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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00938-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00938-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos de la inmediatez y de la relevancia constitucional, por lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00938-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de marzo de 2023

Demandante: Colpensiones
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2023-00938-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00938-00
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 21 de febrero de 2023 por correo electrónico
dirigido a la Secretaría General del Consejo de Estado, la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a través del gerente de Defensa
Judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y
de la seguridad jurídica.

Sostuvo que las garantías constitucionales invocadas le han sido vulneradas
con ocasión de la sentencia del 29 de octubre de 2020, dictada por la precitada
autoridad judicial, en la cual se declaró fundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor Marcos Evangelista Castañeda Segura contra
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2023-00938-00

la providencia proferida el 25 de febrero de 2011 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por este contra el
Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones). Al trámite del recurso
extraordinario se le asignó el radicado 11001032500020130123900.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones al
debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad
ante la ley, orientados a la Defensa del patrimonio público y a la protección
del principio de sostenibilidad financiera, en consideración a que el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – sección
segunda subsección A- incurrió en violación directa a la Constitución,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto sustantivo, en la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2020, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No.
110010325000201301239.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO de manera definitiva la sentencia
proferida el 29 de octubre de 2020, por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo – sección segunda subsección A-, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
110010325000201301239, teniendo en cuenta que la decisión allí
adoptada es contraria a la normatividad y a la jurisprudencia constitucional
fijada en la materia. En su lugar, ORDENE al despacho accionado, profiera
nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte actora sostuvo que el Instituto de Seguros Sociales reconoció pensión
de vejez a favor del señor Marcos Evangelista Castañeda Segura, por haber
reunido los requisitos mínimos exigidos en la Ley 100 de 1993.

Agregó que dicha prestación se reliquidó, pero que inconforme con ello, el
señor Castañeda Segura presentó una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del extinto ISS, con la finalidad de que se reliquidara con
fundamento en las Leyes 33 de 1985, 4ª de 1965, 4ª de 1976 y 445 de 1998,
así como el Decreto reglamentario 238 de 1999, en cuantía del 75% del
promedio de lo devengado en el año de la consolidación del estatus pensional.

Indicó que el proceso se identificó con el número 2500023250002006052950,
cuyo conocimiento de primera instancia le correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá. Dicho

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despacho dictó sentencia el 14 de agosto de 2009 con el cual accedió a lo
pretendido.

Mencionó que, el ISS apeló y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A con fallo del 25 de febrero de 2011 confirmó la
decisión, y con proveído del 25 de agosto de 2011 corrigió un numeral de la
providencia de segunda instancia.

Añadió que, en cumplimiento de las sentencias precitadas, Colpensiones, en
calidad de sucesor del ISS como administrador del régimen de prima media con
prestación definida, expidió la resolución GNR 179128 del 10 de julio de 2013
por medio del cual reliquidó la pensión de vejez a favor del señor Castañeda
Segura, a partir del 3 de julio de 2001 en cuantía de $2.072.795.00, ordenando
a su vez el pago de un retroactivo por valor de $260.901.152.00.

Refirió que, con posterioridad, el señor Castañeda Segura presentó un recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 25 de febrero de 2011 y
de la decisión que corrigió el numeral segundo, del 25 de agosto de 2011 con el
objeto de que se reliquidara la pensión de vejez a su favor con los factores
salariales establecidos en la Ley 33 de 1985 y Decreto 691 de 1994, incluida la
prima técnica. Dicho expediente se identificó con el radicado
11001032500020130123900.

Destacó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con
decisión del 29 de octubre de 2020, declaró fundado el aludido recurso y, en
consecuencia, infirmó parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva
de la sentencia del 25 de febrero de 2011, para en su lugar, disponer:

“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, condenar al Instituto de
Seguro Social ISS a reliquidar y pagar la pensión de jubilación al señor
MARCOS EVANGELISTA CASTAÑEDA SEGURA identificado con CC no.
17.045.804 de Bogotá con los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, los cuales son asignación básica, alimentación,
bonificación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,
prima técnica, en cuantía del 75% a partir del 3 de julio de 2001”

Señaló que, en cumplimiento del fallo precitado, Colpensiones expidió la
resolución SUB 16908 de 23 de enero de 2023, a través de la cual se reliquidó
la pensión de jubilación en cuantía de $ 9.006.571 para el año 2023, liquidando
un retroactivo de diferencias pensionales desde 3 de julio de 2001 por valor de
$692.370.110.00.

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3. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial acusada incurrió en un defecto
sustantivo, al omitir infirmar la decisión de segundo grado en lo relacionado al
cálculo de la base de liquidación pensional, por aplicación indebida del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 que se opone a las reglas fijadas en la sentencia C-
168 de 1995 y C-596 de 1997, en las cuales la Corte Constitucional aclaró que
quienes son beneficiarios del régimen de transición se les debe liquidar con el
promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio o el tiempo que
les faltare, máxime cuando las cotizaciones y comportamiento de la historia
laboral demuestran una posible vinculación precaria.

Señaló que también incurrió en desconocimiento del precedente constitucional y
el propio, además de que generó una ventaja pensional irrazonable a favor del
asegurado, en el entendido que se ordenó tener en cuenta para la liquidación
todos los factores salariales del último año de servicios, lo que decantó en un
aumento excesivo de la mesada, diferencia porcentual del 62%, monto
pensional que no guarda relación con el valor de los aportes efectuados durante
toda su vida laboral y que constituyen la principal fuente de financiación de las
prestaciones económicas.

Destacó que la Corte Constitucional en casos como el presente -reconocimiento
de pensiones con desconocimiento de la regla fijada en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 respecto del IBL a tener en cuenta-, ha advertido que cuando se
avizore abuso palmario del derecho, será procedente adelantar la acción de
tutela.

Manifestó que la providencia demandada conlleva representa un perjuicio
irremediable a las finanzas del Estado y, en últimas, al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, lo que en primera medida da lugar a la
interposición del presente medio constitucional.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 23 de febrero de 2023 se admitió la solicitud de amparo. En
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Asimismo, se dispuso la vinculación de señor Marcos Evangelista Castañeda
Segura (quien promovió el recurso extraordinario), de los magistrados que
integran la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del juez que asumió las funciones del Juzgado Octavo
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá (autoridades
judiciales de primera y segunda instancia del proceso ordinario).

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5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:

5.1. Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de lo solicitado, al señalar lo
siguiente:

Indicó que lo relacionado con el criterio aplicado en primera y segunda instancia
para ordenar la liquidación pensional del entonces demandante, como
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, escapaba al
ámbito de competencia restringida del juez de la revisión.

Mencionó que, en este sentido, se recuerda que los artículos 281 del Código
General del Proceso y 287 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo imponen al funcionario judicial el deber de resolver
conforme las pretensiones aducidas en la demanda, tal y como se realizó en el
asunto sometido a estudio.

Señaló que, en ese orden, al ser el pensionado la parte activa dentro del
recurso extraordinario de revisión, no era viable proceder al estudio de aspectos
que no ofrecían motivo de controversia, para ordenar la disminución de su
mesada pensional, que es el objetivo de Colpensiones con su acción de tutela.

Resaltó que, los argumentos expuestos por la Administradora Colombiana de
Pensiones resultan incompatibles con el objeto de estudio de la sentencia que
pretende se deje sin efectos. Por esa razón, no es viable acceder al amparo
deprecado por la entidad.

Solicitó que, se declare improcedente este mecanismo constitucional, toda vez
que no cumple con el requisito de inmediatez. En su defecto, deniegue el
amparo solicitado, pues resulta incompatible con la pretensión del recurso
extraordinario de revisión que fue resuelto con la sentencia del 29 de octubre de
2020, que en esta oportunidad se cuestiona.

5.2. Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Esta autoridad judicial allegó el expediente ordinario que dio origen al recurso
extraordinario de revisión.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Cuestión previa

Antes de desarrollar los aspectos que darán respuesta al problema jurídico
planteado, para la Sala es importante precisar que el análisis del defecto
alegado por la parte demandante se enfocará en la providencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión en cuestión. Además de lo anterior, es
necesario señalar que la demanda presentada en ejercicio de la acción de
tutela solo ataca la decisión mencionada en lo relacionado con la interpretación
normativa y jurisprudencial y sobre ese único aspecto se pronunciará el
presente fallo.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, si
con la decisión demandada se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte actora, al declarar fundado el recurso extraordinario de revisión e infirmar
parcialmente la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso ordinario,
con la finalidad de ordenar la inclusión de la prima técnica en la reliquidación
pensional del señor Marco Evangelista Castañeda Segura.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 1, mediante el cual

1
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción
de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.

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unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales2, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el
de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí
que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”3.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)

2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
3
Ibidem.
4
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.

7

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subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

5. Examen de requisitos generales

5.1. Relevancia constitucional

En consonancia con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del
precitado presupuesto y se estableció que los que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, son los siguientes:

i) Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) No involucrar un debate eminentemente legal,

iii) No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Para la Sala el asunto no reviste de relevancia constitucional, puesto que la
parte actora cuestionó la providencia que infirmó parcialmente la decisión
judicial que dispuso la reliquidación de la pensión del señor Marco Evangelista
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Castañeda Segura, pues le genera un perjuicio al tener que pagar una suma a
la cual no tiene derecho y que, por tanto, se le causa un detrimento patrimonial.

En ese orden de ideas, el asunto gira en torno a una cuestión sustancial y de
carácter netamente legal y económica, pues la inconformidad se limita al pago
de unas sumas de dinero con ocasión de la orden judicial, más allá de estar
orientado a la protección de los derechos fundamentales invocados.

Sobre el particular, resulta necesario precisar que la relevancia constitucional
como presupuesto general de la acción de tutela, “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel…”5. De igual manera, se recuerda que dicho requisito
tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional6 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad7; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales8 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces9”.

Por tanto, la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela no
puede versar sobre un asunto meramente legal o económico, sino que es
necesario que se advierta su contenido y trascendencia constitucional, pues de
lo contrario, el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que
desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
como se puede observar en la sentencia cuestionada, la discusión se
circunscribe a aspectos legales y netamente económicos, los cuales, en todo
caso, no están justificadas en una acreditada o palmaria vulneración de
garantías fundamentales, en el sentido riguroso que señaló la Corte
Constitucional en las citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103
de 2022.

Por tanto, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es

5
Sentencia SU573 de 2019.
6
“Sentencia C-590 de 2005.”
7
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
8
“Sentencia C-590 de 2005.”
9
“Sentencia T-102 de 2006.”

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necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de
los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

Así, se reitera que el asunto demandado a través de esta acción de tutela se
circunscribe al cuestionamiento de la providencia que infirmó la sentencia que
dispuso la reliquidación pensional del señor Castañeda Segura, pero para
cuestionar la interpretación normativa y jurisprudencial que alegó.

Para la Sala, lo demandado por la accionante en esta solicitud de amparo
carece de la carga argumentativa suficiente para justificar la relevancia del
caso, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al
juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la
autoridad censurada y que, sea tal la trascendencia que el juez constitucional
deba intervenir.

De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la subsección demandada, que
amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver de tal naturaleza legal ni económica.
Por tanto, este presupuesto no se cumple.

5.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza

Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia censurada se profirió en el trámite de un recurso
extraordinario de revisión, dictada por una Alta Corte.

5.3. Subsidiariedad

La Sala encuentra acreditado puesto que, contra la decisión cuestionada
resolvió un recurso extraordinario de revisión; por tanto, en su contra no
procede medio judicial alguno sino la acción de tutela.

5.4. Inmediatez

Al respecto, la Sala observa que dicho presupuesto no se cumple, por los
siguientes motivos:
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Para este requisito, la parte actora sostuvo que, como se ordenó la reliquidación
de una pensión de vejez, prestación económica de tracto sucesivo que se
encuentra actualmente activa en la nómina de pensionados de esta entidad, lo
que per se decanta en una afectación continua, permanente y actual,
cumpliéndose con uno de los criterios señalados por la jurisprudencia.

Adujo que, lo anterior, hace claro el cumplimiento del requisito de inmediatez,
en el entendido que “el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó”.

No obstante, se advierte que la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de revisión se dictó el 29 de octubre de 2020; mientras que, la
solicitud de tutela se presentó el 21 de febrero de 2023, es decir, que más de 2
años después la entidad demandante formula la acción constitucional. Esto,
porque consultado el registro del expediente, se advierte que dicha decisión se
notificó por edicto y electrónicamente el 15 de enero de 2021 y, cobró ejecutoria
el 22 de enero de 2021.

Ahora bien, Colpensiones hizo alusión a lo periódico de la prestación y a que
expidió la resolución SUB 16908 de 23 de enero de 2023, a través de la cual se
reliquidó la pensión de jubilación en cuantía de $ 9.006.571 para el año 2023,
liquidando un retroactivo de diferencias pensionales desde 3 de julio de 2001
por valor de $692.370.110.00.

De manera que, para la Sala tales eventos corresponden al cumplimiento de la
orden judicial, que es la que resulta ser el objeto de la demanda a través de
esta acción de tutela. En tal sentido, el requisito de la inmediatez debe
contabilizarse es a partir de la ejecutoria de dicha providencia, mas no de
cuando la administración materialice la orden judicial.

En lo atinente, se estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de
tutela interpuestas en contra de providencias judiciales, el demandante debe
acreditar el cumplimiento de unos presupuestos generales de procedibilidad
para que pueda analizarse el fondo del caso concreto.

Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz 10.

10
El artículo 86 de la Carta prevé que «…toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales…».

11

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Colpensiones
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2023-00938-00

De manera que, el requisito de la inmediatez exige que la tutela se interponga
tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un
término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, esto es, seis meses.

Lo anterior, debido a que el paso prolongado del tiempo indica que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación11, tal plazo prudencial, el cual
se ha fijado en 6 meses por la Corte Constitucional y acogido por el Consejo de
Estado, y ha de analizarse en cada caso concreto para determinar si un exceso
en el mismo se halla justificado como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.

Además de lo anterior, la Corte Constitucional12 ha advertido que este requisito
responde a necesidades adicionales como son proteger derechos de terceros
que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica y evitar el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la defensa de los derechos.

Sin embargo, la Corte Constitucional13 y esta Sala14 han admitido la
procedencia de la acción constitucional interpuesta cuando ha transcurrido un
extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:

i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;

ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;

iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y

11
Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable y
extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.
12
Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle
Correa.
13
Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria
Sáchica Méndez.
14
Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número
11001-03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

12

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iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual.

En lo particular, la Sala no encuentra un ejercicio pronto de la acción dentro del
plazo de los seis meses dispuesto para ello, pues desde el día siguiente a la
ejecutoria de la providencia cuestionada hasta la presentación de la acción de
tutela, ha transcurrido más de 2 años.

Adicionalmente, tampoco existe un motivo válido que justifique la inactividad de
la parte accionante para promover la solicitud de amparo dentro de los
referidos seis meses, ni que la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, ni existe un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de esta vía constitucional y la
vulneración de los derechos de los interesados.

Además, la situación desfavorable que alega respecto de la decisión acusada
no es continua y actual, pues se reitera, lo que se demanda es la providencia
judicial que cobró ejecutoria hace más de 2 años, mas no sus efectos o su
materialización que, en este caso, recaen sobre una prestación periódica. Por
tanto, también se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues en el
presente asunto no se cumple con el presupuesto general de procedencia de la
inmediatez.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de esta vía constitucional por
no cumplir los presupuestos de la inmediatez y de la relevancia constitucional,
conforme lo indicado en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
los requisitos de la inmediatez y de la relevancia constitucional, por lo señalado
en la parte motiva.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

14

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