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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00937-00

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00937-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Susana Vanessa Cruz Fernández en contra del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00937-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00937-00
Accionante: SUSANA VANESSA CRUZ FERNÁNDEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Derecho fundamental de petición / expedición de la
tarjeta profesional de abogado / carencia de objeto
por hecho superado

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Susana
Vanessa Cruz Fernández contra el Consejo Superior de la Judicatura,
de conformidad con el Decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

La accionante, quien actúa en nombre propio, interpone demanda de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición, con fundamento en
los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El 17 de diciembre del 2022, la señora Susana Vanessa Cruz
Fernández se graduó como abogada de la Universidad del Magdalena.

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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Susana Vanessa Cruz Fernández

1.2. Con posterioridad, esto es, el 17 de enero de 2023, envió toda
la documentación requerida por el Consejo Superior de la Judicatura
para la expedición de la tarjeta profesional al correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co. No obstante, a la fecha de
radicación de la tutela no ha recibido respuesta alguna por parte de
la entidad accionada.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La accionante manifiesta que el derecho fundamental de petición le
fue transgredido, toda vez que a la presentación de la demanda de
tutela no ha obtenido información respecto del trámite ni tampoco le
ha sido expedida la tarjeta profesional.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«(…) se le ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de mi derecho
fundamental de petición, sea absuelta mi solicitud formulada a esta entidad, el cual radique
vía correo electrónico el día 17 de enero de 2023.» (sic en toda la cita)

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 24 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura como accionado.

4.1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia manifestó que en el transcurso del año han tramitado
2.647 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica y expedido

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5.181 tarjetas profesionales de abogado y 764 licencias temporales
de abogado, pese a que recibieron 37.491 peticiones de toda índole.

Informó que la accionante solicitó a través del correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co su inscripción como abogada, así
como también la expedición de la tarjeta profesional como titulada
por la Universidad del Magdalena.

En ese contexto, señaló que la parte actora inicialmente no cumplió
la totalidad de los requisitos exigidos, pues no allegó el formulario
único de múltiples trámites, razón por la que fue requerida el 26 de
enero del 2023, quien aportó el documento el 8 de marzo del mismo
año.

Así pues, inscribió en el registro de abogados a la señora Susana
Vanessa Cruz Fernández y le asignó la tarjeta profesional de abogado
n.° 403.071, mediante el Acta n.° 5669 de 2023, documentos que
fueron enviados al contratista para la elaboración del plástico la cual
sería enviada por la empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de
Colombia S.A, al domicilio registrado por la demandante.

De igual manera, insistió que el accionante podrá acceder a la
certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que
puede ser descargada o consultada por la internet, a través del
servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier
ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o
en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx,
escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y
vigencia del documento.

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En ese contexto, al no existir la vulneración deprecada en el presente
asunto solicitó se niegue el amparo constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho
fundamental de petición de la accionante, al no resolver la
solicitud de inscripción de la tarjeta profesional formulada desde
el 17 de enero de 2023?

2. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señala este decreto”.

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión

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de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos
y excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante,
salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.

Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.

En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta

1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado No.
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.

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profesional, su trámite debe regirse por las reglas del procedimiento
administrativo general establecidas en los artículos 34 y siguientes de
la Ley 1437 de 2011, y el incumplimiento de este puede suponer una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso
administrativo.

4. Caso concreto

En el presente asunto, la señora Susana Vanessa Cruz Fernández
invoca la protección del derecho fundamental de petición, toda vez
que a la fecha de presentación de la acción de tutela no le había sido
expedida la tarjeta profesional de abogada, la cual fue solicitada
desde el 17 de enero de 2023.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que:

i. El 17 de enero de 2023, la accionante solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura la expedición y registro de su tarjeta
profesional de abogada; solicitud sobre la cual la entidad
accionada informó que el 26 de enero del mismo año requirió a
la demandante para que adjuntara el formulario único para
múltiples trámites con firma y huella legibles a fin de continuar
con el trámite.

ii. El 7 de marzo de 2023, la accionante adjuntó mediante correo
electrónico dicho formulario para lo pertinente.

iii. El 15 de marzo de 2023, la entidad la inscribió en el registro
de abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n.º

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403071 mediante Acta n.º 5669 en la que se dispuso lo
siguiente:

«ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No. 5669

Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a
efectuar la inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de:

SUSANA VANESSA CRUZ FERNANDEZ
Identificado (a) con la cédula No. 1131076921
Titulo obtenido por la Universidad DEL MAGDALENA
Según acta de grado de fecha 17 de diciembre del 2022

Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional
No.403071, con fecha de expedición el 15 de marzo del 2023.
Bogotá, D.C.,15 de marzo del 2023»

iv. La tarjeta profesional de abogada fue enviada por la unidad
al contratista Identificación Plástica S.A.S. para la elaboración
del plástico y una vez sea entregada, indica que se remitirá a
través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio
registrado por el accionante.

Así las cosas, la Subsección colige que aunque la petición se formuló
el 17 de enero de 2023, conforme a las pruebas aportadas en el
plenario, se tiene que el 26 de enero del mismo año la entidad
accionada, en respuesta al requerimiento de la demandante, solicitó
a través del aplicativo adjuntar el formulario único para múltiples
trámites con firma y huella legibles para continuar con el mismo,
razón por la que con posterioridad, esto es, el 7 de marzo de la
presente anualidad, dicho documento fue enviado por la parte actora.

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Asimismo, se tiene que a través del acta del registro n.° 5669 la
tarjeta profesional de abogada fue expedida el 15 de marzo del año
en curso, la cual fue enviada al contratista Identificación Plástica
S.A.S., para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a la
Unidad, informó que se remitiría a través del servicio de correo
certificado de 472, al domicilio registrado por la accionante, razón por
la cual la situación que dio origen a la presente acción constitucional
ha sido superada.

De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que
reporta la conculcación del derecho desaparece, situación en la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción
de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual
y cierta de los mismos.

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No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de
tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de
protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»2.

Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que aunque las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia
el hecho generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se
encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las
garantías constitucionales, de acuerdo con la interpretación que en
derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».

Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la inscripción
de la tarjeta profesional de la interesado, cualquier decisión que esta
Sala de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de
Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia tramitó y notificó
respuesta a la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

2
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
instaurada por la señora Susana Vanessa Cruz
Fernández en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el trece (13)
de abril de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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