Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00877-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00877-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00877-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de abril de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: JAVIER ENRIQUE GÓMEZ PEÑA
Accionado: MARTHA ISABEL RUEDA PRADA Y ÉDGAR HIGINIO
VILLABONA, MAGISTRADOS DE LA COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE SANTANDER
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora gira en torno a un proceso
que está en trámite.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Javier Enrique
Gómez Peña en contra de los magistrados de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander, señores Martha Isabel Rueda Prada y
Édgar Higinio Villabona.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra de las precitadas
autoridades y para ello formuló las siguientes pretensiones 1:
“[…] 1. Solicito al Juez competente TUTELAR mis derechos fundamentales,
como: el Debido Proceso (art. 29 C.N.), Derecho a la Defensa (art. 29
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00336 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
C.N.), Derecho a la Igualdad (art. 13 C.N.), y el Derecho al Acceso a La
Administración de Justicia (Art 228 de la C.N.), entre otros, que se
encuentran gravemente amenazados por la Magistrada MARTHA RUEDA y
el Magistrado EDGAR VILLABONA, por cuanto LO DECIDIDO EN ESTA
TUTELA AFECTA DECISIONES EN EL PROCESO QUE SE TRAMITA y fueron
conocidas por los dos accionados, que basado en lo otrora llamado por
VÍAS DE HECHO, LAS DECISIONES JUDICIALES QUE HAN tomado dichos
accionados HAN DE SER DECLARADAS NULAS, en lo referente a la
RECUSACION y se ordene realizar todo el procedimiento oral como lo
ordena la Ley otorgándoseme el derecho a sustentar en audiencia las
razones de la recusación en contra de la Magistrada Rueda.
2. Que se declare la nulidad de todo lo actuado posterior a la audiencia en
la que solicité la recusación de la Magistrada Rueda.
3. Que no sea el accionado Magistrado Villabona quien resuelva la
recusación.
4. Que se me permita el cambio de radicación ya que los incidentes
correccionales se están tramitando por normas del procedimiento penal,
rama del derecho en la que opera esta figura, y la razón es por la clara
ausencia de imparcialidad de la que soy víctima y de garantías procesales
por parte de mi accionada la Magistrada Rueda.
5. ORDENAR, en consecuencia, de la anterior sea compulsadas copias
pertinentes ante el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, para que
sean investigados los funcionarios judiciales que pudieron obrar ilegal y
arbitrariamente dentro de esta la causa disciplinaria
68001250200020210078000.
6. ORDENAR, en consecuencia, de lo anterior sea compulsadas copias
pertinentes ante FISCALIA GENERAL DE LA NACION, para que sean
investigados los funcionarios judiciales que pudieron obrar ilícita e
ilegalmente dentro de la causa disciplinaria 68001250200020210078000.
[…]”. (mayúsculas originales en el escrito)
(subrayas ajenas)
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander adelanta en su contra la investigación disciplinaria identificada
con el radicado nro. 68001 25 02 2021 00780 00 y que, dentro de dicha
investigación, la magistrada Martha Isabel Rueda Prada inició un incidente
correccional “(…) basado en una constancia de una subalterna suya que
manifiesta que telefónicamente la trate mal al hacerme ella una llamada
(…)”.
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Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
Señaló que en la audiencia llevada a cabo el 18 de noviembre de 2022,
presentó recusación en contra de la magistrada Rueda Prada e indicó que
“(…) hacía uso de mi derecho consagrado en el artículo 63 de la Ley 1123
de 2007 y que fundamente (sic) en las causales del artículo 61 de la
misma ley , la cual en su artículo 64 al regular el procedimiento para la
RECUSACION dice lo siguiente en su inciso final: “La actuación
disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se
presente la recusación y hasta cuando se decida.”, sin embargo EL ILEGAL
ACTUAR, EL ARBITRARIO ACTUAR de la accionada la Magistrada Rueda la
llevo a negarme el derecho a seguir con la formulación de la recusación y
por ende permitir mi derecho a sustentar los argumentos de mi
recusación, y claro hacer lo que es de obligatorio cumplimiento so pena
de violar la ley, que es SUSPENDER LA AUDIENCIA donde se formula la
Recusación (…)”.
Sostuvo que la magistrada Rueda en la referida audiencia le silenció el
micrófono, le quitó el uso de la palabra por formular la recusación y le
aseguró que lo que buscaba era dilatar el proceso, por cuanto la
recusación la debió presentar por escrito antes del inicio de la misma.
Manifestó que la magistrada Rueda continuó con la audiencia, practicó
pruebas testimoniales y permitió que un defensor de oficio “(…) impuesto
para mí también los interrogara, a pesar de estar yo presente exigiendo
la suspensión de la audiencia y la nulidad de la misma por no aceptar mi
recusación, defensor de oficio cuyo nombramiento es ILEGAL,
ARBITRARIO Y NULO (…)”.
Anotó que al final de la audiencia le manifestó a la magistrada que “(…)
en aplicación de los principios rectores del procedimiento disciplinario
articulo 48 y siguientes la actuación procesal debe ser oral artículo 57,
por lo que la radicación de la solicitud se hace en la misma audiencia,
procediendo mi accionada a guardar silencio durante varios minutos para
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finalmente suspender la audiencia por la RECUSACION que yo había
formulado y que ignoró, con el agravante que decidió trasladar la
RECUSACION al magistrado en turno para que este resolviera, sin existir
argumento alguno por parte del suscrito para sustentar dicha recusación,
ya que me negó dolosamente el derecho a sustentar en audiencia mis
argumentos para recusación (…)”.
Expresó que al magistrado Édgar Higinio Villabona le correspondió el
conocimiento de la recusación, y que, a través de correo electrónico, le
expuso de manera breve los argumentos de la misma y le solicitó
permitirle sustentar la recusación en audiencia; sin embargo, aseveró que
la referida autoridad judicial decidió la recusación por fuera de audiencia,
aduciendo que no existían argumentos para la recusación “(…) y que no
veía que las causales que yo medianamente manifesté en el correo
electrónico que le envié se presentaran, y recalcó causales que envié por
correo electrónico ya que de manera ILEGAL Y DOLOSA me negaron el
derecho a sustentar los argumentos de mi RECUSACION en audiencia
como es el deber legal y las causales de la misma, lo que más llama la
atención aquí es, que recusación hubiera resuelto el Accionado el
Magistrado Villabona si ni siquiera hubiera enviado el correo electrónico
mencionado, ¿hubiera dicho que no tramitaba la recusación por falta de
sustentación acaso? Todo lo actuado a partir de la formulación de la
recusación debe ser declarado NULO (…)”.
Precisó que los magistrados accionados actuaron en forma contraria a la
ley y le negaron el derecho a la sustentación oral de la recusación como
lo ordena el procedimiento disciplinario “(…) es decir estamos ante un
Defecto procedimental absoluto y a la vez ante un Defecto fáctico (…)”.
Informó que le notificaron que el 9 de febrero de 2023 se iba a llevar a
cabo otra audiencia y le impusieron la obligación de asistir de manera
presencial, mientras que a las demás partes les permitieron hacerlo de
manera virtual, lo que, a su juicio, le vulnera su derecho a la igualdad.
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Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
Indicó que la magistrada Rueda “(…) cometió presunto prevaricato por
acción que decidirá la FISCALIA GENERAL DE LA NACION al nombrar un
defensor de oficio y declararme persona ausente, ella confunde la toga de
magistrada con una capa que le da superpoderes para arrasar con los
derechos de quienes lamentablemente estamos sometidos a sus ilegales
decisiones. Estamos ante un Defecto material o sustantivo y defecto
procedimental absoluto, que, desde luego, sin lugar a dudas, es una
nueva vía de hecho porque vulnera de manera grave mis derechos
fundamentales (…)”.
Sostuvo que en la audiencia del 9 de febrero de 2023 solo pudo hablar
por alrededor de un minuto, debido a que fue expulsado por la magistrada
Rueda cuando le solicitó que fuera retirado de la audiencia el abogado
Carlos Felipe Ortiz Guerrero, “(…) mal llamado defensor de oficio, por
razones legalmente básicas, una es que no fue nombrado por el suscrito,
dos que la declaración de persona ausente que hizo mi accionada es ilegal,
es un prevaricato (…), otra razón de mi solicitud de retirar el mal llamado
defensor de oficio es que yo estaba presente en la audiencia del 09 de
febrero de 2022 y elegí ejercer mi defensa y adicional a todo lo anterior
desconfió totalmente del abogado CARLOS FELIPE ORTIZ, de su
idoneidad, transparencia y profesionalismo, ya que así como me fue
impuesto como defensor de oficio para legalizar las ilegales audiencias
practicadas por mi accionada, en dichas audiencias debió ejercer mi
defensa y solicitar las nulidades del caso (…)”.
Adujo que no cuenta con otros medios de defensa judiciales que sean
eficaces e inmediatos para repeler las vulneraciones de las que, afirmó,
es víctima.
Expuso que las decisiones judiciales de los accionados le vulneraron su
derecho a la defensa, al debido proceso y el acceso a la administración de
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Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
justicia por omitir y desconocer las normas del procedimiento disciplinario
vigentes y aplicables al caso concreto.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada en la ventanilla virtual de la Corporación el 17
de febrero de 2023 y correspondió por reparto a la Sección Primera que,
mediante auto del 23 de febrero de 20232, la admitió y dispuso notificar
a los magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, Martha Isabel Rueda y Édgar Higinio Villabona; así como
vincular al señor Óscar Zamora y a los demás integrantes de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Santander3.
Igualmente, se requirió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del
proceso con radicado nro. 68001 25 02 000 2021 00780 00, incluyendo
las audiencias en las que se adoptaron las decisiones que se cuestionan,
el cual fue enviado por medio magnético4.
3.2. El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, Édgar Higinio Villabona Carrero, presentó en tiempo escrito
vía electrónica5, en el que indicó que conoció de la recusación presentada
por el ahora accionante en contra de la magistrada Martha Isabel Rueda
Prada, dentro del proceso disciplinario identificado con el nro. 68001 25
02 000 2021 00780 00.
2
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00877 00.
3
Esta orden se cumplió el 28 de febrero de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00877 00.
4
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 00877 00.
5
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00877 00.
6
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
Advirtió que su actuación se ajustó a lo establecido en los artículos 63 y
64 de la Ley 1123 de 2007 y que resolvió de plano el asunto “(…)
conforme a las causales expuestas por el actor para la recusación
presentada y las pruebas aportadas en su oportunidad, es decir, sin lugar
a traslados, ni celebración de audiencias, ni demás actuaciones que
manifiesta el actor se omitieron, toda vez que, la referida norma no las
contempla (…)”.
Solicitó que se declare improcedente la petición de amparo, por cuanto
no se ha desconocido ningún derecho del accionante, “(…) sino que me
limité a cumplir estrictamente el trámite previsto en la norma precitada,
respetando el procedimiento allí establecido, el cual, por tratarse de
normas procedimentales, de orden público, las cuales observé con total
respeto (…)”.
3.3. La magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, Martha Isabel Rueda Prada, presentó en tiempo escrito vía
electrónica6, en el que solicitó se declare improcedente la acción de tutela.
Sostuvo que el proceso disciplinario de abogados es de naturaleza
jurisdiccional, oral, conforme a lo consagrado en la Ley 1123 de 2007;
que la reserva del sumario, la imparcialidad y la transparencia que
caracterizan la función disciplinaria, le impiden pronunciarse sobre todas
las afirmaciones que el actor realiza respecto de la actuación, desde su
visión como disciplinado, y que el señor Javier Enrique Gómez Peña al
interior del proceso disciplinario tiene las facultades constitucionales y
legales para defenderse, controvertir los actos, invocar nulidades,
interponer recursos, recusar y demás instrumentos.
6
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00877 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
3.4. Los demás magistrados que integran la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander, así como el señor Óscar Zamora,
guardaron silencio.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
4.2.1. El 4 de agosto de 2021 el señor Óscar Mauricio Zamora Castro
presentó una queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, en contra del señor Javier Enrique Gómez Peña11.
4.2.2. Por auto del 6 de agosto de 2021, el despacho de la magistrada
Martha Isabel Rueda Prada, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro.11001 03 15 000 2023 00877 00.
11
Ibidem.
8
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
de Santander, avocó conocimiento de la queja disciplinaria interpuesta
por el señor Óscar Mauricio Zamora Castro en contra del abogado Javier
Enrique Gómez Peña, dio apertura al proceso disciplinario y fijó fecha para
celebrar la audiencia de pruebas y calificación para el 20 de septiembre
de 202112.
4.2.3. El 20 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de pruebas
y calificación prevista en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2003, dentro
del expediente identificado con el nro. 68001 11 10 2000 2021 00780 00,
y en el acta de la audiencia se consignó lo siguiente13:
“[…] Dejo constancia de la inasistencia del abogado investigado, se le citó
al correo JAVIER_GOMEZ9147@HOTMAIL.COM y que el correo rebotó, he
de anotar que la dirección que es obligación de nosotros los de las
comisiones seccionales de disciplina judicial de conformidad con el artículo
104 de la Ley 1123 de 2007 citar a los abogados investigados a las
direcciones que nos aparecen registradas en la unidad de registro nacional
de abogados, por lo tanto, se presume que los abogados han cumplido
con el deber que se les impone en el artículo 28 # 1 de informar a la
unidad de registro de abogados su domicilio profesional, #15 articulo 28
porque de no hacerlo incursionan en falta disciplinaria a voces del articulo
33 # 13 cuando dice que constituye falta disciplinaria infringir el deber
relacionado con el domicilio profesional, entonces el 104 nos ordena citarlo
al domicilio que aparezca en los certificados que nos da la unidad de
registro de abogados, se me informa por parte de la empleada de la
corporación la citadora la Dra. Paola que se enviaron a las plataformas
móviles (…), y al correo electrónico porque no tenemos celular el cual
rebotó, entonces, hoy llegada la audiencia, y para no afectar el derecho
de defensa del disciplinado, se le pidió al quejoso que si contaba con
celulares, aportó 2 celulares que es lo que me dice la empleada, la cual
va a dejar constancia bajo juramento en el proceso incorporado en la
nube, que se llamó al doctor y que en forma alterada e irrespetuosa dijo
que iba a acusar a toda la corporación, que el quejoso tenía grandes
influencias, afirmó que porque un proceso tan céleremente se estaba
tramitando en contra de él, que no iba a asistir, que nos iba a acusar a
todos disciplinariamente, (…) entonces se citó para el 20 de septiembre
pero la queja había ingresado desde el 5 de agosto de 2021, entonces se
rechazan todas esas manifestaciones del togado, a la empleada de esta
corporación a lo cual se ha informado a la suscrita magistrada, finalmente
de conformidad con el artículo 104 CONCÉDASELE AL ABOGADO 3 DÍAS
PARA QUE JUSTIFIQUE SU INASISTENCIA DE NO HACERLO PROCÉDASE
A DESIGNARLE DEFENSOR DE OFICIO CON QUIEN SE CONTINUARÁ EL
TRAMITE DE ESTE PROCESO, he de anotar que su postura, se tiene como
el derecho a guardar silencio en el evento que persista, porque él tiene
12
Ibidem.
13
Ibidem.
9
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derecho a la no autoincriminación, por eso es que la normatividad permite
que nombremos defensor de oficio. […]”. (mayúsculas del original)
4.2.4. El 11 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de pruebas
y calificación prevista en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, a la cual
asistió tanto el quejoso, Óscar Mauricio Zamora Castro, como el
investigado, Javier Enrique Gómez Peña. En dicha audiencia se le corrió
traslado de la queja al investigado, el señor Zamora Castro realizó una
ampliación de la queja, se le concedió la palabra al señor Gómez Peña
para que rindiera su versión libre y se decretaron pruebas.
4.2.5. El 24 de noviembre de 2022 se continuó con la audiencia de
pruebas y calificación prevista en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007,
dentro del radicado 68001 11 10 2000 2021 00780 00, y en la
correspondiente acta se consignó lo siguiente14:
“[…] Se deja constancia que teniendo en cuenta que el ánimo del
disciplinado siempre es entorpecer las audiencias, comoquiera que la sala
lleva más de un año en la celebración de las mismas; primero no
concurriendo, y segundo, concurriendo con suma agresividad ante esta
corporación. Es de anotar que, perfectamente, los mecanismos de
recusación pudo interponerlos antes de la celebración de audiencia y no
en ese momento procesal. Se considera que ya es una forma de
obstaculizar el real trámite de este proceso. Por lo tanto, la sala procede
en primer lugar, a recibir la declaración al señor Rony Tavera y en tal
evento llamar el defensor de oficio para poder celebrar esta audiencia.
(…)
La suscrita magistrada deja constancia que en el momento en que ya se
había tomado el juramento a los testigos, estando presentes en la sala
para efectos de interrogarlos, el abogado intentó obstaculizar esa
diligencia aduciendo que iba a instaurar una recusación cuando ya
estamos en la práctica de pruebas. Por lo tanto, dejo constancia en ese
sentido, como se puede ver en la grabación. Ahora, para darle la palabra,
para efectos que presente la respectiva recusación que dice tener,
observamos que al parecer tenemos problemas técnicos en la sala virtual
del municipio de Cúcuta. Por lo tanto, suspendemos la audiencia
indicándole al abogado que dada la situación en que nos encontramos,
que dice no venir a las audiencias, que se presenta y tenemos esta
problemática, procedemos entonces a indicarle que presente la recusación
y la tramitaremos ante el magistrado que me sigue en turno, de acuerdo
a las manifestaciones que él realizó en esta audiencia. De no ser declarada
14
Ibidem.
10
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separada, de acuerdo a la recusación, ese día, así evaluaremos la prueba.
[…]”.
4.2.6. El 16 de enero de 2023, el magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial, Édgar Higinio Villabona Carrero, decidió la recusación
presentada por el señor Javier Enrique Gómez Peña en contra de la
magistrada Martha Isabel Rueda Prada, en el sentido de declararla
improcedente15.
4.2.7. El 9 de febrero de 2023 se prosiguió con la audiencia de pruebas y
calificación en la que se resolvió formular cargos en contra del profesional
del derecho Javier Enrique Gómez Peña y fijar fecha para la etapa de
juzgamiento para el 9 de marzo de 202316.
4.2.8. Por auto del 14 de febrero de 2023 la magistrada Rueda Prada, de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, reprogramó la
audiencia de juzgamiento para el 20 de abril de 2023 “(…) y a
continuación la audiencia de incidente correccional, en forma virtual, a
través de la plataforma Teams (…)”17.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
11
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Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable18.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial19: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico.
En el asunto bajo examen, el accionante controvierte la providencia
proferida el 16 de enero de 2023 por el magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, Édgar Higinio Villabona, en la que resolvió
la recusación que presentó en contra de la magistrada Martha Isabel
Rueda Prada y, adicionalmente, manifiesta que también interpone la
presente tutela en contra de la citada magistrada, toda vez que, según
afirma, lo obligaron a comparecer de manera presencial a la audiencia
celebrada el 9 de febrero de 2023 y le nombraron defensor de oficio
dentro del proceso disciplinario que se adelanta en su contra, actuaciones
que estima vulneran sus derechos a la defensa, al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, por cuanto desconocen las normas
del procedimiento disciplinario.
En ese sentido, la Sala observa que la acción de tutela deviene
improcedente, habida cuenta que los reproches que aquí se formulan
están relacionados con actuaciones surtidas al interior del proceso
disciplinario que adelanta la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander en contra del actor, y que a la fecha se encuentra en trámite.
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Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
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Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00877 00
Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
Por consiguiente, el accionante tiene a su alcance los medios de defensa
judicial al interior del proceso disciplinario que se surte en su contra,
donde podrá ventilar las inconformidades que formula en la presente
acción de tutela. Al efecto, el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, “por la
cual se establece el código disciplinario del abogado”, prevé, entre otras,
como causales de nulidad del proceso disciplinario la violación del derecho
de defensa del disciplinable y la existencia de irregularidades sustanciales
que afecten el debido proceso (numerales 2 y 3).
Cabe igualmente mencionar que el artículo 99 de la precitada ley
establece que, en cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el
funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las
causales previstas en el mencionado artículo 98, podrá declarar la nulidad
de lo actuado. Lo que quiere significar que el juez natural de la causa
también tiene la potestad de hacer uso de instrumentos procesales para
remediar las actuaciones que se surtan de manera irregular, de tal forma
que no le corresponde al juez de tutela invadir órbitas propias del juez
ordinario del proceso, cuando el accionante no ha hecho uso de los
mecanismos que se han previsto en él.
Aunado a lo anterior, la parte actora no alegó ni probó la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente de manera transitoria la
petición de amparo.
Por lo anotado, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito general de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Accionante: Javier Enrique Gómez Peña
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Javier Enrique Gómez Peña en contra de los magistrados de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, señores Martha
Isabel Rueda Prada y Édgar Higinio Villabona, según lo explicado en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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