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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00900-00

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00900-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD del señor Rafael Enrique Guerra Manrique al presentar esta acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros. En consecuencia, se RECHAZA este mecanismo judicial. SEGUNDO: ENVIAR copia de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia para que el ponente de la acción de tutela con radicado N.° 11001020300020230023500 tenga conocimiento de lo aquí decidido. TERCERO: ENVIAR copia de esta decisión al despacho del consejero César Palomino Cortés, quien tramita la acción de tutela con radicado 11001-03-15- 000-2023-00882-00; para que tenga conocimiento de lo aquí decidido. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00900-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de abril de 2023

Demandante: Rafael Humberto Guerra Manrique
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00900-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00900-00
Demandante: RAFAEL HUMBERTO GUERRA MANRIQUE
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Rechaza ante la existencia de otra demanda de la misma
naturaleza, que está siendo tramitada por la Corte Suprema
de Justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Rafael Humberto Guerra Manrique, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado 10 Civil del
Circuito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado 18 Civil Municipal de
Bucaramanga. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la “independencia y autonomía judicial”, así como al
principio de seguridad jurídica.

2. Las anteriores transgresiones constitucionales se las adjudica: (i) al
Acuerdo PCSJA22-11981 de 3 de agosto de 2022, (ii) al despacho comisorio
N.° 034 que ordenó el Juzgado 10 Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga
dentro del proceso reivindicatorio con radicado 68001310301020150022200, y
(iii) a la diligencia de entrega de inmueble programada por el Juzgado 18 Civil
Municipal de Bucaramanga en virtud del anterior despacho comisorio, tramitada
dentro del expediente N.° 68001400301820220060200.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandante: Rafael Humberto Guerra Manrique
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00900-00

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1.-) Ruego respetuosamente, tutelar los derechos fundamentales de
rango constitucional invocados a mi favor, representados en: Derecho de
INDEPENDENCIA y AUTONOMIA JUDICIAL, ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, al DEBIDO PROCESO, RECTA y
CUMPLIDA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IGUALDAD ANTE LA
LEY, DE DEFENSA y CONTRADICCION, SEGURIDAD JURIDICA y
demás derechos conexos y/o derivados de los anteriores.

2.-) Como consecuencia de lo anterior, ruego declarar la NULIDAD
CONSTITUCIONAL del ACUERDO PCSJA22-11981 del 3 de agosto de
2022 como el ACUERDO PCSJA22-12015 del 18 de noviembre de 2022,
proferidos por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

4.-) Como consecuencia de la declaración anterior, ruego
respetuosamente ordenar al JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA enviar el despacho comisorio # 34 al Juez
Comitente: el JUZGADO DECIMO CIVIL DE CIRCUITO DE
BUCARAMANGA. (Sic a todo el texto).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

5. Mediante la sentencia de 22 de abril de 2022, la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga resolvió una acción de
tutela en la que ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga, al Consejo Superior de la
Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga, que en un
mes, adoptaran “un plan de acción concreto, serio y real” para solucionar la
problemática que enfrentaba el Distrito Judicial de Bucaramanga por la falta de
desarrollo oportuno de las comisiones judiciales.

6. En virtud de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura profirió el
Acuerdo PCSJA22-11981 de 3 de agosto de 2022, en el que dispuso lo
siguiente:

ARTÍCULO 1º Asignación de despachos comisorios. Asignar, de manera
transitoria, a partir del 8 de agosto de 2022 y hasta el 16 de diciembre de 2022,
1.160 despachos comisorios pendientes por agendar de la Inspección de Policía
de Urbana 01 de Bucaramanga, a los veintinueve (29) juzgados civiles
municipales de Bucaramanga, cada juzgado civil municipal recibirá 40 despachos
comisorios.

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ARTÍCULO 2º Distribución de despachos comisorios. El Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander en coordinación con la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga efectuará la distribución de 1.160
despachos comisorios que tiene la Inspección de Policía Urbana 01 de
Bucaramanga, a los veintinueve (29) juzgados civiles municipales de
Bucaramanga, cada juzgado civil municipal recibirá 40 despachos comisorios.

(…)

PARÁGRAFO 2º La Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga con la Oficina de Apoyo Judicial adelantarán el reparto de los
despachos comisorios remitidos por la Inspección de Policía Urbana 01 de
Bucaramanga a los 29 juzgados civiles municipales de Bucaramanga.

(…)

7. El accionante manifestó que “los 29 juzgados municipales de
Bucaramanga simplemente notificaron por estados la programación de las
audiencias y sorprendieron a las partes con la ejecución de los despachos
comisorios…” de 1160 procesos, que fueron seleccionados al azar.

8. Señaló que el Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga adelantó la
actuación procesal del despacho comisorio N.° 034, dentro del expediente N.°
68001-40-03-018-2022-00602-00, del que es objeto un inmueble que tiene
como poseedor. Precisó que le solicitó al despacho judicial referido declarar su
falta de competencia para tramitar dicha actuación o aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, pero no accedió. Posteriormente, programó la diligencia de
entrega del inmueble objeto del proceso mencionado para el 23 de febrero de
2023.

9. Refirió que esta situación también es conocida por el Juzgado 10 Civil del
Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual “giró el Despacho Comisorio #034”,
dentro del proceso reivindicatorio N. ° 68001310301020150022200, en el que
fungió como demandado.

10. Comentó que interpuso otra acción de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia el 23 de enero de 2023. Ese mecanismo lo conoce la Sala Civil del
citado Tribunal y se le asignó el radicado N.° 11001-02-03-000-2023-00235-00.
Aludió que al revisar esta acción constitucional en el sistema de procesos Siglo
XXI, observó que a la fecha de presentación de este mecanismo constitucional,
no se ha proferido el auto admisorio.

1.4. Sustento de la vulneración

11. Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura excedió la orden de
tutela dada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 22
de abril de 2022. Aseveró que se transgredió el derecho fundamental al debido

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proceso de las actuaciones surtidas dentro de los 1160 procesos judiciales en
las que se dictó el despacho comisorio, porque se escogieron al azar.

12. Adicionó que el actuar del Consejo Superior de la Judicatura transgrede
de forma flagrante la autonomía e independencia judicial, al tiempo que conlleva
a una intromisión en asuntos meramente judiciales. Alegó que la tutela que
produjo el acuerdo era interpartes y terminó afectando 1160 procesos. Precisó
que era deber de los «jueces comitentes» escoger con razones serias y
objetivas “cuales despachos ameritan una intervención para superar la
congestión existente”.

13. Arguyó que, de conformidad con la sentencia T-1171 de 2003 de la Corte
Constitucional, los medios empleados para combatir la congestión judicial
deben respetar los derechos fundamentales. En especial, el debido proceso y
las garantías procesales. Añadió que el pluricitado Acuerdo desconoció el
precedente dispuesto en el fallo C-154 de 2016.

14. Como medida provisional de la presunta protección de sus derechos
fundamentales, pidió que se suspendieran los efectos del Acuerdo PCSJA22-
11981 de 3 de agosto de 2022 y la diligencia de entrega ordenada por el
Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga dentro del expediente 68001-40-
03-018-2022-00602-00.

15. Por último, anexó la tutela que presentó ante la Corte Suprema de
Justicia y manifestó que le informaría a dicha alta corte sobre esta acción
constitucional “para no se presente confusión y se pueda pensar en un acto de
temeridad de mi parte, siendo del caso reformar allá la demanda de tutela para
que con estrictez no se confundan los hechos presupuesto en cada acción de
tutela” (Sic a toda la cita).

1.5. Trámite de la acción

16. Mediante auto de 24 de febrero de 2023, se admitió la acción
constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como
accionados al Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado 10 Civil del
Circuito Judicial de Bucaramanga y al Juzgado 18 Civil Municipal de
Bucaramanga.

17. De igual forma se dispuso a vincular en calidad de terceros con interés a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a los señores Juan Carlos
Moreno Lizarazo2, Gabriel Octavio Moreno Lizarazo3 y Heriberto Guerra
Manrique4. Por otra parte, se decidió negar la medida provisional solicitada con
el fin de suspender los efectos del Acuerdo PCSJA 22-11981 de 3 de agosto de

2 Accionante del proceso con radicado N.° 68001-40-03-018-2022-00602-00.

3 Ídem.

4 Demandado dentro del mismo proceso.

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2022 y la diligencia de entrega ordenada en virtud del despacho comisorio 034.
Lo anterior, por considerar necesaria la intervención de terceros para resolver el
fondo del asunto y determinar si las actuaciones censuradas, que coinciden con
las de la medida provisional, conculcaron los derechos fundamentales
deprecados.

18. Posteriormente, por auto de 16 de marzo de 2023, se ordenó vincular en
calidad de tercero con interés al señor Evaristo Rodríguez Gómez. Se explicó
que esta actuación no se surtió con la admisión de la demanda, porque no
había sido posible identificar el nombre de este ciudadano, quien también fue
parte dentro del proceso reivindicatorio con radicado
68001310301020150022200.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Décimo del Circuito Judicial de Bucaramanga

19. Afirmó que asumió el conocimiento del proceso verbal reivindicatorio
identificado con el radicado 68001310301020150022200. Refirió que dictó
sentencia el 3 de julio de 2020, en la que declaró que los herederos del señor
Gabriel Moreno Cancino tienen derecho a que se les restituyan los inmuebles
ubicados en la carrera 15 N.° 34-62 ubicados en Bucaramanga, por parte del
“poseedor vencido Rafael Humberto Guerra Manrique”. Puso de presente que
dicha decisión se confirmó en segunda instancia el 1° de septiembre de 2021
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

20. Aseveró que mediante auto de 16 de septiembre de 2021 ordenó
obedecer y cumplir lo anterior. El demandado y tutelante de esta acción
interpuso recurso de reposición, con fundamento en que la sentencia de
segunda instancia fue objeto de un recurso de casación, aunado a que “se
elevó solicitud para el señalamiento de caución que impida la ejecución de la
sentencia”. El recurso fue rechazado por auto de 18 de noviembre de 2021, al
tiempo que se ordenó comisionar a la alcaldía de Bucaramanga para adelantar
la diligencia de entrega del inmueble objeto del proceso.

21. Refirió que, en virtud del Acuerdo PCSJA22-11981 de 3 de agosto de
2022 del Consejo Superior de la Judicatura, se libró el despacho comisorio y se
remitió al Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga para que adelantara la
diligencia de entrega del predio.

22. Precisó que, todas las actuaciones que adelantó fueron respetuosas del
debido proceso, a la vez que todo aquello que realizaron tanto la Inspección de
Policía Urbana Comisoria de Bucaramanga, como el Juzgado 18 Civil Municipal
de Bucaramanga.

23. Por último, sostuvo que el actor adelantó otra acción de tutela que cursa
en el Juzgado Noveno del Circuito Judicial de Bucaramanga con el radicado N.°

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2023-00035, que se relaciona con su inconformidad con el trámite impartido en
la diligencia de entrega del bien.

1.6.2. Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga

24. Manifestó que los hechos objeto de esta acción constitucional también
fueron expuestos por el accionante dentro de las acciones de tutela 2023-
00340-00, tramitada ante la Corte Suprema de Justicia, y la 2022-00543-00,
conocida por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Civil.

25. Señaló que a través de estas también solicita la nulidad del Acuerdo
PCSJA22-11981 y que se le ordene a esta autoridad judicial enviar el despacho
comisorio 034 ante el juez comitente.

26. Puso de presente que, dentro del proceso 2022-00602, realizó las
siguientes actuaciones:

i. Radicó el despacho comisorio proveniente del Juzgado 10 del Circuito de
Bucaramanga librado dentro del proceso reivindicatorio 2015-00222.
ii. Mediante auto de 5 de octubre de 2022 admitió la comisión y la fijó para
el 4 de noviembre siguiente. Es decir, que ese día se llevaría a cabo la
diligencia de entrega del inmueble
iii. Por auto de 12 de octubre de 2022, dispuso adicionar la providencia de 5
de octubre, en el sentido de requerir al Juzgado 10 Civil del Circuito de
Bucaramanga para que pusiera en conocimiento de las partes del proceso lo
dispuesto en la providencia del 5 de octubre.
iv. El 31 de octubre de 2022 el apoderado del demandado (el señor Guerra
Manrique) presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto
de 5 de octubre de 2022.
v. El 19 de diciembre de 2022 se resolvieron de forma desfavorable sus
recursos y se fijó como fecha para la diligencia de entrega del inmueble el 26 de
enero de 2023. Nuevamente el demandado presentó los recursos mencionados
anteriormente y se le resolvieron de forma negativa el 19 de diciembre de 2022,
al tiempo que se fijó como nueva fecha para la entrega del inmueble el 14 de
febrero.
vi. Producto de nuevos recursos presentados por el señor Guerra Manrique
se reprogramó la diligencia para el 23 de febrero de 2023.

27. Por último, manifestó que la inconformidad de la parte actora proviene de
la presunta ilegalidad del Acuerdo PCSJA22-11981 de 3 de agosto de 2022,
pero no está dentro de sus competencias definir dicha cuestión. Precisó que el
reparto de los despachos comisorios deviene del artículo 2 del citado Acuerdo y
que solo le corresponde atender la obligación que desprende del despacho
comisorio 034.

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1.6.3. Juan Carlos Moreno y Gabriel Octavio Moreno

28. Afirmaron que el tutelante ha interpuesto distintas acciones de tutela por
los mismos hechos en varios juzgados. Asimismo, que una de estas fue fallada
por el Juzgado Noveno Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga, y que este
juez acertadamente declaró la temeridad.

29. Refirieron que, es necesario que se le haga frente al desgaste de la
administración de justicia a la que está sometiendo a los jueces el actor, quien
interpone tutelas y manifiesta bajo la gravedad de juramento que no ha
presentado otras por las mismas situaciones fácticas.

30. Precisaron que, el Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga ha sido
accionado en múltiples oportunidades, pese ser designado simplemente para
ejercer la labor de comisionado en la diligencia de entrega de un inmueble.

31. Solicitaron que no se tengan en cuenta las pretensiones del actor, dado
que incurrió en temeridad, aunado a que hay otra demanda en la que se esta
resolviendo la misma cuestión, que se tramita ante la Corte Suprema de
Justicia. Aseveraron que, de fallarse esta demanda podrían dictarse sentencias
contradictorias imposibles de cumplir.

32. Por último, comentaron que no le han vulnerado los derechos
fundamentales al actor y que no ha sido posible llevar a cabo la diligencia por la
cantidad de recursos y acciones que este ha presentado. Por ello, pidieron que
se nieguen integralmente las pretensiones.

1.6.5. Evaristo Rodríguez Gómez

33. Informó que fue desvinculado del proceso reivindicatorio con radicado
68001310301020150022200 y en ese sentido no tenía ningún interés jurídico
por defender en esta acción de tutela.

1.6.6. El señor Heriberto Guerra Manrique allegó un memorial el 28 de marzo
de 2023, en el que informó que «por error en el sistema de reparto virtual» su
acción de tutela fue tramitada dos veces. La otra demanda fue asumida por el
consejero Cesar Palomino Cortés, dentro del expediente 11001-03-15-000-
2023-00882-005.

5 El mismo memorial fue radicado dentro de la acción de tutela 2023-00882-00 tramitada por el

consejero César Palomino Cortés.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura
y otros. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el
Decreto N. º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
el señor Rafael Guerra Manrique fungió como demandado dentro del proceso
reivindicatorio en el que se ordenó el despacho comisorio 034 que afirma que le
vulneró sus derechos fundamentales, el cual, a su vez, proviene de la Acuerdo
PCSJA22-119181 de 3 de agosto de 2022. En consecuencia, goza de
legitimación en la causa por activa por ser el titular de los derechos
fundamentales que depreca por esta vía.

37. Por otro lado, la Sala evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura
y los Juzgados 10 Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga y 18 Civil
Municipal de la misma ciudad se encuentran legitimados por pasiva. Lo anterior,
teniendo en cuenta que la primera entidad accionada dictó el Acuerdo que se
reprocha, y las autoridades judiciales han intervenido en el trámite del proceso
reivindicatorio con radicado N.° 68001400301820220060200.

2.3. Problema jurídico

38. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas
en el trámite del proceso, corresponde a esta Sala definir si:

¿hay otra tutela interpuesta por el accionante por los mismos hechos y con la
misma finalidad jurídica que cursa al interior de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia?

39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará si se
configuró la temeridad. En caso contrario, se analizará el fondo del asunto.

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40. En ese sentido le corresponde a este cuerpo colegiado analizar los
siguientes puntos: (I) generalidades de la acción de tutela, (II) caracterización
de la temeridad, (III) temeridad en el caso concreto, y de no encontrarse
configurada, (IV) el examen del caso concreto de cara a la vulneración
constitucional alegada.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

41. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos
casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

42. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de
defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se
habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos
futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos
pertinentes.

43. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demande la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez
constitucional inmiscuirse en determinada controversia y mucho menos,
acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a
asuntos como el sub examine.

44. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.

2.5. La configuración de la temeridad

45. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra
regulado en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:

ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. (…) (Negrilla y subrayado
fuera del texto).

46. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:

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47.
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en
reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para
abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse
los siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una
triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados
como excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con
lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con
la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas
partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud6.

48. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.
• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.

49. En la citada sentencia de unificación, el Alto Tribunal Constitucional
explicó que la temeridad se puede entender desde dos perspectivas. A saber,
cuando, (i) se interponen por la misma persona simultáneamente varias
acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y (ii) cuando de mala fe,
el accionante ejerce de manera sucesiva la misma acción.

50. Se precisó que, para efectos de efectuar el anterior análisis, el juez debe
salirse de los aspectos meramente formales y realizar un estudio en procura de
desvirtuar la presunción de inocencia de la parte actora. Bajo ese entendido,
identificó algunas excepciones de la actuación temeraria aun cuando concurren
los elementos de la triple identidad. Brevemente, son los siguientes:

(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho y no por mala fe[20].

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.

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(ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho[21].

(iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad
a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante[22].

(iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión[23].

2.6. Temeridad en el caso concreto

51. Dentro de los argumentos traídos por el actor en su escrito de tutela, se
encontró que indicó haber presentado otra acción de la misma naturaleza que
se está tramitando ante la Corte Suprema de Justicia. Pese a ello, precisó que
no era su intención actuar de forma temeraria.

52. La Sala encontró que efectivamente, el señor Rafael Guerra Manrique
interpuso una acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bucaramanga, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bucaramanga, el
Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga y otros. Dicha acción constitucional
está siendo tramitada por la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado N.°
11001020300020230023500.

53. Revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial se
observó que, como lo puso de presente el accionante, al interior de dicho
proceso no se ha dictado auto admisorio, aunque se radicó desde el 23 de
enero de 2023. Sin embargo, se resalta que ello no ha sido posible por las
distintas manifestaciones de impedimento que han presentado los magistrados
de ese cuerpo colegiado. Pese a ello, el proceso se ha mantenido en constante
movimiento y en ese sentido se han dictado distintos autos resolviendo tales
asuntos como se observa a continuación:

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54. En vista de lo anterior, para la Sala es importante verificar si la tutela que
está conociendo la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado
11001020300020230023500, comparte los mismos supuestos fácticos y
jurídicos y se persigue lo mismo en esa, y en la que estudia esta colegiatura, a
través de su ejercicio. Por ende, se procederá a hacer un análisis comparativo
al respecto.

Acción de tutela Acción de tutela
11001020300020230023500 11001031500020230090000

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Tramitada por la Corte Suprema de Tramitada por el Consejo de Estado
Justicia
Derechos fundamentales invocados: Derechos fundamentales invocados:

Acceso a la administración de justicia, Acceso a la administración de justicia,
debido proceso, igualdad y el principio de debido proceso, igualdad e
seguridad jurídica. “independencia y autonomía judicial”,
junto con el principio de seguridad
jurídica.
Supuestos fácticos: Supuestos fácticos:

1. En virtud de la acción de tutela 1. El Acuerdo PCSJA22-11981 de 3
presentada por el señor Doiter de Jesús agosto de 2022 se dictó en cumplimiento
Giraldo Serna (2022-00165-00) se dictó la de una sentencia de tutela dictada el 22
sentencia de 22 de abril de 2022. de abril de 2022, interpuesta por el señor
Producto de la orden allí impartida, el Doiter de Jesús Giraldo Serna.
Consejo Superior de la Judicatura profirió 2. En el Acuerdo referido se ordenaron
el Acuerdo PCSJA22-11981 de 3 de 1160 despachos comisorios que fueron
agosto de 2022. distribuidos por el Consejo Superior de la
2. A través del Acuerdo mencionado se Judicatura al azar. A su juicio, ello
ordenaron 1160 despachos comisorios, conlleva a la vulneración del debido
para que se repartieran “sin ningún proceso de las partes de dichos procesos.
criterio”, dentro de los 29 juzgados civiles 3. El Juzgado 18 Civil Municipal de
de Bucaramanga. Bucaramanga le correspondió gestionar
3. La situación anterior configuró “una el despacho comisorio 034 dentro del
actuación irregular”, porque no fueron radicado 68001400301820220060200.
notificadas las partes de los 1160 Pese a que se le solicitó aplicar una
procesos seleccionados. excepción de inconstitucionalidad, no
4. Mencionó que hace parte del proceso accedió.
reivindicatorio con radicado N.° 4. la anterior situación es conocida por el
68001310301020150022200, el cual fue Juzgado 10 Civil del Circuito de
conocido por el Juzgado 10 Civil del Bucaramanga, quien conoció del proceso
Circuito de Bucaramanga. reivindicatorio con radicado N.°
5. el 16 de diciembre de 2021 el citado 68001310301020150022200, “pero
Juzgado dictó el despacho comisorio 034, tampoco ha invocado una excepción de
al que se le asignó el radicado N.° inconstitucional”.
68001400301820220060200.

Sustento de la vulneración: Sustento de la vulneración:

1. Alegó que al haberse vinculado al 1. El Acuerdo atacado excedió la orden
Consejo Superior de la Judicatura a la de tutela.
tutela (2022-00165-00) se violó el debido 2. invocó la sentencia T-1171 de 2003.
proceso, porque el conocimiento debió 3. Alegó que se vulneró el derecho
asumirlo el Consejo de Estado o la Corte fundamental al debido proceso de los
Suprema de Justicia, de conformidad con sujetos procesales de los 1160 procesos
el Decreto 333 de 2021. dentro de los que se ordenaron los
2. Precisó que el Acuerdo generó mora despachos comisorios.
judicial y aumento en la congestión.
3. invocó la sentencia T-1171 de 2003.

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Medida cautelar: Medida cautelar:

“Ruego con todo respeto ordenar 1.-) Ruego respetuosamente SUPENDER
SUSPENDER PROVISIONALMENTE la PROVISIONALMENTE los efectos del del
diligencia de ENTREGA ordenada por el ACUERDO PCSJA22-11981 del 3 de
JUZGADO DIECIOCHO CIVIL agosto de 2022 como el ACUERDO
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA dentro PCSJA22-12015 del 18 de noviembre de
del expediente con radicación # 2022, proferidos por el CONSEJO
6800140030182022006020, Despacho el SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
cual señaló fecha y hora para la
mencionada diligencia para el siguiente 2.-) Ruego con todo respeto ordenar
26 de enero de 2023 a las 8:30 a.m”. SUSPENDER PROVISIONALMENTE la
diligencia de ENTREGA ordenada por el
JUZGADO DIECIOCHO CIVIL
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA dentro
del expediente con radicación #
6800140030182022006020, Despacho el
cual señaló fecha y hora para la
mencionada diligencia para el siguiente
23 de febrero de 2023 a las 8:30 a.m.
Pretensiones: Pretensiones:

1.-) Ruego respetuosamente, tutelar los 1.-) Ruego respetuosamente, tutelar los
derechos fundamentales de rango derechos fundamentales de rango
constitucional invocados a mi favor, constitucional invocados a mi favor,
representados en: Derecho de ACCESO representados en: Derecho de
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, INDEPENDENCIA y AUTONOMIA
al DEBIDO PROCESO, RECTA y JUDICIAL, ACCESO A LA
CUMPLIDA ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA, al
JUSTICIA, IGUALDAD ANTE LA LEY, DE DEBIDO PROCESO, RECTA y
DEFENSA y CONTRADICCION, CUMPLIDA ADMINISTRACION DE
SEGURIDAD JURIDICA y demás JUSTICIA, IGUALDAD ANTE LA LEY, DE
derechos conexos y/o derivados de los DEFENSA y CONTRADICCION,
anteriores. SEGURIDAD JURIDICA y demás
derechos conexos y/o derivados de los
2.-) Como consecuencia de lo anterior, anteriores.
ruego respetuosamente declarar la
NULIDAD de todo lo actuado dentro de la 2.-) Como consecuencia de lo anterior,
ACCION DE TUTELA # ruego declarar la NULIDAD
68001221300020220016500 que conoció CONSTITUCIONAL del ACUERDO
el TRIBUNAL SUPERIOR DE PCSJA22-11981 del 3 de agosto de 2022
BUCARAMANGA – SALA CIVIL, por como el ACUERDO PCSJA22-12015 del
DEFECTO ORGANICO al carecer de 18 de noviembre de 2022, proferidos por
competencia para conocer actuaciones el CONSEJO SUPERIOR DE LA
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
JUDICATURA. Por lo anterior, ordénese
al remisión de dicha ACCION DE 4.-) Como consecuencia de la declaración
TUTELA a REPARTO o a la CORTE anterior, ruego respetuosamente ordenar
SUPREMA DE JUSTICIA o al CONSEJO al JUZGADO DIECIOCHO CIVIL
DE ESTADO. Declárase igualmente la MUNICIPAL DE BUCARAMANGA enviar
violación grave al DEBIDO PROCESO y el despacho comisorio # 34 al Juez

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por ende, ruego ordenar la notificación de Comitente: el JUZGADO DECIMO CIVIL
dicha actuación de tutela a las partes DE CIRCUITO DE BUCARAMANGA.
dentro del proceso donde fui afectado,
esto es, a las partes del PROCESO
VERBAL que conoce el JUZGADO
DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA, expediente #
68001310301020150022200.

3.-) Como consecuencia de la declaración
anterior, ruego dejar sin efectos tanto el
ACUERDO PCSJA22-11981 del 3 de
agosto de 2022 como el ACUERDO
PCSJA22-12015 del 18 de noviembre de
2022, proferidos por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

4.-) Como consecuencia de la declaración
anterior, ruego respetuosamente ordenar
al JUZGADO DIECIOCHO CIVIL
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA dejar
sin efectos toda la actuación procesal
surtida en el expediente con radicación #
68001400301820220060200, que
permitió auxiliar el primigenio despacho
comisorio # 34 girado por el JUZGADO
DECIMO CIVIL DE CIRCUITO DE
BUCARAMANGA a las INSPECCIONES
DE POLICIA DE BUCARAMANGA –
REPARTO, para que en su lugar se
ordene el RECHAZO del auxilio de la
comisión.

5.-) En virtud de la ratio decidendi que la
CORTE CONSTITUCIONAL impuso en
las sentencias T-601 de 2016, T-622 de
2016 y T-666 de 2017, entre otras, ruego
DE SER NECESARIO decretar
EFECTOS INTER COMUNIS a las partes
de los restantes 1.159 despachos
comisorios afectados con la decisión del
TRIBUNAL DEMANDADO y el
cumplimiento de la misma por el
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, con el fin de que se
adopten decisiones para proteger
derechos de todos los afectados por la
misma situación de hecho o de derecho
en condiciones de igualdad.

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Del estudio precedente se evidencia que la acción de tutela que conoce la Corte
Suprema de Justicia y la presente pretende la protección de los mismos
derechos fundamentales.

55. Asimismo, que los hechos coinciden en tanto que en ambos escritos se
expone que, en virtud de una orden de tutela, el Consejo Superior de la
Judicatura dictó el Acuerdo PCSJA22-11981 de 3 de agosto de 2022 – al que
también le adjudica la vulneración ius fundamental -, en el que ordenó 1160
despachos comisorios. A su vez, que el despacho comisorio 034 ordenado por
el Juzgado 10 Civil del Circuito Judicial de Bucaramanga y tramitado por el
Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga le vulneró sus derechos
fundamentales De otro lado, en los dos procesos se persigue la suspensión del
mencionado Acuerdo, así como la cesación de los efectos del despacho
comisorio 034.

56. Ahora bien, sobre la figura de la temeridad, se itera que el Decreto 2591
de 1991 establece que «cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueves o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes».

57. De otro lado, no puede pasar por alto esta Sala que la Corte
Constitucional expuso en su sentencia de unificación SU-027 de 2021, que, en
algunos eventos, aun cuando se configura la triple identidad el actuar de la
parte actora no es temerario. Ello ocurre cuando quien interpone la tutela ignora
esta figura o se encuentra en estado de indefensión, por mala asesoría de su
apoderado, o por hechos que ocurrieron con posterioridad a la interposición de
la primera tutela.

58. En el presente asunto se demostró la triple identidad de los elementos de
la temeridad. No sobra precisar que fue el actor quien informó que presentó otra
tutela ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no alegó estar bajo
indefensión, no conocer la figura o la ocurrencia de hechos posteriores a la
interposición de la acción tramitada ante la citada alta corte que lo movieran a
interponer otro mecanismo de tutela, siendo estos los supuestos que podrían
eximir al juez de declarar la temeridad en un asunto como el presente.

59. A lo anterior se añade que el Juzgado 18 Civil Municipal de
Bucaramanga puso de presente otras acciones de tutela – referidas en el
párrafo 24 de esta providencia – en las que el actor cuestionó la legalidad del
Acuerdo PCSJA22-11981 y aspectos relativos al despacho comisorio 034. Es
decir, que tanto las acciones constitucionales que informó el despacho judicial
referenciado, como la presente y la tramitada por la Corte Suprema de Justicia,
en últimas, reprochan el mismo acto administrativo del Consejo Superior de la
Judicatura y el despacho comisorio proferido en virtud del proceso

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reivindicatorio con radicado 68001310301020150022200, en el que fungió como
demandado.

60. De otro lado, no desconoce la Sala que la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-00882-00, la cual fue asignada para el conocimiento de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue remitida al expediente
11001020300020230023500 de la Corte Suprema de Justicia7.

61. En vista de lo expuesto, para la Sala es claro que el actuar del señor
Guerra Manrique fue temerario al presentar esta acción de tutela. Como se
explicó, entre esta acción de tutela y la que se tramita por la Corte Suprema de
Justicia dentro del radicado 11001020300020230023500, concurre la identidad
de parte, objeto y causa petendi. Adicionalmente, no se alegó ninguna de las
causales establecidas por la Corte Constitucional dentro de la sentencia SU-027
de 2021 para abstenerse de declarar la actuación temeraria en los eventos en
los que se acredita la triple identidad. Tampoco es cierta la afirmación de que
en el proceso de tutela que se tramita ante el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria no se haya adelantado actuación, pues como se evidenció se han
resulto varios impedimentos que los señores magistrados han manifestado.

62. En otras palabras, para la Sala no hay ninguna justificación válida para
que el señor Guerra Manrique presentara múltiples acciones de tutela dirigidas
a controvertir el Acuerdo PCSJA22-119181 de 3 de agosto de 2022 y el
despacho comisorio que se ordenó dentro del proceso reivindicatorio con
radicado 68001310301020150022200, aun cuando informó a esta colegiatura
de la existencia de las otras acciones de tutela presentadas, una ante la Corte
Suprema de Justicia y otra que le fue asignada a la Sección Segunda de esta
Corporación.

63. Siendo ello así, en atención a que el actor presentó por lo menos dos
acciones de tutela que tienen identidad de partes, hechos y pretensiones, sin
justificar tal situación, la Sala considera que en el presente caso se configura la
figura la temeridad, por lo que rechazará este mecanismo constitucional.

64. En este punto, la Sección le recuerda al accionante que es pertinente
hacer un uso razonable y proporcionado de los mecanismos judiciales
establecidos para la protección de sus derechos, pues su conducta deviene
contraria a la lealtad debida a la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

7 Por auto del 23 de febrero de 2023, visible en el expediente electrónico dispuesto en la
plataforma Samai, en el índice 4.

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II. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD del señor Rafael Enrique Guerra
Manrique al presentar esta acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura y otros. En consecuencia, se RECHAZA este mecanismo judicial.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia
para que el ponente de la acción de tutela con radicado N.°
11001020300020230023500 tenga conocimiento de lo aquí decidido.

TERCERO: ENVIAR copia de esta decisión al despacho del consejero César
Palomino Cortés, quien tramita la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2023-00882-00; para que tenga conocimiento de lo aquí decidido.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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