de partición presentado dentro de la
Sucesión Intestada No. 25772-40-89-001-2018-00402-00 de Edelmira Castillo
Bolívar y José Ramón Castillo Díaz, como su correspondiente sentencia
aprobatoria del mismo y su adición.

Asimismo, para que informe, si dentro de ese mismo radicado existen nuevos
trabajos de partición y, en caso afirmativo remita copia de los mismos con su
correspondiente providencia que impartió aprobación a éstos.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección, proceder de conformidad. Y, una vez
allegada la respuesta ingresar el proceso al Despacho para decidir lo pertinente.

1.3. Fundamentos de la vulneración

25. La parte accionante sostuvo que, con el incumplimiento de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera del 2 de abril de 1998 en la que se ordenó al Incora, hoy
Agencia Nacional de Tierras, el pago de las mejoras del predio expropiado, se está
desconociendo lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política, el cual
garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia que
se materializa cuando es posible poner en marcha la actividad jurisdiccional del
Estado.

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26. Indicó que el derecho de acceso a la administración de justicia no se circunscribe
exclusivamente al ejercicio del derecho de acción, pues está inescindiblemente
vinculado al debido proceso y a la expectativa de las partes de que, una vez en firme,
la decisión judicial que pone fin a una controversia se cumpla en debida forma. Por lo
que considera que desconocer esta premisa básica implicaría soslayar el carácter
vinculante y coercitivo de las providencias judiciales, en detrimento no solo de los
derechos fundamentales, sino del orden constitucional vigente.

27. Adujo que 11 de julio de 2022, se aportó la partición y la sentencia aprobatoria de
la partición, reclamando nuevamente el pago de las mejoras que le correspondían a
sus abuelos, solicitud que fue negada a través del auto de fecha 5 de septiembre de
2022; resaltando el tribunal que debían atenerse al auto de fecha 15 de diciembre de
2017, sin tener en cuenta, para negar la solicitud, que ya se había tramitado el proceso
de sucesión.

1.4. Auto admisorio

28. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A inadmitió la demanda de
tutela mediante auto del 21 de febrero de 2023 para que los actores: «señalen de
manera clara y precisa (i) los hechos y (ii) la providencia o providencias, debidamente
identificadas con fecha y número de radicado, que en su entender, originan la vulneración de
los derechos fundamentales. Asimismo, para que (iii) precisen las pretensiones que se
persiguen a través de la presente acción constitucional».

29. Luego de ser subsanada la demanda, mediante auto del 28 de marzo de 2023 se
admitió y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión.

30. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Agencia
Nacional de Tierras – ANT, a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y a la Agencia de
Renovación del Territorio – ART, quienes hicieron parte del proceso con radicado
25000-23-26-000-1989-05388-01.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Agencia Nacional de Tierras – ANT

31. Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Adujo que, en el desarrollo de sus competencias
no puede determinar si ha existido vulneración de algún derecho fundamental por parte
del tribunal accionado.

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32. Igualmente, solicitó «negar por improcedente» toda vez que el juez de tutela no
puede invadir la esfera propia de otras autoridades pues su autonomía e
independencia, salvo eventos como los que configuren una vía de hecho o un perjuicio
irremediable, que no se acreditan en la presente acción.

1.5.2. La Agencia de Renovación del Territorio- ART

33. Requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva toda
vez que no asumió obligaciones del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
Incoder.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C de Descongestión

34. Solicitó negar las pretensiones de la demanda por las siguientes razones que se
citan:

 Dentro del proceso de restitución en mención se han resuelto un sin número de
peticiones en similares sentidos, es decir que los distintos herederos de los
beneficiarios a quienes se les reconocieron mejoras (distintos a los que en esta
acción de tutela se han detallado), en su momento allegaron los respectivos
trabajos de partición, por ejemplo, donde se incluyeron como activos los bonos
constituidos aquí, y se adjudicaron a sus respectivos herederos. De manera que
dar un trato diferente del que se ha venido manejando en situaciones como ésta,
sí constituiría un trato desigual en relación con los demás sujetos procesales que
han interactuado a lo largo del proceso de expropiación.

 Respecto de cada una de las solicitudes formuladas por los aquí accionantes,
siempre se ha emitido respuesta de fondo y precisa, advirtiéndole la necesidad de
aportar en futuras solicitudes en el mismo sentido, los documentos necesarios que
acrediten su legitimación y titularidad de los mencionados bonos agrarios, a efectos
de proceder con su entrega.

 De manera que la actuación procesal continúa hoy por hoy vigente, y a la espera
que los demás interesados reclamen los bonos pendientes por entrega, que a lo
sumo, son 140, que ascienden a un valor de $293´638.971,oo, entre los cuales
también se encuentran los bonos agrarios que, en su momento, le fueron
reconocidos a los señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo,
y hoy pretenden reclamar los aquí accionantes sin acreditar su condición de
herederos y su legitimidad y/o titularidad sobre éstos.

 Lo anterior, se traduce además en una actuación garantista del debido proceso,
no solo de los aquí accionantes, sino también de los demás beneficiarios que en
condiciones similares, luego de adelantar el respectivo juicio de sucesión, con la
sentencia y trabajo de partición, los han allegado al proceso de expropiación para
solicitar nuevamente la entrega de los bonos.

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 Tampoco se evidencia una limitación en el acceso a la administración de justicia,
por cuanto siempre se ha dejado a libre disposición de los interesados en reclamar
los bonos restantes, tanto que el proceso ni siquiera figura como archivado, pero
ello naturalmente supone el cumplimiento de los requisitos esenciales que
acrediten, como se ha mencionado en líneas anteriores, la legitimación o vocación
de herederos de los causantes y su titularidad sobre los bonos en mención, a título
de herencia.

 Por último, si bien en auto del 5 de diciembre de 2022 se negó la concesión del
recurso de apelación contra la decisión de negar la entrega de los señalados bonos
a los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora Castillo de Fresneda, Rosa
María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis Guillermo Castillo Farfán,
esa decisión se profirió con apego estricto a la ley procesal aplicable, que no prevé
para ese tipo de decisiones, el recurso de apelación, como medio de impugnación,
en tanto no implica la terminación del proceso (art. 181 C.C.A.); y, aunque en
principio la misma decisión era susceptible de recurso de reposición, no pudo ser
estudiado de fondo, por haberse interpuesto fuera del término legal previsto por el
C.G.P.

35. La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, pese a haber sido debidamente notificados,
no rindieron informe de fondo frente al asunto.

1.6. Sentencia de primera instancia

36. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante fallo del 11 de
mayo de 2023 «rechazó por improcedente» la acción por no acreditar el requisito de la
inmediatez. Para fundamentar su decisión, adujo que la decisión del 5 de diciembre de
2022 no se pronunció, modificó o resolvió alguna solicitud o aparte del auto del 15 de
diciembre de 2017, que no ordenó el pago de las medidas, sino que se trataba de una
decisión de trámite que no constituía un hecho nuevo, «por lo que es a partir de esta
providencia que se debe empezar a contar la inmediatez.»

37. Explicó que, el auto de 15 de diciembre de 2017 fue notificado mediante estado
desfijado el 19 de diciembre de 2017, por lo que, dado que la presente acción de tutela
se presentó el 16 de febrero de 2023, «es decir, luego de transcurrido un término de
cinco (5) años, un (1) mes y veintiséis (26) días, no se acreditó el requisito de
inmediatez.»

38. Además, destacó que tampoco se acreditó el presupuesto de subsidiariedad,
porque «la acción de revisión de recursos agrarios radicado núm. 25000-23-26-000-1989-
05388-01 se encuentra en curso en ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C, por lo que la parte accionante puede plantear sus inconformidades
al interior del proceso, más, si las mismas guardan relación con el cumplimiento de la sentencia
de 2 de abril de 1998, disponiendo así de medios ordinarios de defensa dentro del
ordenamiento jurídico».

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1.7. Impugnación

39. La parte actora, con escrito allegado el 1° de junio de 2023, inconforme con la
anterior decisión la impugnó por los siguientes motivos que se transcriben:

En la parte motiva de su providencia de tutela, manifiesta que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C,
el 6 de septiembre de 2017, se solicitó el pago de las mejoras referidas, las cuales
fueron negadas el 15 de diciembre de 2017, por no haberse allegado prueba del
proceso de sucesión, que reconociera a los accionantes como herederos de los
causantes y se nos reconociera los bonos agrarios constituidos a nuestro favor.

Es de aclarar y para que sea tenido en cuenta, por otro Juez constitucional que le
corresponda, conocer este asunto; que no se interpuso el recurso de apelación
contra el auto de fecha 15 de diciembre de 2017, ya que no se había tramitado la
sucesión acumulada de mis abuelos JOSÉ RAMÓN CASTILLO DÍAZ y EDELMIRA
BOLÍVAR DE CASTILLO. La cual se hizo ante el JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SUESCA, con sentencia aprobatoria de la partición de fecha 22
de enero de 2021.

El 11 de julio de 2022, se aportó la partición y la sentencia aprobatoria de la
partición, reclamando nuevamente el pago de las mejoras que le
correspondían a mis abuelos, pruebas estas que obran en la acción de tutela,
solicitud que fue negada a través del auto de fecha 5 de septiembre de 2022;
resaltando el Tribunal que debíamos atenernos al auto de fecha 15 de diciembre
de 2017, sin tener en cuenta, para negar la solicitud, que ya se había
tramitado el proceso de sucesión, contra dicho auto de fecha 5 de septiembre
de 2022, se interpuso el recurso de apelación la cual fue negada; por consiguiente
nos hallamos dentro del término para interponer la acción de tutela, teniendo en
cuenta el auto de 5 de septiembre de 2022 (sic), estando así dentro del término de
inmediatez, para que se nos paguen los bonos agrarios, que con tanto sacrificio
fueron reconocidos a nuestros mis abuelos por el H. CONSEJO DE ESTADO,
mediante sentencia de fecha 2 de abril de 1998. Así considero que se nos ha
violado a los tutelantes los derechos fundamentales invocados en la acción de
tutela. Bonos que aún se hallan pendientes de entregar por EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C. (Negritas propias).

1.8. Auto de mejor proveer

40. Mediante auto del 31 de julio de 2023 la magistrada ponente ordenó la
notificación de la existencia de la presente acción al Consejo de Estado, Sección
Tercera, así como a todos los sujetos que participaron en el proceso de revisión
de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01. Igualmente,
a los señores Libardo Enrique Castillo, Emelina Castillo de Malagón y Víctor Julio
Tinjacá, debido a que el tribunal accionado mediante auto del 15 de diciembre de
2017 indicó que el extinto Incora, les adjudicó las parcelas que los accionantes

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reclaman, en su condición de herederos de los señores José Ramón Castillo Díaz
y Edelmira Bolívar de Castillo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora
Castillo Bolívar y otros contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitudes de desvinculación

42. Se tiene que la Agencia Nacional de Tierras – ANT y la Agencia de Renovación
del Territorio- ART solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional
pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

43. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciónes se hicieron
debido a que, tras la liquidación del Incoder el 6 de diciembre de 2015, las entidades
creadas para asumir sus funciones fueron la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la
Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART),
de conformidad con el Decreto 2364 de 2012. En tal sentido, su comparecencia al
presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus
intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste, así como para
determinar su presunta responsabilidad en la vulneración de las garantías de la
accionante.

2.3. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 11 de
mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual se
deberá dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

45. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al no darle
trámite de fondo a las diferentes solicitudes que elevó mediante las cuales solicitó pago

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de las mejoras reconocidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia
de 2 de abril de 1998?

46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) debido proceso judicial; (iii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

48. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

49. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

50. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Debido proceso en actuaciones judiciales

51. El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
12

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“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

52. A pesar del conjunto de eventualidades previstas por el texto constitucional
transcrito, esta es una norma con estructura de cláusula abierta. En ese sentido, fija
un listado de hipótesis netamente enumerativas que dan lugar a que se incluyan otros
posibles eventos plenamente encuadrables dentro del contenido de su concepto. Por
lo tanto, se puede afirmar que el derecho fundamental al debido proceso no se agota
en el enunciado del artículo 29 Superior, toda vez que su protección concreta ha
revestido un gran número de casos diferentes que han sido abordados por la
jurisdicción en general.5

53. Dentro de la estructura en comento, lo primero que debe resaltarse del derecho
fundamental al debido proceso es su ámbito de aplicación: “toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas” (negrilla fuera del texto). Esta característica indica que no
hay ninguna actuación judicial o administrativa que se escape del mandato
constitucional de observar estrictamente el debido proceso.

54. En consecuencia, toda interpretación que resulte de la anterior singularidad del
derecho fundamental no puede encasillarse a la resolución de los casos específicos
que eventualmente se presenten. Todo lo contrario, los criterios de interpretación de
la transcrita cláusula universal se aplican a todos los casos que sucedan y sean
puestos a consideración de la autoridad competente. En específico, debe recalcarse
que el debido proceso comprende una garantía en la correcta aplicación de las normas
jurídicas por parte de los jueces.

55. De conformidad con lo expuesto, el derecho fundamental en comento se aplica a
toda actuación que se lleve a cabo dentro del trámite de un proceso judicial. Ello implica

5
Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 31.05.1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-1219
del 21.11.2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-159 del 06.03.2002, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-058 del 02.02.2006, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
13

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observar estrictamente el contenido de las normas procesales, las cuales, por su
importancia social y por lo que tiene que ver con el artículo transcrito, son de orden
público y de cumplimiento obligatorio para los jueces y las partes. Si lo anterior no
sucede de esa manera, se compromete la legitimidad del proceso, de tal manera que
este puede llegar, incluso, a quedar viciado de nulidad o a afectar otros derechos
fundamentales de los que sean titulares las personas.

56. Así, el examen que debe hacer el juez de tutela en el momento en que es puesta
a su consideración una situación que comprometa el estudio del debido proceso dentro
del trámite de una actuación judicial gira alrededor de verificar que, en todas sus
etapas, se haya cumplido con las garantías propias del mencionado derecho
fundamental.6

2.5. De los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

57. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente, pues la parte actora presenta una cuestión de carácter ius
fundamental en la medida en que cumplieron con el deber de evidenciar
suficientemente la tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial del
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Esto, al exponer
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C ha
omitido estudiar las diferentes solicitudes que ha elevado con el fin de acreditar la
legitimación en la causa que le asiste para que se les reconozca su derecho al pago
de las mejoras en su condición de herederos de los señores José Ramón Castillo Díaz
y Edelmira Bolívar de Castillo

58. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos no
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, pues
trascienden de una mera inconformidad de la decisión adoptada por el tribunal
accionado.

59. Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni tampoco
un asunto que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima sobre
la posible vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, este último garantía de raigambre constitucional
(artículo 229), que establece el derecho de toda persona a acceder a la administración
de justicia para solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento
de los derechos que consagran la Constitución y la ley.

6
Corte Constitucional. Sentencia T-718 del 17.09.2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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2.5.2. Tutela contra tutela

60. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza7, pues la providencia que puso fin al
debate fue proferida en el marco del proceso de revisión de asuntos agrarios con
radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01.

2.5.3. Inmediatez

61. La Sala no comparte la improcedencia de la acción decretada por el a quo
constitucional, en cuanto a que, a su juicio, la providencia del 5 de diciembre de 2022
se trataba de una decisión de trámite que no constituía un hecho nuevo, motivo por el
cual la inmediatez no debía contarse desde dicha providencia.

62. En relación con el acatamiento del referido requisito8, contrario a lo determinado
por el a quo constitucional, no se advierte ningún reproche, en vista de que la última
providencia dictada en el proceso fue la del 5 de diciembre de 2022, mediante la cual
el tribunal explicó que no había lugar a reconsiderar la decisión que en su momento se
expuso en la providencia del 15 de diciembre de 2017, puesto que no se habían
aportado elementos probatorios nuevos. Lo anterior cobra especial importancia si se
tiene en cuenta que, lo que se debate en la presente tutela es la falta de resolución de
las diferentes solicitudes elevadas con el fin de acreditar la legitimación en causa que
les asiste para que se les reconozcan las mejoras decretadas por el Consejo de
Estado, Sección Tercera en la sentencia de 2 de abril de 1998.

63. Así, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se advierte que la acción
de tutela se presentó en un término razonable (16 de febrero 2023) a la luz de la

7
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-
00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05202-00.
8
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-
00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05202-00.
15

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sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es
el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales
que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

64. Respecto de este requisito, se advierte que no existe otro medio de defensa judicial
idóneo para que los tutelantes puedan defender sus derechos fundamentales,
comoquiera que la providencia del 5 de diciembre de 2022 no es pasible de ningún
otro recurso, con lo cual resulta evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

2.6. Caso concreto

65. Se pone de presente que, de los escritos aportados por la parte actora se advierte
que su reproche central se basa en que en el marco del proceso judicial de revisión
de asuntos agrarios elevó sendas solicitudes, a saber las pruebas del proceso de
sucesión donde fueron reconocidos como herederos. Lo anterior, en aras de acreditar
la legitimación en la causa que les asiste para que se les entreguen los bonos agrarios,
constituidos en el pago de las mejoras en virtud del proceso de expropiación que se
adelantó por el predio La Polinesia, decretadas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera en la sentencia de 2 de abril de 1998.

66. En ese orden de ideas, para la parte accionante la vulneración de sus derechos
fundamentales se concretó porque la autoridad judicial accionada, pese a recibir de
manera exitosa dichas pruebas, se limitó a reiterar lo ya analizado, sin tener en cuenta
que desde el 21 de julio de 2021 aportaron la sentencia del 22 de enero del mismo
año, que reconoció a los presentes accionantes como como herederos del señor José
Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo.

67. Ahora bien, la Sala tendrá por probados los siguientes hechos conforme el material
obrante en el expediente:

68. En efecto, tal y como lo explicó la parte actora, el 21 de julio de 2021 solicitó el
pago de las mejoras y alegó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca mediante

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
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sentencia del 22 de enero del mismo año, que ya había reconocido a los presentes
accionantes como herederos del señor José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar
de Castillo, adjuntando los siguiente documentos:

3-Sentencia de fecha 22 de enero de 2021, sucesión de EDELMIRA BOLÍVAR
DE CASTILLO y JOSÉ RAMÓN CASTILLO DÍAZ. Proferida por el Juzgado
promiscuo municipal de SUESCA y sentencia adicional de fecha 5 de febrero
de 2021, del mismo juzgado y proceso y constancia de ejecutoria de fecha 23
de febrero de 2021. Lo anterior en I folio.

(…)

5-El trabajo de partición y adjudicación fue realizado por la Dra. ALBA INÉS
GONZÁLEZ LOZANO, que se acompaña con este escrito en 11 folios.

(…)

69. La sala adjunta las siguientes capturas de pantalla efectuadas al expediente digital,
que constatan lo anterior:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00831-01

70. Se tiene que el 3 de agosto de 2021 la parte actora reiteró la solicitud, adjuntando
la misma documentación, como se avizora:

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71. Igualmente, el 11 de julio de 2022 el apoderado judicial elevó nuevamente la
solicitud e hizo referencia a que el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca reconoció
a los presentes accionantes como como herederos del señor José Ramón Castillo Díaz
y Edelmira Bolívar de Castillo, como se constata:

72. No obstante lo anterior, el tribunal accionado explicó que no había lugar a efectuar
un nuevo pronunciamiento de fondo ya que lo propuesto fue decidido el 15 de
diciembre de 2017. Esto teniendo en cuenta que no se habian aportado nuevos

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elementos de prueba ni tampoco obraba sentencia del Juzgado Promiscuo
Municipal de Suesca del 22 de enero de 2021.

73. Se tiene que el 29 de mayo de 2023 los actores solicitaron la entrega de los bonos
agrarios que les fueron asignados a sus padres (causahabientes), los señores,
Edelmira Bolívar de Castillo y José Ramon Castillo Díaz, constituidos en el pago de
las mejoras en virtud del proceso de expropiación que se adelantó por el predio La
Polinesia. Junto a la solicitud, nuevamente allegaron apartes del trabajo de partición
presentado por los referidos herederos, dentro del radicado de la sucesión intestada
25772-40-89-001-2018-00402-00, como también partes de la providencia que aprobó
el trabajo de partición y su adición.

74. Así, el tribunal accionado a través de auto del 22 de agosto de 2023, estimó que,
previo a decidir sobre dicha solicitud, resultaba necesario requerir al Juzgado
Promiscuo Municipal de Suesca «con el objeto de que remitiera copia íntegra del trabajo de
partición presentado dentro de la Sucesión Intestada No. 25772-40-89-001-2018-00402-00 de
Edelmira Castillo Bolívar y José Ramón Castillo Díaz, como su correspondiente sentencia
aprobatoria del mismo y su adición» pese a que dichos documentos ya habían sido
adjuntados en repetidas ocasiones por los actores.

75. En ese contexto, esta Colegiatura advierte, de conformidad con el material
probatorio obrante en el proceso, y pese a que la parte actora adjuntó los documentos
que le fueron requeridos desde el auto del 15 de diciembre de 2017, lo cierto es que
el tribunal accionado en los autos del 5 de septiembre de 2022 y del 5 de diciembre de
2022, no tuvo en consideración las pruebas allegadas, según las cuales, a juicio
de lo actores, se comprueba su calidad de legítimos herederos y su eventual
derecho a que se le reconozcan las mejoras.

76. La anterior circunstancia, les ha impedido a los actores obtener un pronunciamiento
del competente pues se reitera, el tribunal accionado ha pasado por alto los diferentes
memoriales y documentos presentados, pretermitiendo íntegramente a la parte actora
la posibilidad de tener una decisión que resuelva sobre su calidad de beneficiarios de
la sentencia judicial favorable a sus padres en su condición de herederos de los
señores José Ramón Castillo Díaz y Edelmira Bolívar de Castillo, así como la entrega
de los bonos agrarios, constituidos en el pago de las mejoras en virtud del proceso de
expropiación que se adelantó por el predio La Polinesia

77. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se reitera que el
derecho de acceso a la administración de justicia “constituye la posibilidad reconocida a
todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante
los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.”11

11
Sentencia T-799/11.
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78. El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una intrínseca relación
con el debido proceso, pues solo si se garantiza que el ciudadano pueda impulsar
pretensiones a la jurisdicción, será posible garantizar un proceso recto y garantista que
decida de manera justa sobre los derechos objetos de la controversia. Frente a este
punto el máximo órgano constitucional ha sostenido de manera pacífica que “el acceso
a la justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible
asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales
establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”.12

79. En conclusión, el derecho de acceso a la administración de justicia como parte
integral del debido proceso, en el caso concreto, se traduce en la facultad que tienen
los actores de reclamar una decisión que resuelva la controversia planteada
atendiendo al material probatorio allegado con el fin de obtener la protección o el
restablecimiento de los derechos que consagra la ley y la Constitución, la cual debe
ser garantizada al interior de cualquier actuación judicial.

80. En punto de lo anterior, lo que le correspondía al tribunal accionado era estudiar
las pruebas allegadas por el apoderado de los actores para verificar si efectivamente
en el marco del proceso de sucesión se les había reconocido como herederos de sus
causantes, sin embargo, simplemente les indicó que no habían aportado nuevos
elementos de prueba o circunstancias fácticas diferentes a las que en su momento
fueron estudiadas en decisión del 15 de diciembre de 2017 y en tal sentido, no había
lugar a proferir un nuevo pronunciamiento, afirmación que se logra desvirtuar al revisar
los anexos de cada solicitud en las que obran: i) la sentencia del 22 de enero de 2021,
sucesión de la señora Edelmira Bolívar de Castillo y José Ramón Castillo Díaz
proferida por et Juzgado promiscuo municipal de Suesca y sentencia adicional de
fecha 5 de febrero de 2021, del mismo juzgado y ii) el trabajo de partición y
adjudicación que fue realizado por la señora Alba Inés González Lozano, entre otros.

81. De lo expuesto se expone que, la facultad que tienen las personas de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado, le impone a las autoridades encargadas la obligación
de garantizar su fácil y efectivo acceso, por lo que en este caso el tribunal accionado
al contestar con evasivas las diferentes solicitudes elevadas por la parte actora, ha
ignorado de manera arbitraria el hecho de que los actores allegaron una serie de
solicitudes que eran determinantes para la resolución de su caso, sin que a la
fecha haya obtenido una respuesta de fondo, lo que implica una denegación de
justicia que les mpide defender sus derechos e intereses.

82. Esta sala debe resaltar que si bien el tribunal accionado en el trámite de la presente
acción constitucional, consideró necesario para efectos de resolver la reiterada
solicitud, requerir al Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, «con el objeto de que

12
Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.

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remitiera copia íntegra del trabajo de partición presentado dentro de la Sucesión Intestada
No. 25772-40-89-001-2018-00402-00 de Edelmira Castillo Bolívar y José Ramón Castillo Díaz,
como su correspondiente sentencia aprobatoria del mismo y su adición», lo cierto es que
como quedó probado, dicha documentación ya fue allegada en repetidas ocasiones
por los actores, sin que la autoridad judicial accionada diera una respuesta de fondo
frente a la misma, pues como se avizoró, mediante sus diferentes autos resolvió de
forma evasiva.

83. Es así que se reitera que, a la fecha del presente fallo la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte actora subsiste, pues se reitera, pese a haber
adjuntado de manera reiterada la documentación que se le había solicitado y que, a
su juicio, probarían la legitimación en la causa que les asiste para la entrega de los
bonos agrarios constituidos en el pago de las mejoras, el tribunal accionado decidió
resolver de forma esquiva las solicitudes.

84. No obstante, esta sala debe recalcar que el tribunal accionado en el marco de su
autonomía judicial consideró necesario contar con la totalidad del auto que aprueba
el trabajo de partición dentro de la sucesión intestada, el cual no fue allegado por
las partes de manera completa.

85. Por las razones expuestas, se revocará la decisión del a quo constitucional, para
en su lugar, conceder el amparo a la parte actora y se ordenará al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C que, una vez el
Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca le allegue el material probatorio requerido en
el auto del 22 de agosto de 2023, cuenta con el término de 10 días para que de
conformidad con las particularidades del caso, profiera una nueva providencia en la
cual se estudie de manera detallada y de fondo el material probatorio allegado por los
actores mediante las solicitudes elevadas el 21 de julio de 2021, 3 de agosto de 2021,
11 de julio de 2022 y del 29 de mayo de 2023, así como la arrimada por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Suesca.

86. Lo anterior, en aras de determinar si en efecto cuenta con las pruebas que certifican
la condición de herederos de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora
Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis
Guillermo Castillo Farfán y, si, de conformidad con las normas y jurisprudencia
aplicables al caso concreto tienen derecho a la entrega de los bonos agrarios,
constituidos en el pago de las mejoras reconocidas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, en la sentencia del 2 de abril de 1998, dictada en el marco del proceso de
revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01.

2.7. Conclusión

87. La Sala concluye que se debe amparar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia en consonancia con el debido proceso de la parte actora

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debido a las evasivas del tribunal accionado de estudiar el material probatorio allegado
al proceso de revisión de asuntos agrarios.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que «rechazó por improcedente» la
acción por no acreditar el requisito de la inmediatez, para en su lugar, AMPARAR el
derecho fundamental del debido proceso y de acceso a la administración de justicia
deprecado por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 5
de diciembre de 2022 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, que una vez el Juzgado Promiscuo Municipal de
Suesca le allegue el material probatorio requerido en el auto del 22 de agosto de 2023,
cuenta con el término de 10 días para que de conformidad con las particularidades
del caso, profiera una nueva providencia en la cual se estudie de manera detallada y
de fondo el material probatorio allegado por los actores mediante las solicitudes
elevadas el 21 de julio de 2021, 3 de agosto de 2021, 11 de julio de 2022 y del 29 de
mayo de 2023, así como la arrimada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca.

Lo anterior, en aras de determinar si si en efecto cuenta con las pruebas que certifican
la condición de herederos de los señores Luz Marina Castillo Bolívar, Lilia Aurora
Castillo de Fresneda, Rosa María Castillo Bolívar, María Elena Castillo Bolívar y Luis
Guillermo Castillo Farfán y, si, de conformidad con las normas y jurisprudencia
aplicables al caso concreto, tienen derecho a la entrega de los bonos agrarios
constituidos en el pago de las mejoras reconocidas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, en la sentencia del 2 de abril de 1998, dictada en el marco del proceso de
revisión de asuntos agrarios con radicado 25000-23-26-000-1989-05388-01.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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