Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00942-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00942-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00942-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00942-00
Demandante: Carmen Xiomara Luna Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00942-00
Demandante CARMEN XIOMARA LUNA SÁNCHEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Retiro de
provisional en cargo de carrera por orden judicial que ordenó
reintegro.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Carmen Xiomara Luna Sánchez, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de febrero de 20231, Carmen Xiomara Luna Sánchez, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia. Las pretensiones son las siguientes:
“2.1. TUTELAR los DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
IGUALDAD, TRABAJO de mi representada, la señora CARMEN XIOMARA LUNA
SÁNCHEZ, así como a los principios constitucionales como lo son la cláusula de Estado
de Derecho, el principio democrático y el de publicidad en las actuaciones de la
administración.
2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de
segunda instancia de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022),
dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
con radicado No. 54-001-33-33-003- 2018-00189-00, instaurado por mi representada,
la señora CÁRMEN XIOMARA LUNA SÁNCHEZ, contra la NACIÓN –
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, y en su lugar, se profiera una
nueva providencia que resuelva el recurso de apelación presentado por este extremo
procesal contra la sentencia de primera instancia proferida por el a quo, teniendo en
cuenta las reglas de derecho fijadas por la Honorable CORTE CONSTITUCIONAL en
la SENTENCIA SU-917 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 y la SENTENCIA SU-053 DE
12 DE DICIEMBRE DE 2015”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Carmen Xiomara Luna Sánchez
2.1. La señora Carmen Xiomara Luna Sánchez fue nombrada en provisionalidad
en el empleo de Técnico Operativo 4080 Grado 03 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil el 1º de agosto de 2016, inicialmente por el término
de 3 meses que fueron prorrogados a través de sucesivos nombramientos, el
último de ellos hasta el 1º de mayo de 2018.
2.2. Mediante Resolución Nro. 419 del 22 de diciembre de 2017 se dio por
terminado el nombramiento en provisionalidad de la accionante a partir del 1º
de enero de 2018, con fundamento en que era necesario encargar en el
empleo por ella ocupado, a una persona producto de un fallo judicial en el que
se ordenó su reintegro por ser de carrera administrativa.
2.3. La anterior decisión le fue comunicada a la accionante mediante el Oficio RN
DNS 2879 del 26 de diciembre de 2017.
2.4. Por lo anterior, la accionante Carmen Xiomara Luna Sánchez en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la
Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, pretendiendo la nulidad del
acto administrativo por el que se dio por terminado su nombramiento en
provisionalidad y, como restablecimiento pidió ser reintegrada y el pago de los
salarios y emolumentos dejados de percibir.
2.5. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo de
Cúcuta (radicación Nro. 54001-33-33-003-2018-00189-00) que, en audiencia
inicial llevada a cabo el 31 de octubre de 2019, luego de agotadas las
respectivas etapas, dictó sentencia2 en la que negó las pretensiones de la
demanda.
Indicó que existía una sentencia en la que se ordenó el reintegro de la señora
Melba González de Rodríguez quien se desempeñaba en la registraduría en
el empleo de Técnico Operativo 4080 Grado 03 en carrera administrativa y
que, si bien la accionante estaba en provisionalidad en un empleo de carrera,
lo cierto era que podía disponerse del empleo al no estar siendo ocupado por
una persona en carrera administrativa y, que no estaba la hoy tutelante en una
situación especial que impidiera su retiro, como por ejemplo ser madre cabeza
de familia u otra circunstancia que diera un tratamiento distinto, por lo que no
existía desviación de poder y era viable que se ordenara el reintegro de la
persona de carrera en el empleo que ocupaba la señora Luna Sánchez en
provisionalidad, motivado en la necesidad de dar cumplimiento a la orden
judicial.
2.6. La decisión se apeló por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander que, en sentencia del 27 de octubre de 2022
<<notificada por correo electrónico el 31 de octubre de 2022>>, confirmó la decisión
de primera instancia.
Sostuvo que le asistió razón al a quo, en la medida que realizar un reintegro
por orden judicial era razón suficiente para retirar del cargo a una persona que
venía desempeñándose en el mismo en provisionalidad, además que de
acuerdo con lo probado en el expediente, el cargo de Técnico Operativo 4080-
03 era el único cargo que existía y no había sido provisto en carrera y que,
2 A partir del minuto 17:07 de la diligencia se emite sentencia oral en la diligencia.
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pese a que existían 2 cargos más con la misma denominación, eran código
4065-03 y no podían ser equiparados con el cargo de técnico operativo como
lo pretendía la parte demandante, sumado a que no estaba tampoco en una
condición especial o algún fuero que imposibilitara ser retirada del empleo.
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que, al proferir la sentencia del 27 de octubre de 2022 en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la radicación Nro.
54001-33-33-003-2018-00189-00/01, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
3.1. Defecto fáctico. Sostuvo que se hizo una indebida valoración probatoria por
parte del juez natural, ya que indicó que estaba probado que la señora Melba
González de Rodríguez que era la funcionaria a quien debían reintegrar
producto de la decisión judicial, antes de ser apartada del cargo desempeñaba
en carrera administrativa el empleo de Técnico Operativo 4080 Grado 03 de la
Delegación Departamental de Norte de Santander y que por al motivo, al existir
en la planta de personal 1 solo cargo de esa denominación y grado, era de
imperiosa necesidad apartarla del empleo que desempeñaba la accionante,
para proceder al reintegro de la señora Melba González.
Sin embargo, indicó que en la Resolución Nro. 420 del 22 de diciembre de
2017, se resolvió en el artículo primero “reintegrar en carrera administrativa en el cargo
de TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065-03, a la Planta Global de la Delegación Departamental
en Norte de Santander, a partir del 01 de enero de 2018, a la señora MELBA GONZÁLEZ DE
RODRÍGUEZ, en cumplimiento de las decisiones judiciales mencionadas en la parte
considerativa de dicho acto administrativo” y que en el artículo segundo se resolvió
nombrar en encargo a la mencionada servidora, a partir del 1º de enero de
2018 en el empleo de Técnico Operativo 4080 Grado 03 de la planta global de
la delegación, con lo que se evidenciaba un error al considerar que estaba
probado que la señora Melba González ocupaba el cargo de Técnico
Operativo 4080 Grado 03 en carrera administrativa, cuando no era así ya que
el empleo en el que estaba inscrita en carrera administrativa era el de Técnico
Administrativo 4065 Grado 03.
También precisó que la sentencia ordinaria que dispuso el reintegro de la
señora Melba González de Rodríguez, al momento del restablecimiento del
derecho precisó que debía ser reintegrada “al cargo que venía desempeñando o a
uno de igual o superior categoría”, de manera que, en su sentir, se cometió un error
al entender que se exhortaba a nombrar a la mencionada señora en el cargo
de Técnico Operativo 4080 Grado 03, ya que también podía haber sido
reintegrada al empleo de Técnico Administrativo 4065 Grado 03, que también
estaba provisto en provisionalidad.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Indicó que se
había desconocido el precedente de la Corte Constitucional en relación con el
deber de motivar los actos administrativos de retiro de quienes estaban
nombrados en provisionalidad. Para el efecto, citó las siguientes sentencias:
• Sentencia SU-250 de 1998 en el que se declaró insubsistente a una persona que
se desempeñaba como notaria en Medellín, sin motivación alguna.
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• Sentencia T-031 de 2005 en el que se retiró a una persona vinculada en
provisionalidad en un empleo de carrera administrativa sin justificación alguna.
• Sentencia T-1323 de 2005 en el que, igualmente se retiró a una persona vinculada
en provisionalidad en un empleo de carrera administrativa sin justificación alguna.
• Sentencia SU-917 de 2010, en la que se analizaron 24 casos y se determinó que
era inexcusable dejar de atender el deber de motivación de los actos de retiro de
las personas que ocupaban empleos en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa, salvo dos excepciones en las que no se encontraba la accionante.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 2 de marzo de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación
como terceros con interés a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad
demandada en el proceso ordinario; y al Juzgado Tercero Administrativo de
Cúcuta, autoridad que dictó la sentencia de primera instancia.
4.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil, rindió informes, de un lado, por
parte de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Norte de
Santander y, de otra parte, por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Se sostuvo que el acto administrativo de desvinculación de la demandante
estaba debidamente motivado, amparado en la orden judicial de reintegro de
una empleada de carrera administrativa y que, en la planta de personal de la
entidad el cargo que desempeñaba la hoy tutelante, era el único existente y en
el que debía ser reintegrada la servidora de carrera.
Argumentó que la señora Melba González de Rodríguez que fue la persona
reintegrada, renunció al empleo el 24 de agosto de 2018 y que, en ese empleo
se nombró a otra persona igualmente por una orden judicial de reintegro del
tribunal a ese mismo cargo.
De otra parte, indicó que, en punto a la presente acción constitucional, no
existía legitimación en la causa por pasiva por parte la entidad, al ser una
demanda de tutela dirigida contra la autoridad judicial que emitió la sentencia
en el proceso ordinario adelantado por la accionante, razón por la que pidió
ser desvinculado de la presente acción.
Sin embargo, aclaró que de acuerdo con lo pretendido por la accionante, no
era posible el eventual reintegro que se ordenara ya que en la actualidad el
cargo estaba siendo ocupado por un funcionario en carrera administrativa y
que el empleo “paralelo” también lo desempeñaba otro funcionario, de manera
que no era posible para la entidad atender a una posible vinculación.
Aclaró que se respetó el precedente de unificación en el sentido de desvincular
a personal en provisional bajo motivos fundados, en este caso el de existir un
funcionario con mejor derecho. Por las anteriores razones pidió se declarara
improcedente la presente acción.
4.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta, se pronunció e indicó que la
actuación de ese despacho estuvo enmarcada en el debido proceso, acatando
el ordenamiento jurídico y el precedente jurisprudencial sobre la materia.
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Manifestó que en el caso concreto, la accionante venía desempeñándose en
un cargo de carrera administrativa denominado Técnico Operativo 4080-003,
por un término de más de un año, que no se había provisto mediante concurso
de méritos, es decir se encontraba el nombramiento en provisionalidad y que
al ordenarse un reintegro por orden judicial de la señora Melba Gonzáles de
Rodríguez quien al momento del retiro ostentaba en carrera administrativa el
mismo cargo, debía ser reintegrado al mismo al no estar ocupado por
empleado en carrera que impidiera el nombramiento en el mismo.
Aclaró que, de otra parte, no había lugar a entrar a revisar la calidad de la
prestación del servicio del servidor que estaba en provisionalidad ya que
estaba probado que solo existía un solo cargo de Técnico Operativo 4080-003,
por lo que frente a tal situación la señora Carmen Xiomara Luna Sánchez, era
la persona que debía salir y que, no se encontró prueba dentro del plenario
que la actora se encontrara en una situación especial que obligara a la entidad
demandada a darle un trato preferencial, es decir no se evidencia que fuera
madre cabeza de familia, persona próxima a pensionarse o persona en
situación de discapacidad que llevara a la administración para dar
cumplimiento a la sentencia ordenar el reintegro a un cargo diferente al que
desempeñaba la señora Melba González de Rodríguez.
Por lo anterior, pidió se negaran las pretensiones de la presente acción de
tutela.
4.4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, manifestó que la
decisión no desconoció las normas y la jurisprudencia desarrollada por el
Consejo de Estado, que se valoraron las pruebas que en su oportunidad
podrían ser tenidas en cuenta y se resolvió el asunto de fondo conforme a
derecho.
Así las cosas, señaló que la presente acción de tutela resultaba improcedente,
ya que las pretensiones de la parte actora eran incompatibles con la finalidad
de este tipo de acciones y que lo que perseguía era dejar sin efectos una
decisión judicial que se encontraba ajustada a la ley y a la jurisprudencia
aplicable.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Cuestión previa
Previo a la resolución del caso, advierte la Sala que la Registraduría Nacional del
Estado Civil manifestó la falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del
presente trámite. Sin embargo, encuentra la Sala que su vinculación fue como
tercero con interés al haber sido parte demandada en el proceso ordinario y tener
un eventual interés en el presente asunto, motivo por el que, no será desvinculada.
4. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial,
corresponde a la Sala, de manera preliminar, determinar si se cumple a cabalidad
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, particularmente el de
relevancia constitucional.
De superar el anterior análisis, corresponderá establecer si al proferir la sentencia
del 27 de octubre de 2022, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nro. 54001-33-33-003-2018-00189-00/01,
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en los defectos fáctico y
por desconocimiento del precedente propuestos.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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5. Requisito de relevancia constitucional y análisis en el caso concreto
5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea
que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no,
la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014 y la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018 han
señalado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de
amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»7. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
7 Ibidem
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La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural8.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
5.2. En el caso presente, advierte la Sala que no se cumple con este requisito, pues
se advierte que los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial propuestos en el escrito de tutela son una reproducción casi
literal de los argumentos presentados en el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo
de Cúcuta.
5.3. En el recurso de apelación, se hizo un recuento de la necesidad de motivar los
actos de retiro de aquellas personas vinculadas en provisionalidad, lo que iba
acorde con la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional que así
lo había dispuesto y de lo que hizo un recuento.
Igualmente, manifestó que la sentencia había incurrido en una indebida
valoración probatoria y que esto implicaba una falta de congruencia en la
sentencia, pues que estaba probado que la señora Melba González de
Rodríguez que era la funcionaria a quien debían reintegrar producto de la
decisión judicial, antes de ser apartada del cargo desempeñaba en carrera
administrativa el empleo de Técnico Operativo 4080 Grado 03 de la
Delegación Departamental de Norte de Santander y que por tal motivo, al
existir en la planta de personal 1 solo cargo de esa denominación y grado, era
de imperiosa necesidad apartarla del empleo que desempeñaba la accionante,
para proceder al reintegro de la señora Melba González.
También se refirió a la Resolución Nro. 420 del 22 de diciembre de 2017 ya lo
que allí se dispuso, esto es, “reintegrar en carrera administrativa en el cargo de
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065-03, a la Planta Global de la Delegación Departamental en
Norte de Santander, a partir del 01 de enero de 2018, a la señora MELBA GONZÁLEZ DE
RODRÍGUEZ, en cumplimiento de las decisiones judiciales mencionadas en la parte
considerativa de dicho acto administrativo” y que en el artículo segundo se resolvió
nombrar en encargo a la mencionada servidora, a partir del 1º de enero de
2018 en el empleo de Técnico Operativo 4080 Grado 03 de la planta global de
la delegación, con lo que se evidenciaba un error al considerar que estaba
probado que la señora Melba González ocupaba el cargo de Técnico
8 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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Operativo 4080 Grado 03 en carrera administrativa, cuando no era así ya que
empleo en el que estaba inscrita en carrera administrativa era el de Técnico
Administrativo 4065 Grado 03.
También precisó que la sentencia ordinaria que dispuso el reintegro de la
señora Melba González de Rodríguez, al momento del restablecimiento del
derecho precisó que debía ser reintegrada “al cargo que venía desempeñando o a
uno de igual o superior categoría”, de manera que, en su sentir, se cometió un error
al entender que se exhortaba a nombrar a la mencionada señora en el cargo
de Técnico Operativo 4080 Grado 03, ya que también podía haber sido
reintegrada al empleo de Técnico Administrativo 4065 Grado 03, que también
estaba provisto en provisionalidad.
5.4. En el escrito de tutela presentó argumentos que encausó en los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, en el que
nuevamente hace referencia al deber de motivación de los actos de retiro de
las personas vinculadas en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa, citando las sentencias de la Corte Constitucional e indicando
que es deber motivar, excepto en unos casos en los que no se encontraba la
actora y, de otra parte, también reitera la indebida valoración probatoria en la
que a su juicio se incurrió por el juez natural, con idénticos argumentos a los
citados en el recurso de apelación mencionados, transcritos en el escrito de
tutela como parte de los fundamentos de la presente acción.
5.5. Ahora, la providencia que se cuestiona es la decisión del 27 de octubre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
confirmó la decisión del juzgado de primera instancia, en el que se resolvió el
problema jurídico, con los siguientes argumentos:
“En ese tenor, considera esta Sala que se encuentra de acuerdo con la motivación concertada
por la entidad demandada en el acto acusado, y de lo expuesto por el juez de instancia, ya
que realizar un reintegro por orden judicial es razón suficiente para retirar del cargo a una
persona que venía desempeñándose en el mismo, como es el caso objeto de estudio, esto,
en la medida que tal como se probó mediante la constancia vista a folio 58 del expediente, el
cargo de técnico operativo 4080-03 era el único cargo que existía, el cual aún no había sido
provisto en carrera, encontrándose la demandante en provisionalidad para la fecha, y que a
pesar de que existían 2 cargos más denominados “técnico administrativo” con código 4065-
03, estos dos en provisionalidad, no pueden ser equiparados con el cargo de técnico operativo
como lo que pretende la parte demandante; sin encontrarse tampoco una condición especial
o algún fuero que imposibilitara a ser retirada del cargo aludido.
De lo anterior, se establece que el acto acusado se indicó mediante argumentos de valor que
sostuvieron en la parte motiva de primera instancia, y que además de lo concerniente a la
prestación del servicio de la señora Carmen Xiomara Luna Sánchez, no era objeto de debate
en este caso, pues el reintegro se dio por una orden judicial a una empleada de carrera a su
puesto natural, el cual se encontraba en provisionalidad, cumpliéndose con la aplicación del
principio de razón suficiente, donde denotaran con claridad y detalladamente las
circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decidió retirar
del cargo en provisionalidad de la demandante, y por consiguiente, determina la Sala que
resulta válido las justificaciones indefinidas, generales y abstractas que se predican de quien
es desvinculado, esto a fin de garantizar la protección de los derechos al debido proceso y
acceso en condiciones de igualdad al servicio público de los trabajadores en aras de no ser
afectados tal como alude la demandante.
(…)
Conforme lo anterior, la Sala dispondrá confirmar la sentencia de primera instancia y en
consecuencia se negarán las súplicas de la demanda atendiendo las directrices señaladas por
la Corte Constitucional en la sentencia SU 53 del 12 de febrero de 2015, en razón de que la
señora Carmen Xiomara, se encontraba en un cargo de provisionalidad al encontrarse (sic)
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Demandante: Carmen Xiomara Luna Sánchez
pero al darse el reintegro en cargo vuelve a ser de carrera a favor de quien lo ejercía, al ser el
único cargo de técnico operativo existente en la planta de personal en el momento.
Aunado lo anterior, es dable precisar que conforme a lo evidenciado dentro del expediente, se
encuentra establecido que la Registraduría Nacional del Estado Civil actuó conforme lo
estipulado a la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso objeto de estudio […].”
Los apartes transcritos dan cuenta que la autoridad judicial accionada estudió
y resolvió los cargos propuestos por la señora Luna Sánchez en el recurso que
interpuso contra la decisión de primera instancia, relacionados con su
desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en donde había
sido nombrada en calidad de provisional en un empleo de carrera y que, su
retiro se motivó en la necesidad de dar cumplimiento a una orden judicial de
reintegro de una persona de carrera administrativa que ocupaba precisamente
el empleo en el que había sido nombrada provisionalmente la actora. Lo que
se evidencia en el presente asunto es que la tutela es utilizada como una
instancia adicional del proceso, pues en ella se reproducen los mismos
argumentos del recurso, en busca de obtener una nueva decisión favorable a
sus intereses; aspecto que escapa al alcance de este mecanismo
constitucional.
Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.
Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
planteados por el tutelante.
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6. Conclusión
Las anteriores consideraciones resultan suficientes para concluir que la presente
acción es improcedente por no estar acreditado el requisito de relevancia
constitucional, razón por la que se declarará su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Carmen
Xiomara Luna Sánchez, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
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