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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00958-00

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00958-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor José Ángel Cortes Cano contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00958-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00958-00
Accionante: JOSÉ ÁNGEL CORTÉS CANO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad
y restablecimiento del derecho / reliquidación pensión
/ incumplimiento del requisito de inmediatez

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Ángel
Cortés Cano contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

El accionante, actuando por conducto de apoderado judicial1, invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
social en conexidad con el mínimo vital, vida, igualdad y salud, con
fundamento en los siguientes:

1
Luis Antonio Fuentes Arredondo

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00958-00
Accionante: José Ángel Cortes Cano

1. HECHOS

1.1. El señor José Ángel Cortés Cano manifiesta que nació el 17 de
marzo de 1964 y laboró al servicio del DAS en el cargo de detective
agente 208-07 desde el 25 de agosto de 1984 hasta el 9 de enero de
2003, esto es, por 18 años y 4 meses.

1.2. Por lo anterior, requirió a Cajanal hoy UGPP el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, petición que fue denegada a través
de las resoluciones n.° 37748 del 31 de julio de 2006 y 59457 del 26
de diciembre de 2007.

1.3. Con posterioridad, esto es, el 4 de junio de 2014, solicitó
nuevamente el reconocimiento de la mesada pensional, solicitud que
fue negada por la UGPP mediante el Auto n.° ADP 009073 del 11 de
septiembre de 2014.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el accionante demandó los actos administrativos por medio
de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, proceso que por reparto correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, dependencia judicial
que, mediante sentencia del 26 de enero de 2016, resolvió denegar las
suplicas de la demanda al considerar que no era acreedor de la
prestación, porque si bien prestó sus servicios durante 18 años, lo
cierto era que en la fecha que cumplió los 50 años de edad ya no se
encontraba vinculado al DAS.

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Accionante: José Ángel Cortes Cano

1.5. Inconforme, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto
desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del Meta por medio
de la sentencia del 24 de enero de 2017.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Manifiesta que las decisiones recurridas transgreden sus derechos
fundamentales, toda vez que allí se desconoce que cumplió con los
requisitos establecidos en el artículo 2.° del Decreto 1047 de 1978 para
adquirir la mesada pensional, esto es, 50 años de edad y 18 años de
servicios, máxime cuando en reciente pronunciamiento, la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado 2 determinó inaplicar por
vía de excepción de inconstitucionalidad la expresión «Siempre que
para esta época fueren funcionarios de ese Departamento».

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«Primero. Se concedo lo (Sic) acción constitucional de amparo deprecado, y por ende
acceda a tutelar los derechos fundamentales de mi poderdante relativos a la IGUALDAD,
DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL EN CONEXIDAD CON El MINIMO
VITAL, LA VIDA DIGNA, SAIUD (Sic), aplicando por vía de excepción de
inconstitucionalidad o expresión «siempre que para esto época fueren funcionarios de ese
Departamento», contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.

Segundo. Declarar la nulidad de la resolución N 37748 del 3l de Julio de 2006, N 59457 del
2 de diciembre de 2007, Auto N° ADP 009073 del 11 de septiembre de 2014 a través de los
cuales CAJANAL hoy UGPP, negó la solicitud de reconocimiento de la pensión especial
vitalicia de jubilación a mi poderdante sin tener en cuenta la condición más favorable.

Tercero. solicito se deje sin efecto la decisión proferida Séptimo (Sic) Administrativo el 26
de enero de 2016 confirmada por el tribunal administrativo del Meta 24 de enero de 2017,
radicado N° 50001-33- 33007-2015-00017-01, en aras de garantizar el debido proceso y
como consecuencia se declare la nulidad de las resoluciones y auto antes mencionadas y en

2
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 27 de octubre de 2022, MP Rafael
Francisco Suárez Vargas 660012333000201600142 (3656-2017) y del 3 de noviembre de 2022, MP Rafael
Francisco Suárez Vargas, radicación 85001 23 33 000 2015 00022 01 (4995-2015)

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su lugar se reconozca la pensión especial vitalicia de jubilación por cumplir a cabalidad
todos y cada uno de los requisitos.

Cuarto. que, en caso de desacato, se procederá a imponer a los infractores las sanciones
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 del decreto reglamentario 2591
de 1991.

Las anteriores peticiones tienen fundamento legal en el artículo 2º del decreto ley 1047 de
1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, y demás disposiciones a fines para efectos del
reconocimiento y pago de una pensión especial de jubilación legal allí establecida, por haber
laborado más de 18 años como detective al servicio del departamento administrativo DAS,
cumplido 50 años de edad y haber ingresado al DAS, antes del 3 de agosto de 1994.
(…)».

4. INFORMES

Mediante auto del 27 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Villavicencio y al Tribunal Administrativo del Meta
como accionados y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de
la Protección Social como tercero interesado en las resultas del proceso.

4.1. El Tribunal Administrativo del Meta, por conducto de la
magistrada ponente de la decisión cuestionada, solicitó declarar la
improcedencia del presente mecanismo constitucional, al considerar
que la sentencia se encuentra ejecutoriada hace 6 años, por lo que lo
que pretende la parte actora es reabrir el debate, lo que desnaturaliza
la acción de tutela.

4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, a
través del subdirector, pidió se declare la improcedencia de la acción
de tutela, toda vez que ha transcurrido más de 6 años desde el
momento en que la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria,
además, porque las decisiones proferidas en el marco del proceso de

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nulidad y restablecimiento del derecho están ajustadas al ordenamiento
jurídico.

En ese contexto, insistió en que no puede pretender el accionante usar
la acción de tutela como una tercera instancia para revisar nuevamente
las decisiones adoptadas por el juez natural de la causa, máxime
cuando no acreditó un perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿Las autoridades judiciales accionadas, al proferir las
providencias del 26 de enero de 2016 y del 24 de enero de 2017
respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo3 que vulnera
los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social
en conexidad con el mínimo vital, vida, igualdad y salud del
accionante?

3
Si bien es cierto la parte demandante no plantea en la tutela de manera concreta en que defecto incurrió, la Sala entiende
que el reproche manifestado, al dirigirse a una indebida aplicación de la norma se relaciona con el defecto sustantivo,
por lo que limitará su estudio.

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Accionante: José Ángel Cortes Cano

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente4, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando se desbordan los límites que la Carta
le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

4
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
5
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Accionante: José Ángel Cortes Cano

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la Sala).

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar
que la tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo
razonable. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación6, el requisito de la inmediatez protege los
derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable7»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se
convierta en un factor que atente contra ella»8; y previene el abuso del derecho, al «evitar
el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos9».

6
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
7
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de
2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
8
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,
T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre
otras.
9
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006,
T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia
del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se
interpuso en un plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional
de protección pronta y eficaz de derechos, por lo que se requiere que
se ejerza en un tiempo prudencial.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente»10.

3. Del requisito de inmediatez en el caso concreto

En el presente asunto, la parte actora reprocha las providencias del 26
de enero de 2016 y del 24 de enero de 2017 mediante las cuales las
autoridades judiciales accionadas negaron el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación.

Al respecto, se observa que la providencia del 24 de enero de 2017
cobró ejecutoria el 1.º de febrero de ese mismo año11 y que la acción
de tutela se radicó el 22 de febrero de 2023, es decir, transcurridos 6
años, lo que desvirtúa la urgencia del amparo.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que,
tratándose de la verificación de la inmediatez en tutela contra
providencias judiciales, su examen debe ser más exigente respecto a

10
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
11
Información que se extrae del documento
21_110010315000202300958005RECIBEMEMORIAL20230324152445.pdf

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la actualidad en la vulneración de los derechos fundamentales, pues
como consecuencia de la acción de tutela podría dejar sin efecto una
decisión judicial12.

De esta manera, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de
manera proporcional a la distancia temporal que existe entre la
presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró
vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del
tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida
los efectos de la sentencia13.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional, en aras de determinar
que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al momento de
acudir a la acción de tutela, ha fijado las siguientes reglas:

(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado y
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición14.

12 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012.
13 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-189 de

2009.
14 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012.

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Como se advierte, en el presente asunto no se acredita ninguno de los
presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para flexibilizar
el análisis del requisito de inmediatez, puesto que ni siquiera la parte
actora argumenta los motivos por los cuales interpuso el mecanismo
constitucional después de transcurridos 6 años de haber cobrado
ejecutoria la decisión cuestionada.

Es necesario recordar que el análisis del presupuesto de inmediatez,
cuando se trata de una acción de tutela contra providencia judicial,
debe ser aún más estricto, toda vez que se trata de establecer la posible
vulneración ius fundamental originada en una decisión que goza del
atributo de cosa juzgada y por tanto, exige por parte del demandante,
una carga argumentativa mayor en cuanto a la justificación en la
tardanza en la interposición, precisamente para preservar el principio
de seguridad jurídica y los efectos de la sentencia.

Además, el juez constitucional parte de la presunción que si se está
ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas
urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe
procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora
excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial, pone en
tela de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que
se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una
afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un
derecho reconocido a una contraparte procesal.

Por lo anterior, considera la Sala que en el presente asunto no se
acredita el requisito de inmediatez, razón por la que se declarará la
improcedencia.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA

PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor José Ángel Cortes Cano contra el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, por las
razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el trece (13) de
abril de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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