República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00904-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
24 de mayo de 2023
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Radicación: 11001-0315-000-2023-00904-01
Demandante: José Javier Carrascal Vásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2023-00904-01
Demandante: José Javier Carrascal Vásquez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Tema: Derecho de petición. Pago de prestaciones sociales. Resuelve
apelación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura y
declara la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa
entidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura,
contra la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta que tuteló el derecho de petición, declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado e instó al pago a favor del accionante de las prestaciones sociales.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor José Javier Carrascal Vásquez, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen los derechos fundamentales al mínimo vital y de
petición; en consecuencia, solicitó:
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Radicación: 11001-0315-000-2023-00904-01
Demandante: José Javier Carrascal Vásquez
Primero. - Sírvase señor juez AMPARAR el DERECHO FUNDAMENTAL
DE PETICIÓN y DERECHO AL MÍNIMO VITAL Y MOVIL del suscrito,
vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL CARTAGENA - AREA DE TALENTO
HUMANO DE LA UNIDAD DE RECURSO
HUMANOS DE LA SECCIONAL CARTAGENA según los hechos
expuestos en la precedencia.
Segundo. - Sírvase ordenar a la Entidad Accionada, CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL
CARTAGENA - AREA DE TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD DE
RECURSO HUMANOS DE LA SECCIONAL CARTAGENA a emitir
RESPUESTA OPORTUNA, DE FONDO Y CONGRUENTE a las
peticiones de fecha 11 y 12 de enero de 2023, DE CONFORMIDAD CON
EL TRÁMITE PERTINENTE.
Tercero. - Sírvase ordenar a la Entidad Accionada CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL
CARTAGENA - AREA DE TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD DE
RECURSO HUMANOS DE LA SECCIONAL CARTAGENA a efectuar
al pago inmediato de las acreencias laborales causadas a favor del suscrito
provenientes de LIQUIDACIÓN DEFINITIVA del tiempo de servicio
indicado.
Cuarto. - Sírvase Instar a la entidad Accionada a abstenerse de incurrir en
las mismas conductas irregulares antes identificadas. (sic en todo el texto).
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 31 de marzo de 2022, fue nombrado en propiedad oficial mayor o
sustanciador del Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías de
Cartagena de Indias, según Resolución 003 del 31 de marzo de 2022, cargo que
aceptó el 2 de mayo de 2022.
ii) El 28 de diciembre de 2022, renunció de manera voluntaria al referido cargo, la
cual le fue aceptada por su nominador mediante la Resolución 001 del 2 de enero de
2023, efectiva desde el 1 de enero de 2023.
iii) El 6 de enero de 2023, le fue expedido el paz y salvo de inventarios, razón por
la cual, mediante escrito del 11 de enero de 2023, remitido vía correo electrónico,
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Demandante: José Javier Carrascal Vásquez
solicitó ante el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cartagena la liquidación definitiva, el pago de las
prestaciones sociales y la certificación de experiencia laboral.
iv) A la fecha de instauración de la acción de tutela no ha recibido respuesta a los
derechos de petición. En la actualidad, no recibe ningún tipo de ingreso que le permita
garantizar las condiciones mínimas de subsistencia, razón por la cual el pago de las
prestaciones sociales solicitadas se hace necesario.
1.1.3. Fundamentos de derecho
El accionante fundamenta la solicitud de amparo en los siguientes aspectos:
i) El derecho a presentar peticiones respetuosas es de carácter fundamental y
encuentra su núcleo esencial en el deber de las autoridades y particulares de
responder oportunamente, de forma congruente y de fondo, lo debidamente solicitado
y, por ende, la no contestación de los pedimentos formulados por parte de las
entidades accionadas coarta derechos sustanciales previstos en el artículo 23 de la
Constitución Política.
ii) Por otra parte, el no pago de las prestaciones sociales desconoce que estas
son derechos ciertos e indiscutibles, que cumplen, para el caso, el papel de compensar
los servicios prestados a favor de la Rama Judicial, máxime porque no se encuentra
percibiendo ningún tipo de ingreso y, por ello, el pago de la liquidación será su única
fuente de sostenimiento, motivo por el cual el amparo solicitado se torna urgente
1.2. Actuación procesal
Mediante auto del 22 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Unidad de Recursos Humanos y
ordenó notificar el proveído a los demandados y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como tercero interesado en el resultado del proceso.
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Igualmente, dispuso publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia
para el conocimiento de los terceros interesados y notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso, bajo la previsión de que la notificación se deberá hacer
por vía electrónica y por buzón, de manera que no se enviará documento alguno en
papel y el expediente queda a disposición de dicha entidad.
Se informó a los demandados y al tercero interesado que en el término de dos días y
por el medio más expedito, pueden rendir informe sobre los hechos de la presente
acción de tutela al correo secgenral@consejodeestado.gov.co
1.3. Contestaciones de la demanda
1.3.1. De la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho del Consejo Superior de la
Judicatura en el escrito de intervención formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva con fundamento en los siguientes argumentos:
i) El Consejo Superior de la Judicatura es el órgano de gobierno y administración
de la Rama Judicial, razón por la cual en virtud de la Ley 270 de 1996, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial tienen funciones propias y diferentes y, por tanto, responden de manera
independiente por sus actuaciones.
ii) Además, las peticiones que fueron formuladas por el actor se dirigieron a la
dirección electrónica de dominio de la Dirección Seccional de Administración Judicial
y, por esa circunstancia, solicitó desvincular al Consejo Superior de la Judicatura, en
tanto no es el llamado a cumplir las órdenes que se expidan tendientes a otorgar las
garantías constitucionales del accionante.
1.3.2. De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Cartagena
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A través de apoderado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Cartagena, presentó informe en el que solicitó se declare la carencia actual de objeto
por hecho superado toda vez que la Unidad de Talento Humano mediante Resolución
DESAHCAR23-1419 ordenó el pago de la liquidación definitiva de prestaciones
sociales del señor José Carrascal Álvarez, acto que fue notificado el día 24 de febrero
de 2023. El pago de las acreencias laborales se encuentra bajo el trámite
administrativo adelantado por el área financiera y la fecha final para su materialización
es el 6 de marzo de 2023.
1.3.3. De la presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del departamento de Bolívar,
expresó en el escrito de intervención, de un lado, que de la lectura y análisis de los
documentos aportados por el accionante, es la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, la dependencia
competente para conocer del asunto y, de otro, que en lo que respecta a la liquidación
y pago de las prestaciones sociales, esa función le corresponde al Área de Talento
Humano de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial como lo dispone el
artículo noveno del Acuerdo PSAA09-6203 del 2 de septiembre de 2009.
1.4. La sentencia impugnada
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 23 de marzo de 2023, profirió sentencia
mediante la cual dispuso amparar el derecho fundamental de petición al señor José
Javier Carrascal Vásquez.
En consecuencia, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Área de Recursos Humanos que,
en el término de dos días, contados a partir de la notificación de la providencia,
resolviera de fondo, de manera congruente y precisa la petición del 12 de enero de
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2023 o de considerar que no tenía competencia para su expedición procediera de
conformidad con lo estipulado en el artículo 21 del CPACA.
Igualmente, dispuso declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la petición del 11 de enero de 2023, instar al Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Área de
Recursos Humanos para que, si aún no lo ha hecho, pague al actor la suma prevista
en el acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones sociales.
En sustento de la decisión, señaló los siguientes aspectos:
i) El señor José Javier Carrascal Vásquez presentó solicitudes de fechas 11 y 12
de enero de 2023 al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cartagena, Unidad de Recursos Humanos, en las que
deprecó el pago de prestaciones sociales y la certificación laboral del cargo de oficial
mayor que desempeñó en el Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías
de Cartagena.
ii) Para dar respuesta a la petición relacionada con el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cartagena expidió la Resolución DESAJCAR23-1419 del 17 de febrero de 2023
que las reconoció, y ordenó consignarlas en la cuenta de ahorros aportada por el actor,
luego concluye, frente a esta solicitud, que se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado.
iii) No obstante, como en el expediente no obraba constancia del pago de las
prestaciones, se instó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cartagena, para que, si aún no lo hubiere hecho, realizara la consignación de las
sumas reconocidas en el citado acto administrativo, toda vez que la falta de pago
podría repercutir en la afectación del derecho fundamental al mínimo vital invocado por
el actor.
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iv) No ocurre igual con la petición relacionada con la certificación laboral solicitada,
puesto que de los informes rendidos no se evidenció que el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena,
Área de Recursos Humanos la haya respondido, y, por ello, se ordenó a esa entidad,
que en el término de dos días resolviera de fondo de manera congruente y precisa la
mentada solicitud y, de ser el caso de considerar que no es la autoridad competente
para expedir la certificación, procediera conforme a lo estipulado en el artículo 21 del
CPACA.
1.5. Fundamentos de la impugnación
En el escrito de impugnación la magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura reitera la petición de que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad y, para el efecto, señala
que la petición tendiente a obtener la certificación laboral del señor José Javier
Carrascal Vásquez y resolver los procedimientos administrativos de nómina que
reclamó, corresponde al Área de Talento Humano, Unidad de Recursos Humanos de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, puesto que de
conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA09-6203 de 2009 las Direcciones
Seccionales se estructuran operativamente en Áreas y Oficinas a las que les
corresponde resolver esta clase de asuntos.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 25 del Acuerdo
080 de 20191, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de
Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
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Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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impugnación de la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
del 23 de marzo de 2023 que amparó el derecho fundamental de petición y declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si le asiste razón al Consejo Superior de la Judicatura en
deprecar, en virtud de la impugnación propuesta contra la sentencia del 23 de marzo
de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la falta de legitimación
en la causa por pasiva para actuar como parte accionada en el asunto de la referencia
con motivo de los derechos de petición que formuló el accionante el 11 y 12 de enero
de 2023 en los que solicitó el pago de las prestaciones sociales a causa de la
prestación de servicios en la Rama Judicial, y si tiene competencia para emitir la
certificación laboral por el desempeño del cargo oficial mayor en el Juzgado Sexto
Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena.
2.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
En cuanto al instrumento constitucional, la acción de tutela se caracteriza por tener un
procedimiento preferente y sumario, mientras que su ejercicio es subsidiario ante la
existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Por ello, cuando el afectado
tiene a su alcance alguna de las acciones ordinarias, igualmente eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales, pero prescinde de ellas para beneficio de
la de las características del amparo, la acción de tutela deberá de ser declarada
improcedente.
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Así lo previó el legislador al momento de desarrollar el ejercicio de la acción de tutela,
por lo que el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 estableció
expresamente como causal de improcedencia de la tutela, el que existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha reiterado que el juez de
tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando
estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción, es decir, que la acción de
tutela únicamente es procedente cuando dentro los diversos medios legales
existentes, ninguno de ellos resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho
fundamental invocado.
Ahora bien, frente a lo anterior, el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991
presenta una excepción, y es que el amparo puede resultar procedente cuando, a
pesar de que el afectado disponga de otro medio de defensa judicial -idóneo- para
proteger su derecho, acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, dicho perjuicio, lo ha establecido la
Corte,3 tendrá que ser probado, al menos sumariamente.
En efecto, para que el amparo proceda excepcionalmente cuando el accionante
dispone de otros mecanismos de defensa judicial, requiere que se pruebe la necesidad
de la intervención inmediata y urgente del juez constitucional para impedir la
configuración de un perjuicio irremediable, mientras el juez natural decide de fondo el
respectivo proceso ordinario. De no tenerse en cuenta estos parámetros, se
desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez
constitucional en contravía del sistema jurídico.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas, que obran en el expediente, se establece lo siguiente:
2
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 205, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras.
3 Al respecto, ver entre otras la Sentencia T-440 de 2012.bot
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2.4.1. El 11 de enero de 2023 el accionante solicitó al Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Unidad de
Recursos Humanos, la liquidación y pago de prestaciones sociales por los servicios
prestados en condición de oficial mayor municipal del Juzgado Sexto Penal Municipal
de Control de Garantías de Cartagena, la cual aparece debidamente radicada, así:
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2.4.2. El 12 de febrero de 2023, ante esa dependencia, esto es, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena, se solicitó se emitiera certificación
de la prestación de servicios en el cargo oficial mayor del Juzgado Sexto Penal
Municipal de Control de Garantías de Cartagena, la cual aparece debidamente
radicada, así:
2.4.3. El 17 de febrero de 2023, para dar respuesta a la solicitud del 11 de enero de
2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena,
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expidió la Resolución DESAJCAR23-1419 que reconoció y ordenó pagar las
prestaciones sociales en la cuenta de ahorros reportada por el actor. Dicho acto
administrativo fue notificado el 24 de febrero de 2023, tal y como consta en la siguiente
captura de pantalla:
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
El motivo de apelación se circunscribe en determinar si le asiste razón al Consejo
Superior de la Judicatura al señalar que no se encuentra legitimado en la causa por
pasiva para actuar como parte accionada. En ese orden de ideas, se procederá a
examinar ese aspecto no obstante que según se puede advertir, la sentencia de
primera instancia que amparó los derechos fundamentales no impuso ninguna orden
en contra esta entidad.
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Conforme al Decreto 111 de 1996,4 artículo 110, modificado por la Ley 1957 de 2019,5
artículo 124,6 corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo cual se
constituye en la autonomía presupuestal.7
Así, al cotejar las disposiciones precedentes con la Ley 270 de 1996, 8 se infieren las
siguientes conclusiones:
i) El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa elabora el
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno
Nacional el cual se incorpora en el proyecto que proponga la Fiscalía General de la
Nación.9
4 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
Estatuto Orgánico del Presupuesto.
5 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, dictada por el
Congreso de la República dictada por el Congreso de la República en en virtud del Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz.
6 El texto del artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 se transcribe de la página web:
http:www.secretariasenado.gov.co: «Artículo 124. <Esta modificación a (sic) sido introducida en el
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 que compiló la Ley 38 de 1989> El artículo 91 de la Ley 38 de
1989, modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente manera:
Artículo 91. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar
el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en
cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien haga
sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.
En la sección correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba
indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; en la sección
correspondiente a la Rama Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura; igualmente
en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva de la misma
(…) ( negrilla no original)
7 Se tienen en cuenta las normas presupuestales para la Rama Judicial en la vigencia fiscal 2022, en
atención a que la reclamación respecto del reemplazo durante el disfrute de las vacaciones del
accionante y la fecha de la sentencia de tutela que en primera instancia ampara el derecho fundamental
al descanso, corresponde a dicha anualidad.
8 Estatutaria de la Administración de Justicia.
9 ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura:
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional,
el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación. (…)
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ii) El Consejo Superior de la Judicatura en la Sección presupuestal correspondiente
tiene la capacidad de ordenar el gasto en desarrollo de sus apropiaciones, lo cual
constituye la autonomía presupuestal.10
iii) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud de la autonomía presupuestal
de la Rama Judicial no tiene injerencia en la ordenación del gasto, puesto que las
apropiaciones de la Rama Judicial las dispone la Ley de Apropiaciones de la vigencia
correspondiente.11
iv) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejecuta las actividades
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura12 y, en ese orden de ideas,
corresponde al director ejecutivo de Administración Judicial administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de los órganos que la integran y responder
por su correcta aplicación o utilización.13
v) El director ejecutivo seccional de la Rama Judicial ejerce en el ámbito de su
jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del director ejecutivo
Nacional de Administración Judicial la función de actuar como ordenador del gasto
para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.14
10 Ibídem pie de página 9.
11 Ibídem
12 ARTÍCULO 98 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL. La Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tienen a su cargo la
ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (…) De la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto,
Informática y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio.(…)
13 ARTÍCULO 103. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL . ARTICULO 99 (…) Son funciones
del director ejecutivo de Administración Judicial:
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización.
(…)
14 ARTÍCULO 99. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director Seccional de la Rama
Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del
Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:
2. Administrar los bienes y recursos destinaos para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización.
(…).
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan
(…)
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Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la ordenación del gasto por concepto
de prestaciones sociales en el ámbito territorial compete a las Direcciones Seccionales
de Administración Judicial correspondiente, para el caso, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cartagena, conforme a la apropiación que le
efectúa la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
En ese orden de ideas, la Sala mantendrá la parte resolutiva de la sentencia apelada,
y la adicionará, para declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye,
que debe confirmarse la sentencia impugnada proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el 23 de marzo de 2023, que tuteló el derecho de petición, declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado e instó al pago a favor del accionante
de las prestaciones sociales y la adicionará para declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Consejo Superior de la Judicatura toda vez que la ordenación del
gasto,, el reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales del accionante le
corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena como se dispuso en
la parte resolutiva de la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia impugnada, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado del 23 de marzo de 2023 en la acción de tutela promovida por el
señor José Javier Carrascal Vásquez y adicionarla para declarar la falta de
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Radicación: 11001-0315-000-2023-00904-01
Demandante: José Javier Carrascal Vásquez
legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de la Judicatura conforme a
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
M.E.C.G.
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