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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00835-00

Fecha
23 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00835-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a los reproches endilgados a las sociedades Acuña Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S., el Consejo Superior de la Judicatura y la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos expuestos en la presente sentencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo respecto a las demás autoridades que fueron vinculadas al trámite de tutela, por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00835-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

23 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Derecho de petición / Improcedencia - Carencia
actual de objeto por hecho superado frente al actuar de algunas autoridades
accionadas / Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares /
Niega amparo en relación con las actuaciones de otras autoridades.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Julieth Carolina Rojas Royero
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia Financiera de
Colombia y las sociedades Acuña Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia
S.A.S – Royal Prestige.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 15 de febrero de 2023, Julieth Carolina Rojas Royero instauró demanda de
tutela, con fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.
Considera que tal prerrogativa fue vulnerada por las accionadas ante la presunta
omisión en la respuesta a una solicitud que elevó el 18 de enero de anterior.

2.- Según su relato, en ejercicio del derecho de petición, el 18 de enero del año
en curso, a través de correo electrónico 2 , elevó una solicitud ante el Juzgado
Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Superintendencia Financiera de Colombia y las
sociedades Acuña Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S – Royal
Prestige, con el objeto de formular los siguientes pedimentos:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Dirigido a las siguientes direcciones electrónicas: j02cmpcmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co;
info@cendoj.ramajudicial.gov.co; super@superfinanciera.gov.co y servicioalcliente.co@royalprestige.com.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<< 1. Solicito muy respetuosamente a su señoría información de estado de la demanda
en mención, todo su expediente, trámite, información acerca de la notificación y los
sustentos para la admisión de la demanda.

2. Pido que por favor se me revoque dicha demanda y medida cautelar o de ser
negativa la respuesta pido explicación de fondo del porqué continua el proceso en mi
contra.

3. Solicito además de forma respetuosa información detallada del conocimiento que
tiene el juzgado de todas las irregularidades y abusos de las que he sido víctima.

4. Solicito información de fondo al juzgado de las demás demandas que para la fecha
admiten o inadmiten el mismo día de ser presentada, y porque le dieron tramite en
lugar de rechazarla al no ser admitida.

5. Solicito respetuosamente al consejo superior de la judicatura ejerza la vigilancia
judicial sobre este proceso.

6. Solicito a ROYAL PRESTIGE o a quien corresponda toda la documentación que
tengan de la obligación

7. Solicito a ROYAL PRESTIGE o a quien corresponda explicación de fondo y detallada
del cobro de interés y capital que me están realizando.

8. Solicito a ROYAL PRESTIGE o a quien corresponda explique de fondo porque
nunca quiso responder por las garantías de los productos y siguió cobrando la
obligación y la copia de esta explicación sea para la superfinanciera de Colombia y
defensor del consumidor.

9. Solicito a la superfinanciera de Colombia realizar las investigaciones concernientes
a mi caso y dar las sanciones pertinentes si encuentra alguna irregularidad y casos
similares.

10. Solicito al consejo superior de la judicatura, realizar la vigilancia del proceso y su
respuesta.

11. Solicito se le dé traslado a la fiscalía general de la nación por el presunto delito de
estafa.

12. Solicito respetuosamente a la superfinanciera me informe de las medidas que ha
tomado por las demandas que he realizado.>> (sic)

3.- Como fundamento de su solicitud, la actora expuso que el 29 de enero de
2020, adquirió un crédito con la sociedad Acuña Ventures S.A.S., en su condición de
distribuidor de ventas autorizado, por un valor de $8.109.635 para la compra de una
serie de productos de la marca Royal Prestige, en la ciudad de Valledupar. Afirmó
que, al hacer uso de los productos se percató que estos no cumplían con las
características que le habían ofrecido, por lo que se contactó con las personas que
la habían atendido al momento de la compra, con el fin de obtener una solución, lo
cual fue infructuoso. Incluso, aseguró que presentó una petición en la que solicitó la

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

devolución del dinero, como garantía por las fallas de los productos, pero que jamás
fue atendida.

4.- Indicó que le fue imposible continuar pagando las cuotas que adeudaba
producto del crédito que adquirió por la compra de tales productos. Motivo por el
cual, la sociedad Acuña Ventures S.A.S., promovió demanda ejecutiva en su contra,
la cual fue tramitada con el número de radicado 20001-41-89-002-2022-00798-00 y
asignada por reparto al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Valledupar.

5.- Adujo que, según la consulta realizada en la página web de consulta de
procesos de la Rama Judicial, la admisión de la demanda nunca fue registrada, así
como tampoco fue notificada de la misma, por lo que estima que se vulneraron sus
derechos al debido proceso y defensa.

6.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que las demandadas
vulneraron su derecho fundamental de petición, toda vez que para la fecha en que
presentó la acción de tutela, no se le había otorgado una respuesta de fondo y
oportuna frente a la solicitud que elevó el 18 de enero de 2023, desconociendo con
ello los términos legalmente previstos para tal fin, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, las pretensiones están
encaminadas a que se ordene a las accionadas emitir un pronunciamiento al
respecto.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

7.- Mediante auto del 22 de febrero de 2023, se dispuso (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación, por Secretaría, al Consejo Superior de la
Judicatura, a la Superintendencia Financiera de Colombia y las sociedades Acuña
Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S – Royal Prestige, para que
rindieran informe sobre los hechos objeto de la solicitud de amparo; (iii) vincular al
Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, en
calidad tercero con interés; y (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.

8.- Al advertir que el auto admisorio de la demanda no había sido notificado a la
Superintendencia Financiera de Colombia, por auto del 16 de marzo de 2023, se
ordenó a la Secretaría General de la Corporación cumplir con la orden impartida en
el numeral 4º del aludido proveído.

9.- Posteriormente, en atención a los informes rendidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de auto del
21 de abril de 2023, se resolvió vincular a la Superintendencia de Industria y
Comercio -SIC-, al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y a la Fiscalía

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

General de la Nación al presente trámite, como terceros interesados en las resultas
del proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas entidades también
conocieron de la petición objeto de debate en la acción constitucional de la
referencia.

10.- En virtud de lo anterior, las autoridades accionadas y los terceros con interés
rindieron informe en los siguientes términos:

(i) Consejo Superior de la Judicatura3

11.- La entidad informó que el 1º y 2 de marzo de 2023, el Centro de
Documentación Judicial -CENDOJ- le impartió el trámite respectivo a la petición
presentada por la actora el 18 de enero de la presente anualidad, en acatamiento a
lo previsto en la Ley 1755 de 2015 4 . De esta manera, resolvió remitir -por
competencia- al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples
de Valledupar las solicitudes formuladas por la peticionaria en los numerales 1,2,3 y
4. En igual sentido, remitió los pedimentos contenidos en los numerales 5 y 10 al
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y los numerales 6,7,8, 9 y 12 a la
sociedad Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S. y a la Superintendencia Financiera de
Colombia. Por último, dio traslado de la solicitud incoada en el numeral 11 a la
Fiscalía General de la Nación. Todo lo cual, le fue notificado a la peticionaria en esas
mismas fechas, por correo electrónico.

(ii) Superintendencia Financiera de Colombia5

12.- El ente accionado señaló que, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 1437 de 2011, por medio de oficio No. 2023005243-001-000 del 19 de enero
de 2023, procedió a dar traslado de la petición presentada por la accionante el 18 de
enero anterior, a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, por estimar que
carecía de competencia para atender la misma, comoquiera que, en el marco de
funciones no le corresponde ejercer vigilancia respecto de las sociedades Acuña
Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S. Indicó que el oficio junto con
el escrito contentivo de la solicitud fueron remitidos a la SIC, en esa misma fecha, a
través de la empresa de correo certificado 4-72.

13.- A su vez, aseveró que dicha decisión fue comunicada a la peticionaria,
mediante oficio No. 2023005243-002-000 del 19 de enero de 2023, el cual también
fue enviado a través de correo electrónico certificado a la dirección electrónica
suministrada para tal fin. Sin embargo, la empresa de mensajería certificó que la
comunicación no se había entregado en el buzón a que se hizo referencia.

3 Intervención digital contenida en 4 folios.
4 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
5 Intervención digital contenida en 9 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

14.- Advertida tal situación, el 24 de marzo de 2023, procedió a reenviar
nuevamente la comunicación a la accionante, a la dirección de correo electrónico, a
través de la empresa de mensajería 4-72, la cual certificó la entrega exitosa a su
destinatario.

15.- Por otra parte, manifestó que el 1º y 2 de marzo de 2023, tanto la Oficina de
Correspondencia DESAJ - Valledupar, como el Centro de Documentación Judicial –
CENDOJ le remitieron la solicitud a que se hizo referencia previamente. En
consideración a ello, el 3 de marzo siguiente, resolvió -nuevamente- dar traslado de
la misma, por competencia, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través
del Oficio 2023022597-002-000; lo cual fue notificado a la actora en esa misma
fecha, mediante oficio 2023022597-003-000, que fue entregado a la misma en el
correo electrónico indicado, tal como lo certificó la empresa de mensajería 4-72.

16.- De acuerdo con lo expuesto, solicitó negar el amparo deprecado en la
demanda por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.

(iii) Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S.6

17.- La sociedad precisó que Royal Prestige no es una persona jurídica en
Colombia, sino que es una marca cuyos derechos de propiedad intelectual se
encuentran en cabeza de Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S. Así, dicha compañía
se encarga de comercializar utensilios de cocina y electrodomésticos de esa marca,
mediante el sistema de venta directa a través de distribuidores independientes, los
cuales no son representantes, comisionistas o empleados de la empresa.

18.- Aunado a lo anterior, adujo que para el momento en que presentó la
contestación de la demanda, la actora no tenía deuda pendiente con la sociedad,
pues la misma fue cedida desde el 30 de junio de 2021 a la distribuidora Acuña
Ventures S.A.S., por lo cual ya no es acreedora de la obligación objeto de relato en
la acción de tutela. Por ese motivo, expuso que el 25 de enero de 2023, dio
respuesta a la petición elevada por la demandante el 18 de enero anterior,
informándole que debía contactarse con su actual acreedor, con el fin de que este le
suministrara la información requerida, ya que la obligación había sido objeto de
cesión.

19.- No obstante, con ocasión de los hechos objeto de relato en la presente acción
de tutela, manifestó que el 28 de febrero de 2023, amplió la contestación que había
otorgado inicialmente a la peticionaria, brindándole una respuesta de fondo a su
solicitud, a través de correo electrónico dirigido a la dirección indicada en el escrito
del peticionario. Al respecto, le informó: (i) que Royal Prestige® es una marca cuyos
derechos de propiedad intelectual se encuentran en cabeza de Hy Cite Enterprises

6 Intervención digital contenida en 2 folios.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Colombia S.A.S.; (ii) el número de orden de compra a través del cual adquirió los
productos de esa marca, con su respectivo valor, remitiéndole copia de la misma;
(iii) que desconoce lo ocurrido en presencia de las personas que afirma le vendieron
los productos, ya que la empresa no tuvo participación alguna, pues, como se indicó
con antelación, los distribuidos actúan con independencia y no fungen como
representantes ni empleados de la compañía; (iv) que el 30 de junio de 2021, su
obligación fue cedida a la distribuidora Acuña Ventures S.A.S., por lo que ya no es
acreedor de la misma y, en ese sentido, tampoco tiene conocimiento acerca del
proceso ejecutivo a la que hizo referencia; y (v) que no se encontró registro alguno
de que hubiera acudido al procedimiento para hacer efectiva la garantía de los
productos, por lo que procedió a remitirle una explicación sobre cómo debía ser
tramitado. También aportó toda la documentación relacionada con la obligación
adquirida por la actora, producto de la compra de los productos de la marca Royal
Prestige.

(iv) Acuña Ventures S.A.S.7

20.- El tercero con interés solicitó negar la solicitud de amparo ante la carencia
actual de objeto por hecho superado. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 3 de
mayo de 2023, brindó una respuesta de fondo respecto a la petición presentada por
la demandante el 18 de enero del presente año, la cual fue remitida a la peticionaria
en esa misma fecha, a través de correo electrónico dirigido a las cuentas indicadas
en la petición. Para tal efecto, se pronunció sobre cada uno de los hechos y
pedimentos formulados en la solicitud.

(v) Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Valledupar8

21.- La autoridad judicial manifestó que el 2 de febrero de 2023 otorgó una
respuesta de fondo a la petición que elevó la accionante el 18 de enero anterior,
concretamente, respecto a lo relacionado con lo de su competencia, informándole
sobre cada una de las actuaciones realizadas al interior del proceso ejecutivo
identificado con el radicado número 20001-41-89-002-2022-00798-00. Respecto al
pedimento contenido en el numeral 2º, le indicó que lo deprecado resulta
improcedente, en la medida que la demanda ejecutiva cumple con los requisitos
exigidos por ley. Aseveró que la contestación fue notificada a la peticionaria en esa
misma fecha, por medio de correo electrónico dirigido a las cuentas indicadas en su
escrito.

22.- Adicionalmente, allegó el enlace del expediente a que se hizo referencia.

7
Intervención digital contenida en 3 folios.
8 Intervención digital contenida en 1 folio.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(vi) Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar9

23.- La entidad informó que el 1º de marzo de 2023, mediante correo electrónico,
recibió el escrito petitorio presentado por la accionante el 18 de enero anterior, a
través del cual solicitó, entre otras cosas, la vigilancia judicial administrativa del
proceso ejecutivo que se adelanta en contra de la actora y que cursa en el Juzgado
Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar. Así pues,
procedió a impartirle el trámite correspondiente a la solicitud, asignándole el número
de radicado 2001-1101-001-2023-161. Luego, por auto CSJCEAVJ23-350 de 2 de
marzo de 2023, requirió al titular del despacho para que rindiera informe sobre los
hechos objeto de reclamo en la solicitud, en atención a lo previsto en el Acuerdo
PSAA11-8716 del 6 de octubre del 2011.

24.- Indicó que, en respuesta a dicho requerimiento, mediante oficio 810-2023 de
10 de marzo de 2023, el Juez del aludido despacho manifestó que realizó las
actuaciones correspondientes en el marco del proceso ejecutivo. Para tal efecto, el
2 de marzo del año en curso, corrió traslado de la demanda a parte demandada -
aquí accionante-, quien fue notificada por conducta concluyente, conforme al artículo
301 del Código General del Proceso. Además, adujo que la actora allegó la
contestación dentro del término legalmente establecido, motivo por el cual se superó
la falencia procesal aducida.

25.- En consideración a lo anterior, sostuvo que, a través de auto CSJCEAVJ23-
415 del 14 de marzo de 2023, resolvió no continuar con el trámite administrativo, por
estimar que no había lugar aplicar correctivo alguno, en la medida que se configuró
la carencia de objeto por hecho superado, tal como lo establece el Acuerdo PSAA
8716 de 2011 y el oficio N°CJOFI19-2543 del 19 de octubre de 2019. Decisión, que
a su vez, fue notificada a la parte accionante el 16 de marzo de la presente anualidad,
por medio de correo electrónico dirigido a las cuentas indicadas en la petición.
Precisado lo anterior, aseveró que no vulneró ningún derecho fundamental de la
parte actora.

(vii) Superintendencia de Industria y Comercio10

26.- El tercero con interés expuso que, consultado el sistema de trámites de la
entidad, se constató que el 19 de enero de 2023 la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor recibió una queja relacionada con la solicitud presentada
por la actora y le asignó el número de radicado 23-023536-00006-000. A su turno,
señaló que la misma fue atendida a través de Oficio 3100 del 27 de abril del año en
curso, en los siguientes términos:

9
Intervención digital contenida en 3 folios.
10 Intervención digital contenida en 5 folios.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<< (...) De esta forma, es imperante poner de presente que, la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor cuenta con las funciones administrativas
de inspección, vigilancia y control, cuyas competencias están orientadas a adelantar
investigaciones administrativas de protección al consumidor de carácter general, en
donde el objeto primordial es garantizar la protección del interés de la comunidad, más
no del interés particular y concreto de cada persona o individuo, independiente ello de
que la actuación administrativa se inicie con fundamento en una queja o denuncia
promovida por los ciudadanos, o que la misma tenga su origen en actuaciones
administrativas que de manera puramente oficiosa emprende esta Dirección.

(…) De conformidad con lo anterior, y acorde al objeto de su solicitud esta Dirección
se permite informar que se han adelantado actuaciones administrativas en contra de
HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA SAS por la presunta infracción a las normas del
consumidor relacionadas con las siguientes conductas: Operaciones mediante
sistemas de financiación, ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia,
condiciones negóciales generales y contratos de adhesión, información mínima y
responsabilidad, derecho de retracto, usura, entre otras.

(...) Ahora bien, frente a las pretensiones relacionadas con “Solicito a ROYAL
PRESTIGE o a quien corresponda explique de fondo porque nunca quiso responder
por las garantías de los productos y siguió cobrando la obligación y la copia de esta
explicación sea para la Superfinanciera de Colombia y defensor del consumidor;
Solicito a la Superfinanciera de Colombia realizar las investigaciones concernientes a
mi caso y dar las sanciones pertinentes si encuentra alguna irregularidad y casos
similares” (sic), esta Dirección se permite indicar que los mismos se circunscriben en
la defensa de un interés particular, por cuanto usted podrá acudir a la Justicia Civil
Ordinaria o impetrar una Acción de Protección al Consumidor. Para más información,
y en aras de la protección de sus derechos como consumidor, esta Superintendencia
cuenta con formatos de reclamo directo y demanda a los cuales se puede acceder a
través de la página web www.sic.gov.co (...)>>.

27.- En ese sentido, manifestó que, en atención a las competencias que le han
sido legalmente atribuidas, la Dirección le otorgó el trámite de una queja o denuncia
de carácter general a la solicitud presentada inicialmente por la actora, en la que
procede iniciar una averiguación preliminar para efecto de establecer si hay lugar
adelantar una investigación administrativa sancionatoria, de conformidad con
procedimiento previsto para esta clase de actuaciones por la Ley 1437 de 2011. De
esta manera, resaltó que la entidad recibió una queja o denuncia y no un escrito en
ejercicio del derecho de petición. Por lo expuesto, manifestó que no incurrió en
alguna acción u omisión lesiva de los derechos fundamentales de la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

C. El derecho de petición

28.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales”.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

29.- En desarrollo de la citada disposición, el legislador expidió la Ley 1755 de
2015, que en su artículo 32 prevé que toda persona podrá presentar solicitudes ante
organizaciones privadas, con o sin personería jurídica, en ejercicio del derecho de
petición, con el objeto de garantizar la salvaguarda de sus prerrogativas
iusfundamentales. De ahí que, los administrados cuentan con la posibilidad de elevar
peticiones respetuosas tanto ante las autoridades públicas, como ante los
particulares.

30.- Así, el derecho de petición tiene una finalidad doble, por un lado, permite que
los interesados presenten peticiones respetuosas a las autoridades y a los
particulares y, por otro, garantiza una contestación oportuna, eficaz, de fondo y
congruente con los requerimientos que plantea el peticionario en el ejercicio de esta
prerrogativa constitucional.

31.- En esa línea, la Corte Constitucional11 ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y;
(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el
contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.

32.- La jurisprudencia constitucional también ha precisado que, no solo es
necesario que las peticiones sean presentadas en términos respetuosos, sino que,
además, el interesado debe interponer la solicitud -en forma debida-, es decir, se
requiere que la misma sea elevada ante la autoridad que tenga la competencia para
pronunciarse sobre la situación planteada. Ahora bien, si la petición se presenta ante
quien no corresponde, éste último tiene la obligación tanto de remitir la solicitud a la
autoridad que estime competente para pronunciarse de fondo sobre la misma, como
de comunicarle tal situación al peticionario.

D. Análisis del caso concreto

33.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de su
derecho fundamental de petición al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Superintendencia Financiera de Colombia y a las sociedades Acuña Ventures S.A.S.
y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S., por omitir brindarle una respuesta frente a la
petición que elevó el 18 de enero de 2023, relacionada con el crédito adquirido por
la peticionaria para la compra de unos productos de la marca Royal Prestige.

11
Ver sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, -376 de 2017 y T206/18. entre
otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

34.- En el curso del proceso, se constató que otras autoridades diferentes a las
mencionadas previamente, también conocieron de la petición en cuestión, a saber,
el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar,
el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, la Superintendencia de Industria y
Comercio -SIC- y la Fiscalía General de la Nación, por lo que fueron vinculadas al
trámite de tutela en calidad de terceros, en razón al interés legítimo que les asiste
para intervenir en la presente acción constitucional.

35.- Así las cosas, le corresponde a la Sala verificar cada una de las actuaciones
u omisiones desplegadas tanto por las autoridades accionadas, como por los
terceros con interés, a fin de determinar la posible vulneración del derecho invocado
por la accionante.

36.- Revisado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que, en
efecto, el 18 de enero de 2023, a través de correo electrónico, Julieth Carolina Rojas
Royero presentó una serie de solicitudes ante el Juzgado Segundo de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Superintendencia Financiera de Colombia y las sociedades Acuña
Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S – Royal Prestige.

37.- El 2 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Valledupar brindó una contestación de forma oportuna
y de fondo frente a la petición incoada por la actora, particularmente, en relación con
lo de su competencia. Así, le informó sobre cada una de las actuaciones realizadas
al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado número 20001-41-89-
002-2022-00798-00, que cursa en su Despacho y que tuvo origen en la deuda que
adquirió la peticionaria, por la compra de los productos de la marca Royal Prestige.
También le indicó que la solicitud contenida en el numeral 2º resultaba improcedente,
toda vez que la demanda ejecutiva cumplía con los requisitos de ley.

38.- Dicha respuesta, además, fue debidamente notificada a la peticionaria por
correo electrónico, incluso antes de que se presentara la acción constitucional de la
referencia, tal como consta en el acervo probatorio. En ese sentido, no se evidencia
vulneración alguna del derecho fundamental de petición de la actora en relación con
la actuación desplegada por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Valledupar.

39.- Por su parte, se encuentra que 1º y 2 de marzo de 2023, el Centro de
Documentación Judicial -CENDOJ- del Consejo Superior de la Judicatura al
estimar que carecía de competencia para atender la petición presentada por la
accionante, remitió: (i) al Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Valledupar las solicitudes formuladas por la peticionaria en los
numerales 1,2,3 y 4; (ii) al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar los
pedimentos contenidos en los numerales 5 y 10; y (iii) a la sociedad Hy Cite

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Enterprises Colombia S.A.S. y a la Superintendencia Financiera de Colombia los
numerales 6,7,8, 9 y 12. A su vez, dio traslado de la solicitud incoada en el numeral
11 a la Fiscalía General de la Nación. Todo lo cual, le fue comunicado a la
peticionaria en esas mismas fechas, mediante correo electrónico.

40.- Asimismo, se logró constatar que la Superintendencia Financiera de
Colombia, a través de oficio No. 2023005243-001-000 del 19 de enero de 2023, dio
traslado de la aludida petición, a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-,
por considerar que no era la autoridad competente para resolver la misma, puesto
que, en el marco de sus competencias, no le corresponde ejercer la función de
vigilancia respecto de las sociedades Acuña Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises
Colombia S.A.S. Actuación que fue debidamente notificada a la peticionaria sólo
hasta el 24 de marzo posterior, a través de correo electrónico certificado, según
consta en los documentos de trazabilidad aportados al expediente de tutela, luego
de advertir que el Oficio 2023005243-002-000 del 19 de enero anterior, a través del
cual se pretendía comunicar a la actora de la decisión, no fue entregado
exitosamente.

41.- De acuerdo con lo expuesto, en lo concerniente al Consejo Superior de la
Judicatura y la Superintendencia Financiera de Colombia, la Sala advierte que la
solicitud de amparo se torna improcedente al configurarse la carencia actual de
objeto por hecho superado, por cuanto los supuestos de hecho y pretensiones que
motivaron la interposición de la demanda de tutela desaparecieron en el curso del
proceso.

42.- Ciertamente, se observa que dichas autoridades -durante el trámite de la
tutela- le impartieron el trámite respectivo a la petición presentada por la actora el 18
de enero de la presente anualidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755
de 2015.

43.- Según el artículo 21 de Ley 1755 de 2015, si la autoridad a quien se dirige la
solicitud carece de competencia para conocer de la misma, deberá remitir la petición
al ente competente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, en caso
de que obre por escrito, así como deberá informar del oficio remisorio al peticionario.

44.- Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que:

<< (...) cuando el peticionario ha presentado la solicitud ante funcionario incompetente,
la contestación de éste no puede consistir sino en la expresión oportuna de que
le es imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a quien
corresponda la competencia. De todas maneras, para cumplir en estos casos con el
mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el expresado sentido; se violaría
el derecho si, basado en su incompetencia, el servidor público se olvidara del tema o,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

aun remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al
peticionario>>.12

45.- De esta manera, la Sala concluye que las autoridades en mención
desplegaron la conducta que la parte accionante reclamaba mediante la acción
tuitiva, lo cual implica que un pronunciamiento del juez de tutela carecería de efectos
prácticos.

46.- Por otro lado, se observa que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Cesar, una vez recibió la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada por
la actora, esto es, el 1º de marzo de 2023, procedió a impartirle el trámite
correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo PSAA11-8716 de
2011. Actuación que a su vez, fue notificada en debida forma a la accionante el 16
de marzo de la presente anualidad, a través de correo electrónico.

47.- Del mismo modo, la Dirección de Investigaciones de Protección al
Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, una vez
recibió el escrito contentivo de la solicitud presentada por la actora, concretamente,
la contenida en el numeral 9, a través del cual “Solicito a la superfinanciera de
Colombia realizar las investigaciones concernientes a mi caso y dar las sanciones
pertinentes si encuentra alguna irregularidad y casos similares”, y que fue remitido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, le impartió el trámite respectivo, en
atención al procedimiento legalmente establecido para ese tipo de actuaciones,
conforme a la Ley 1437 de 2011. Así, la entidad resolvió tramitar la solicitud como
una queja o denuncia de carácter general, en la que procede iniciar una averiguación
preliminar para efecto de establecer si hay lugar adelantar una investigación
administrativa sancionatoria.

48.- La actuación en comento también fue debidamente comunicada a la actora,
por medio del Oficio 3100 del 27 de abril de 2023, en el que, además, de informarle
que se adelantaron las actuaciones administrativas correspondientes en contra de
Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S. por la presunta infracción a las normas del
consumidor, también le explicó los diferentes mecanismos previstos para la defensa
de un interés particular y que tienen a su alcance los consumidores.

49.- Esbozado lo anterior, la Sala no evidencia que el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar o la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC hubieren
incurrido en vulneración alguna del derecho fundamental de petición de la parte
accionante, pues, una vez tuvieron conocimiento de la solicitud presentada por la
actora, procedieron a impartirle el trámite que en derecho correspondía, todo lo cual
fue comunicado de forma debida a la señora Julieth Carolina Rojas Royero, a la
dirección de correo electrónico que suministró para tal fin.

12 Ver sentencias T-595 de 1994, T-556 de 2000 y T-564 de 2002, entre otras.

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Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

50.- Por último, frente a los reproches endilgados a las sociedades Acuña
Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S., resulta necesario precisar
que, según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede
contra particulares cuando: (i) aquellos están encargos de la prestación de un
servicio públicos; (ii) su actuar afecta grave y directamente el interés colectivo o; (iii)
frente a quienes el interesado se halle en estado de subordinación o indefensión.

51.- La citada disposición fue objeto de regulación por el legislador, a través del
Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 42 consagró los supuestos en los que se
puede promover una demanda de tutela contra una actuación u omisión de un
particular13. De modo que, la procedencia de la acción de tutela contra particulares
está restringida a las hipótesis contenidas en la citada normatividad.

52.- Sin embargo, analizadas las circunstancias del caso concreto, la Sala no
observa que en el presente asunto se configure alguno de tales supuestos para que
proceda el amparo constitucional deprecado, pues las sociedades accionantes no se
encargan de prestar algún servicio público, ni se evidencia que su actuar afecte grave
y directamente el interés colectivo, que esté relacionado con algún asunto sobre
esclavitud (Artículo 17 constitucional) o habeas data o que se enmarque en el
ejercicio de la función pública, así como tampoco se advierte que la actora se
encuentre en un estado de indefensión o subordinación frente a las demandadas.
Además, tampoco se observa que en la petición objeto de reclamo se esté solicitando
rectificación de alguna información errónea o inexacta, por el contrario, se evidencia
lo que motiva la solicitud tiene origen en una relación netamente contractual y
comercial.

53.- Sumado a lo anterior, la parte actora tampoco expuso en qué medida su
situación se encuadra en alguno de los supuestos legalmente establecidos. De ahí
que, la solicitud de amparo se torne improcedente de cara a lo pretendido por la parte
actora en relación con las sociedades accionantes.

13 “(…) 1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio

público de educación.
2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de salud
3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o
fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación
de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data,
de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo
régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto
del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00835-00
Accionante: Julieth Carolina Rojas Royero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

54.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala: (i) declarará la improcedencia de la
acción de tutela respecto a los reproches endilgados a los particulares accionados -
las sociedades Acuña Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia S.A.S-; (ii) la
improcedencia de la solicitud de amparo ante la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con las inconformidades atribuidas al Consejo Superior de la
Judicatura y la Superintendencia Financiera de Colombia; en todo lo demás, (iii)
negará el amparo deprecado en la demanda ante la inexistencia de vulneración del
derecho fundamental invocado.

55.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a los reproches
endilgados a las sociedades Acuña Ventures S.A.S. y Hy Cite Enterprises Colombia
S.A.S., el Consejo Superior de la Judicatura y la Superintendencia Financiera de
Colombia, en los términos expuestos en la presente sentencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo respecto a las demás autoridades que
fueron vinculadas al trámite de tutela, por las razones expuestas en la presente
providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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