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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00880-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00880-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

16 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00880 00
Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Temas: Tutela contra providencia disciplinaria / Control de convencionalidad
/ Ley 1123 de 2007 / Ley 2094 de 2021

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Carlos Alberto Chacón Montoya promueve acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la presunción de inocencia, a la igualdad, el principio de
favorabilidad y el control de convencionalidad.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados solicita:

1.REVOCAR EN SU TOTALIDAD la sentencia emitida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial el día 16 de noviembre de 2022 y notificada el día 10 de febrero de 2023 sala
088 Magistrada Ponente Magda Victoria Acosta Walteros, radicación proceso
110012502000202101852 01.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00880 00
Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

2. ANULAR Y ARCHIVAR todo el proceso disciplinario restableciendo todos los derechos
fundamentales POR NULIDAD TOTAL Y ABSOLUTA POR FALTA DE RESPETO E INCUMPLIMIENTO
A MULTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS COMO SON AL DEBIDO PROCESO, LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, AL JUEZ IMPARCIAL, AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, AL
PRINCIPIO DE IGUALDAD, LA GARANTÍA FUNDAMENTAL DE LA SEPARACIÓN DE ROLES O
FUNCIONES Y AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, TODOS LOS CUALES ESTAN EN CABEZA DE
TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL ESTADO COLOMBIANO al ABOGADO CARLOS
ALBERTO CHACON MONTOYA borrando el registro de sanción.

3. COMPULSAR copias a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y COMISION DISCIPLINA JUDICIAL
para lo de su competencia PENAL Y DISCIPLINARIA para todos los funcionarios involucrados
en todas las actuaciones EN ESPECIAL A LOS HONORABLES MAGISTRADOS: DIANA MARINA
VELEZ VASQUEZ, MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS, ALFONSO CAJIAO CABRERA, JUAN
CARLOS GRANADOS BECERRA, CARLOS ARTURO RAMÍREZ VASQUEZ, SERGIO ALGFREDO
SEGURA, ALFONSO MARTIN LEONAROS SUAREZ VARON ELKA VENEGAS AHUMADA.

4.Que la orden impartida por los Señores Magistrados sea de inmediato cumplimiento.
(transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Del profuso escrito de tutela, como hechos relevantes, se pueden extraer los
siguientes:

i) El 6 de mayo de 2021, la señora Luz Marina Conde interpuso queja disciplinaria
contra el abogado Carlos Alberto Chacón, al haber actuado con negligencia en algunos
de los procesos judiciales en los que lo designó como apoderado especial y por otras
conductas previstas como faltas disciplinarias.

ii) El 31 de mayo de 2022, el Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
sancionó al señor Chacón Montoya con suspensión en el ejercicio de la profesión por
el término de doce meses y multa de tres salarios mínimos legales mensuales.

iii) El 16 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, revocó la
decisión del juez a quo en el sentido de reducir la sanción de suspensión a ocho
meses, absolverlo por determinadas conductas y mantuvo la referida multa.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

1.3.1. El accionante adujo que la providencia objeto de litis incurrió en nulidades
insaneables, aduciendo los siguientes hechos:

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Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

a) La presencia de una segunda persona en la audiencia del 7 de septiembre de 2021,
que acompañaba a la señora Luz Marina Conde.

b) No haber sido escuchado en versión libre como lo consigna la providencia
impugnada y haberse visto obligado a aportar las pruebas a través de correo
electrónico.

c) A pesar de ser enemigo declarado del magistrado sustanciador de primera instancia
del proceso disciplinario desde las aulas escolares, este no se declaró impedido y le
impidió recursarlo.

d) La imputación es abiertamente errada por carecer de fundamento legal y probatorio,
pues no existió certeza sobre la existencia de las faltas y de su responsabilidad al tenor
de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

e) En el trámite del proceso disciplinario no actuó el ministerio público como garante
del debido proceso.

f) Al contrario de lo que sostuvo la quejosa, actuó con debida diligencia en el ejercicio
del mandato otorgado para el trámite del asunto laboral y si se presentó demora en las
gestiones encomendadas fue porque «no se tenía información de nada también de
igual forma yo tuve que conseguir toda la información y formar las pruebas que yo
mismo construí esta señora luz marina termino de entregar las pruebas casi un día
después de radicar la demanda es decir el 22 de abril de 2021, motivo por el cual así
se hizo, además me indico unos testigos que tampoco aparecieron pero aun así se
radico dicha demanda y por último se abandonó porque cuando ya se pudo radicar
dicha demanda laboral todo se le informo de forma casi inmediata, no cumplió con los
honorarios pactados entonces se renunció al poder y de esto se le informo por escrito
como se probó en este proceso. Esto no es falta disciplinaria».

1.3.2. Defecto sustantivo

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i) La decisión adoptada por la autoridad judicial inaplicó el control de convencionalidad,
con desconocimiento de los artículos 12 y 239 -parágrafo- de la Ley 1952 de 2019 y
de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en
torno al alcance del control difuso de convencionalidad, en particular la sentencia Petro
Urrego contra Colombia, en tanto, en los procesos disciplinarios, las funciones de
instrucción y juzgamiento deben estar separadas y, en el caso sub lite, «el magistrado
carece de competencia, porque el tomo la decisión en primera instancia y no podía
haberla tomado, porque la norma es clara en ordenar que debe tomar esa decisión,
primero un solo funcionario y segundo uno diferente a él» en los términos de los
artículos 12 en cita, 16 de la Ley 1123 de 2007- y de las sentencias C-692 de 2008 y
C-592 de 2005. Esta omisión constituye, a su juicio, otra nulidad insaneable.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 28 de febrero de 2023, se ordenó notificar como demandados a los
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que conocieron del proceso
disciplinario 11001 2502 000 2021 01852 01, y como tercero interesado a la señora
Luz Marina Conde, para que dentro del término de dos días y en uso de su derecho
de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

La magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,1 Magda Victoria
Acosta Walteros, ponente de la decisión objeto de litis, anotó que la Comisión no ha
vulnerado los derechos del abogado Carlos Alberto Chacón Montoya, pues fue
investigado y sancionado de conformidad con el régimen jurídico disciplinario que le
resulta aplicable, esto es, la Ley 1123 de 2007, disposición normativa que no prevé la
separación de las funciones de instrucción y juzgamiento, circunstancia que la misma
Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución.

Adujo que la decisión objeto de litis se motivó debidamente, estuvo precedida del
debate y las garantías procesales del trámite disciplinario, y el juicio de convicción en
ella vertido fue fruto de la valoración conjunta, razonada e integral de las pruebas
existentes, aunado a que fueron resueltas todas las nulidades planteadas, razón por

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Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

la cual, no se evidencia una vía de hecho o un defecto que haga mérito de prosperidad
a la petición de tutela, de modo que lo expuesto por el accionante, queda reducido a
su visión particular de cómo debió decidirse.

En tal virtud, solicitó desestimar las pretensiones del libelo tutelar.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 333 de 2021,
que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, 1 según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto», la Sala es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial quebrantó los
derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir la sentencia del 16 de
noviembre de 2022 dentro del proceso disciplinario con radicado 11001 25 02 000
2021 01852 00 [01], por medio de la cual lo sancionó en el ejercicio de la profesión de
abogado.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

1 Fue modificado mediante el numeral 8 del artículo 1. o del Decreto 1983 de 2017.

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Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y de seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

2 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la infracción así como los derechos quebrantados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,4 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente
relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración
de derechos fundamentales y se constata que fueron desarrollados los argumentos

3Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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para respaldar dicho cargo, así como los defectos que en criterio del accionante, se
configuran en la decisión objeto de litis.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra el fallo proferido en segunda instancia por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, además conforme a las causales de nulidad de la
sentencia contenidas en el artículo 294 del CPACA,5 no procede el recurso
extraordinario de revisión, de modo que la parte accionante agotó todos los medios
ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 16 de noviembre de 2022, mientras que la acción
de tutela de la referencia fue radicada el 17 de febrero de 2023,6 es decir, dentro de
los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como
prudencial para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso disciplinario.

2.4. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 6 de mayo de 2021, la señora Luz Marina Conde interpuso queja disciplinaria
contra el abogado Carlos Alberto Chacón, pues entre los años 2018 y 2019 lo contrató
para representarla en varios asuntos, entre ellos: i) un proceso laboral contra María

5 Artículo 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente

procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a
su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número
inferior de Magistrados al previsto por la ley.
Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la
solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas.
6https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023008800

01100103

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Azucena Tovar Rodríguez; ii) un proceso laboral contra Agrupación Quintas de Santa
Bárbara; y c) un proceso civil contra Ana Celmira Díaz Cárdenas, pero no actuó con
diligencia. En los dos primeros asuntos, tardó más de dos años en presentar las
demandas y luego dejó de actuar, y en el tercero no tramitó la conciliación ni subsanó
la demanda que dio lugar al proceso 2019-00291. A pesar de su negligencia, el
abogado percibió más de $20’000.000 de honorarios y durante 2019 obtuvo diversas
sumas para el pago de gastos que no se causaron, específicamente: i) $500.000 para
una póliza a utilizarse en el proceso contra Ana Celmira Cárdenas; ii) $400.000 para
un avalúo del predio objeto de la litis en el proceso de pertenencia contra Antonio José
Narváez; y iii) $200.000 para un edicto en el mismo proceso de pertenencia.

2.4.2. El 31 de mayo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
resolvió:

PRIMERO: NEGAR LA NULIDAD invocada por el disciplinado.

SEGUNDO. DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al abogado CARLOS ALBERTO
CHACÓN MONTOYA, identificado con cédula 79.136.269 y tarjeta profesional 79.700, de
cometer las siguientes faltas: 1) la del numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007,
a título de culpa, en concurso homogéneo y sucesivo, y con ello el incumplimiento del
deber del numeral 10º del artículo 28; 2) la del numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123
de 2007, a título de dolo, y con ello la desatención del deber del numeral 8º del artículo
28; y 3) la del numeral 3° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, en
concurso homogéneo y sucesivo, y con ello la desatención del deber del numeral 8º del
artículo 28.

TERCERO: En consecuencia, SANCIONARLO con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión
por el término de DOCE (12) MESES y MULTA de TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES.

2.4.3. El 16 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dispuso:

PRIMERO: NEGAR las nulidades invocadas por el disciplinado, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022, por
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá en la que resolvió SANCIONAR al
abogado CARLOS ALBERTO CHACÓN MONTOYA, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la
profesión por el término de doce (12) meses y MULTA tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por incurrir a título de dolo en las faltas contempladas en los
numerales 1.° y 3.° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y de culpa en el numeral 1.°
del artículo 37 ibidem, en desconocimiento de los deberes consagrados en los numerales
8.° y 10 del artículo 28 ejusdem, respectivamente, para en su lugar:

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Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

CONFIRMAR la incursión del abogado a título de culpa en el numeral 1.° del artículo 37
de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber previsto en el numeral 10 del
artículo 28 ejusdem, en lo que se refiere el trámite laboral encomendad contra la
señora Tova Rodríguez y Agrupación Quinta de Santa Bárbara y el proceso civil
contra la señora Díaz Cárdenas, por las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

ABSOLVER al abogado de la incursión a título de culpa en el numeral 1.° del artículo
37 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber previsto en el numeral 10
del artículo 28 ejusdem, en lo que se refiere al trámite conciliatorio como requisito de
procedibilidad, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

ABSOLVER al abogado en la incursión a título de dolo en el numeral 1.° del artículo 35
de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber previsto en el numeral 8° del
artículo 28 ejusdem, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CONFIRMAR la incursión del abogado a título de dolo en el numeral 3.° del artículo 25
de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber previsto en el numeral 8.° del
artículo 28 ejusdem, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

REDUCIR la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de
doce (12) a ocho (8) meses y MANTENER la multa de tres (3) salarios mínimo legales
mensuales vigentes, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, suma que por ministerio de la ley se conmina al disciplinado a pagar
dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, so pena de enfrentar su cobro coactivo por el organismo respectivo,
conforme a lo dicho.

[…]

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el caso que se analiza, el accionante afirma que la vulneración de sus derechos
fundamentales se generó por razón de la actuación adelantada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario iniciado en su contra, pues
según su criterio, desconoció el derecho al debido proceso, a la presunción de
inocencia y a la igualdad.

Al efecto, como pretensión solicitó revocar la decisión del 16 de noviembre de 2022
proferida por esa corporación, así como «ANULAR Y ARCHIVAR todo el proceso
disciplinario restableciendo todos los derechos fundamentales POR NULIDAD TOTAL Y
ABSOLUTA POR FALTA DE RESPETO E INCUMPLIMIENTO A MULTIPLES (SIC) DERECHOS
FUNDAMENTALES […]».

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Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

Como sustento de su petición señaló que la providencia objeto de litis incurrió en una
serie de nulidades insaneables,7 cargo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
desató conforme a los registros sonoros de las audiencias en las que se resolvieron
cada una de las nulidades planteadas por el señor Chacón Montoya y estableció de
forma pormenorizada, i) por qué la presencia de una segunda persona en la audiencia
del 7 de septiembre de 2021 no era irregular, ii) cómo no era cierto que se hubiera
manifestado la intención de recusar al magistrado ponente, quien tampoco le impidió
recusarlo, iii) explicó por qué haber escuchado en ampliación y ratificación de queja a
la señora Luz Marina Conde no era violatorio de sus derechos, sino que, por el
contrario, tenía como propósito lograr la verdad material prevista como finalidad del
proceso disciplinario. Así mismo, afirma que no le fue vedado rendir su versión libre ni
aportar las pruebas. Al efecto señaló:

3.1. […]
Si bien es cierto la quejosa se presentó en compañía de un sujeto, también lo es, que el
magistrado de instancia, luego de pedirle que se identificara, permitió que este último
permaneciera en la audiencia, dado que la denunciante, quien para la época de los
hechos tenía 65 años de edad, no contaba con los conocimientos necesarios para
manejar el micrófono ni manipular el computador […] sin embargo, en aras de garantizar
el debido proceso del investigado, el magistrado sustanciador ordenó a la señora Conde
y a su acompañante, que ambos permanecieran en la cámara a efectos de verificar que
este último no le suministrara ningún tipo de información.
[…]
3.2. […]
Verificados los registros sonoros de las audiencias de pruebas y calificación provisional
y la de juzgamiento que se llevaron al cabo en el trámite de la referencia, esta comisión
observa que en ninguna de las 3 (sic) diligencias que se adelantaron, el letrado Chacón
Montoya manifestó de forma siquiera sucinta o tangencial su intención de recusar al
magistrado ponente o alegó causal alguna de imparcialidad que pudiera afectar la
dirección del proceso, ni presentó escrito en tal sentido y solo vino a alegar dicha
circunstancia en la alzada […].
3.3. […]
Sea lo primero aclarar, que no obstante que el disciplinado se duele porque en la
audiencia de pruebas y calificación provisional del 7 de septiembre de 2021, el
funcionario de primera instancia escuchó a la señora Conde, lo cierto es que conforme
el diseño del legislador, los quejosos están autorizados para concurrir al disciplinario en
ampliación y ratificación de queja, sin que dicha prueba pueda ser considerada violatoria
del debdo proceso o derecho de defensa de los investigados, pues de hecho, tiene como

7 i) La presencia de una segunda persona en la audiencia del 7 de septiembre de 2021, ii) no fue escuchado en

versión libre y le fueron negadas las pruebas solicitadas, iii) el magistrado sustanciador no se declaró impedido a
pesar de su grave enemistad, iv) la imputación conforme al artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 no tuvo sustento
legal y probatorio.

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propósito lograr la verdad material, prevista como finalidad del derecho disciplinario
conforme lo norma el artículo 85 de la Ley 1123 de 2007.

Aunado a ello, la responsabilidad disciplinaria del doctor Chacón Montoya, se acreditó
con diferentes pruebas documentales, que valoradas en conjunto con la queja y su
posterior ampliación, acreditaron su incursión en grado de certeza.

Ahora bien, respecto al cargo del accionante relacionado con que le fue cercenada la
oportunidad procesal de presentar pruebas, la Comisión verificó -con la transcripción
del respectivo audio- que en la audiencia de pruebas y calificación provisional
ratificación y ampliación de queja le fue otorgada la posibilidad de rendir versión libre
y de aportar y solicitar pruebas y si bien el disciplinado remitió mediante correos
electrónicos algunos medios probatorios el 7 y el 14 de 2021, ellos tuvieron el propósito
de allegar las pruebas que enlistó en audiencia y se había comprometido allegar.

Sin embargo, la autoridad disciplinaria aclaró que si bien en la audiencia de
juzgamiento del 22 de marzo de 2022, el señor Chacón le solicitó oficiar a la
Procuraduría General de la Nación,8 le fue explicado que dada la preclusividad de las
etapas procesales dicha solicitud no era procedente, conforme lo dispuesto en los
artículos 105 y 106 de la Ley 1123 de 2007, sobre todo «cuando 3 (sic) meses atrás,
en la audiencia de calificación del 6 de diciembre anterior, fue él mismo, quien de forma
voluntario y a pesar de que se le concedió la oportunidad procesal para ello, se abstuvo
de pedir pruebas y se comprometió a llegar la documental respectiva, sin que la cargo
que asumió y no cumplió le resulte imputable a la jurisdicción disciplinaria».

Finalmente, la Comisión explicó en la providencia impugnada la razón por la cual solo
los cargos relativos al trámite conciliatorio ante la Procuraduría y al no cobro de
honorarios excesivos, expuestos en los argumentos de la apelación, tenían vocación
de prosperidad y, por ende, se le debía absolver de ellos, lo que conllevó a que le fuera
reducida la sanción impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá.

También explicó que las demás imputaciones fácticas, se evidenciaron en grado de
certeza, en cuanto quedó demostrado que el señor Carlos Chacón no actuó de forma

8 Con el fin de anexar el trámite conciliatorio.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00880 00
Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

diligente en ninguno de los dos procesos laborales adelantados contra la señora Tovar
Rodríguez, como tampoco en el de la Agrupación Quintas de Santa Bárbara, ni en el
de la demanda civil de resolución de contrato contra la señora Díaz Cárdenas,
destacando que el togado, además, faltó a su deber de honradez, al exigir y obtener
de la quejosa la suma de $1’100.000 para gastos que carecían de respaldo en la
realidad.

Conviene recordar que si la autoridad tutelada no valoró los elementos de juicio como
lo pretende la accionante, ello no implica la configuración de la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto
fáctico, pues el juez natural en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, tiene la
potestad de otorgar diferentes grados de certidumbre a las pruebas obrantes en el
expediente, siempre que se efectúe de manera integral y bajo los criterios de la sana
crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

Finalmente, respecto del alegado defecto sustantivo relacionado con que la decisión
adoptada por la autoridad judicial inaplicó el control de convencionalidad, omisión que
presuntamente desconocería los artículos 12 y 239 -parágrafo- de la Ley 1952 y los
precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en punto al control
difuso de convencionalidad, esta Sala advierte que este tema en particular no fue
expuesto por el accionante en ninguna de las instancias del proceso disciplinario,
razón por la cual no puede efectuarse un análisis de fondo.

Conforme a lo expuesto, esta Sala advierte que el accionante no acreditó los
elementos tendientes a demostrar que la interpretación de la normativa aplicable al
caso y la valoración probatoria realizada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, haya sido arbitraria, irracional o caprichosa; por el contrario, observa que la
sentencia reprochada cuenta con una sólida fundamentación que descarta la
estructuración de los reparos alegados, actuación que, por lo demás, corresponde al
ejercicio funcional de los atributos de autonomía e independencia judicial de los que
está investido el juez de la causa.

3. Conclusión

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00880 00
Demandante: Carlos Alberto Chacón Montoya

La Sala concluye que la sentencia del 16 noviembre de 2022 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial no vulneró ninguno de los derechos fundamentales
invocados por el señor Carlos Alberto Chacón Montoya.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales impetrados por el señor
Carlos Alberto Chacón Montoya, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta decisión.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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