Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00842-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00842-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00842-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) propiedad y iv) vivienda
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá y el
Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, al no
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actor: Edison Gómez Cortés
levantar la hipoteca constituida sobre un inmueble de su propiedad, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. De conformidad con el escrito de tutela y los anexos allegados por el actor, los
presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. El actor recibió una suma de dinero por parte de la Corporación de Ahorro y
Vivienda Las Villas (hoy Banco AV Villas S.A.), a título de mutuo comercial. Como
garantía de la obligación adquirida, el actor constituyó hipoteca abierta de primer
grado a favor de dicha entidad bancaria según consta en la respectiva escritura
pública de 22 de noviembre de 1993, registrada ante la Notaría Veintinueve del
Círculo de Bogotá.
4. El Banco AV Villas S.A. y Fogafín promovieron proceso ejecutivo con título
hipotecario contra el actor, identificado con el número único de radicación
110013103032200000481-00.
5. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, mediante i) auto de 16
de agosto de 2000, libró el mandamiento de pago a favor de los demandantes, y ii)
mediante autos de 16 y 30 de agosto de 2000, decretó el embargo del inmueble
hipotecado, lo cual fue debidamente comunicado al Registrador de Instrumentos
Públicos de Bogotá.
6. El Juzgado de la referencia, mediante auto de 24 de noviembre de 2000,
atendiendo a que el embargo se encontraba legalmente inscrito, decretó el
secuestro del inmueble.
7. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de
17 de febrero de 2005, resolvió lo siguiente:
“[…] 1.- ACOGER la excepción de mérito denominada “PRESCRIPCIÓN”, propuesta
por el extremo demandado.
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Actor: Edison Gómez Cortés
2.- Como consecuencia de la prosperidad de la referida excepción, se declara
terminado el proceso y se ordena levantar las medidas cautelares que se hubieren
decretado y practicado sobre los bienes de propiedad de los demandados (sic).
Ofíciese a quien corresponda y procédase de conformidad con el artículo 543 del C
de P., en el evento de existir embargo de remanentes.
3.- CONDENAR en costas de la instancia a la parte demandante. Tásense.
4.- CONDENAR a la parte actora al pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado
a los demandados (sic) con la practica de medidas cautelares, loc cuales se liquidarán
conforme al iniciso final del artículo 307 del C de P.C. […]”.
8. La parte demandante, inconforme con la decisión de la referencia, interpuso
recurso de apelación.
9. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
mediante sentencia de 9 de diciembre de 2009, resolvió confirmar lo resuelto por el
A quo.
10. El actor manifestó que, “[…] presenté un memorial ante El Juzgado 42 Civil
del Circuito de Bogotá (el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá por pasar al
sistema de oralidad envío este expediente al Juzgado 42 de fecha 04 de mayo de
2010), en este memorial solicité La Cancelación del GRAVAMEN HIPOTECARIO
que, pesa sobre mi inmueble casa con Matrícula Inmobiliaria No. […]. En Auto de
fecha 06 de diciembre de 2011, este Despacho 42 Civil del Circuito de Bogotá me
NEGÓ esta solicitud argumentando que, “La Hipoteca solo puede ser cancelada de
la misma forma en que fue constituida por las mismas partes que en ella
intervinieron, amén que la misma se estableció ABIERTA Y PUEDE CUBRIR O
GARANTIZAR obligaciones distintas a la que fungió como base del presente asunto
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. El actor solicitó en su escrito de tutela:
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Actor: Edison Gómez Cortés
“[…] Primero. Se me amparen mis Derechos Fundamentales invocados, como quiera
que han sido amenazados y vulnerados por la acción o la omisión de nuestra Justicia
Colombiana.
Segundo. Se Cumpla con lo ordenado al Banco AV VILLAS y se ORDENE el
levantamiento del Gravamen Hipotecario que pesa sobre mi Inmueble casa con
Matrícula Inmobiliaria No. 50N – 20135533.
Tercero. Se ordene el pago de PERJUICIOS al suscrito EDISON GÓMEZ CORTES,
propietario del Inmueble casa con Matrícula Inmobiliaria No. 50N – 20135533, de
Conformidad con el Art. 206 del C.G. del P., perjuicios fundamentados en los
siguientes puntos:
• Por la negativa del Banco AV VILLAS a cancelar el Gravamen Hipotecario no
obstante que la obligación que lo garantizaba se extinguió por la prescripción
decretada en el proceso Ejecutivo Hipotecario 2000-00481 que se tramitó inicialmente
en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá y finalmente en el Juzgado 42 Civil del
Circuito de Bogotá como se ha detallado en este escrito.
• Al suscrito, EDISON GÓMEZ CORTES como Titular del Derecho real de Dominio y
poseedor del Inmueble casa Hipotecada, me asiste el derecho a que me sea
desafectado dicho Gravamen desde la fecha 09 de diciembre de 2009 en la cual en
2a Instancia se confirmó por parte del Honorable Tribunal Superior de Cúcuta el fallo
proferido por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá.
• Al mantenerse mi inmueble con el Gravamen Hipotecario, me Impide disponer
libremente de él. Aunque este Gravamen Hipotecario no lo coloca fuera del comercio
se hace inviable que terceros acepten adquirirlo con dicho Gravamen o carga. - Los
perjuicios ocasionados al suscrito EDISON GÓMEZ CORTES, con la conducta
arbitraria, abusiva, lesiva y sobre todo abusando de la posición dominante por parte
del Banco AV VILLAS, los estimo en la suma de Doscientos Cinco Millones $
205.000.000 resultantes del daño emergente que se estima de haber sido imposible
su enajenación desde cuando se produjo la Sentencia de Segunda Instancia
confirmando la providencia del Juzgado de conocimiento.
• El lucro cesante que a la fecha corresponde al valor dejado de percibir sobre la suma
del daño emergente que se estima en la suma de Ciento Veinte Millones $
120.000.000, producto de intereses legales por un periodo de 156 meses.
• Igualmente el suscrito EDISON GÓMEZ CORTES, he sufrido perjuicios morales. En
cuanto a mi prestigio que ha menoscabado mi buen nombre, pues mi único capital
está representado en mi Inmueble casa del que se me ha negado levantar el
Gravamen Hipotecario por parte del Banco AV VILLAS [...]”.
12. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:
“[…] Honorables Magistrados, La razón Esencial y Fundamental de una Hipoteca es,
la de Garantizar el pago o cubrimiento de una DEUDA, por lo tanto, ya que el
Despacho 42 Civil del Circuito de Bogotá estableció que, la Hipoteca se estableció o
“Dado el carácter Abierto del Gravamen Constituido” me permito Acreditarles la
Inexistencia de cualquier tipo de obligación a favor de mi Acreedor Hipotecario, con
las siguientes pruebas que me permito señalarles:
Primera Prueba. Lo Resuelto en el fallo de 1a Instancia por el JUZGADO TREINTA Y
DOS CIVIL DEL CIRCUITO de BOGOTÁ, de fecha 17 de febrero de 2005, donde
profirió sentencia de mérito que en derecho correspondió dentro del Proceso Ejecutivo
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Actor: Edison Gómez Cortés
incoado por la Corporación de Ahorro y Vivienda “AV VILLAS” y “FOGAFIN” contra
Edison Gómez Cortes, con Radicado No. 2000 – 0481, donde acogió a mi favor la
Prescripción determinando además la Terminación del Proceso, razón por la cual
ordenó levantar las medidas cautelares que se hubieran decretado y practicado sobre
mi inmueble casa con Matrícula Inmobiliaria No. […].
Segunda Prueba. En este fallo de 1a Instancia, se Condenó a La CORPORACIÓN DE
AHORRO Y VIVIENDA “LAS VILLAS” al pago de los perjuicios ocasionados con la
práctica de las medidas cautelares sobre mi inmueble casa con Matrícula Inmobiliaria
No. […], como también al pago de las correspondientes costas.
Es decir, Honorables Magistrados, no solo, quedó demostrado que mi inmueble casa
NO tenía otro tipo de deudas que estuviera respaldadas por la hipoteca para así
garantizar su pago o su cubrimiento, sino que, quién quedó con deudas a mi favor fue
La CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA “LAS VILLAS”.
Tercera Prueba. El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA –
SALA CIVIL-FAM ILIA DE DECISIÓN, confirmó o avaló lo señalado en las anteriores
pruebas […]”.
[…]
“[…] Honorables Magistrados, hoy día mi edad es de 73 años cumplidos, mi salud es
propia de un adulto mayor de esta edad, soy pensionado y mi Inmueble casa está
embargado y en proceso de remate por el no pago de cuotas de Administración
“Proceso Ejecutivo Rad, 2008-1711” y por estar hipotecado no puedo buscar una
opción de venta u otra opción diferente, para poder cubrir esta deuda […]”.2
Actuación
13. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 28 de febrero de 2023, requirió al actor para que indicara con
mayor claridad y de manera precisa i) las autoridades o entidades contra las que
dirigía la acción, ii) las pretensiones de la tutela, y iii) las razones en las que se
sustentaba la vulneración de sus derechos fundamentales.
14. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 17 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a las autoridades judiciales demandadas; y iii) vinculó, como terceros con
interés legítimo, al Banco AV Villas S.A. y al Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras – Fogafín, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera
informe sobre el particular.
2 Transcripción literal del texto.
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Actor: Edison Gómez Cortés
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
15. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
rindió informe en los siguientes términos:
“[…] revisado el Sistema de Información Judicial Colombiano “Siglo XXI” mediante el
link de Consulta de Procesos de la página web de la Rama Judicial, se constató que
el histórico de decisiones del proceso Ejecutivo Hipotecario seguido por el Banco AV
Villas BANCO COMERCIAL S.A. en contra de Édison Gómez Cortés (accionante) es
el siguiente:
i) Habiéndose interpuesto apelación contra la sentencia emitida, según se entiende
del código único del proceso judicial, por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá
dentro del proceso en referencia, correspondió a este despacho por reparto del 14 de
octubre de 2009 conocer de la alzada, y mediante auto del día siguiente (15 de
octubre de 2009) se avocó el conocimiento del recurso de apelación interpuesto.
ii) Mediante sentencia de segunda instancia emitida el 9 de diciembre de dicha
anualidad, se confirmó la decisión de primer grado.
iii) Con oficio No. 970 del 15 de diciembre de 2009 la Secretaria Adjunta de la Sala
Civil - Familia de esta Corporación, devuelve al juzgado de origen el expediente
contentivo de 3 cuadernos (1 con 196; 2 con 8 y 3 con 22 folios).
Por lo anterior, y conforme lo anotado por el accionante en su escrito de tutela, el
expediente retornó al juzgado cognoscente, razón por la cual esta Corporación no
tiene a disposición el mismo […]”.
16. El Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá rindió informe en los
siguientes términos:
“[…] le manifiesto que en esta sede judicial cursó el proceso con el radicado 11001-
3103-032-2000-0048100, el que, según reporte del sistema de gestión judicial, se
encuentra archivado desde el 27 de agosto de 2021, en la caja 03, por cuenta de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central.
2. Ahora, de cara a las manifestaciones consignadas en el cuerpo de la tutela, debo
indicar que ninguna me consta y me atengo a lo que su señoría encuentre probado,
no obstante, según informe secretarial de esta misma fecha, consultado el correo
institucional del Juzgado, no se evidencia que la parte interesada haya solicitado
información para el trámite de desarchivo del proceso, a fin de constatar la
procedencia o no, de lo que realmente pretende […]”.
17. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá solicitó su
desvinculación, al considerar lo siguiente:
“[…] Que este juzgado conoció del proceso ejecutivo con título hipotecario propuesto
por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra Edison Gómez Cortés, en el cual, acorde
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con el Sistema de Gestión Siglo XXI, se profirió sentencia el 17 de febrero de 2005
que acogió la excepción de mérito planteada por el ejecutado y como consecuencia
se declaró terminado el proceso, decisión contra la cual se interpuso recurso de
apelación, siendo remitido el legajo a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, D.C.
3. Dada la transformación de este juzgado en el plan piloto de oralidad (Acuerdo
PSAA08-4712 de 2008), el proceso fue reasignado entre todos los Juzgados Civiles
del Circuito, correspondiente su conocimiento al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del
Circuito, donde se continuó con su trámite, el que, según la consulta de procesos de
la página web de la Rama Judicial, se encuentra archivado en la caja 03 de 2021.
4. Acorde con lo informado por la secretaría, el accionante no ha presentado ante este
despacho petición alguna relativa al levantamiento de la hipoteca; además, dado el
traslado del proceso, este juzgado perdió competencia para tramitar cualquier
solicitud atinente al proceso.
5. En razón a que la queja constitucional no se refiere a ninguna actuación adelantada
por este juzgado, comedidamente solicito la desvinculación […]”.
18. El Banco AV Villas solicitó negar la acción de tutela al considerar que:
“[…] Sea lo primero mencionar que la acción constitucional de tutela fue creada como
un mecanismo de defensa, dado su carácter excepcional, requiere que la persona
que considere que sus derechos constitucionales le han sido vulnerados por autoridad
judicial, tiene el deber de demostrar que agoto todos los recursos y demás medios
legales que estuviesen a su alcance; toda vez que, la acción de tutela no se instruyo
para corregir los erros u omisiones cometidas dentro del trámite judicial […]”.
[…]
“[…] el señor Edison Gómez presentó demanda declarativa en la que solicitó el
levantamiento del gravamen hipotecario que le correspondió por reparto al Juzgado
32 Civil del Circuito de Bogotá., quien lo remitió al Juzgado 50 Civil del Circuito de
Bogotá y este lo remitió al Juzgado Primero Civil Transitorio de Bogotá. Es de aclarar,
que dicho proceso declarativo fue terminado por desistimiento tácito, como se puede
verificar en el expediente del proceso, lo que conlleva a concluir que el accionante no
agotó todos los mecanismos judiciales y la acción constitucional no es el medio idóneo
para solicitar el levantamiento del gravamen hipotecario […]”.
19. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar lo
siguiente:
“[…] se procedió a la búsqueda en las bases de datos que administra el Fondo
encontrándose que Fogafín no es el actual acreedor hipotecario de la obligación de
la obligación ejecutada en dicho proceso.
Si bien la obligación Fogafín a que refiere el accionante, fue ejecutada por AV Villas,
como obligación acumulada a la obligación principal hipotecaria de esa entidad
financiera, revisadas nuestras bases de datos de Alivios I se logró establecer que el
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señor EDISON GÓMEZ CORTÉS identificado con la cédula de ciudadanía No. […],
tuvo a cargo una obligación con Fogafín, la cual de acuerdo con nuestras bases de
información fue vendido a AV VILLAS por lo que de la obligación actualmente no es
el acreedor […]”.
[…]
Es claro que mi representado Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, no
tiene en la actualidad vínculo alguno con el señor EDISON GÓMEZ CORTÉS, pues
como se ha explicado el Fondo vendió la obligación materia del proceso judicial […]”.
La sentencia impugnada
20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 11 de mayo de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.
15.1. Previamente a resolver el fondo del asunto, la Sección Cuarta abordó la
siguiente cuestión previa:
“[…] En el presente caso, el accionante en la solicitud de tutela incluyó como
accionado al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se le ordenara “el
cumplimiento del levantamiento del gravamen hipotecario constituido sobre el
inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. […]”, conforme, manifestó, se ordenó en el
marco del proceso ejecutivo con radicado No. 2000-00481-00/01.
El despacho de la magistrada ponente le hizo un requerimiento al actor por auto de
28 de febrero de 2023 para que aclarara contra quien se dirigía la acción de tutela,
frente al que reiteró que el demandado era el Consejo Superior de la Judicatura.
No obstante, de lo manifestado por los vinculados en los informes rendidos en el
trámite constitucional, especialmente de los informes de Fogafín y AV Villas, la Sala
observa que las pretensiones de la acción se encuentran dirigidas a que se ordene
al banco AV Villas levantar la hipoteca constituida sobre el inmueble con matrícula
inmobiliaria No. […], en razón a lo decidido en el proceso ejecutivo radicado con el
No. 2000-00481-00/01, en el que se declaró la prescripción de la acción.
Así las cosas, la Sala atendiendo el carácter célere y expedito de la acción de tutela
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, y como garantía del derecho de
acceso efectivo a la administración de justicia (art. 228 de la Constitución),
continuará con el conocimiento de la solicitud, aun cuando el análisis se deba realizar
únicamente respecto del banco AV Villas […]”.
15.2. Ahora bien, como fundamento de su decisión consideró que:
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Actor: Edison Gómez Cortés
“[…] De conformidad con lo anterior, para la Sala es claro que, dada la forma en la
que se planteó el problema jurídico y las pruebas que se allegaron al trámite
constitucional, en el caso no existe prueba de que el actor haya solicitado al banco
AV Villas la cancelación de la hipoteca que solicita obtener por esta vía, por lo que
la solicitud debe declararse improcedente en tanto su estudio de fondo comportaría
el uso de la acción constitucional como mecanismo sustitutivo de los mecanismos
administrativos y judiciales que el actor tiene a su disposición para obtener las
pretensiones.
Lo anterior, por cuanto, contrario a lo manifestado por el demandante, en principio,
el levantamiento de la hipoteca constituida sobre su inmueble correspondería no al
Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá ni al Consejo Superior de la
Judicatura, sino al Banco AV Villas, respecto de quien no existe prueba en la
presente solicitud de que lo hubiese solicitado, por lo que el actor acude al presente
mecanismo sin haber agotado las instancias correspondientes, lo que desatiende el
requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela […]”.
[…]
“[…] En el presente caso, no basta con que el accionante indique que sus derechos
fueron vulnerados con ocasión de la negativa del juez de ejecución a levantar la
hipoteca que se constituyó cobre (sic) el inmueble de su propiedad, sino que se hace
necesario que allegue las pruebas que demuestren que ha solicitado el
levantamiento de dicho gravamen a quien tiene la potestad de cancelarlo y que esa
solicitud le ha sido negada bajo argumentos que vulneran sus derechos, lo que no
ocurre en el caso […]”.
[…]
“[…] Aunado a lo anterior, conforme con lo manifestado por el banco AV Villas en el
escrito de contestación de la solicitud de amparo, se observa que el actor presentó
demanda declarativa en la que solicitó el levantamiento del gravamen hipotecario, la
cual le correspondió al Juzgado Primero Civil Transitorio de Bogotá, proceso que fue
terminado por desistimiento tácito, lo que aúna argumentos para declarar la
improcedencia de la solicitud, en tanto el accionante no agotó los mecanismos
judiciales con los que contaba, mismos que no pueden ser reemplazados o
sustituidos por esta acción de carácter constitucional residual y subsidiario […]”.
[…]
“[…] Como se aclaró, el accionante no presentó pruebas de que hubiera solicitado
la referida cancelación hipotecaria al banco Av Villas, quien constituyó la hipoteca
de cuya existencia deriva la presunta vulneración de derechos que fundamenta la
presente acción, circunstancia que torna improcedente la solicitud en tanto es un
mecanismo residual que versa sobre controversias que involucren derechos
fundamentales, aunado al hecho de que se demostró que operó el desistimiento
tácito en el proceso judicial que promovió en su momento con el fin de obtener lo
aquí pretendido por vía constitucional […]”.
La impugnación
21. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de estado, con fundamento en lo siguiente:
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Actor: Edison Gómez Cortés
“[…] A través de oficio de 6 de marzo de 2023, el actor respondió al requerimiento
señalando que el accionado era el Consejo Superior de la Judicatura, y reiteró los
fundamentos de la acción […] Es decir, Las entidades, TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO DE CÚCUTA, SALA CIVIL - FAMILIA, JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y JUZGADO CUARENTA Y DOS CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ, NO fueron Accionadas en esta acción de tutela, por lo
tanto, lo que se está indicando en el escrito de fallo de Primera Instancia sobre estas
entidades como accionadas no es cierto.
2a Razón. Como mi Tutela es un derecho procesal de la Constitución Política –
artículo 86, que es, la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad
ante la Ley, por lo tanto, como la única Entidad Accionada en esta acción de tutela
es la Rama Judicial de Colombia, cuyo representante legal es, El CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, tenía si o si, la obligación de pronunciarse ante la
Notificación del auto admisorio de esta acción ded tutela, para que, argumentara o
controvirtiera lo señalado por el suscrito de que, por su omisión de No hacer cumplir
lo promulgado por la misma Rama Judicial se amenazó y vulneró mi Derecho
Fundamental señalado en el artículo […] Es decir, si un accionado de una Tutela no
se pronuncia ante la notificación del auto admisorio de la correspondiente acción de
tutela, quiere decir que, lo solicitado en esta acción de tutela, se debe declarar a
favor del accionante en todas sus partes […]”.
[…]
“[…] La justicia, le ordenó al Banco AV VILLAS levantar la hipoteca y como este
banco NO cumplió con lo ordenado, es la Justicia quién debe hacer cumplir con lo
ordenado […] La razón Esencial y Fundamental de una Hipoteca es, la de Garantizar
el pago o cubrimiento de una DEUDA, por lo tanto, si no hay deuda que se deba
cubrir con el gravamen de la hipoteca, pues sencillamente la Ley debe levantar esta
hipoteca, levantamiento que fue ordenado por la Justicia, la misma Justicia que estoy
accionando en esta acción de tutela, ya que, el banco AV VILLASS No procedió a
cancelar la Hipoteca […]”.
[…]
“[…] Honorable Magistrada, el accionante no tiene que presentar pruebas de
solicitud de cancelación hipotecaria al banco AV VILLAS, ya que, no se puede
solicitar lo que ya está ordenado por la justicia, la misma Justicia que Usted
representa.
Lo ordenado por la Justicia está consignado en las copias de los fallos de 1ª y 2ª
Instancia y copia de la Constancia de Notificación a las partes de la sentencia
conforme lo provisto en el artículo 323 del C. de P. C., copias que anexé a mi escrito
de la presente tutela […]”.
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Actor: Edison Gómez Cortés
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
23. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
24. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Juzgado Treinta y Dos Civil del
Circuito de Bogotá y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín,
no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo en el trámite de la primera
instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
25. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Edison Gómez Cortés
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
26. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
27. La Sala advierte que el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá y
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín solicitaron su
desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, en su criterio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
28. Al respecto, es preciso indicar que, por un lado, dicha autoridad judicial fue
notificada como demandada por cuanto el actor presentó reparos en su contra por
ser la autoridad judicial que resolvió en primera instancia el proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 110013103032200000481-00; en
tanto que, por otra parte, Fogafín fue vinculado como tercero con interés legítimo,
por ser demandante dentro del proceso ejecutivo referido supra; es decir que a
dichas entidades les asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
29. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Juzgado Treinta y Dos
Civil del Circuito de Bogotá y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –
Fogafín les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
30. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Juzgado Treinta y Dos
Civil del Circuito de Bogotá y del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –
Fogafín.
Problemas jurídicos
31. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de subsidiariedad.
32. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el requisito general de la subsidiariedad de la solicitud de tutela; ii) marco
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
propiedad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
vivienda; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela
33. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 9, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
34. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios
que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se
encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el
caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la
protección de sus derechos.
35. Asimismo, esta Sección10 respecto de este requisito general de
subsidiariedad ha considerado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201311, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional
está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
9 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite12; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios13; y (iii) se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”14”.15 […]”.
36. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro
medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado16:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.
37. Así las cosas, de acuerdo con el requisito de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra
la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y
recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados;
y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
12 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006,
T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
13 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
16 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
25
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
40. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
17 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la propiedad
privada
42. Visto el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
43. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha entendido el derecho a la
propiedad privada, así:
18 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
19 Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 4 de diciembre de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
“[...] El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia consagra, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, seis principios, a saber: a) la garantía de la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles; b) la protección
y promoción de formas asociativas y solidarias de la propiedad; c) el reconocimiento
del carácter limitables de la propiedad; d) las condiciones de prevalencia del interés
público o social sobre el interés privado; e) el señalamiento de su función social y
ecológica y; f) las modalidades y los requisitos de la expropiación. En el presente caso
se estudiará la garantía de la propiedad privada.
El artículo 58 inciso 1 oración 1 de la Constitución Política de Colombia establece que
se garantizarán la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la propiedad como el
derecho subjetivo20 que tiene toda persona sobre una cosa corporal o incorporal, que
faculta al titular para usar, gozar, explotar y disponer del él21.
a. Titularidad del derecho (ámbito personal de protección)
El derecho a la propiedad privada es un derecho universal. Toda persona natural, sin
distinción alguna, y toda persona jurídica22 pueden acceder a ella y ejercer las
acciones que derivan de la posición jurídica reconocida por la constitución y las leyes
[...]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda
digna
44. El artículo 51 de la Constitución Política de 1991 establece, que: “[…] Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda […]”.
45. Lo anterior significa que el Estado, mediante diferentes políticas de desarrollo
social debe establecer los requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar
la adquisición de vivienda, de modo que mediante actos positivos se concrete el
derecho a gozar de un hogar digno con la garantía de acceso de los postulantes en
condiciones de igualdad23.
46. Sobre el objeto y condiciones de la política de vivienda, ha señalado el máximo
tribunal de lo constitucional, que:
20 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 133 de 2009.
21 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 410 de 2015, reiterada por la sentencia SU- 454 de 2016.
22 C. Const., sentencia de tutela T- 172 de 2016.
23 Sentencia T-831 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
“[...] “El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere
un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración
o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su
aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan
beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la
adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la
sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción,
pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico - materiales que lo hagan
posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza
vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de las
acciones establecidas para tal fin”24 [...]”.
Análisis del caso concreto
47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
48. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
49. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
49.1. Anexos allegados con el escrito de tutela.
49.2. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.
24 Sentencia T - 495 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la subsidiariedad
50. Como fundamento de su solicitud de tutela, el actor señaló lo siguiente:
“[…] Honorables Magistrados, La razón Esencial y Fundamental de una Hipoteca es,
la de Garantizar el pago o cubrimiento de una DEUDA, por lo tanto, ya que el
Despacho 42 Civil del Circuito de Bogotá estableció que, la Hipoteca se estableció o
“Dado el carácter Abierto del Gravamen Constituido” me permito Acreditarles la
Inexistencia de cualquier tipo de obligación a favor de mi Acreedor Hipotecario, con
las siguientes pruebas que me permito señalarles:
Primera Prueba. Lo Resuelto en el fallo de 1a Instancia por el JUZGADO TREINTA Y
DOS CIVIL DEL CIRCUITO de BOGOTÁ, de fecha 17 de febrero de 2005, donde
profirió sentencia de mérito que en derecho correspondió dentro del Proceso Ejecutivo
incoado por la Corporación de Ahorro y Vivienda “AV VILLAS” y “FOGAFIN” contra
Edison Gómez Cortes, con Radicado No. 2000 – 0481, donde acogió a mi favor la
Prescripción determinando además la Terminación del Proceso, razón por la cual
ordenó levantar las medidas cautelares que se hubieran decretado y practicado
sobre mi inmueble casa con Matrícula Inmobiliaria No. […].
Segunda Prueba. En este fallo de 1a Instancia, se Condenó a La CORPORACIÓN DE
AHORRO Y VIVIENDA “LAS VILLAS” al pago de los perjuicios ocasionados con la
práctica de las medidas cautelares sobre mi inmueble casa con Matrícula Inmobiliaria
No. […], como también al pago de las correspondientes costas.
Es decir, Honorables Magistrados, no solo, quedó demostrado que mi inmueble casa
NO tenía otro tipo de deudas que estuviera respaldadas por la hipoteca para así
garantizar su pago o su cubrimiento, sino que, quién quedó con deudas a mi favor fue
La CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA “LAS VILLAS”.
Tercera Prueba. El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA –
SALA CIVIL-FAM ILIA DE DECISIÓN, confirmó o avaló lo señalado en las anteriores
pruebas […]”.
[…]
“[…] Honorables Magistrados, hoy día mi edad es de 73 años cumplidos, mi salud es
propia de un adulto mayor de esta edad, soy pensionado y mi Inmueble casa está
embargado y en proceso de remate por el no pago de cuotas de Administración
“Proceso Ejecutivo Rad, 2008-1711” y por estar hipotecado no puedo buscar una
opción de venta u otra opción diferente, para poder cubrir esta deuda […]”.25
(Resaltado fuera del texto original)
55. Ahora bien, dentro del escrito de impugnación el actor manifestó que:
25 Transcripción literal del texto.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
“[…] A través de oficio de 6 de marzo de 2023, el actor respondió al requerimiento
señalando que el accionado era el Consejo Superior de la Judicatura, y reiteró los
fundamentos de la acción […] Es decir, Las entidades, TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO DE CÚCUTA, SALA CIVIL - FAMILIA, JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y JUZGADO CUARENTA Y DOS CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ, NO fueron Accionadas en esta acción de tutela, por lo
tanto, lo que se está indicando en el escrito de fallo de Primera Instancia sobre estas
entidades como accionadas no es cierto.
2a Razón. Como mi Tutela es un derecho procesal de la Constitución Política –
artículo 86, que es, la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad
ante la Ley, por lo tanto, como la única Entidad Accionada en esta acción de tutela
es la Rama Judicial de Colombia, cuyo representante legal es, El CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, tenía si o si, la obligación de pronunciarse ante la
Notificación del auto admisorio de esta acción ded tutela, para que, argumentara o
controvirtiera lo señalado por el suscrito de que, por su omisión de No hacer cumplir
lo promulgado por la misma Rama Judicial se amenazó y vulneró mi Derecho
Fundamental señalado en el artículo […] Es decir, si un accionado de una Tutela
no se pronuncia ante la notificación del auto admisorio de la correspondiente
acción de tutela, quiere decir que, lo solicitado en esta acción de tutela, se
debe declarar a favor del accionante en todas sus partes […]”.
[…]
“[…] La justicia, le ordenó al Banco AV VILLAS levantar la hipoteca y como este
banco NO cumplió con lo ordenado, es la Justicia quién debe hacer cumplir
con lo ordenado […] La razón Esencial y Fundamental de una Hipoteca es, la de
Garantizar el pago o cubrimiento de una DEUDA, por lo tanto, si no hay deuda que
se deba cubrir con el gravamen de la hipoteca, pues sencillamente la Ley debe
levantar esta hipoteca, levantamiento que fue ordenado por la Justicia, la misma
Justicia que estoy accionando en esta acción de tutela, ya que, el banco AV VILLASS
No procedió a cancelar la Hipoteca […]”.
[…]
“[…] Honorable Magistrada, el accionante no tiene que presentar pruebas de
solicitud de cancelación hipotecaria al banco AV VILLAS, ya que, no se puede
solicitar lo que ya está ordenado por la justicia, la misma Justicia que Usted
representa.
Lo ordenado por la Justicia está consignado en las copias de los fallos de 1ª y 2ª
Instancia y copia de la Constancia de Notificación a las partes de la sentencia
conforme lo provisto en el artículo 323 del C. de P. C., copias que anexé a mi escrito
de la presente tutela […]”. (Resaltado por la Sala)
56. De conformidad con lo expuesto, en primera medida, la Sala advierte que el
juez constitucional esta en el deber de vincular a las autoridades que considere
pueden llegar a tener interés en el resultado del proceso, por lo cual, así el actor
haya manifestado que el demandado era el Consejo Superior de la Judicatura, sí
del escrito de tutela, en este caso la subsanación y los anexos, se advertía que los
reparos estaban dirigidos contra otras autoridades, la Sección Cuarta debía, como
25
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
en efecto lo hizo, dirigir en debida forma la solicitud de tutela, con el fin de evitar la
vulneración del los derechos fundamentales del actor y el desgaste de la
administración de justicia.
57. En el caso sub examine, incluso, el A quo manifestó que “[…] No obstante,
de lo manifestado por los vinculados en los informes rendidos en el trámite
constitucional, especialmente de los informes de Fogafín y AV Villas, la Sala
observa que las pretensiones de la acción se encuentran dirigidas a que se ordene
al banco AV Villas levantar la hipoteca constituida sobre el inmueble con matrícula
inmobiliaria No. […], en razón a lo decidido en el proceso ejecutivo radicado con el
No. 2000-00481-00/01, en el que se declaró la prescripción de la acción. Así las
cosas, la Sala atendiendo el carácter célere y expedito de la acción de tutela previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política, y como garantía del derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia (art. 228 de la Constitución), continuará con
el conocimiento de la solicitud, aun cuando el análisis se deba realizar únicamente
respecto del banco AV Villas […]”.
58. Realizada la anterior precisión, la Sala considera que en efecto le asiste
razón al A quo al advertir que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, por las razones que a continuación se exponen.
59. Lo primero que advierte la Sala es que, si bien mediante la sentencia de 17
de febrero de 2005, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá ordenó
“[…] levantar las medidas cautelares que se hubieren decretado y practicado […]”,
dicha decisión hace referencia a las medidas que el Juez decretó en el proceso
ejecutivo, a saber, embargo y secuestro, lo cual, según el certificado de tradición
del inmueble que allegó el actor26, en efecto se realizó :
26 Cfr. índice 2 de SAMAI. Documento denominado "ED_PRUEBA_16_2_20239_(.pdf) Nr oActua 2". Archivo
aportado en forma digital.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
60. La Sala observa que asunto distinto es la hipoteca abierta, la cual fue
constituida por el actor y el Banco Av Villas S.A. como garantía de la obligación
adquirida, y que aparece también en el certificado de tradición del inmueble27 como
se observa a continuación:
61. AL respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 2432 del
Código Civil, la Hipoteca es “[…] un derecho de prenda constituido sobre inmuebles
que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor […]”, es un contrato
accesorio que permite asegurar el cumplimiento de una obligación principal, que
como tal nace del acuerdo de las partes.
62. En ese orden de ideas, como lo señaló el A quo, corresponde al actor
solicitarle al Banco Av Villas S.A. el levantamiento de la hipoteca, solicitud de la cual
no se observa prueba alguna en el presente caso.
27 Ibidem.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
63. En ese orden de ideas, incluso, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, el actor cuenta con los medios de defensa judiciales ante el juez civil como,
por ejemplo un proceso declarativo para la cancelación de la hipoteca, en el marco
del cual será el juez natural el que determine sí se extinguió la obligación principal,
sí la hipoteca se encuentra vigente o sí hay lugar a aplicar el articulo 2457 del Código
Civil y, en consecuencia, disponer la cancelación de la hipoteca y oficiar a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos para que registre dicha cancelación en el
respectivo Folio de Matrícula Inmobiliaria.
64. En esa medida, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con
el requisito general de la subsidiariedad, por cuanto en el caso sub examine existen
otros mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales del
actor.
Análisis del perjuicio irremediable
65. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
66. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional28 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”29[…]”.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
67. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
68. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección del derecho alegado, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
69. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 11 de mayo de 2023 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró
improcedente la solicitud de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300842-01
Actor: Edison Gómez Cortés
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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