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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00847-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00847-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente el mecanismo de amparo frente al derecho de petición invocado por la parte actora, por las razones anteriormente expuestas. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia deprecados por la actora, con ocasión de la supuesta dilación injustificada, por las razones anteriormente expuestas. TERCERO: EXHORTAR al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia para que, en el marco de su autonomía e independencia judicial, al momento de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de copias auténticas requeridas por la accionante, tenga en cuenta lo dispuesto en las disposiciones mencionadas en el numeral 27 de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00 Accionante: Gerardina Montenegro Chaux Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00847-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

16 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: GERARDINA MONTENEGRO CHAUX
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ – SALA CUARTA
DE DECISIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – de la mora judicial – del trámite de expedición
de copias en formato físico o magnético

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Gerardina Montenegro
Chaux en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de
Decisión y del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Gerardina Montenegro Chaux solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la petición, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo
del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia, con ocasión a la falta de expedición de las copias auténticas
y de la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada en el
marco del proceso con radicado número 18001-33-33-002-2020-00322-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. La parte accionante refirió que, con fecha 19 de enero de 2023, solicitó ante las
autoridades accionadas lo siguiente: «[…] se expida copia autentica en formato físico
de las sentencias de primera y segunda instancia con el respectivo sello del
despacho y su ejecutoria; lo anterior, con el fin de presentar la respectiva cuenta
de cobro ante la entidad demandante […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

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Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

2.2. Manifestó, adicionalmente, que la anterior solicitud fue reiterada el 23 de enero de
2023 ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, oportunidad
en la que adjuntó el recibo de pago de las copias auténticas solicitadas.

2.3. Indicó que: «[…] a la fecha [de radicación de esta demanda] no se ha entregado
en forma física y/o virtual, la acopia con constancia de ejecutoria del fallo proferido
desde el día 16/12/2022 dentro de la radicación No. 18001333300220200032200 –
01, con el fin de que la entidad accionada procede a reconocerme la pensión de
sobreviviente a la cual tengo derecho […]».

2.4. Aseveró que: «[…] desde la primera radicación de la solicitud de copias y hasta la
fecha ha transcurrido casi un mes, sin que haya sido posible que el despacho judicial
haga la entrega de lo aquí requerido, a pesar de que muy claramente se le ha
solicitado que las entregue […]».

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló la siguiente pretensión:

[…] solicito a ese Honorable Despacho se sirva ordenar al Tribunal
Administrativo de Caquetá en cabeza de la señora Magistrada YANNETH
REYES VILLAMIZAR, MP. Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Cuarta y
al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia Caquetá en cabeza de la
señora juez ANA MARÍA LOZADA VASQUEZ, Juez 02 Administrativo de
Florencia Caquetá, se resuelva de fondo la solicitud radicada con fecha 19 de
enero de 2023 y se haga entrega de las copias con la ejecutoria de forma física
teniendo en cuenta que ya se cancelaron en el banco agrario las copias de los
fallos aquí reclamados […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión y del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia. También se
dispuso notificar al Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Secretaria del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Florencia rindió informe en el que manifestó que: «[…] el 23 de febrero de 2023 se
le dio trámite a la solicitud, y las copias fueron enviadas de manera electrónica con
firma digital junto con la certificación en donde consta la autenticidad de los

3

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Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

documentos, la ejecutoria de la providencia y la vigencia de poder, al mismo correo
del cual elevó la solicitud […]».

5.2. Por lo anterior, aseguró que: «[…] a la solicitud de copias presentada por la
abogada Carvajal Castro se le dio el trámite correspondiente, en el turno que le
correspondía y dentro de un término prudencial, teniendo en cuenta el cúmulo de
trabajo que maneja la Secretaría de un juzgado administrativo […]».

5.3. El Tribunal Administrativo de Caquetá, por conducto del escribiente de la
Secretaría de la Corporación, rindió informe en el que puso de presente que: «[…]
la solicitud de primeras copias le fue remitida al juzgado pese a observarse que el
memorial le había sido comunicado al buzón del Juzgado de origen, lo anterior a
fin de impartir el trámite pertinente […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212
y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado. Si ello no es así, se deberá determinar:

b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la
parte actora, con ocasión a la falta de expedición de las copias auténticas y de
la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada en el
marco del proceso con radicado número 18001-33-33-002-2020-00322-01,
que solicitó le fueran entregadas físicamente.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) el ejercicio del derecho fundamental de petición ante

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

4

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Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

las autoridades judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso
concreto.

VI.3. El ejercicio del derecho fundamental de petición ante las autoridades
judiciales

9. En relación con el derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales, esta
Sala ha sido enfática en señalar que no es procedente su ejercicio durante el curso
y con ocasión de un proceso judicial, en razón a que el legislador ha previsto
procedimientos específicos para su trámite4.

10. Por lo anterior, el amparo del derecho de petición no resulta procedente cuando
lo que se pretende es conjurar la omisión en resolver asuntos propios del trámite y
decisión judicial, en razón a que la resolución de este tipo de solicitudes está
regulada por el legislador en normas, tanto sustanciales como procesales, que
resultan aplicables a tal eventualidad.

11. En tal sentido, conviene resaltar que, en sentencia de 17 de noviembre de 20175,
esta Sección reiteró lo expuesto en sentencia de 18 de junio de 2015, proferida
dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01196-00, en la que se
indicó lo siguiente:

[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende
es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un
proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho
cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones
netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente […]. (Negrillas
fuera del texto)

VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de
los procesos judiciales

12. Cabe poner de presente que, por mandato de la Constitución, el trámite de las
actuaciones judiciales deberá adelantarse con diligencia y cumplimiento de los
términos legales, con el propósito que el interesado pueda acceder a una decisión
en firme, oportuna y efectiva, por cuanto, de no ser así, se configuraría una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2016, Exp. No.
11001-03-15-000-2015-02160-00, C.P. María Elizabeth García González.
5
Consejo de Estado, Sección Primera, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00, Actor: María Eugenia
Hernández Valenzuela, demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

13. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un «[…]
fenómeno multicausal y estructural […]»6, que se presenta en razón al «[…] alto
número de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente
congestión judicial […]»7.

14. En atención a la circunstancia endémica originada por el sistemático
incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, sin desconocer las especiales situaciones en que se desarrolla la
función judicial en Colombia, ha reconocido que existen circunstancias en las
cuales la mora judicial vulnera gravemente «[…] los derechos fundamentales como
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política
expresamente consagra, exige y trata de proteger […]».8

15. Sinembargo, de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, para que se
estructure la violación amparable del debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, por la falta de resolución oportuna del asunto sometido a conocimiento
de un servidor judicial, resulta imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el
nivel de congestión judicial de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y
cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a
decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso
procesal9.

VI.5. Caso concreto

16. La señora Gerardina Montenegro Chaux solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la petición, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo
del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia, en razón a la falta de expedición tanto de las copias auténticas
como de la constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada en
el marco del proceso con radicado número 18001-33-33-002-2020-00322-01.

17. En este contexto, la Sala comienza por advertir que la solicitud de expedición de
copias auténticas radicada por la señora Montenegro Chaux, no se asimila a una
petición incoada en ejercicio del derecho de petición, sino que corresponde a un
trámite de índole judicial, tal como lo ha reconocido pacíficamente esta Sección, entre
otros, en el fallo de 16 de diciembre de 2020, providencia en la que se indicó lo
siguiente:

[…] [E]n relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta
procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener

6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010. M.P.: Nilson Pinilla.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 2007.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

copias de un pronunciamiento proferido por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho
cometido, en esa medida, corresponde determinar si el contenido de la solicitud
persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, por lo que, resulta
necesario señalar que la solicitud de copias de actuaciones adelantadas al
interior de un proceso judicial, corresponde a una actuación judicial.

[…]

Por lo expuesto, la Sala considera que el derecho de petición no es idóneo para
tal fin, teniendo en cuenta que, el trámite de la solicitud elevada por la actora
es de carácter judicial, caso en el cual la petición se debe tramitar, de acuerdo
a los procedimientos propios del asunto y, en consecuencia, corresponde a
esta autoridad judicial determinar si la parte demandada incurrió en una mora
injustificada en la entrega de las copias solicitadas […]10. (subrayado por fuera del
texto)

18. Con fundamento en la anterior premisa, y en tanto que las solicitudes de copias
auténticas elevadas por la aquí accionante no se encuentran reguladas por las
disposiciones normativas que reglamentan el ejercicio del derecho fundamental de
petición, lo cierto es que este mecanismo de amparo resulta improcedente para
proteger el derecho fundamental de petición.

19. Sinperjuicio de lo anterior, se observa que la parte actora también alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia. En atención a lo anterior, se analizará si la
autoridad judicial accionada vulneró, o no, los derechos fundamentales referidos, ante
una supuesta dilación injustificada en la expedición y entrega tanto de las copias
auténticas como de la constancia de ejecutoria de las sentencias de primera y
segunda instancia dictadas en el marco del proceso con radicado número 18001-33-
33-002-2020-00322-01.

20. En tal sentido, la Sala estima oportuno poner de relieve lo siguiente:

20.1. La parte actora, a través del memorial de 19 de enero de 2023, solicitó a las
autoridades accionadas que le expidieran las copias auténticas, en físico, tanto de las
sentencias de primera y de segunda instancia dictadas en el marco del proceso con
radicado número 18001-33-33-002-2020-00322-01 como de su constancia de
ejecutoria. La aludida solicitud se elevó en los siguientes términos:

[…] mediante el presente escrito, respetuosamente solicito al Honorable
Despacho, se expida copia autentica en formato físico de las sentencias de
primera y segunda instancia con el respectivo sello del despacho y su ejecutoria;
lo anterior, con el fin de presentar la respectiva cuenta de cobro ante la entidad
demandante […]. (Negrillas por fuera del texto)

10
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020,
expediente número 11001-03-15-000-2020-04855-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

20.2. Mediante mensaje de datos de 19 de enero de 2023, el citador del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Florencia le explicó a la aquí accionante el
procedimiento que debía adelantar, con el propósito de que le fueran expedidas las
copias auténticas. En dicha oportunidad se señaló lo siguiente:

[…] TRÁMITE PARA DESARCHIVOS Y SOLICITUDES DE COPIAS

1. Las solicitudes se recepcionan, únicamente a través del buzón electrónico
del juzgado: j02adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. Según el Acuerdo PCSJA21-11830, para la expedición de copias auténticas,
certificaciones y desarchivo, el interesado debe sufragar los siguientes costos:

a. Seis mil novecientos pesos ($6.900) por concepto de arancel judicial-
certificaciones, suma que deberá ser consignada en la cuenta N. 3-082-00-
00632-5 Convenio 13472 del Banco Agrario (N. 1 Art. 2º PCSJA21-11830 de
2021).

b. En el evento en que el proceso del cual se van a expedir las copias se
encuentre archivado, se deberá sufragar seis mil novecientos pesos ($6.900)
por concepto de desarchivo, suma que deberá ser consignada en la cuenta N.
3-082-00-00632-5 Convenio 13472 del Banco Agrario (N. 7 Art. 2º PCSJA21-
11830 de 2021).

3. Las copias se expiden únicamente de manera electrónica con firma
digital, debe especificar claramente en su solicitud de que piezas
procesales necesita la copia auténtica […]. (Negrillas por fuera del texto)

20.3. En cumplimiento de lo anterior, la aquí accionante efectuó el pago del arancel por
valor de $13.800 pesos, tal como se muestra a continuación:

20.4. El 23 de febrero de 2023, la Secretaría del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Florencia expidió, en formato digital, las copias auténticas y la constancia
de ejecutoria solicitadas por la actora. En dicha oportunidad, también se hizo la
siguiente certificación:

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

20.5. El
mismo 23 de febrero de 2023, la Secretaría del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia le indicó a la apoderada judicial de la aquí
accionante que no resultaba procedente la expedición de las auténticas solicitadas en
formato físico por las siguientes razones:

[…] Buenas tardes, Dra. Luz Karime Carvajal

En atención a que acude al despacho un intermediario solicitando copias
físicas, me permito darle la información por escrito a través de este medio, para
evitar la alteración de la información que amablemente se le brinda en la
Secretaría de este Despacho.

Es de aclararle que desde el año 2020 la Rama Judicial se digitalizó, en ese
sentido desde el 01 de julio de ese año no se expide ningún documento
físico, todos los expedientes se manejan a través de las plataformas digitales
implementadas por la Rama Judicial como son: la página web (en donde cada
juzgado tiene su micrositio) OneDrive; la plataforma de la firma digital y
recientemente para la jurisdicción contenciosa SAMAI.

Desde esa misma fecha, julio de 2020 las solicitudes de copias, certificados y
demás que requieran firma de la Secretaría se expiden a través de los medios
digitales ya mencionados, con firma digital y se envían por el mismo canal
digital del cual se solicita, es decir al mismo correo electrónico del cual se elevó
la solicitud.

Por lo anterior, no es procedente la entrega de copias físicas, y menos de
un documento electrónico que ha sido firmado electrónicamente.

[…]

Así las cosas, la invitamos a hacer uso de los canales digitales implementados
por la Rama Judicial y la actualización para el buen uso de los mismos […].
(Negrillas por fuera del texto)

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

21. Del anterior recuento de actuaciones, la Sala advierte que, si bien es cierto que el
Juzgado accionado acreditó haber expedido, en formato digital, las copias auténticas
y la constancia de ejecutoria solicitadas por la actora, la realidad es que en la solicitud
elevada por la señora Montenegro Chaux se hizo especial énfasis en que las copias
debían ser entregadas en físico o papel.

22. En el anterior contexto, se estima necesario poner de relieve que, mediante
Acuerdo PCSJA21-11830 de 17 de agosto de 202111, la presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura actualizó los valores del arancel judicial y dispuso, en los
artículos 3° y 4°, que las tarifas del arancel aplicarían en los siguientes supuestos:

[…] ARTÍCULO 3.º Las tarifas del arancel judicial actualizadas en este
acuerdo, se aplicarán a los procesos que no se encuentren digitalizados, los
procesos archivados físicamente, los trámites que por ley o por requerimiento
de la entidad respectiva deban realizarse de forma física y, los que sean
requeridos a solicitud de parte en papel o en soporte magnético.

ARTÍCULO 4.º Las tarifas actualizadas del arancel judicial no procederán para
los procesos digitalizados conforme al plan de digitalización dispuesto por el
Consejo Superior de la Judicatura salvo que se requiera por ley, por autoridad
competente o por la parte interesada en papel o soporte magnético […].

23. Visto lo anterior, la Sala considera que no es posible tener por satisfecho el objeto
de la presente acción de amparo porque las copias expedidas por la Secretaría del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia se encuentran en un
formato distinto al solicitado por la actora y frente al cual se canceló el arancel judicial,
en los términos previstos en los artículos 3° y 4° del Acuerdo PCSJA21-11830 de 17
de agosto de 2021.

24. Comoquiera que no se encuentra configurado la carencia actual de objeto por
hecho superado, procede la Sala a analizar si se ha configurado una mora judicial en
el caso que nos ocupa, ya que, como se dijo previamente, la solicitud de copias
auténticas implica una actuación de índole judicial, por lo que cualquier supuesta
vulneración de orden fundamental asociado con dicho trámite debe partir de la
premisa que existió una dilación injustificada.

25. En lo relativo a la mora judicial, se advierte que esta no se encuentra configurada
en el sub judice, en tanto que desde la fecha de presentación de la solicitud de copias
auténticas -19 de enero de 2023- a la actualidad no ha transcurrido un plazo irrazonable,
que implique el desbordamiento de los términos judiciales, máxime cuando el juzgado
accionado recibió el expediente digital el 2 de febrero de 2023.

11
“Por el cual se actualizan los valores del arancel judicial en asuntos civiles y de familia, jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constitucional y disciplinaria”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

26. Así lascosas, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia deprecados
por la actora, con ocasión de la supuesta dilación injustificada.

27. Sinperjuicio de lo anterior, y aunque se haya concluido que las autoridades
accionadas no han vulnerado los derechos fundamentales de la actora asociados con
el debido proceso, igualdad y el acceso a la administración de justicia, la realidad es
que se advierte que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia
está desconociendo los presupuestos para la procedencia de copias “en papel o en
soporte magnético” previstos en los artículos 3° y 4° del Acuerdo PCSJA21-11830
de 17 de agosto de 2021; motivo por el cual la Sala considera pertinente exhortar a la
referida autoridad para que, en el marco de su autonomía e independencia judicial, al
momento de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de copias auténticas
requeridas por la accionante tenga en cuenta lo dispuesto en tales disposiciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente el mecanismo de amparo frente al derecho
de petición invocado por la parte actora, por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia deprecados por la actora,
con ocasión de la supuesta dilación injustificada, por las razones anteriormente
expuestas.

TERCERO: EXHORTAR al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Florencia para que, en el marco de su autonomía e independencia judicial, al
momento de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de copias auténticas
requeridas por la accionante, tenga en cuenta lo dispuesto en las disposiciones
mencionadas en el numeral 27 de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31
del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00847-00
Accionante: Gerardina Montenegro Chaux

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (28)

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