Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Inmediatez: no se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00950-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202300950 00
Accionante: LIGIA MARTÍNEZ DE GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
INMEDIATEZ – No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de
cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Ligia Martínez de González1, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 22 de febrero de 2023, la señora Ligia Martínez de González2, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá y la UGPP, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al
1
Que ingresó para fallo el 7 de marzo de 2023.
2
Representada por el señor Guillermo José González Martínez, según escritura pública 255 del 14
de abril de 2014 de la Notaría Primera del Círculo de Chía.
Radicación número: 110010315000202300950 00
Accionante: Ligia Martínez de González
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio
de legalidad.
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Ligia Martínez de González -a quien se le reconoció la pensión de la que
era beneficiario el señor Guillermo González Charry- demandó a la UGPP y al
FOPEP, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio del 2 de octubre de
2013, por medio del cual se negó “la liquidación, reconocimiento y pago del
retroactivo pensional generado a favor del señor Guillermo González Charry,
debidamente indexado y con los intereses moratorios correspondientes”.
Mediante auto de 1° de octubre de 2021, el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá
rechazó la demanda, tras considerar que “el acto administrativo enjuiciado no es
susceptible de control judicial”.
Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el
que, por medio de proveído del 24 de junio de 2022, la confirmó bajo el argumento
de que el acto administrativo demandado “solo se originó para atender una
petición, pero no puso fin a una actuación administrativa y solo informó que la
liquidación realizada en cumplimiento de un fallo judicial no había arrojado el
retroactivo pensional que la parte demandante solicita, pero no negó derecho
alguno pues el mismo tiene origen en decisiones judiciales que la entidad debía
cumplir”.
Se alegó que la señora Martínez de González es una persona de la “cuarta edad”,
retirada de las actividades remunerativas, con un notorio deterioro en su salud y
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Radicación número: 110010315000202300950 00
Accionante: Ligia Martínez de González
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
con un estado de vulnerabilidad económica, dado que la única fuente de ingresos
es la pensión de sobrevivientes, por lo que “necesita imperiosamente que le
paguen las diferencias de mesadas pensionales para poder pagar los
medicamentos y los médicos y enfermeras que la atienden”.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
En primer lugar, la accionante señaló que se cumplen con los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Puntualmente,
aclaró que se satisface el requisito de la inmediatez, toda vez que el auto
mediante el cual se ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto por el tribunal
accionado se dictó el 8 de agosto de 2022.
De otra parte, alegó que se configuró un defecto sustantivo, toda vez que se
desconoció que el artículo 43 del CPACA prevé que los actos administrativos
definitivos son los que deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto o
hagan imposible continuar con la actuación.
Dijo que, según la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo,
los actos administrativos definitivos son los que crean, modifican o extinguen una
situación jurídica particular y, en ese sentido, el acto que “indica que el valor de
una pensión disminuyó y que no hay lugar al pago de retroactivo por concepto de
diferencias al momento de la inclusión en nómina es, sin duda alguna, un acto
administrativo definitivo que modifica una situación jurídica de carácter particular,
que resuelve de fondo una cuestión jurídica de forma desfavorable a los intereses
del administrado…”.
Precisó que se vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la tutelante por considerarse que el acto demandado
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Accionante: Ligia Martínez de González
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
no constituye una decisión definitiva, pasible de ser demandable, dado que le
negaron la posibilidad de solicitar la protección y el restablecimiento de los
derechos que consagran la Constitución Política y la Ley.
De otra parte, adujo que al confirmar el rechazo de la demanda por estimarse que
el acto demandado no era susceptible de control judicial, el tribunal incurrió en un
defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que en el oficio 20135022807691 del 2
de octubre de 2013 la UGPP “crea, modifica y extingue una situación jurídica
particular, en tanto niega de manera expresa el pago del retroactivo pensional a
que tiene derecho la demandante”.
Agregó que debía tenerse en cuenta que se ha establecido que si al proferirse un
acto de ejecución la administración se aparta del alcance de un fallo porque se le
agrega o suprime algo, “no puede predicarse que el acto sea de simple ejecución,
pues nace un nuevo acto administrativo, que desconoce un precedente de la
misma autoridad y por lo mismo es controvertible judicialmente”.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 23 de febrero de 2023, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado 16 Administrativo de Bogotá y a la
UGPP.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
indicó que en la providencia del 24 de junio de 2022 se plasmaron todos los
argumentos por los que se consideró que debía confirmarse la decisión mediante
el cual se rechazó la demanda, en cuanto el acto administrativo demandado no
era susceptible de control judicial porque no puso fin a una actuación
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
administrativa, sino que se limitó a informar que la liquidación se realizó en
cumplimiento de un fallo judicial.
De otra parte, sostuvo que no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado
que la decisión que se cuestiona se dictó el 24 de junio de 2022 y se notificó el 28
del mismo mes y año, en tanto que la demanda de tutela se presentó pasados 7
meses –22 de febrero de 2023–.
Dijo que la presente demanda de tutela es improcedente porque se pretende una
tercera instancia, lo que se evidencia porque “cuestiona un auto de segunda
instancia con los argumentos expuestos como si pretendiera impugnar la misma
(recurso de apelación) y desconoce que el asunto ya fue definido por esta
jurisdicción”.
4.3. El Juzgado 16 Administrativo de Bogotá hizo un recuento de las actuaciones
adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
concluyó que “se tramitó respetando los parámetros legales, sin que haya
vulnerado derecho alguno a la señora Ligia Martínez de González”, por lo que
solicitó que se niegue el amparo.
4.4. La UGPP solicitó que se declare la improcedencia del amparo solicitado
porque no se incurrió en los defectos alegados -sustantivo y fáctico-, pues la
decisión se ajustó al ordenamiento legal y jurisprudencial aplicable.
Dijo que la parte actora no puede emplear la acción de tutela como una tercera
instancia para que se revisen las decisiones adoptadas por el juez natural,
después de haberse agotado el procedimiento establecido por la ley para el
efecto.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Agregó que “la pretensión de la accionante va en contravía a una orden judicial, la
cual reguló de manera expresa la situación del causante, por lo que en este
aspecto existe cosa juzgada”.
Sostuvo que no se evidencia una situación que habilite la intervención del juez
constitucional, dado que, según la consulta del FOPEP, la tutelante ha venido
recibiendo la pensión de sobrevivientes reconocida por valor de $14’842.102.
Precisó que no se cumple con el requisito de la inmediatez, porque “desde la
fecha en que se profirió el fallo proferido por el Consejo de Estado en el año 2007
y luego la fecha en que se dio cumplimiento por esta Unidad en el año 2013, hasta
la fecha de presentación de la solicitud de tutela, es claro que han trascurrido más
de 10 años”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la inmediatez.
La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela3.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra
providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el
requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de
3
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación número: 110010315000202300950 00
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada,
según sea el caso4.
Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se
cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede
advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de
uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra
providencia judicial.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por
cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes
podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento5.
En el presente asunto, dado que no existe ninguna justificación para que el plazo
de los 6 meses se contabilice a partir de la ejecutoria de decisión cuestionada, la
Sala considera que el término establecido como razonable para promover la
acción de tutela contra providencias judiciales, se debe computar desde la
notificación de la decisión cuestionada, de 24 de junio de 2022 –mediante el cual
se confirmó la decisión de rechazar la demanda por no ser el acto demandado
susceptible de control judicial–, porque ese fue el momento en que se evidenció la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
5
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
7
Radicación número: 110010315000202300950 00
Accionante: Ligia Martínez de González
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Así las cosas, la Subsección estima que no se cumple con el requisito de la
inmediatez, bajo el entendido de que, según consulta en la página web de la
Rama Judicial (proceso radicado bajo el número 1100133350162020210020901),
la notificación de la referida providencia se efectuó por estado del 28 de junio de
2022 y la demanda de tutela se presentó el 22 de febrero de 20236.
Conviene mencionar que en la demanda de tutela se afirmó que para el análisis
del cumplimiento del requisito de la inmediatez debía tenerse en cuenta la fecha
del auto de obedézcase y cúmplase, proferido el 8 de agosto de 2022.
Para la Subsección, ese argumento no es de recibo, habida cuenta de que, desde
el mismo momento en que se conocieron las motivaciones de la providencia
cuestionada, se podía advertir la configuración de los supuestos defectos que
ahora se le atribuyen a la autoridad judicial accionada y, en ese sentido, no era
necesario que se dictara un auto de trámite7, sino que, tal como lo ha establecido
el Consejo de Estado “lo propio era que presentaran la acción de tutela tan pronto
tuvo conocimiento de esa providencia”8.
Ahora bien, es posible flexibilizar -a título de excepción- el presupuesto de la
inmediatez, siempre que se encuentre plenamente acreditado que se trata de un
sujeto de especial protección y que su condición es determinante para no
interponer dentro de un término razonable la acción de tutela9.
En el presente asunto no hay lugar a flexibilizar el requisito de la inmediatez, en
6
Según acta de reparto.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de febrero de 2020, radicado
número: 110010315000201904205 01.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicado número:
110010315000202003496 00.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, sentencia de 12 de
agosto de 2019, radicado número: 1001-03-15-000-2019-01578-01; sentencia de 22 de agosto de
2019, radicado número: 11001-03-15-000-2019-02882-01.
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primer lugar, porque, según se expuso en la demanda de tutela, la razón por la
que se presentó por fuera del plazo considerado como razonable obedeció al
hecho de que se entendió que el término debía contabilizarse desde el auto de
obedézcase y cúmplase y no desde la notificación de la decisión que confirmó el
rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por no ser el
acto demandado susceptible de control judicial.
En segundo lugar, porque, aunque se allegó certificado suscrito por un médico
internista neumólogo en el que se lee que la señora Ligia Martínez de González
presenta “cuadro de enfermedad pulmonar crónica, oxigeno dependiente,
demencia senil y limitación para moverse y realizar actividades cotidianas”, no se
evidencia que esa condición hubiere sido la razón por la que no se hizo uso del
mecanismo constitucional dentro del plazo antes establecido, a lo que cabe
agregar que el señor Guillermo José González Martínez -apoderado general de la
señora Martínez de González- fue quien confirió poder a un abogado para ejercer
la acción tutela de la referencia.
Aunado a lo anterior, la Subsección estima que tampoco se evidencia el “estado
de vulnerabilidad económica” alegado por la señora Martínez de González, bajo el
entendido de que, según lo informó la UGPP en la contestación de la demanda de
tutela, la mencionada señora recibe mensualmente el monto de $14’842.102, con
ocasión de la pensión de sobrevivientes de la cual es beneficiaria.
En ese sentido, la Sala advierte que el hecho de que no se presentara la demanda
de tutela dentro del plazo considerado como razonable por la Corporación para
presentar la demanda de tutela, lo que evidencia es la falta de diligencia de la
accionante para acudir a la acción constitucional en defensa de los derechos
fundamentales que alega como vulnerados.
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Radicación número: 110010315000202300950 00
Accionante: Ligia Martínez de González
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
En definitiva, dado que la demanda de tutela se presentó después de que se
cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término
razonable, la Sala estima que se debe declarar la improcedencia del amparo
solicitado.
Por último, la Subsección advierte que tampoco se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, porque lo pretendido por la parte tutelante es reabrir el
debate jurídico por el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada contra la UGPP y al FOPEP, cuando lo cierto es que el
mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una
instancia adicional del proceso ordinario, dado que en la demanda de tutela se
alegó lo mismo que planteó en el recurso de apelación contra el auto de primera
instancia, aspectos analizados, de manera razonable, por el tribunal administrativo
ad quem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación número: 110010315000202300950 00
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
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