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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00869-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
20 de junio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00869-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00869-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: DIEGO FERNANDO BEDOYA ZAMORA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda
su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
instancia adicional y ausencia de carga argumentativa / DEFECTO SUSTANTIVO – no se
demostró su configuración.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 14 de marzo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción
de la referencia respecto de los defectos fáctico y violación directa de la
Constitución; y se negó el amparo solicitado frente a los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 17 de febrero de 2023, los señores Inés Amparo Zamora García, Orlando
Bedoya López y Diego Fernando Bedoya Zamora, por medio de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, al
debido proceso, a la salud y a la dignidad humana2, con ocasión de la sentencia

1 La Sala advierte que, el 28 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 De igual forma consideraron vulnerados los derechos a la integridad física y moral.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

proferida el 30 de septiembre de 2022, dictada en el proceso de reparación
directa con radicado 76001-33-33-013-2014-00517-02. Formularon las siguientes
pretensiones:

Primero: Declarar como procedente la presente acción de tutela para su
estudio y se tutelen los derechos fundamentales y constitucionales
vulnerados: como el derecho a la vida, integridad física, Integridad moral,
Derecho a la salud, el derecho fundamental a una vida digna, debido proceso,
y demás derechos a favor de los accionantes los señores Inés Amparo
Zamora García – Orlando Bedoya López – Diego Fernando Bedoya Zamora.

Segundo: Dejar sin efectos las providencias de la sentencia No. 21 de primera
instancia, proferida el día 23 marzo de 2021, y respectivamente la proferida
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día
treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022) a través del magistrado
Jhon Erick Chaves Bravo.

Tercero: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso y en
consecuencia se Ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como
accionado a proferir un nuevo fallo en el cual se analice en debida forma el
caso y se valoren adecuadamente las pruebas arrimadas al proceso, Lo
anterior, en razón a que este despacho judicial accionado incurrió en defecto
sustantivo, defecto fáctico, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del
precedente y h) violación directa de la Constitución al momento de proferir su
providencia judicial.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes
hechos jurídicamente relevantes:

En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Inés Amparo
Zamora García, Orlando Bedoya López y Diego Fernando Bedoya Zamora
demandaron al Municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se les indemnizara
por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión del accidente de
tránsito sufrido el 14 de marzo de 2012.

Mediante sentencia del 23 de marzo de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Cali negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 30 de
septiembre de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Considera la parte actora que, en la providencia del 30 de septiembre de 2022, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto fáctico al realizar
una indebida y parcializada valoración del informe de tránsito y el croquis que se
realizó el día del accidente de tránsito, así como de las versiones rendidas por el
guarda de tránsito y del señor Nilson Jacobo Cuéllar Muñoz, conductor del otro
vehículo involucrado en el accidente.

Asimismo, alegó la configuración del defecto sustantivo por desconocimiento de
las normas aplicables en materia de medidas de seguridad en obras públicas
establecidas en el artículo 101 de la Ley 769 del 2002 y el artículo 3 de la
Resolución 1937 de 1994 dictada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte,
en las cuales se disponen las medidas de señalización que debía tomar el
municipio entonces demandando.

De otra parte, señaló que el tribunal accionado había incurrido en decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al no motivar sus
consideraciones con suficiente carga jurídica, pues no mencionó ninguna
providencia judicial que soportara su tesis o justificaran razonablemente su fallo.

En este punto, precisa la Sala que, si bien la parte actora alegó como desconocida
la jurisprudencia del Consejo de Estado, no hizo relación de la misma y se limitó a
transcribir un párrafo, presuntamente contenido una sentencia de esta
Corporación, sin identificarlo de forma alguna.

Por último, indicó que incurrió en violación directa de la Constitución porque el fallo
cuestionado vulneró los derechos fundamentales de los demandantes,
desconociéndose los postulados de la Constitución Política.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 22 de febrero de 2023, el despacho sustanciador de la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó notificar
al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en calidad de parte accionada y, al titular del Juzgado Quinto

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Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Administrativo del Circuito Judicial de Cali y al alcalde del Municipio de Santiago
de Cali, como terceros con interés.

2.1. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Santiago de Cali, por conducto de
su titular, manifestó que en la providencia dictada por ese despacho judicial se
expusieron ampliamente los motivos que se tuvieron para negar las pretensiones
de la demanda de reparación directa, junto con las normas vigentes al momento
de los hechos, por lo que no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales de los accionantes que, simplemente, están en desacuerdo con las
decisiones adoptadas.

2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto de uno de sus
magistrados, señaló que, contrario a lo expuesto por la parte actora, en la decisión
atacada no se incurrió en ningún defecto que haga procedente la tutela, toda vez
que se valoró el material probatorio allegado al proceso a la luz del precedente
jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en cuanto al alcance del
informe de accidentes, tal como consta en la providencia hoy objeto de demanda.

Sobre el defecto sustantivo, aseguró que el tribunal señaló expresamente la
normativa legal y jurisprudencial vigente aplicable al caso concreto y, en cuanto al
desconocimiento del precedente adujo que la parte actora no realizó señalamiento
alguno, por lo que solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de la
referencia.

3. Fallo impugnado

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en providencia del 14
de marzo de 2023, declaró la improcedencia de la tutela respecto de los defectos
fáctico y violación directa de la Constitución, al considerar que no cumplían con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos en
la acción de la referencia, fueron los mismos planteados en el recurso de
apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia dictado en el
proceso de reparación directa.

Señaló que el alegato referente a la indebida valoración del informe de tránsito fue
estudiado en la providencia atacada, en la cual se resolvió que esta prueba
estudiada en su integridad, no demostraba de manera fehaciente que la omisión
del municipio en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

demarcación y señalización de la vía hubiese sido determinante en la ocurrencia
del siniestro, pues en el mencionado reporte también se consignó que el
conductor del vehículo que colisionó con la motocicleta no estuvo pendiente del
sentido vial que se estableció debido a las obras que se estaban realizando en el
lugar.

De igual forma, indicó que carece de relevancia constitucional el cargo por
violación directa de la Constitución, toda vez que la parte actora se limitó a
manifestar que se estaban vulnerando sus derechos constitucionales, pero de
ninguna manera sustentó dicha afirmación.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, expuso que, contrario a lo
manifestado por la parte actora, la decisión atacada sustentó su decisión en
jurisprudencia relacionada con el tema, como las sentencias del 29 de abril de
2019, radicado 23001-23-31-000-2005-01265-01, y del 26 de noviembre de 2018,
radicado 63001-23-31-000-2008-00102-01, dictadas por la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, por lo que ese cargo tampoco estaba
llamado a prosperar.

Finalmente, en cuanto al defecto sustantivo, concluyó que la autoridad judicial
demandada citó de manera expresa y aplicó la normativa que cobijaba el asunto
relacionado con la responsabilidad de los municipios en el mantenimiento y
señalización de las vías urbanas y rurales de su jurisdicción, por lo que tampoco
se demostró la configuración del mencionado defecto.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual manifestó que la tutela
sí tiene relevancia constitucional y no pretende usarse como una instancia
adicional al proceso ordinario, sino que pone de presente la indebida valoración
probatoria del informe de tránsito que fue aportado al expediente.

De igual forma, insistió que tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado, como
las normas de tránsito, establecen la obligación del Estado, en este caso, del
municipio, de implementar las debidas señales tránsito cuando se realicen obras
públicas, omisión que se pretendía probar con el informe de tránsito que no fue
valorado en su integridad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Señaló que se había acudido «a esta instancia» para que se garantizaran los
derechos fundamentales de los accionantes y no para revivir discusiones jurídicas
como lo planteó el a quo

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 14 de marzo de 2023, por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción
de la referencia respecto de los defectos fáctico y violación directa de la
Constitución; y se negó el amparo solicitado frente a los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, particularmente, el de la relevancia constitucional y, solo en el evento de
superarlo, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para
establecer si la autoridad demandada vulneró o no los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

En el caso bajo estudio, la parte actora pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 30 de septiembre de 2022, por considerar que incurrió en defecto
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, por
valoración indebida del informe de tránsito y el croquis que se realizó el día del
accidente de tránsito, lo que llevó a concluir, a su juicio, sin fundamento legal ni
jurisprudencial alguno, que la omisión del municipio consistente en no realizar la
debida demarcación y señalización de la vía no fue determinante en la ocurrencia
del siniestro.

Sería del caso analizar si se configuraron o no los defectos alegados por la parte
actora, sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, pues se pretende convertir la acción de tutela en una
instancia adicional del medio de control de reparación directa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 23 de marzo de 2021, dictada por el
Juzgado Quinto Administrativo de Cali, y las propuestas en la solicitud de tutela,
se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la autoridad judicial
demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido en el proceso ordinario.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en sede de
reparación directa y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a
fin de ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela
como instancia adicional:

APELACIÓN EN PROCESO ORDINARIO DEMANDA DE TUTELA
Lo dicho por el juez valoró Referente al presente asunto, se observa
defectuosamente el informe policial de como en las consideraciones de su
accidente de tránsito arrimado con la demanda el magistrado carece acervo
demanda. probatorio y fundamentos de derecho,
para negar las pretensiones de la
Referente a lo anterior se observa demanda, bajo la única premisa de la
claramente el pobre análisis probatorio versión del guarda de tránsito que
que realiza el juzgador apartándose de especifica “NO ESTAR PENDIENTE DEL
todos y cada uno de los elementos de SENTIDO VIAL QUE SE HIZO POR
juicio establecidos en el accidente de OBRAS EN LA CRA 1”. Bajo este
tránsito y que indican al juez basado en entendido y frente a las demás hipótesis
las reglas de la sana critica los elementos sobre las causas del accidente, el
de juicio y de prueba para poder magistrado o secretario se excusa en
determinar las causas probables del admitir que como le asiste duda, de
accidente de tránsito y no solo basarse en acuerdo a los dos hipótesis, “la
una afirmación establecida por el guarda demarcación de la vía es deficiente y “NO
de tránsito en entre ellos “no estar ESTAR PENDIENTE DEL SENTIDO VIAL
pendiente del sentido vial que se hizo por QUE SE HIZO POR OBRAS EN LA CRA
obras en la via” para exonerar la 1, no es posible decretar
responsabilidad por parte de la responsabilidades, y a su vez omite
administración. estudiar y valorar los demás elementos de
juicio y las causas que dieron lugar al
Si bien es cierto no se entra a discutir el accidente, entre ellas 1.-que la
mencionado punto ni lo dicho por el demarcación de la vía es deficiente, 2.-no
guarda de tránsito, se debate el análisis hubo reguladores de tráfico, ni ninguna
probatorio con base a las circunstancias autoridad competente para que indicara
de tiempo modo y lugar del accidente, y Los sentidos viales. 3.- las señalas de
por eso fundamento mi apelación tránsito eran confusas Al punto de
principalmente por que el juzgador al confundir al conductor del vehículo 1 en
momento de tomar su decisión se circular en contra vía […].
vislumbra que no aplica los conceptos
básicos de la sana critica de acuerdo a los Dicho Tribunal valoró defectuosamente el
elementos de juicios con base a los informe policial de accidente de tránsito
criterios de proporcionalidad probatoria arrimado con la demanda, toda vez que
para llegar a las conclusiones más simplemente se limitó a restarle valor

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

acertadas de las causas probables del probatorio en cuanto a los hechos que
accidente, en este caso la administración rodearon el caso.
pública, incurrió en la falla del servicio de
acuerdo a la indebida señalización que se El Tribunal cuestionado dio un valor
encontraba en el lugar de los hechos, la probatorio parcializado al informe policial
deficiente demarcación de la vía, la en comentario, pues, como atinadamente
ausencia de un regulador de tránsito o lo expresó el Magistrado Carlos Leonel
guarda de tránsito, y testimonio dicho Buitrago Chávez en su salvamento de
conductor del vehículo 1 en donde voto, por un lado, lo tuvo como prueba del
argumenta que “al hacer la curva no se accidente de tránsito y de las personas
encontraba señalización que indicara que resultaron lesionadas, pero por otro
doble vía”. Deficiencias también lado, le restó credibilidad sobre las causas
establecidas en la prueba pericial probables que produjeron el mismo.
elaborada por el guarda de tránsito y que
además no se toma en consideración ni se En este entendido el sustento del fallo
aplica la debida valoración de ponderación debió fundamentarse con base a la
y proporcionalidad probatoria para
existencia del hecho, la existencia del
determinar la causa del accidente, pero si daño y su causa generadora que está
le da validez probatoria a la versión probado en el informe de tránsito, sumado
rendida por el guarda, sin entrar analizar a a ello que en el mismo informe reposa el
profundidad los demás elementos testimonio por parte de uno de los
constitutivos que también conforman la conductores que respalda la tesis del
causa probable del accidente […]. guarda de tránsito sobre la
responsabilidad administrativa por parte
Observa esta defensa con preocupación del municipio […].
como un juez de la república en el
momento de tomar de decisión de fondo, En este asunto el funcionario judicial
no tiene la suficiente claridad de los incurre en tal defecto cuando actúa contra
elementos probatorios de juicio y se basa la razonabilidad. Caso en el que, resuelve
en fundamentos erróneos rompiendo los la controversia acudiendo a su propio
hilos conductores de una argumentación capricho, no valora íntegramente el acervo
precisa sustentada y alejadas de la probatorio, y como Segundo elemento que
realidad para proferir eximentes de de acuerdo al material probatorio incurre
responsabilidad y exonerar la falla del en un defecto fáctico toda vez que
servicio en cabeza del demandado, hasta concluye algo distinto sin ofrecer una
el punto de contra argumentarse en sus justificación para ello, o por lo menos
consideraciones basándose en sus argumentos valederos que desdibujen o
análisis, que la responsabilidad es deje sin efectos lo planteado en el recaudo
imputable a un tercero por no respetar una de pruebas, En cualquiera de los dos
señalización de línea amarilla, no respetar eventos antes dichos, el juez desconoce el
la señal de pare, y posteriormente derecho al debido proceso de las partes y,
establece que “se debe de aplicar la en consecuencia, se cumple con este
causal de exoneración como es la culpa requisito para la procedencia de la acción
exclusiva de la víctima, por desplazarse de tutela.
imprudentemente en un contraflujo
vehicular creado a raíz de la realización de Frente a lo anterior en la sentencia de
unas obras viales”. tutela T-399/14 preceptúa
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
No está de más precisar que POR DESCONOCIMIENTO DEL
jurisprudencia citada, conduce a los PRECEDENTE JUDICIAL: Si bien es claro
argumentos manifestados por la parte que los jueces gozan de autonomía en sus
demandante, lo anterior de acuerdo a lo decisiones, esta libertad se encuentra
estructurado en su argumentación visible limitada por principios y valores
folio 21, donde se trae a colación la superiores, y por las reglas
sentencia de la corte constitucional T-399 jurisprudenciales que hayan fijado sus
de 2014, en donde básicamente se superiores jerárquicos en la ratio decidendi

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establece la obligatoriedad de la de sus sentencias. Aun así, cuando una
administración en instalar señales autoridad judicial encuentra razones
reglamentarias, preventivas e informativas, válidas para apartarse del precedente,
en aras de garantizar la visibilidad y evitar deberá manifestarlo y argumentarlo en la
accidentes. Y posteriormente se contra propia providencia, toda vez que al no
argumenta “no se puede decir que las hacerlo puede estar afectando el derecho
deficiencias en en la señalización y al debido proceso y a la igualdad de
personal de tránsito sean efectivamente quienes se encuentran sometidos a su
causantes del accidente, es decir no hay jurisdicción, haciendo procedente la acción
certeza de la causa del mismo o por lo de tutela para para reestablecer el orden
menos dentro del proceso que nos ocupa constitucional alterado
no se estableció desde el punto de vista
probatorio”. (v) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que
A la certeza que llega esta defensa una generaron la vulneración como los
vez leída la sentencia es que el juzgador derechos vulnerados y que hubiere
no toma en consideración ninguno de los alegado tal vulneración en el proceso
elementos probatorios a juicio para hacer judicial siempre que esto hubiere sido
su respectiva valoración y por el contrario posible;
el despacho solo se basa en indicios y en
suposiciones que permiten deducir la Se cumple a cabalidad con este requisito
impericia de un tercero al momento de toda vez que en todos y cada uno de los
ocurrido el accidente, tal y como se debates judiciales y a lo largo de 10 años
describe en el folio 22. desde la presentación de la solicitud de
conciliación hasta los recursos de
apelación de las sentencias se ha alegado
y se he demostrado de manera oportuna y
clara y precisa la responsabilidad
administrativa en cabeza del Municipio de
Santiago de Cali, sin que hasta la fecha el
demandado ejerza de manera oportuna su
defensa o por lo menos controvierta
desvirtué y demuestre lo contrario, en este
caso la ausencia de responsabilidad
administrativa que se le indilga.

Con fundamento en lo anterior y con el
lleno de los requisitos exigidos y siguiendo
lo definido por esta Corte en la
mencionada sentencia C-590 de 2005
2019 y lo establecido en el Fallo 02279 de
2019 por el Consejo de Estado, la
presente acción de tutela es procedente
para su estudio.

Con claridad sobre la coincidencia entre los argumentos que expuso la parte
demandante durante el proceso ordinario y los de la solicitud de amparo, conviene
señalar que estos fueron estudiados y resueltos por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, después de realizar un análisis normativo y jurisprudencial
del tema aplicable al caso concreto, enlistó las pruebas allegadas al proceso y
decretadas en el mismo, para concluir que:

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Con el fin de determinar si asiste o no la omisión respecto a las obligaciones
de señalización de la vía correspondiente a la ocurrencia de los hechos, o si
se configura el eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, se
aportaron las siguientes pruebas:
Informe Policial de Accidente de Tránsito No. 146940 del día 14 de marzo
de 2012, suscrito por el señor Jhon Jairo Montoya, con placa No. 254 de la
Secretaría de Tránsito y Movilidad, con su respectivo croquis, en donde se
dejó consignado lo siguiente:

“Hipótesis: Código 137 Conductor 1 HSC 317
No estar pendiente del sentido vial que se hizo por obras en la cra 1.
Nota: La demarcación de la vía es deficiente, no hay regulador de tráfico
en el sitio para informar a los conductores. En la vía se adelantan obras.”

Copia del Anexo No. 1 perteneciente al Informe de Accidente con formulario
No. 146940, en donde se consignó lo siguiente:

“VERSION CONDUCTOR 1 al hacer la curva no se encontraba
señalización que indicara doble vía, por lo tanto, no se vio la moto que
venía contraria, falta de señalización.

VERSION CONDUCTOR 2 siendo las 2 PM del día 14 de marzo del año
2012 sali de mi casa en el barrio San Antonio, para dirijirme al centro de la
ciudad, busque la calle 5 con cra 1 y cogi el carril marcado por el tránsito a
buscar la cra 10 y en la calle 5 con cra 5 y 6 me encuentro un carro que de
frente me atropella, lesionando a mi esposa y a mi.”

Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente los señores Orlando
Bedoya López e Inés Amparo Zamora García padecieron un accidente de
tránsito el día 14 de marzo de 2012, mientras conducía su motocicleta por la
Calle 5 con Cra 6 de la ciudad de Cali, cuando colisionó con un vehículo de
placas HSC 317 Chevrolet Trooper, conducido por el señor Nilson Jacobo
Cuellar Muñoz, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito
por el funcionario que atendió la eventualidad, se indicó como hipótesis del
accidente, que el conductor del vehículo de placas HSC 317 no estuvo
pendiente del sentido vial que se hizo por las obras que se estaban realizando
en dicha vía, no obstante se dejó como una nota, que la demarcación de la
vía era deficiente, que no había regulador de tráfico en el lugar, que alertara a
los conductores de las obras que se estaban llevando a cabo.

En este escenario, como se observa, solo se aportó al proceso el informe de
accidentes de la policía en la que se dejó fijada dos hipótesis del accidente,
por un lado posiblemente confluyendo el no estar pendiente del sentido vial,
así mismo, la señalización deficiente, no obstante, esta Corporación no puede
determinar, a partir del mismo que fehacientemente que la causa del daño
haya sido la falta de demarcación y señalización en la vía, toda vez que si
bien se dejó constancia de la falta de demarcación y presencia de agentes de
tránsito en el lugar, en donde se estaba llevando a cabo unas obras, también
se dejó como hipótesis del accidente, que el conductor que colisionó con la
motocicleta de los demandantes, no estuvo pendiente del sentido de la vía,
pero en estricto sentido dicha prueba solo prueba dichas deficiencias […].

En este escenario, la Sala no puede determinar que el daño, a pesar de las
hipótesis del informe, se haya causado por una falla del servicio por parte del
Municipio de Cali, pues de las pruebas allegadas al plenario se anotaron las
dos posibilidades, máxime que no hubo testigo de los hechos constatándose
nula prueba sobre del nexo causal entre éste y la acción u omisión en que
pudo haber incurrido la Administración en su deber de señalización de la
malla vial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Si bien se aportó material documental fotográfico en la forma aportada con la
demanda, no ofrece certeza respecto a los hechos esenciales que rodearon
su expedición o producción, y al margen de que la entidad demandada
reconozca su localización, razón por la cual dicho material no será valorado
para efectos de decidir las pretensiones planteadas. Sobre el tema de las
fotografías el Consejo de Estado ha precisado: “(…) la jurisprudencia de la
Corporación ha considerado que las fotografías no pueden ser valoradas en
el proceso puesto que carecen de mérito probatorio, ya que ellas registran
imágenes sobre las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la
época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza
sobre el sitio o la vía que en ellas aparece, ya que al carecer de
reconocimiento o ratificación, no pueden cotejarse con otros medios de
prueba allegados al proceso (…)”

En virtud de lo anterior, se colige que los razonamientos expuestos por el juez
de primera instancia son correctos, y por el contrario los argumentos
expuestos por la parte recurrente orientados a analizar las conductas de los
conductores no tendrían bases probatorias para variar la posición del Juez,
por cuanto hay inexistencia de prueba sobre la imputabilidad del daño a la
entidad sobre lo que no giró en estricto sentido el recurso. Por ende, se
confirmará la sentencia de primera instancia No. 21 del 23 de marzo de 2021
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali- Valle,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del medio de control
de reparación directa, la cual fue analizada y decidida razonablemente en la
providencia cuestionada, siendo esta en la que se concluyó, precisamente que, del
informe de tránsito, en el cual estaban contenidos además, el croquis y las
versiones rendidas por el guarda de tránsito y del señor Nilson Jacobo Cuéllar
Muñoz, conductor del otro vehículo involucrado en el accidente, no se podía
determinar fehacientemente que la causa del daño, este es el accidente vial,
hubiese sido la falta de demarcación y presencia de agentes de tránsito en el lugar
donde se estaban realizando unas obras, toda vez que de la misma prueba
también se estableció que el conductor que colisionó con la motocicleta no estaba
pendiente del sentido de la vía.

De lo anterior y, con fundamento en la normativa sobre la responsabilidad de las
entidades territoriales sobre la infraestructura de transporte —artículos 17 y 19 de
la Ley 105 de 1993— y el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), así
como la jurisprudencia de esta Corporación que citó para exponer el régimen de
responsabilidad del Estado en casos de accidentes de tránsito, el tribunal hoy
accionado confirmó la decisión de primera instancia, la cual determinó que no
existían pruebas suficientes y contundentes para determinar el nexo causal en el
caso estudiado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga, toda vez que, respecto del defecto fáctico y decisión sin
motivación3 alegados no se cumple el requisito de la relevancia constitucional al
replicarse los argumentos expuestos en el proceso ordinario.

En cuanto al desconocimiento del precedente, precisa la Sala que, tal como se
expuso en los antecedentes, la parte actora no identificó las sentencias que
considera omitidas y que se debían aplicar al caso concreto, pues su justificación
para invocar tal defecto fue la supuesta falta de motivación jurisprudencial y
normativa para proferir la decisión que hoy ataca. En todo caso, al igual que el a
quo, la Sala considera que la decisión cuestionada sí tuvo sustento jurisprudencial,
pues se soportó en dos pronunciamientos de la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación: las sentencias del 26 de noviembre de 2018,
radicado 2008-00102-01 (41.940), y del 29 de abril de 2019, radicado 2005-01265-
01 (40.713), las cuales citó para luego concluir que no estaba acreditado que el
accidente de tránsito hubiera ocurrido como consecuencia del incumplimiento de
obligaciones a cargo del municipio demandado.

De igual modo, respecto de la violación directa de la Constitución, la Sala advierte
que la parte actora no logró acreditar el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto no se observa una sustentación amplia y razonable que explique las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en esta causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, pues los accionantes se limitaron a enunciar la
vulneración de sus derechos fundamentales, sin argumentar, con suficiente
claridad, por qué motivo la autoridad judicial demandada dejó de aplicar las
disposiciones constitucionales o realizó una interpretación que resulta contraria a
la Constitución.

Finalmente, en cuanto al defecto sustantivo, se resalta que, contrario a lo expuesto
en la tutela, como se expuso con anterioridad, la autoridad judicial accionada hizo
una reseña normativa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto así:

3 Tal como fue considerado por el a quo, el defecto de decisión sin motivación está íntimamente ligado a la

supuesta indebida valoración de las pruebas, por lo que el estudio que se realizó en la presente instancia se
limitó a establecer si se cumplió o no el requisito de relevancia constitucional en relación con el defecto
fáctico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.1 Responsabilidad de los Municipios en el mantenimiento y señalización de
las vías urbanas y rurales de su jurisdicción

La Ley 105 de 1993 por medio de la cual se dictaron disposiciones básicas
sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales y se reglamentó el sector la planeación en
el sector transporte, en el artículo 19 y siguientes reguló las funciones y
responsabilidades sobre la infraestructura del transporte, así:

“Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte

Artículo 19º.- Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a
las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y
cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos
establecidos en la presente Ley. (…)

Artículo 17º.- Integración de la infraestructura distrital y municipal de
transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de
transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad
del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los
aeropuertos los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la
participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y
aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le
sean transferidos.
Parágrafo 1º.- En los casos en que se acometa la construcción de una vía
nacional o departamental, su alterna, podrán pasar a la infraestructura
municipal si reúne las características de ésta, a juicio del Ministerio de
Transporte.”

Por su parte, el Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002- definió los
organismos de tránsito y dispuso que las secretarias de tránsito municipales
son organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.

“ARTÍCULO 6o. ORGANISMOS DE TRÁNSITO. Serán organismos de
tránsito en su respectiva jurisdicción: (…)

c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su
respectivo municipio y los corregimientos; (…)

PARÁGRAFO 1o. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de
Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para
cumplir las funciones que les sean asignadas en este código (…)”

Más adelante el artículo 115 ibídem señaló que cada organismo de tránsito
tiene el deber legal de instalar y mantener las señales de tránsito, conforme a
la características, uso y ubicación que defina para tal efecto el Ministerio de
Transporte.

“ARTÍCULO 115. REGLAMENTACIÓN DE LAS SEÑALES. El Ministerio de
Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito,
su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente.
Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio
nacional.

PARÁGRAFO 1o. Cada organismo de tránsito responderá en su
jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de
las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán
determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el
inventario general de la señalización en cada jurisdicción.(…)”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

El Código también clasificó y definió las señales de tránsito en los siguientes
términos:
“
“Artículo 110. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES. Clasificación y
definición de las señales de tránsito:

Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las
vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya
violación constituye falta que se sancionará conforme a las normas del
presente código.

Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la
existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al
usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o
informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el
régimen normal de utilización de la vía. (…)

PARÁGRAFO 2o. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la
colocación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos inclusive
en las vías privadas abiertas al público. Las autoridades locales no podrán
ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de las
autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos
de tránsito para que no se presenten congestiones. (…)

Las disposiciones anteriores permiten concluir que las vías urbanas hacen
parte de la infraestructura municipal de transporte, por tanto, es competencia
de las entidades territoriales la construcción y conservación de todos y cada
uno de los componentes de su propiedad, por ende, cada organismo de
tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de
todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de
tránsito y la prevención de accidentes […].

De lo anterior se evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí
tuvo en cuenta la normativa aplicable al caso concreto y, sin embargo, se
determinó que, de las pruebas aportadas al proceso no era posible demostrar el
nexo de causalidad para así determinar la responsabilidad del Estado en el
accidente de tránsito que sufrieron los demandantes. Decisión que resulta
razonable y no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional, de
ahí que, al igual que el a quo, la Sala negará el amparo en relación con el defecto
sustantivo.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00869-01
Demandante: Diego Fernando Bedoya Zamora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece
a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.a
spx.

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