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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00928-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00928-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Iván Enrique Martínez López Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-00928-00 señor Iván Enrique Martínez López, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00928-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de marzo de 2023

Demandante: Iván Enrique Martínez López
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00928-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00928-00
Demandante: IVÁN ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA

Tema: Tutela contra acto administrativo – declara improcedencia
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el señor Iván Enrique
Martínez López, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda

Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2023 en el Sistema de
Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, por
parte de la Oficina Judicial – Seccional Medellín, el señor Iván Enrique
Martínez López, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que le sean amparados
sus derechos fundamentales al trabajo con conexidad a la igualdad, a la
equidad, al libre desarrollo de la profesión y al mínimo vital

Consideró vulneradas dichas garantías por cuanto el Consejo Superior de la
Judicatura le expidió la tarjeta profesional de abogado número 396.782 con
vigencia temporal, cuando a compañeros que ingresaron a estudiar en la
misma fecha (18 de julio de 2018) se les otorgó sin ninguna restricción.

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Demandante: Iván Enrique Martínez López
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
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1.2 Pretensiones

En concreto, pidió lo siguiente:

“(…) Se ordene al consejo superior de la judicatura expedir la
respectiva tarjeta profesional de abogado, dado que cumplí con los
requisitos académicos exigidos por la universidad Politécnico
Grancolombiano en alianza con la Policía Nacional. (DINAE).”

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3 Hechos

El actor sostuvo que, el 5 de octubre del año 2022, solicitó al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia que se le otorgara la tarjeta profesional de abogado,
por cuanto había cumplido con los requisitos exigidos por la Universidad
Politécnico Grancolombiano (Sede Medellín) a la cual ingresó el 18 de julio
de 2018 mediante una alianza entre dicha universidad y la Policía Nacional.

Señaló que el 2 de diciembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura,
le envió certificación en la cual le informó que le fue asignada una tarjeta
profesional de abogado provisional, con vigencia hasta el 30 de abril de
2024.

Expresó que después de consultar con otros compañeros que ingresaron a
estudiar en la misma fecha que él y otros que iniciaron con posterioridad, a
diferencia de él, a ellos les fueron otorgadas dichas tarjetas profesionales sin
ninguna restricción.

1.4 Sustento de la vulneración

Fundamentó la acción de amparo de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86, 69 y 13 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 333 de 2021.

Indicó que, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia ha desconocido el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley
para obtener su tarjeta profesional de abogado al otorgársela de manera
provisional.

1.5 Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 23 de febrero de 2023, el magistrado ponente admitió la
tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para que, si lo

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consideraba del caso, interviniera en el presente proceso en calidad de
accionado.

1.6 Argumentos de defensa

Efectuada la notificación respectiva, se presentó la siguiente intervención:

Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia

El director encargado de dicha entidad, mediante escrito enviado el 28 de
febrero de 2023, manifestó que no existe vulneración a ningún derecho
fundamental en la actuación realizada por parte de la entidad, dado que la
solicitud del accionante fue resuelta de conformidad con la Ley 1905 de 2018
y al Acuerdo No. PSCJA22 – 11985 del 29 de agosto de 2022.

Señaló que el Politécnico Grancolombiano (sede Medellín), mediante correo
electrónico del 27 de octubre de 2022, informó que el señor Martínez López
inició la carrera de derecho el 1° de agosto de 2018, es decir, después de
haber sido promulgada la Ley 1905, culminando sus estudios el 29 de
septiembre de 2022.

Por lo anterior y de conformidad con el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29
de agosto de 2022, se procedió a inscribir al señor Martínez López en el
registro nacional de abogados asignándole la tarjeta profesional número
396.782 con vigencia provisional.

Con respecto a lo anunciado por el accionante, relacionado con que se le
otorgó tarjetas profesionales a compañeros sin ninguna restricción, indicó
que se procedería a analizar cada caso en particular y se evaluará la
posibilidad de comunicar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
en condición de Representante Legal de la Rama Judicial, para que por su
conducto de encontrarlo procedente, se adelanten las acciones judiciales y
administrativas a que haya lugar, por observar que en un momento dado se
llegó a expedir alguna tarjeta profesional para quienes de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2| de la Ley 1905 de 2018 debían ser provisionales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado por los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

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2.2 Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si con la decisión de
expedir la tarjeta profesional provisional de abogado número 396.782 al
señor Iván Enrique Martínez López se le han vulnerado sus derechos
fundamentales al trabajo en conexidad a la igualdad, a la equidad, al libre
desarrollo de la profesión y al mínimo vital.

Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos; (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) improcedencia de la tutela contra
actos administrativos; y (iii) caso concreto.

2.3 Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción
no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre otros motivos,
la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para
garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de
amparo se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y cuando las circunstancias que invoca, se acrediten al menos
sumariamente.

2.4 Improcedencia de la acción de tutela cuando el demandante cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial

La acción de tutela está consagrada para garantizar derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por particulares, pero su procedencia está
supeditada a los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no
procede, entre otros, cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales.

La norma en cita consagra textualmente:

1"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.
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“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA.
La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

(…)”

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

De tal modo que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que
resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

Por lo tanto, es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

2.5 Caso concreto

El actor alegó que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo en conexidad a la igualdad, a la equidad, al libre

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desarrollo de la profesión y al mínimo vital con la expedición de la tarjeta
profesional de abogado provisional, por haber ingresado a la carrera de
Derecho el 18 de julio de 2018 y por lo tanto con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1905 de la misma anualidad quedando está obligado a
realizar el examen de estado.

Lo pretendido por el señor Martínez López, es que se le expida la Tarjeta
Profesional número 396.782 sin la categoría de provisional, puesto que
considera que ha sido discriminado al otorgarle a compañeros su tarjeta
profesional sin restricción alguna, habiendo iniciado la carrera de Derecho en
la misma fecha.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por hecho superado
porque ya se realizó la correspondiente inscripción y se expidió la tarjeta
profesional con vigencia provisional en los términos de la Ley 1905 de 2018 y
el Acuerdo PSCJA22-11985 de 2022. Decisión que se registró en el Acta
número 25553 del 2 de diciembre de 2022, tal como se observa en la
siguiente imagen.

Así las cosas, se advierte que el Acta de Registro de Tarjeta Profesional
número 25553 con vigencia provisional hasta el 30 de abril de 2024
constituye un acto administrativo definitivo, en el cual el Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia decidió, de acuerdo a la normatividad vigente, la expedición de la
tarjeta profesional provisional, del señor Iván Enrique Martínez López, de
conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PSCJA22-11985 de
2022.

En atención a lo anterior, el señor Martínez López cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial para proteger los derechos fundamentales
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invocados, ya que puede acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa a través de una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del
C.P.A.C.A., proceso en el cual podría solicitar el decreto de las medidas
cautelares consagradas en los artículos 229 a 241 del C.P.A.C.A. para, así,
evitar la consumación o agravación del daño alegado.

La Corte Constitucional2 ha precisado que “el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que prevé el C.P.A.C.A. es un mecanismo de
control principal y definitivo, de naturaleza subjetiva e individual, por medio
del cual las personas pueden solicitar la nulidad de los actos administrativos
por su inconstitucionalidad o ilegalidad y, como consecuencia de ello, el
restablecimiento de sus derechos. Por lo tanto, la persona que estime que un
acto administrativo de carácter particular y concreto afecta sus derechos
fundamentales no está, en principio, facultada para cuestionarlo ante los
jueces de tutela, ya que ese asunto le corresponde por ley a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.”

También ha explicado que la idoneidad y eficacia de este mecanismo de
defensa judicial del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se refuerza con la posibilidad que tiene el demandante de solicitar,
desde la formulación de la demanda y en cualquier estado del proceso, la
adopción de medidas cautelares que pueden ser preventivas, conservativas,
anticipativas o de suspensión.

Con fundamento en los argumentos descritos, tanto para el Alto Tribunal
Constitucional como para esta Sección, la regla general es que la acción de
tutela es improcedente para controvertir actos administrativo de carácter
particular y concreto, en atención al carácter subsidiario del mecanismo
constitucional, lo que impide que este suplante la competencia del juez
contencioso administrativo para determinar la constitucionalidad o legalidad
de la voluntad de la administración y, con ello, la presunta vulneración de los
derechos fundamentales.

Sin embargo, la regla general de improcedencia puede ser superada en
circunstancias excepcionales y debidamente probadas, esto es, la existencia
de un perjuicio irremediable.

Por lo anterior, al momento de analizar si en un caso particular se está ante
un perjuicio irremediable que justifique el superar el requisito de la
subsidiariedad, deben evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los
cuales han sido definidos de forma reiterativa bajo los siguientes términos3:

2 Sentencia T-393 del 16 de noviembre de 2021 con ponencia de la magistrada Gloria Stella

Ortiz Delgado.
3 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de 2014,

entre otras.
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i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.
ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un
bien moral o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Además, es necesario que este perjuicio irremediable debe ser inminente o
actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e
impostergables.

Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron
delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993,
con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, postura reiterada y
reconocida posteriormente por la Sala Plena de esa corporación en la
sentencia C-531 de 1993, en el sentido de indicar:

“… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está
por suceder prontamente"…. || B) Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, || C) No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D) La urgencia y la gravedad determinan que
la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada
para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida,
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y
garantías básicos para el equilibrio social”.

Al descender al caso concreto, la Sala no encuentra demostrado que el
señor Iván Enrique Martínez López se encuentre en una situación de tal
gravedad que permita que se supere el requisito de la subsidiariedad, pues
actualmente puede ejercer su profesión como abogado sin ninguna limitación
y, además, el demandante no alegó estar en ninguna circunstancia que
amerite la intervención del juez constitucional y, en consecuencia, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el
8

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Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00928-00

señor Iván Enrique Martínez López, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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