Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00843-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00843-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00843-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de marzo de 2023
Demandante: Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00843-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00843-00
Demandante: EDWIN ALBERTO AGUIRRE GUTIÉRREZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
TEMAS: Tutela de fondo – derecho de petición – niega amparo y declara
carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Edwin Alberto Aguirre
Gutiérrez contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Valledupar y la empresa COMULTRASAN, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2023, el señor Edwin Alberto Aguirre
Gutiérrez, en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de su derecho fundamental de petición.
La referida garantía constitucional la consideró vulnerada por las entidades
censuradas, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud formulada el 16 de
enero de 2023, relacionada con un proceso ejecutivo adelantado en su contra, dentro
del cual se decretó medida cautelar de embargo y cursa en el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Valledupar.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
1. Se ampare mi derecho fundamental de petición y los que vea vulnerados su señoría.
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2. Se ordene al accionado (a), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la Sentencia produzca la (s) respuesta (s) de forma y de fondo a cada pretensión
expresada.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El actor indicó que el 16 de enero de 2023 elevó una solicitud ante el Consejo
Superior de la Judicatura, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar y la
empresa COMULTRASAN y que, a la fecha de presentación de este mecanismo
constitucional no ha recibido respuesta.
Adujo que la petición consistió en lo siguiente:
1. Solicito muy respetuosamente a su señoría información de estado de la demanda en
mención, todo su expediente, trámite, información acerca del embargo que existe en mi
contra.
2. Pido que por favor se me levante dicho embargo o de ser negativa la respuesta pido
explicación de fondo del porqué continua el proceso en mi contra si ya realice el pago
del capital y los intereses que puedan tener lugar, como forma de extinguir la
obligación pero continúan persiguiéndome incesantemente.
3. Solicito además de forma respetuosa información detallada del conocimiento que
tiene el juzgado de todas las irregularidades de las que he sido víctima, la razón por la
que se me sigue cobrando y no se ha archivado un proceso que tenía como fin el pago
de una obligación que ya se realizó además dicho proceso tiene más de 10 años de
vigencia, el crédito es aún más antiguo, conociendo que toda sentencia prescribe a los
5 años y título valor a los 3 años.
4 Solicito información de fondo al juzgado de las demás demandas que para la fecha
admiten o inadmiten el mismo día de ser presentada, y porque le dieron trámite en
lugar de rechazarla al no ser subsanada.
5. Solicito a COMULTRASAN toda la documentación que tengan de la obligación.
6. Solicito a COMULTRASAN explicación de fondo y detallada del cobro de interés y
capital que me están realizando, y hasta que fecha considerarían prudente tenerme
embargado.
7. Solicito a COMULTRASAN explicación de fondo y detallada de cuál es el valor total que
esperan recibir de mi obligación.
8. Solicito a la superfinanciera de Colombia realizar las investigaciones concernientes a
mi caso y dar las sanciones pertinentes si encuentra alguna irregularidad.
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9. Solicito al consejo superior de la judicatura, realizar la vigilancia del proceso y su
respuesta.1
1.4. Fundamentos de la solicitud
El señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez consideró vulnerado, concretamente, su
derecho fundamental de petición con ocasión a la falta de respuesta por parte de las
entidades censuradas, respecto a la petición radicada el 16 de enero de 2023.
Adicionó que, como consecuencia de la referida transgresión, también considera
afectado el derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, el cual
establece la libertad de expresión, así como la garantía a recibir información veraz e
imparcial.
Finalmente, agregó que en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se regula el
procedimiento que se debe agotar en relación con las actuaciones de las autoridades
públicas cuando cumplen funciones administrativas, de manera que, cuentan con los
plazos de 15 y 30 días, según lo peticionado, para dar la respectiva solución.
1.5. Trámite de la acción
1.5.1. Con auto de 21 de febrero de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Valledupar y a la empresa COMULTRASAN, en calidad de entidades
demandadas2.
De otro lado, se dispuso que, a través de la Oficina de Sistemas del Consejo de
Estado se realizara una publicación con la información del asunto de la referencia.
1.5.2. En providencia de 7 de marzo de 2023, se ordenó la vinculación a este
proceso de la Superintendencia Financiera de Colombia, en atención a que existe
una petición relacionada con dicha entidad dentro de la solicitud elevada por el
accionante el 16 de enero de 2023.
Finalmente, se requirió por segunda vez al Consejo Superior de la Judicatura para
que presentara su informe frente a los hechos y pretensiones de la demanda.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El secretario del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar, con
memorial allegado el 11 de noviembre de 2022, luego de efectuar un breve relato del
estado y de las actuaciones relevantes del proceso ejecutivo, el cual adujo que se
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
2 Las notificaciones se efectuaron el 24 de febrero de 2023.
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encuentra vigente, advirtió que la petición del tutelante la recibió ese despacho el 19
de enero de 2023 y que, la respuesta la emitió y envió el 28 de febrero de la misma
anualidad a la dirección electrónica del señor Aguirre Gutiérrez.
Asimismo, señaló:
Por otro lado resulta oportuno advertir, que el accionante solicita en su derecho de
petición se le explique porque se le siguen generando los descuentos en su salario y
se ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso, pues
según su dicho ya canceló la obligación contraída con la entidad demandante
COMULTRASAN, no obstante, en el presente asunto no es posible atender esa solicitud
puesto que como se reitera el proceso se encuentra activo, ha sido impulsado por la
parte demandante y no se evidencia que se haya presentado solicitud de terminación
del proceso por cuanto no se encuentra acreditado el pago total de la obligación. Por lo
tanto, hasta tanto no se satisfaga el total de la obligación y se acredite esa
circunstancia dentro del proceso, así como se solicite la terminación del proceso o
exista solicitud por el apoderado judicial de la entidad demandante, este despacho no
puede disponer el levantamiento de las medidas cautelares que se han decretado en el
curso del mismo.
Puntualizado lo anterior, y con las pruebas aportadas se evidencia que esta agencia
judicial ha actuado en derecho, cumpliendo con la normatividad aplicable al caso, y no
ha realizado actuación que pudiera vulnerar el derecho fundamental de petición que
alega el accionante, por lo que respetuosamente solicito que sea denegada la acción
de tutela por carencia actual de objeto por presentarse el fenómeno del hecho
superado.
Adicionalmente, adjuntó el memorial y la constancia electrónica de envío de 28 de
febrero de 20233, por los cuales dio respuesta al señor Edwin Alberto Aguirre
Gutiérrez, en el sentido de argumentar que el mecanismo de petición no fue instituido
para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que
cumpla con sus funciones jurisdiccionales.
En el mencionado documento, luego de relatar las diferentes actuaciones surtidas en
el proceso ejecutivo, aseveró que el señor Aguirre Gutiérrez guardó silencio dentro
del término de traslado del auto que ordenó seguir adelante a la ejecución, pese a
que le fue debidamente notificado el 6 de septiembre de 2012.
Puntualizó que el 20 de septiembre de 2013 el expediente se envió a los juzgados
civiles de ejecución y le correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Ejecución de Valledupar que, mediante providencia de 20 de febrero de 2014, aprobó
la liquidación del crédito y las costas por una suma de más de veinticuatro millones
de pesos.
3 Fue enviado el 28 de febrero de 2023 a las 5:23 p.m.
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Refirió que, el apoderado de la parte demandante solicitó la entrega y el endoso de
los depósitos judiciales y, mediante auto de 29 de julio de 2022 se accedió a lo
reclamado respecto a un monto de más de dieciocho millones de pesos.
Adicionó que, en relación con la petición de levantamiento de la medida cautelar de
embargo de su salario, no es posible atenderla debido a que «el proceso se
encuentra activo, ha sido impulsado por la parte demandante y no se evidencia que
se haya presentado solicitud de terminación del proceso, por cuanto no se encuentra
acreditado el pago total de la obligación».
Finalmente, agregó:
Cabe indicar que de conformidad con el artículo 461 del Código General del Proceso,
cuando existan liquidaciones adicionales del crédito solo es posible la terminación del
proceso si se efectúa el pago completo de la obligación que se encuentra generando
hasta la fecha actual teniendo en cuenta los intereses que se producen en el
transcurso del tiempo.
Actualmente el proceso se encuentra activo y que todo lo concerniente al expediente
se le dará trámite en su respectivo, esta agencia judicial está presta a adelantar los
trámites correspondientes al proceso mencionado.
1.6.2. El 10 de marzo de 2023, la magistrada auxiliar de la Oficina de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, informó que solicitó al
Centro de Documentación Judicial –CENDOJ que le informara si se había recibido
alguna petición del señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez, a través de alguno de
los canales de comunicación dispuestos al servicio del público.
Frente a la referida consulta, el jefe de Gestión Documental de la mencionada
dependencia expresó que en el sistema SIGOBIOUS no existe una solicitud a
nombre del señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez, es ese sentido, advirtió que no
es posible endilgarle alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura,
por tanto, solicitó su desvinculación.
1.6.3. En informe recepcionado por la Secretaría General del Consejo de Estado el
13 de marzo de 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia explicó que,
una vez revisadas sus bases de datos, únicamente identificó una petición que
corresponde al número de cédula y al nombre del accionante, la cual fue
trasladada por competencia4 a la Superintendencia de la Economía Solidaria de
Colombia mediante oficio y correo de 17 de enero de 2023; adjuntó las respectivas
pruebas incluida la constancia electrónica de entrega del mensaje de datos a la
mencionada destinataria; así como el oficio por el cual se informó al tutelante.
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del CPACA.
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De otro lado, ejerció su derecho de defensa al señalar que en el asunto de la
referencia no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable ni la
vulneración de la garantía fundamental deprecada originada en la acción u
omisión de la superintendencia censurada.
También esgrimió que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera
que lo pretendido escapa de su esfera funcional, máxime, porque no ejerce la
vigilancia y control sobre la empresa COMULTRASAN, razón por la cual peticionó su
desvinculación de esta acción de tutela.
Por último, igual memorial fue allegado el 17 de marzo de 2023, con el cual,
además, adjuntó una constancia electrónica de envío de la petición del señor
Aguirre Gutiérrez de fecha 13 de enero de 2023 a las 5:26 p.m., en donde se
constata que se dirigió a los siguientes dominios:
servicioalcliente@comultrasan.com.co, super@superfinanciera.gov.co,
csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez contra el Consejo Superior
de la Judicatura y otros, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1.,
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el
Acuerdo 080, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
Las solicitudes de desvinculación efectuadas por el Consejo Superior de la
Judicatura y de la Superintendencia Financiera de Colombia se despacharán
desfavorablemente, debido a que fueron llamados a este asunto en calidad de
demandadas, por ser las entidades a las cuales el señor Edwin Alberto Aguirre
Gutiérrez dirigió su petición de 16 de enero de 2023.
En ese orden, el análisis del caso concreto se hará de forma individual frente a cada
una de las integrantes del extremo censurado para establecer si les asistía la
responsabilidad de dar repuesta al documento del actor, y si cumplieron o no con su
deber legal y constitucional.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental de petición por parte de las entidades
censuradas, ante la falta de respuesta a la solicitud elevada por el señor Edwin
Alberto Aguirre Gutiérrez el 16 de enero de 2023.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii) del derecho
de petición en actuaciones judiciales; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
2.5. Derecho de petición
En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de «presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución». El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, en el sentido de indicar que: « (…) reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Frente a la oportunidad para resolver, por regla general, a los términos señalados en
la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 20156 y, de no ser posible, antes
de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y
señalar el momento en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el
criterio de razonabilidad del tiempo será determinante, puesto que deberá tenerse en
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que:
(…) la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud,
sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de
contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre
información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […]
la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
6 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
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otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan
de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos
en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6. Del derecho de petición en actuaciones judiciales
Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el ejercicio del derecho de
petición «no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya
que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo
adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los
momentos procesales.»7
En relación con este punto, la Corte Constitucional precisó:
5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las
sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:
a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de
mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso
efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los
actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de
éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo.
7 Sentencia T-178 de 2000.
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c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera
que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso8
2.7. Caso concreto
2.7.1. En el sub examine, se advierte que el señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez
alegó que las entidades censuradas vulneraron su derecho fundamental de petición
por la omisión de atender la solicitud elevada el 16 de enero de 2023.
Al respecto, esta Sala de Decisión considera pertinente abordar el análisis del asunto
frente a cada una de las demandadas, así:
2.7.1.1. Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar
En cuanto a esta judicatura, el señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez peticionó lo
siguiente: (i) que se le otorgara información del estado del proceso ejecutivo y del
embargo; (ii) que se levantara la referida medida cautelar y, en caso negativo, que se
le explicara por qué continuaba el proceso si ya cumplió con el pago del capital y de
los intereses; y (iii) que se le indicara por qué se dio trámite a la demanda si esta no
fue subsanada.
Al respecto, se anuncia que se negará el amparo deprecado en lo que concierne al
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar, en atención a que, de conformidad
con el criterio de esta Sala, expuesto en líneas previas, la petición no es el
mecanismo idóneo para procurar el derecho de defensa en el marco de los procesos
judiciales.
Este señalamiento está sustentado en que, el derecho a presentar solicitudes
respetuosas ante las autoridades, no exime a los ciudadanos del deber de ejercer en
debida forma la defensa de sus intereses dentro de la causa judicial, a través de los
mecanismos previstos en la ley, en las etapas procesales pertinentes y con sujeción
a los términos perentorios establecidos para cada caso.
Así, no es posible que, a través de este medio constitucional, el señor Aguirre
Gutiérrez persiga la terminación del proceso ejecutivo que se adelanta en su contra y
menos, que este juez de tutela se pronuncie sobre la admisión de la demanda,
porque, a su juicio, esta no fue subsanada por el extremo demandante.
Esas dos inconformidades pudo ponerlas de presente en las etapas
correspondientes haciendo uso de los recursos que tenía a su disposición, por tanto,
8 Sentencia T-377 de 2000.
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no es de recibo su argumento relativo a la violación del derecho de petición por parte
del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar, ante la total improcedencia de este
en las actuaciones judiciales.
En ese sentido, en la sentencia T-162 de 2016 la Corte Constitucional iteró9:
La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas,
siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un
funcionario judicial adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una
distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos
que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos
son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras
que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran
gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.
En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el
derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición
de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido
proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados
por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al
trámite de un determinado proceso judicial.
En sintesís, tal como lo indicó la Alta Corte, no es dable invocar el derecho
fundamental de petición cuando el requerimiento está direccionado a poner en
marcha el aparato judicial, o para que un funcionario cumpla con sus deberes
jurisdiccionales o para obtener la resolución de aspectos del proceso 10.
Por lo expuesto, se negará el amparo en cuanto al juzgado censurado.
2.7.1.2. COMULTRASAN
A esta entidad financiera se le exigió: (i) que entregara toda la documentación que
tiene de la obligación; (ii) que explicara detalladamente la forma en que se ha hecho
el cobro del capital y de los intereses y que indicara hasta cuándo «consideran
prudente» tenerle embargado el sueldo; y (iii) que informara cuál es el valor total que
pretende recaudar por concepto de la obligación del señor Aguirre Gutiérrez.
En este punto del análisis, se señala que el señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez no
acreditó en debida forma el hecho de haber enviado su escrito de 16 de enero de
2023 a esta cooperativa.
Lo anterior encuentra asidero en las dos imágenes que adjuntó al final del escrito de
tutela, al parecer de una foto que tomó de la pantalla de un equipo de cómputo, a
9 Ver sentencias T-1124 de 2005, T-215A de 2011, T-920 de 2012, T-311 de 2013 y C-951 de 2014.
10 Sobre el derecho de petición ante autoridades judiciales consultar sentencia de la Sección Quinta
de 9 de marzo de 2023, expediente: 11001-03-15-000-2023-00462-00; M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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partir de las cuales procura demostrar que remitió el mensaje de datos a las
demandadas.
El referido medio probatorio es borroso y no permite establecer datos que son
indispensables para el estudio de este caso, tales como los dominios de destino, la
fecha que preestablece la red de mensajería y el contenido del documento.
Para una mayor ilustración, se insertan a continuación las referidas imágenes:
No obstante, de los documentos allegados por la Superintendencia Financiera de
Colombia se advirtió la constancia que se inserta a continuación:
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De la anterior imagen es posible identificar que la petición del señor Edwin Alberto
Aguirre Gutiérrez fue remitida a COMULTRASAN, al Centro de Servicios Judiciales para
los Juzgados de Familia y a la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el
dominio de un tercero (jochoamaestre@gmail.com), y que en el cuerpo del mensaje
se precisó que se trataba de la solicitud del accionante.
Así las cosas, para la Sala resulta debidamente probado en este trámite que la
solicitud de 16 de enero de 2023,11pese a que también fue remitida a COMULTRASAN,
lo cierto es que esta cooperativa no dio respuesta a los requerimientos manifestados
por el tutelante, lo que de plano derivó en la transgresión del derecho del señor
Aguirre Gutiérrez a que se le otorgue una respuesta de fondo, oportuna, clara,
concreta y coherente.
En ese orden, se amparará la garantía fundamental de petición del accionante frente
al ente financiero COMULTRASAN, y ordenará a la demandada a que resuelva el escrito
petitorio en el término de dos (2) días contados desde la fecha siguiente a la
notificación de este fallo.
11 El mensaje de datos fue despachado el viernes13 de enero de 2023 a las 5:26 p.m, razón por la
cual se entiende debidamente enviado el lunes 16 de enero del mismo año.
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2.7.1.3. Consejo Superior de la Judicatura
Al consejo, el actor le solicitó en la petición de 16 de enero de 2023, la vigilancia del
proceso ejecutivo y de la respuesta que otorgue, asume la Sala, que el juzgado
demandado.
En lo concerniente a esta autoridad también se denegará el amparo suplicado,
comoquiera que, del análisis efectuado a las pruebas allegadas por el señor Edwin
Alberto Aguirre Gutiérrez, esto es, las imágenes referidas en el anterior numeral, no
es posible tener como cierto que el memorial de 16 de enero de 2023 fue radicado
ante el Consejo Superior de la Judicatura; lo cual coincide plenamente con su
informe de intervención en el entendido que, al revisar sus bases de datos, la Oficina
de Gestión Documental certificó que no obraba documento alguno a nombre del
accionante.
Por lo anterior, no es procedente que esta Sección emita una decisión distinta a la de
negar la acción de tutela.
2.7.1.4. Superintendencia financiera de Colombia
Finalmente, a la superintendencia se le solicitó investigar el caso concreto y adoptar
las sanciones pertinentes si encontraba alguna irregularidad.
En este supuesto, se tiene por debidamente presentada la petición de 16 de enero
de 2023 por cuanto la entidad manifestó haber encontrado y remitido el documento, a
la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia por ser la competente
para conocer del asunto.
Contexto que, conlleva a esta magistratura a tener por cumplido el deber que le
asistía a este ente de control, en atención a que, de conformidad con lo estipulado en
el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,12 al no ser de su resorte lo peticionado por el
tutelante, sólo le correspondía remitir el asunto al competente.
Dicha obligación la ejecutó el 17 de marzo de 2023, y lo acreditó al adjuntar el oficio
dirigido a la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, la respuesta
dada al señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez y las constancias electrónicas de
envío de los mensajes de datos.
12 ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
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De lo anterior, esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades13 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial
ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección
de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera
actual e inminente.
Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción
de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.14
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
13 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
14 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
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que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia
actual de objeto para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente.15”
Con base en el anterior marco referencial, el máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por
lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.
Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional:
[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a
partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar,
de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que
se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto.16
(iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto
de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los
conceptos de daño consumado y hecho superado.
15 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
16«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío”.17 No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada.18
En ese orden, para esta Sala es claro que la Superintendencia Financiera de
Colombia le dio trámite a la solicitud del señor Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez al
enviarla a la Superintendencia de la Economía Solidaria, y al notificarle al accionante
tanto el oficio remisorio como el de respuesta, el 17 de marzo de 2023.
Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a
la Superintendencia Financiera de Colombia, con ocasión a que durante el trámite de
este mecanismo constitucional desapareció la circunstancia que podía originar algún
quebrantamiento del derecho fundamental del extremo demandante, de ahí que
cualquier orden que imparta esta Sala resultaría inane debido a que la presunta
vulneración cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las peticiones de desvinculación elevadas por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Superintendencia Financiera de Colombia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo efectuada por el señor Edwin Alberto
Aguirre Gutiérrez contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Valledupar.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el
asunto de la referencia, respecto a la Superintendencia Financiera de Colombia.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Edwin Alberto
17 Énfasis propio.
18«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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Demandante: Edwin Alberto Aguirre Gutiérrez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00843-00
Aguirre Gutiérrez. En consecuencia, ORDENAR a la empresa COMULTRASAN expedir
una respuesta de fondo, oportuna, clara, concreta y coherente, y se la notifique al
tutelante en debida forma, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de
este proveído.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
SEXTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18
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