Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00914-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00914-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00914-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00
Actora: María Mercedes Camacho Veloza
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otros1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) hábeas data
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A.
y Protección S.A.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00
Actora: María Mercedes Camacho Veloza
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A., porque, a su juicio, al no haber “[…]
actualizado todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me
descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo de
2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ […]”,
pese a que “[…] En reiteradas he radicado innumerables DERECHOS DE
PETICIÓN […]” ante cada una de ellas, vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, “[…] Empecé a trabajar en la Rama Judicial el día 11 de
febrero de 1987, inicialmente en el Municipio de Almeida (Boyacá),
desempeñando el cargo de Escribiente, Grado IV y posteriormente a los dos (2)
meses me trasladaron para la ciudad de Tunja como citador grado III en el
Juzgado Cuarto Civil Municipal donde permanecí más de 7 años y trasladada para
el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) hasta el 25
de Mayo de 2001, cabe anotar que todo el tiempo estuve en el Departamento de
Boyacá ininterrumpidamente, y termine cotizando a Pensión en el Fondo de
Pensiones Horizonte actualmente PORVENIR Fondo de Pensión y Cesantías
[…]”.
4. Manifestó que, “[…] A partir del año 2002 empecé a trabajar en la Empresa
Privada hasta finales del año 2018, por problemas económicos solicito la afiliación
y ser beneficiaria del "Fondo de Solidaridad Pensional" con La Sociedad
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, FIDUAGRARIA S.A., quien
es la administradora de los recursos a través de la Unidad de Gestión […]”.
5. Afirmó que, “[…] El 14 de Julio de 2015 solicite (sic) traslado para
COLPENSIONES según Radicado #6283486 y es ahí cuando me doy cuenta, por
la historia laboral expedida por ellos, de los muchos erros que presento en las
cotizaciones efectuadas desde año 1998, e inicito (sic) una carrera muy larga
solicitando las correcciones por medio de un Derechos de Petición a
Colpensiones, donde siempre me informa que los aportes de la RAMA JUDICIAL
presenta deudas presuntas y que me cotizaron con dos Nlt los 800165939 que
corresponde a la RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DEL QUINDIO, No entiendo […]”.
6. Sostuvo que, presentó “[…] innumerables DERECHOS DE PETICIÓN […]”
ante la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A., con el fin de que “[…] actualiza[ran]
todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron
por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo de 2001 […] para
que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental constitucional al habeas data,
debido proceso, el cual vienen siendo vulnerado en las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que se dejaron descritas en esta acción por las accionadas:
COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES PROTECCION, PORVENIR FONDO
DE PENSIONES Y CESANTIAS Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA.
SEGUNDO: APROBAR LA MEDIDA PROVISIONAL expuesta en la presente
acción constitucional.
TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, FONDO DE PENSIONES
PROTECCION, PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS Y RAMA
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que proceda dentro del
término que su digno despacho disponga, procedan a CARGAR DE MANERA
INMEDIATA los tiempos laborados en la RAMA JUDICIAL, actualizar todas las
bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente me descontaron por
nomina en pensión desde febrero de 1987 hasta de mayo de 2001, debidamente
soportadas con el CETIL, Derechos de Petición y sus respectivas respuestas,
Historias de Semanas cotizada por los Fondos de Pensiones, Porvenir, Protección
y Colpensiones y con fundamento en esa actualización proceda a EMITIR DE
MANERA INMEDIATA la HISTORIA LABORAL donde se evidencia las semanas
cotizadas que tengo al día de hoy y así a mis 62 años 11 meses completar el
requisito para poder iniciar los trámites de la PENSION DE VEJEZ […]”.2
8. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que:
“[…] Por todo anterior y a que llevo más de cuatro (4) años acudiendo a las
entidades para que se me actualice las bases de datos, para que se vean reflejadas
las semanas cotizada, a mis casi 64 años, continuo cotizando con EQUIDAD
beneficio que me concedió el estado, para que en poco tiempo pueda acceder a la
PENSION DE VEJEZ, por la obstaculización de un trámites administrativos entre
los FONDOS DE PENSIONES PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES y
la RAMA JUDICIAL del cual no debe recaer en mí, la responsabilidad de cada uno
de ellos, pues considero que no tienen que poner cada afiliado a resolver los
problemas internos andando todo el tiempo de oficina e n oficina, viendo que pasa
el tiempo y no se ve una luz de solución. Por ende, acudo a su digno despacho,
con la esperanza de hacer valer mi DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y HABEAS
DATA, que están siendo vulnerados por las accionadas […]”.
[…]
“[…] El derecho al habeas data consiste en la posibilidad que tiene cada persona
de conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas sobre sí en las
bases de datos, derecho que considero vulnerado por parte de COLPENSIONES,
FONDO DE PENSIONES PROTECCION, PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y
CESANTIAS Y RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al
no proceder a CARGAR DE MANERA INMEDIATA los tiempos laborados en la
RAMA JUDICIAL, actualizar todas las bases de datos de los aportes que
ininterrumpidamente me descontaron por nomina en pensión desde febrero de
1987 hasta de mayo de 2001, debidamente soportadas con el CETIL, Derechos de
Petición y sus respectivas respuestas, Historias de Semanas cotizada por los
Fondos de Pensiones, Porvenir, Protección y Colpensiones y con fundamento en
esa actualización proceda a EMITIR DE MANERA INMEDIATA la HISTORIA
LABORAL donde se evidencia las semanas cotizadas que tengo al día de hoy y así
a mis 62 años 11 meses completar el requisito para poder iniciar los trámites de
ser beneficiara de la PENSION DE VEJEZ […]”.3
2 Transcripción literal del texto.
3 Ibidem.
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de febrero de 2023: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, al Presidente de la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al Representante Legal
de Porvenir S.A. y al Representante Legal de Protección S.A.; iii) negó la medida
provisional solicitada por la actora; y iv) vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja – Boyacá, en calidad de tercero con interés
legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre los
hechos narrados por el actor.
Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo
10. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar su falta de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que “[…] no es viable endilgar alguna
responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u
omisiones que atribuye la accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente
sobre la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
judicial, dependencia en la que recae la responsabilidad de generar las respectivas
novedades de los servidores judiciales ante los fondos de pensiones […]”.
11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación
al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
“[…] el presente asunto, es de pleno conocimiento y COMPETENCIA de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, quien tiene a cargo la
función de Ente pagador de los salarios de la Accionante y es quien liquido (sic) y
efectuo (sic) la consignación de los aportes al Sistema de Seguridad Social de la
Accionante durante el tiempo que estuvo vinculada a la Rama Judicial […]”.
12. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó “[…]
DENIEGUE la acción de tutela contra COLPENSIONES por cuanto las pretensiones
son abiertamente IMPROCEDENTES, como quiera que la presente tutela no
cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, así
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
como tampoco se encuentra demostrado que Colpensiones haya vulnerado los
derechos reclamados por el accionante y está actuando conforme a derecho […]”.
12.1. Sostuvo que:
“[…] Que, consultadas las bases de datos y aplicativos de la entidad se constata que
en efecto la accionante a elevado solicitudes relacionadas con la corrección de su
historia laboral, estas que han sido debidamente atendidas por Colpensiones.
3. Ahora bien, se precisa al despacho que los aportes que solicita la accionante en
corrección, corresponden a aquellos que fueron cotizados durante la vigencia de su
afiliación en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la APF
PROTECCIÓN S.A., esto conforme consta a continuación:
4. Corolario de lo anterior, es responsabilidad de la AFP PRIVADA validar, gestionar
o recuperar los aportes que durante la vigencia de la afiliación no se acrediten en la
historia laboral pese a la vigencia de una relación laboral […]”.
[…]
“[…] en reiterada Jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional ha señalado que
el afiliado debe probar la existencia de errores en la información, para que las
administradoras de pensiones puedan tomar todas las medidas pertinentes, con miras
a que las consecuencias negativas de las inconsistencias que puedan presentarse en
la custodia, conservación y guarda de la información que reposan en la historia laboral
no sean trasladadas al ciudadano […]”.
[…]
“[…] de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es un
mecanismo subsidiario y residual por lo que será improcedente cuando existan otros
recursos o medios de defensa judicial, razón por la cual, en concordancia con el
numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, toda controversia que se
presente en el marco del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios o
usuarios, empleadores y entidades administradoras deberá ser conocida por la
jurisdicción ordinaria laboral […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, en relación al caso objeto de estudio, el ciudadano debe agotar los
procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y no discutir la
acción u omisión de Colpensiones vía acción de tutela, ya que ésta solamente
procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial […]”.
13. Porvenir S.A. solicitó su desvinculación al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva y negar la acción de tutela, toda vez que, no ha
vulnerado derecho fundamental alguno de la actora. Al respecto, precisó:
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
“[…] Es necesario mencionar que esta Administradora realizó cumplimiento de sus
obligaciones y procedió con el traslado de todos los aportes y documentación, así
como la actualización de las vinculaciones en la base de datos del Sistema de
Información de los Afiliados a los Fondos de Pensión (SIAFP) […] En plataforma
SIAFP se evidencia vinculada con Colpensiones actualmente […]”.
[…]
“[…] Validado en el aplicativo mantis, evidenciamos que no tenemos requerimientos
o solicitudes pendientes por resolver […]”.
[…]
“[…] Por lo que se puede evidenciar que esta Administradora no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante, y la entidad llamada a responder la acción
legal es la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES,
para que proceda a realizar las gestiones de su competencia, respecto a la prestación
solicitada por la aquí accionante […]”.
14. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja –
Boyacá solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por
intermedio de sus dependencias ha emitido respuesta de fondo a las solicitudes
presentadas por la hoy accionante ante la Entidad, cumpliendo con los
requisitos de claridad, precisión y congruencia, brindando los soportes necesarios
para que la accionante pueda realizar los trámites correspondientes para su
pensión de vejez, y precisamente con ocasión a la situación planteada en la
Acción de Tutela el Área Financiera procede a actualizar el certificado CETIL
que ya le había sido expedido a la accionante el 15 de mayo de 2019, para
incluir las vinculaciones: del 01 Julio de 1996 al 25 de Mayo del 2001, tiempo
cotizado al Régimen de ahorro individual, para los trámites pertinentes […]”.
[…]
“[…] En razón a lo anterior, como quiera que los hechos de la presente tutela versan
sobre la protección de los derechos fundamentales al habeas data y debido proceso
presuntamente vulnerados a la accionante por la no actualización de las bases
de datos de su historia laboral por parte de los fondos de pensiones a los
cuales realizó los aportes en seguridad social en pensión, y dicha obligación
de conformidad con la jurisprudencia en cita recae en cabeza única y
exclusivamente de los fondos de pensiones, se establece la FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, respecto de mi representada, por
cuanto no es la llamada a responder por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales que pretende el demandante […]”. (Resaltado por la Sala)
15. Protección S.A. guardó silencio en esta oportunidad procesal.
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
21. La Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá solicitaron su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
22. Al respecto, es preciso indicar que el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Porvenir S.A. fueron notificadas
como demandadas, en la medida en que la actora elevó reparos concretos en su
contra y formuló pretensiones frente a ella. Por su parte, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés legítimo, en la medida en que, dentro
de los anexos que allegó la actora, se advierte que hubo una respuesta por parte
de dicha entidad relacionada con el objeto de reclamo propuesto por la actora dentro
de la solicitud de amparo de la referencia.
23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá les
asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá.
Problemas jurídicos
25. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto, se
deben proteger los derechos fundamentales invocados por la actora, los cuales
considera vulnerados porque la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
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Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. no han
“[…] actualizado todas las bases de datos de los aportes que ininterrumpidamente
me descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987 hasta de (sic) mayo
de 2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ
[…]”, pese a que “[…] En reiteradas he radicado innumerables DERECHOS DE
PETICIÓN […]” ante cada una de ellas.
26. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el requisito general de la subsidiariedad de la solicitud de tutela; ii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de hábeas data; procediendo
posteriormente a iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela
27. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 10, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
28. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente
cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los mecanismos o
procedimientos ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla
general encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00
Actora: María Mercedes Camacho Veloza
29. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
11 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Núm. único de radicación: 110010315000202300914-00
Actora: María Mercedes Camacho Veloza
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de hábeas data
32. Visto el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución […]”
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha entendido el derecho de
hábeas data, “[…] como derecho autónomo, es aquel que “permite a las personas
naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificarla información que sobre ellas se
haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
De la misma manera, este derecho señala la obligación de respetar la libertad y
demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección,
tratamiento y circulación de datos”13[…]”.
Análisis del caso concreto
34. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
12 Corte Constitucional, Sentencia T176A de 25 de marzo de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Cita del texto original: “Sentencia T-811 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa”.
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Actora: María Mercedes Camacho Veloza
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
36.1. Escrito de tutela e informes rendidos por las partes, con sus anexos.
Solución del caso concreto
37. La actora señaló que, a su juicio, la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, Porvenir S.A. y
Protección S.A., han vulnerado sus derechos fundamentales, en la medida en que no
han “[…] actualizado todas las bases de datos de los aportes que
ininterrumpidamente me descontaron por nómina en pensión desde febrero de 1987
hasta de (sic) mayo de 2001 […] para que en poco tiempo pueda acceder a la
PENSIÓN DE VEJEZ […]”, pese a que “[…] En reiteradas he radicado innumerables
DERECHOS DE PETICIÓN […]”.
38. Al respecto, la actora manifestó lo siguiente:
“[…] Por todo anterior y a que llevo más de cuatro (4) años acudiendo a las
entidades para que se me actualice las bases de datos, para que se vean reflejadas
las semanas cotizada, a mis casi 64 años, continuo cotizando con EQUIDAD
beneficio que me concedió el estado, para que en poco tiempo pueda acceder a la
PENSION DE VEJEZ, por la obstaculización de un trámites administrativos entre
los FONDOS DE PENSIONES PORVENIR, PROTECCION Y COLPENSIONES y
la RAMA JUDICIAL del cual no debe recaer en mí, la responsabilidad de cada uno
de ellos, pues considero que no tienen que poner cada afiliado a resolver los
problemas internos andando todo el tiempo de oficina e n oficina, viendo que pasa
el tiempo y no se ve una luz de solución. Por ende, acudo a su digno despacho,
con la esperanza de hacer valer mi DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y HABEAS
DATA, que están siendo vulnerados por las accionadas […]”.
[…]
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“[…] El derecho al habeas data consiste en la posibilidad que tiene cada persona
de conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas sobre sí en las
bases de datos, derecho que considero vulnerado por parte de COLPENSIONES,
FONDO DE PENSIONES PROTECCION, PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y
CESANTIAS Y RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al
no proceder a CARGAR DE MANERA INMEDIATA los tiempos laborados en la
RAMA JUDICIAL, actualizar todas las bases de datos de los aportes que
ininterrumpidamente me descontaron por nomina en pensión desde febrero de
1987 hasta de mayo de 2001, debidamente soportadas con el CETIL, Derechos de
Petición y sus respectivas respuestas, Historias de Semanas cotizada por los
Fondos de Pensiones, Porvenir, Protección y Colpensiones y con fundamento en
esa actualización proceda a EMITIR DE MANERA INMEDIATA la HISTORIA
LABORAL donde se evidencia las semanas cotizadas que tengo al día de hoy y
así a mis 62 años 11 meses completar el requisito para poder iniciar los trámites
de ser beneficiara de la PENSION DE VEJEZ […]”.14
39. Al respecto, la Sala se remitirá al acervo probatorio que obra dentro de la
presente solicitud de amparo, en la cual se observa lo siguiente:
39.1. Respuestas que le dio Colpensiones a la actora frente a solicitudes que
elevó relacionadas con la corrección de su historia laboral, con fechas de 17 de
mayo de 2019, 25 de julio de 2019, 23 de enero de 2020, 11 de diciembre de 2020,
18 de julio de 2022, 28 de septiembre de 2022, 12 de diciembre de 2022 y 3 de
enero de 2023; de las cuales se lee lo siguiente:
i) “[…] En respuesta a su petición relacionada con “solicito el cargue de mis
semanas cotizadas para el periodo de 1999/03 al 1999/10, que mediante una
solicitud de corrección historia laboral radicado 2019_9620484…”, de manera
atenta, nos permitimos informar que verificada su historia laboral y de acuerdo con
lo reportado por la AFO ING hoy Protección se visualizan deudas presuntas
generando intereses pendientes por pagar, debido a que el empleador RAMA
JUDICIAL no efectuó pagos para los ciclos […] hasta tanto el empleador no realice
el pago de los aportes pendientes a la AFP mencionada, los períodos no se verán
acreditados correctamente en la historia laboral […]”.
ii) “[…] se evidencia que para el empleador RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE
ADMINISTRACION JUDICIAL se reportaron aportes pensionales con 2 Nit
diferente […] correspondiendo al mismo empleador, razón por la cual se generan
“deudas presuntas” en algunos periodos y se utilizan dichas cotizaciones […] es
14 Transcripción literal del texto.
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necesario se reporten las novedades de Retiro correspondientes ante la AFP en la
que presentó vinculación en esos periodos, quienes deben ajustar los aportes,
actualizar su Historia Laboral y remitir la información a Colpensiones […]”.
iii) “[…] Verificada su historia laboral y de acuerdo con lo reportado por la AFP ING
hoy Protección se visualizan deudas presuntas generando intereses pendientes
por pagar, debido a que el empleador RAMA JUDICIAL no efectuó pagos para los
ciclos […] Esta situación puede ser originada por inactividad laboral, falta de pago
del empleador, falta de pagos en la aplicación de pagos en la AFP o inconsistencia
de los pagos […] Por lo anterior, se recomienda que el ciudadano valide el debido
pago con su empleador y en caso de contar con los soportes, realizar la gestión
directamente con la AFP donde presentó afiliación o se realizó el pago para el
ajuste del o los períodos correspondientes […]”.
39.2. Respuestas que le dio Protección S.A. a la actora sobre su solicitud de
información sobre su historia laboral, con fechas de 8 de julio de 2019 y 20 de
octubre de 2020, de las cuales se lee lo siguiente: “[…] Al respecto te indicamos
que realizamos las validaciones pertinentes en nuestro sistema de información y
constatamos que, los periodos octubre, diciembre de 1997, febrero, marzo, abril,
mayo, junio de 1998, marzo, julio, septiembre y octubre de 1999, se encuentran
reportados en tu historia laboral, por lo cual, no tenemos registro de deuda para
dichas entidades a tu favor […]”.
39.3. Respuesta que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja – Boyacá le dio a la actora, con fecha de 23 de mayo de 2019, mediante
la cual le señaló lo siguiente: “[…] no es posible realizar y efectuar los pagos que
solicita en el derecho de petición debido a que dichos pagos fueron realizados en
su debida oportunidad y así se ven reflejados en la historia laboral […]”.
40. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito general de subsidiariedad que caracteriza a la acción
de tutela, en la medida en que, de conformidad con el material probatorio
mencionado supra, la Sala observa que la actora no ha presentado una solicitud
reciente que atienda las indicaciones que para tal efecto le ha señalado
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Colpensiones, tales como verificar con su empleador, una vez verificado y con los
respectivos soportes acudir a la AFP donde presentó afiliación o se realizó el pago
para el ajuste del o los períodos correspondientes, y posteriormente acudir a la
entidad para el debido trámite.
41. La Sala precisa que, si bien la actora presentó una solicitud ante la Rama
Judicial con el fin de verificar los registros hechos en su historia laboral frente a sus
aportes o semanas cotizadas, la respuesta que le dio la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá tiene fecha de 23 de mayo
de 2019 y corresponden a unos periodos específicos, que no coinciden en su
totalidad con los periodos que reclamó en sede de tutela.
42. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente al trámite de corrección
de la historia laboral, le corresponde a la actora elevar ante el empleador las
solicitudes respectivas con los correspondientes periodos que solicita se corrijan,
y allegar los soportes necesarios para que sea el Fondo de pensión la autoridad
que, con el lleno de los requisitos necesarios para tal fin, resuelva su solicitud.
43. La Sala observa que, incluso la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja – Boyacá, al rendir informe, señaló que desde el
2019 la actora no había presentado otra petición, por lo que señaló que “[…]
precisamente con ocasión a la situación planteada en la Acción de Tutela el Área
Financiera procede a actualizar el certificado CETIL que ya le había sido
expedido a la accionante el 15 de mayo de 2019, para incluir las vinculaciones:
del 01 Julio de 1996 al 25 de Mayo del 2001, tiempo cotizado al Régimen de
ahorro individual, para los trámites pertinentes […]”.
44. En ese orden de ideas, no le corresponde al juez constitucional definir lo
requerido por la actora, en la medida en que no obra solicitud reciente que acredite
que la tutelante ha cumplido con los requerimientos necesarios y ha presentado
solicitudes recientes para tal fin ante su empleador y a la AFP donde presentó
afiliación o se realizó el pago para el ajuste del o los períodos correspondientes.
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Análisis del perjuicio irremediable
45. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
46. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional15:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”16[…]”.
47. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
48. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros mecanismos o recursos de defensa que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo, por no cumplir con el requisito general de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, Porvenir S.A. y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja – Boyacá, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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