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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00876-00

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00876-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Miguel Ángel Medina Cruz, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00876-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

4 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00876-00
Demandante: Miguel Ángel Medina Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00876-00
Demandante MIGUEL ÁNGEL MEDINA CRUZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por
violación directa de la Constitución Política. Reparación directa.
Responsabilidad estatal por el hecho del legislador. Caducidad
del medio de control. Requisitos de procedencia de tutela: la
relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Miguel Ángel Medina Cruz, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de febrero de 20231, Miguel Ángel Medina Cruz, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Las pretensiones son las siguientes:
“PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales están siendo vulnerados a mi
defendido, por el auto del 17 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Tercera Subsección A, que confirmó el auto que rechazó la demanda.
SEGUNDA: Que se REVOQUE el auto del 17 de noviembre de 2022 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección A, dentro del proceso Radicado
Nº.11001333603620210029201 (2da instancia), por medio del cual se confirmó el auto que
rechazó la Demanda.
TERCERA: Que se profiera decisión sustitutiva disponiendo la admisión de la Acción de
Reparación Directa con Radicado Nº.11001333603620210029200 (1erainstancia)”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Miguel Ángel Medina Cruz ingresó a la Escuela de Suboficiales de la
Fuerza Aérea el 18 de enero de 1999 hasta el 16 de diciembre de 2001.

1 Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00876-00
Demandante: Miguel Ángel Medina Cruz

2.2. Consideró el actor que con la expedición del Decreto Ley 1790 de 2000 que
modificó el Decreto 1211 de 1990, se defraudaron las expectativas legítimas
de los estudiantes que se encontraban en las escuelas de formación militar.
2.3. Por tal razón, el accionante Miguel Ángel Medina Cruz en ejercicio del medio
de control de reparación directa, demandó a la Nación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa,
Fuerza Aérea y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el fin de que se
declararan administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y
perjuicios ocasionados con ocasión de la expedición del Decreto 1790 de
2000.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo de Bogotá (radicación Nro. 11001-33-36-036-2021-00292-00)
que, en providencia del 18 de febrero de 2022 rechazó la demanda.
Consideró el juzgado que había operado el fenómeno de la caducidad del
medio de control de reparación directa.
A esta conclusión llegó, luego de encontrar que el actor había ingresado a la
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea con la expectativa de ingresar en
el escalafón militar en el grado de Técnico Cuarto y que, según el demandante,
esa expectativa se había visto cercenada con la expedición del Decreto Ley
1790 de 2000 que modificó el Decreto 1211 de 1990, al reformar la jerarquía
militar vigente, sin crear un régimen de transición, de manera que, el hecho
dañoso atribuible a las entidades se daba con la expedición de la mencionada
Ley 1790 de 2000, cuya publicación fue el 14 de septiembre de 2000.
Así, informó que el término de caducidad ocurrió entre el 15 de septiembre de
2000 y el 15 de septiembre de 2001 y que, la demanda se presentó el 21 de
septiembre de 2021, lo que hacía extemporáneo el medio de control y que, no
había interrupción con la solicitud de conciliación prejudicial ya que esta se
había radicado ante la procuraduría el 9 de julio de 2021.
Aclaró que aun cuando el actor manifestó que no pudo ejercer antes el medio
de control de reparación directa porque se encontraba imposibilitado para
exigir la protección de sus derechos por la situación de subordinación e
indefensión y ver comprometido su trabajo y que por tanto debía contarse no
desde la entrada en vigencia de la norma sino cuando se superaron tales
circunstancias que fueron el 31 de octubre de 2019 cuando la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares le reconoció y ordenó el pago de la asignación de
retiro con ocasión de su retiro del servicio por facultad discrecional, no podía
afirmarse que la institución lo hubiera despedido por haber hecho algún tipo
de reclamación ya que no había prueba de esto.
2.5. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que, en
providencia del 17 de noviembre de 2022 <<notificada el 22 de noviembre de
2022>>, confirmó la decisión de primera instancia.

Sostuvo que tal como lo ha precisado el Consejo de Estado, cuando se
pretende la reparación directa que pretende indemnización por perjuicios
causados por una norma dictada por el legislador o con facultades
extraordinarias, que está ajustada al ordenamiento jurídico, la caducidad debía

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Demandante: Miguel Ángel Medina Cruz

contabilizarse a partir de su promulgación o publicación, por ser este el
momento de la ocurrencia del hecho causante del daño.
Agregó que, teniendo en cuenta que la norma fue analizada por la Corte
Constitucional en sentencia C-923 de 2001 fue declarada exequible, aun
contando la caducidad desde la mencionada sentencia que fue el 29 de agosto
de 2001, que le dio la firmeza definitiva a la norma, el término de caducidad
corrió hasta el 30 de agosto de 2003 y la conciliación y la demanda se
presentaron en el año 2021 (9 de julio y 21 de septiembre de 2021), por lo que
operó el fenómeno de la caducidad.
En cuanto a la imposibilidad de demandar, dijo que no era evidente que al
demandante lo hubieran podido desvincular por las acciones que quisiera
entablar para reclamar el daño por el que ahora demandaba, toda vez que la
facultad discrecional era posible por razones del servicio y que, iniciar acciones
legales o de solicitud de reparación directa no estaba relacionado con el
servicio que prestaba en las fuerzas militares.
3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró que, al proferir la providencia del 17 de noviembre de 2022
en el medio de reparación directa con la radicación Nro. 11001-33-36-036-2021-
00292-00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, incurrió en defecto por violación directa de la Constitución Política.
Manifestó que en la decisión podía advertirse la prevalencia del derecho procesal
sobre el sustancial, con lo que se desconocía la responsabilidad del Estado por el
hecho del legislador y en consecuencia derechos fundamentales como el proyecto
de vida, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso, la primacía del
derecho sustancial y el principio de confianza legítima
Dijo haber ingresado a la Fuerza Aérea por su profunda aptitud de servicio, sentido
de pertenencia, y la certeza de ingresar al escalafón militar en el grado de Técnico
Cuarto según lo ampliamente publicitado por la Escuela de Suboficiales de la Fuerza
Aérea, con lo que planteó su proyecto de vida, pues que con esta decisión buscó
estabilidad en todos los ámbitos de su vida, ya que dentro de la entidad obtendría
un desarrollo personal y profesional que le permitiría mejorar su estilo de vida y el
de su familia, pero que con la expedición del Decreto Ley 1790 de 2000, se generó
un daño a su proyecto de vida y por tanto se defraudaron las expectativas legítimas
de llegar a ser lo que en principio se orientó a ser
Se refirió a la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, su génesis
desde la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución
Política, la posición de la Corte Constitucional en relación con la responsabilidad por
el hecho del legislador y consideró que, el Gobierno Nacional modificó el régimen
personal de carrera militar de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, actuando
dentro de las potestades que le otorga el ordenamiento jurídico, es decir, su
actividad se encuentra ajustada a la ley, pero que, sin embargo, se le ocasionaron
unos daños que no se encontraba en el deber jurídico de soportar.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Inicialmente conoció del presente asunto el Juzgado Veinte Administrativo de
Bogotá, que mediante auto del 17 de febrero de 2023, dispuso la remisión por
competencia al Consejo de Estado.
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Demandante: Miguel Ángel Medina Cruz

4.2. Asignado el asunto al despacho ponente, por auto del 22 de febrero de 2023,
el despacho admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes
accionante y accionada y, dispuso la vinculación como tercero con interés al
Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, autoridad que dictó el auto
que rechazó la demanda por caducidad en primera instancia.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, rindió informe por conducto de la magistrada que actualmente
dirige el despacho que emitió la decisión y, manifestó que se posesionó desde
el 3 de febrero de 2023, lo que le impedía emitir un juicio en relación con las
consideraciones tenidas en cuenta en la providencia cuestionada.

4.4. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, allegó el link de
acceso al proceso ordinario. No se pronunció del fondo del asunto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta que se trata de una acción de tutela contra providencias
judiciales, corresponde a la Sala determinar si se cumplen los requisitos de
procedencia, concretamente el de relevancia constitucional.

De ser así, corresponderá establecer si al proferir el auto del 17 de noviembre de
2022, en el marco del medio de control de reparación directa tramitado bajo el
radicado 11001-33-36-036-2021-00292-00/01 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, se incurrió en el defecto por
violación directa de la Constitución Política.

4. Requisito de relevancia constitucional y análisis en el caso concreto.

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo
de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y la Corte
Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018 han señalado algunos criterios
orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no
con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el
6 Ibidem
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interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural7.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.

4.2. En el presente asunto, advierte la Sala que no se cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, pues si bien la parte accionante alega la
configuración del defecto por violación directa de la Constitución Política, los
argumentos que lo soportan son una reiteración de los expuestos en el recurso
de apelación contra la providencia de primera instancia del Juzgado Treinta y
Seis Administrativo de Bogotá.

7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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4.3. En el recurso de apelación, contra la providencia de primera instancia que
rechazó por caducidad la demanda de reparación directa promovida por el hoy
tutelante, se refirió a la imposibilidad de presentar con anterioridad la demanda
de reparación directa; y a los puntos relacionados con el acceso a la
administración de justicia, las expectativas que se generaron al momento de
dar inicio a su carrera en la Fuerza Aérea, de ser ascendido y de tener una
mejor calidad de vida para él y su familia. Todos estos aspectos se abordaron
en el recurso, con miras a que el juez de segundo grado analizara su situación
y las condiciones que en que en su sentir, se dieron en su caso concreto y que
le impidieron ejercer el medio de control con anterioridad.

Es así como en el recurso mencionó los siguientes aspectos, que resultan
comunes con el escrito de tutela:

4.3.1. Afirmó que ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea motivado
por la publicidad recibida por parte de la Fuerza Aérea donde se le prometía
que luego de cursado y aprobado el programa ingresaría al escalafón militar
en el grado de Técnico Cuarto, pero que con la expedición del Decreto Ley
1790 de 2000, fueron vulneradas las expectativas legítimas que se le habían
generado y que, el daño se concretó cuando se reconoció la asignación de
retiro en el grado de Técnico Primero y no de Técnico Subjefe como esperaba.

4.3.2. Se refirió al acceso efectivo a la administración de justicia, hizo mención del
artículo 229 de la Constitución Política y sostuvo que de este derivaba la
protección de otros derechos fundamentales y la prestación del servicio de
justicia, lo que se veía cercenado al haberse determinado por la autoridad
judicial que en el caso se configuraba la caducidad del medio de control.

4.3.3. Anunció que en su momento no ejerció ninguna reclamación ni acción legal,
en la medida que estaba activo en la institución y esto implicaba estar en
permanente subordinación de manera que, de ejercer acciones en contra de
la institución estando en servicio activo, podría implicar que tomaran retaliación
en su contra, lo que amenazaba su estabilidad y la de su familia, de manera
que solo cuando fue retirado del servicio y le fue reconocida asignación de
retiro, se materializó el hecho dañoso en su contra, razón por la que era desde
allí que debía iniciar a contabilizarse el término de caducidad.

4.4. En el escrito de tutela presentó nuevamente los argumentos relacionados con
el acceso efectivo a la administración de justicia, la expectativa legítima que
dijo tener con la vinculación a la Fuerza Aérea no solo para él sino para su
grupo familiar, sumado a la naturaleza de la responsabilidad del Estado por el
hecho del legislador que dijo, era aplicable a su caso y por lo que pretendía la
indemnización de perjuicios.

Se indicó puntualmente en la demanda de tutela lo siguiente:

4.4.1. De una parte, hizo mención del derecho de acceso a la administración de
justicia, citó el artículo 229 de la Constitución Política y sostuvo que por medio
de su ejercicio, era posible garantizar la prestación del servicio de justicia a
todos los ciudadanos, lo que se había visto desconocido con la decisión
cuestionada.

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4.4.2. De otra parte, sostuvo que la escogencia de su proyecto de vida se motivó
tomando como base las oportunidades brindadas por la Fuerza Aérea al
momento de su ingreso a la escuela, lo que de manera radical cambió y alteró
sus planes con factores ajenos a él, norma que le fue impuesta y que sumado
al miedo de ser desvinculado y ante la imposibilidad de reubicarse
laboralmente, lo colocaba en una situación de indefensión ya que su formación
lo preparó para el ejercicio de la carrera militar, ejercicio que lo sometió a una
subordinación y lo imposibilitó en su momento para exigir la protección de sus
derechos, ya que de hacerlo, ponía en riesgo su proyecto de vida y el de su
familia.

4.4.3. Consideró que se trataba de un desconocimiento de las expectativas legítimas
que fueron generadas por el mismo Estado, a través de la Fuerza Aérea al
momento de promocionarse el programa de formación y de ascenso y que,
fueron cambiadas, lo que modificó su plan de vida y el de su familia.

4.5. La providencia que se cuestiona es la decisión del 17 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que confirmó la decisión del juzgado de primera instancia, en
el que se resolvió el problema jurídico, con los siguientes argumentos:
“18. Atendiendo lo anterior, es menester recordar, como lo ha precisado el Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo que cuando se pretende la reparación directa que tiene como
propósito la indemnización de los perjuicios causados por una norma dictada por el legislador
o con facultades extraordinarias, que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, la
caducidad se cuenta a partir de su promulgación o publicación, por ser este el momento de la
ocurrencia del hecho causante del daño, así lo sostenido la alta corporación :
[…]
20. Acotado lo anterior, la Sala encuentra que el hecho que se imputa como generador del
daño atribuido a las demandadas, es decir el Decreto Ley 1790 de 2000 rigió a partir de la
fecha de publicación, la cual ocurrió el 14 de septiembre de 2000. Ahora bien, si bien la norma
en mención fue analizada en sede constitucional en sentencia C- 923 de 2001, fue declarada
exequible, por lo que aun contando la caducidad desde la mencionada sentencia 29 de agosto
de 2001, que le dio la firmeza definitiva a la norma objeto del daño deprecado contras las
demandadas, el término de caducidad corrió hasta el 30 de agosto de 2003. Luego, como
quiera que la solicitud de conciliación y la demanda se radicaron en el año 2021 (9 de julio y
21 de septiembre de 2021), operó el fenómeno de caducidad.
21. Así las cosas, es preciso señalar que aun cuando el demandante indique que en el
presente caso se reclama un daño continuado, según lo expuesto en la demanda y el recurso
de apelación, el daño reclamado de “cercenar la expectativa legitima de ingresar al escalafón
militar en el grado de Técnico Cuarto del demandante”, se concretó en un solo momento y no
se prolongó en el tiempo, es decir con la expedición del Decreto 1790 de 2000 presuntamente,
pues a partir de tal momento el demandante conoció que las normas que regulaban la carrera
del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares se había modificado y no podría
acceder a la expectativa que tenía para ascender al escalafón militar pensado de cuando
ingresó a prestar su servicio, en 1998.
22. Del mismo modo, para la Sala no resulta suficientemente acreditado lo indicado por el
demandante en cuanto a que se le imposibilitó adelantar las acciones correspondientes para
reclamar la reparación de perjuicios por el cambio de normativa que cercenó su expectativa
laboral militar, por cuanto según lo aduce podía ser desvinculado por la corporación militar, en
tanto los artículos 90 y 104 establecen como facultad discrecional de la entidad militar
desvincular a los oficiales o suboficiales. 23. Para la Sala, la norma antes señalada no hace
evidente que al demandante lo hubiesen podido desvincular por las acciones que quisiera
entablar para reclamar el daño que hoy depreca contra las demandadas, pues en los
mencionados artículos, se habla que la facultad del retiro discrecional se hará por razones del
servicio, y en este caso iniciar acciones legales o de solicitud de reparación no está
relacionado con el servicio que prestaba el demandante en las fuerzas militares como Técnico
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Demandante: Miguel Ángel Medina Cruz

Primero de la Fuerza Aérea, luego ese primer requisito no se encontraba cumplido para que
presuntamente aplicará la norma señalada”.

Los apartes transcritos, permiten evidenciar que el tribunal se refirió a los
cargos y argumentos expuestos por la parte recurrente, y expuso las razones
por las que se consideró que, como lo había advertido el a quo, el medio de
control de reparación directa presentado estaba caducado e incluso, que pese
los argumentos presentados para determinar que solo hasta su retiro del
servicio le fue posible demandar ya que pudo haber sido desvinculado por
entablar acciones en contra de la institución en servicio activo, eran
afirmaciones que no podían ser tenidas como válidas para excusar la tardía
presentación de la demanda.

De este modo, se advierte la solución del caso por parte de la autoridad judicial
accionada a partir de los argumentos presentados y, el reiterar los
fundamentos de acceso a la administración de justicia y de ver mermadas las
expectativas legitimas que tenía de poder ascender en la institución y haberse
dado más prevalencia del derecho procesal sobre el sustancial, lo que
evidencia es que lo que busca el actor es una nueva decisión y con esto,
proyectar la acción de tutela como una instancia adicional.
4.6. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa
posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias
judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera
reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales,
la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en
materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una
vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.

9

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Demandante: Miguel Ángel Medina Cruz

5. Conclusión

Tales consideraciones resultan suficientes para concluir que la presente acción es
improcedente por no estar acreditado el requisito de relevancia constitucional, razón
por la que se declarará su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Miguel
Ángel Medina Cruz, por las razones expuestas en la presente providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) Ausente con permiso
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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