Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00958-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y Otro1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii)
mínimo vital, iv) igualdad y v) salud
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 13 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de enero
1
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
de 2017, y el Juzgado, al proferir la sentencia de 26 de enero de 2016 en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el número único de radicación. 50001-33-33-007-2015-
00017-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con el fin
de que se declarara la nulidad “[…] del auto No. ADP 009073 del 11 de septiembre
de 2014 […]” y, a título de restablecimiento del derecho, “[…] reconocer una pensión
especial vitalicia de jubilación al actor, a partir de la fecha que cumplió con los
requisitos para la misma, es decir, desde el 17 de marzo de 2014 […]”.
4. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, profirió
sentencia de primera instancia el 26 de enero de 2016, en la cual, negó las
pretensiones de la demanda.
5. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de segunda instancia el 24
de enero de 2017, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2016, por el
JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda […]”.
5.1. Consideró que:
“[…] En el sub judice, no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad por cuanto la
situación normativa que gobierna la controversia jurídica no ofrece conflicto o duda
alguna sobre aplicación de varias normas o regímenes, pues, como se ha venido
exponiendo, el actor es beneficiario del régimen de transición establecido en el Ley
810 de 2003, que remite a su vez al régimen de transición del Decreto 1835 de 1994,
por ende, el régimen pensional que gobierna al actor es el contenido en los Decretos
1047 de 1978, específicamente su artículo 2, al haber alcanzado solo un tiempo de
servicio continuos de 18 años, y 1993 de 1989, normas que él mismo solicitó tener en
cuenta, tanto en la demanda, como en el recurso de apelación, no habiendo duda
alguna de cuál es la norma a aplicar al caso objeto de estudio, distinto es que el
3
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
demandante no cumpla con los requisitos estatuidos en su régimen especial, para
acceder a la pensión reclamada.
Tampoco se avizora que se esté desconociendo el principio in dubio pro operario,
pues como se dijo hace un momento, el sentido literal del artículo 2 del Decreto 1047
de 1978, es muy claro, sin que conlleve a varias interpretaciones, y deba escogerse
la que más favorezca al trabajador, pues se reitera, de acuerdo a ese artículo, son 3
presupuestos para acceder a la pensión de vejez, tener un tiempo de servicio
continuos de 18 años al DAS, 50 años de edad, y estar vinculado a la Entidad para la
fecha en que se cumpla con la referida edad […]”.
[…]
“[…] En cuanto a la afirmación efectuada por el demandante en los alegatos de
conclusión, que él estaba cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, habrá que decirse que no es cierto, porque por gozar de un régimen
de transición especial, no pueda ser al mismo tiempo beneficiario del régimen de
transición dispuesto en el régimen general de pensiones. En gracia de discusión, de
aceptarse tal planeamiento, igualmente, se tiene que el actor no sería beneficiario del
régimen de transición establecido en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por cuanto a 1 de abril de 1994 […] apenas contaba con 29 años de edad y 9 años
de servicio.
No obra comentar que tanto la jurisprudencia de la H. CORTE CONSTITUCIONAL,
como del H. CONSEJO DE ESTADO, han admitido la posibilidad de que a los
beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de
naturaleza general, cuando estas últimas le resulten más favorables a sus
pretensiones, no obstante, no se hará ese análisis alguna en ese sentido, ni de
ninguna otra norma, por cuanto la demanda se centró en solicitar el reconocimiento
de la pensión de vejez consagrada en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, y
en virtud del principio de la justicia rogada que rige a la jurisdicción contenciosa
administrativa, el Juez se encuentra vinculado a lo solicitado, de forma que, no le
resulte posible extenderse al estudio de temas ni emitir pronunciamiento sobre
aspectos que no han sido plantados o sustentados por el accionante […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Primero. Se conceda la acción constitucional de amparo deprecada, y por ende
acceda a tutela los derechos fundamentales de mi poderdante relativos a la
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIEAL EN CONEXIDAD CON
EL MINIMO VITAL, LA VIDA DIGNA, SALUD, aplicando por vía de excepción de
inconstitucionalidad la expresión siempre que para esta época fueren funcionarios
de ese departamento contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978.
4
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución No. 37748 del 31 de julio de 2006,
resolución No. 59457 del 26 de diciembre de 2007, auto No. ADP 009073 del 11 de
septiembre de 2014 a través de las cuales CAJANAL hoy UGPP, negó la solicitud
de reconocimiento de la pensión especial vitalicia de jubilación a mi poderdante sin
tener en cuenta la condición más favorable.
Tercero. Solicito se deje sin efecto la decisión proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo el 26 de enero de 2016 confirmada por el Tribunal Administrativo del
Meta el 24 de enero de 2017, radicado no 50001-33-33007-2015-00017-01, en aras
de garantizar el debido proceso y como consecuencia se declare la nulidad de las
resoluciones y auto antes mencionadas y en su lugar se reconozca la pensión
especial vitalicia de jubilación por cumplir a cabalidad todos y cada uno de los
requisitos.
Cuarto. Que, en caso de desacato, se proceda a imponer a los infractores las
sanciones correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 del Decreto
Reglamentario 2591 de 1991 […]”.
Actuación
7. El Despacho Sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto de 27 de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio; y iii) vinculó a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en calidad de tercero con
interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe
sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
8. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, toda vez que, “[…] no cumple con los requisitos especiales de procedencia,
no acredita la relevancia constitucional ni demuestra la existencia de los yerros que
se imputan, además, no es posible identificar en el caso la presunta vulneración de
derechos ius fundamentales, y lo que se persigue en últimas, es cuestionar una
actuación judicial, como una tercera instancia, desnaturalizando la acción de tutela
[…]”.
5
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
9. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, “[…] POR INOBSERVANCIA
DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ E INACTIVIDAD DEL ACCIONANTE PARA
ACUDIR A INTERPONER LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA; YA QUE HAN
TRANSCURRIDO MAS DE 6 AÑOS ENTRE LA EJECUTORIA DEL FALLO
JUDICIAL Y LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA […]”.
10. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio guardó
silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia,
en primera instancia, el 13 de abril de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor José Ángel Cortes Cano contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones
expuestas en precedencia. […]”.
11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el presente asunto, la parte actora reprocha las providencias del 26 de enero
de 2016 y del 24 de enero de 2017 mediante las cuales las autoridades judiciales
accionadas negaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
Al respecto, se observa que la providencia del 24 de enero de 2017 cobró ejecutoria
el 1.º de febrero de ese mismo año2 y que la acción de tutela se radicó el 22 de febrero
de 2023, es decir, transcurridos 6 años, lo que desvirtúa la urgencia del amparo.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, tratándose de la
verificación de la inmediatez en tutela contra providencias judiciales, su examen debe
ser más exigente respecto a la actualidad en la vulneración de los derechos
fundamentales, pues como consecuencia de la acción de tutela podría dejar sin efecto
una decisión judicial.
De esta manera, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y
consolida los efectos de la sentencia […]”.
[…]
2
Información que se extrae del documento
21_110010315000202300958005RECIBEMEMORIAL20230324152445.pdf
6
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
“[…] Como se advierte, en el presente asunto no se acredita ninguno de los
presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para flexibilizar el análisis del
requisito de inmediatez, puesto que ni siquiera la parte actora argumenta los motivos
por los cuales interpuso el mecanismo constitucional después de transcurridos 6 años
de haber cobrado ejecutoria la decisión cuestionada.
Es necesario recordar que el análisis del presupuesto de inmediatez, cuando se trata
de una acción de tutela contra providencia judicial, debe ser aún más estricto, toda
vez que se trata de establecer la posible vulneración ius fundamental originada en
una decisión que goza del atributo de cosa juzgada y por tanto, exige por parte del
demandante, una carga argumentativa mayor en cuanto a la justificación en la
tardanza en la interposición, precisamente para preservar el principio de seguridad
jurídica y los efectos de la sentencia.
Además, el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una
vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables
e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes
posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una
decisión judicial, pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección
constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una
afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido
a una contraparte procesal.
Por lo anterior, considera la Sala que en el presente asunto no se acredita el requisito
de inmediatez, razón por la que se declarará la improcedencia […]”.
La impugnación
12. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] En este evento es imprescindible destacar la característica de irrenunciabilidad
e imprescriptibilidad de la cual goza el derecho a la Seguridad Social,
constitucionalmente institucionalizado en los Artículos 48 y 53 de la Carta Política;
para el caso concreto el derecho a la pensión que puede ser reclamado en cualquier
tiempo.
Es así que, frente al requisito de la inmediatez, si bien es cierto la última decisión se
sucedió en el mes de octubre del año 2017, no es menos cierto que la seguridad
social, en el presente caso el derecho pensional, es un derecho imprescriptible, y
dado el carácter reciente de los nuevos pronunciamientos que permiten reiterar la
solicitud de protección a través de la acción constitucional, en la fecha que nos ocupa
se procede a invocar la acción constitucional […]”.
[…]
“[…] Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se demuestra que el señor CORTES
CANO tiene derecho a que se revoque el fallo proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, confirmado por el Tribunal
Administrativo del Meta y en su lugar se decrete nulidad de la Resolución N° 37748
7
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
del 31 de julio de 2006, Resolución N° 59457 del 26 de diciembre de 2007, Auto N°
ADP 009073 del 11 de septiembre de 2014 a través de las cuales la UGPP negó la
solicitud de reconocimiento de la pensión especial vitalicia de jubilación a mi
poderdante […]”.
[…]
“[…] La autoridad de tutela de manera desacertada acoge los planteamientos de la
entidad accionada, no analiza el proceder de la entidad accionada, permitiendo que
se desconozca abiertamente los derechos fundamentales del debido proceso, el
derecho a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, la vida, la vida digna,
la igualdad, la salud, la integridad física y moral, y a su vez se desconoció los
principios constitucionales de la CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO,
FAVORABILIDAD e IRRENUNCIABILIDAD.
LA DEBILIDAD DEL CIUDADANO FRENTE A LA SUPREMACÍA DEL PODER
DOMINANTE DEL ENTE ESTATAL.
Como quiera que el deber de las entidades administrativas, gira en torno a los
postulados del Estado Social del Derecho, estas deben garantizar la prestación
eficiente de su servicio a los habitantes del territorio.
Para el caso concreto, tenemos que tal posición se da inicialmente cuando el
ciudadano se vincula con la administradora pensional.
La UGPP, no da cumplimiento al pago del derecho pensional cuando está plenamente
demostrado que la entidad accionada no aplico la norma correspondiente apara el
reconocimiento pensional, tal situación se configura en un evidente abuso de la
posición dominante que ostenta tal entidad frente al pensionado, puesta esta no
puede valerse de su condición para desconocer el derecho adquirido de mi
poderdante […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
8
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de la inmediatez.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital, vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad, vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la salud, procediendo posteriormente a viii) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
18.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
19.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
21.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
23.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-
590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional10.
Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de
tutela
24.Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199111 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199912 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
12 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
25.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]13.
26.Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la
acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis
meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
27.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho14:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200815, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.
14 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
28.De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho16:
“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0117, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis
del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
29.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
30.Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de
2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de
2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
31.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
32.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:19
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado20.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
19 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
20 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
14
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”21. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”22 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
33. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
34. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho23:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
21 Sentencia T-173 de 2016.
22 Ibídem.
23 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36. Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
37.Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo
2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 25 sobre el derecho
fundamental a la salud.
38.Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional26, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
25 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Análisis del caso en concreto
39.La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de inmediatez.
40.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
41.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
42.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
42.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, el 24 de enero de 2017.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de inmediatez
43.En el expediente está plenamente acreditado que i) el Tribunal Administrativo
del Meta profirió la sentencia el 24 de enero de 2017, la cual quedó notificada el 30
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
de enero de 201727; y ii) el actor presentó la acción de tutela el 22 de febrero de
202328, es decir que, desde el 31 de enero de 2017 (día en el que empezaron a
correr los términos una vez surtida la notificación personal) a la fecha de
presentación de la acción de tutela, el actor presentó la acción de tutela por fuera
del plazo razonable.
44.No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito general de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que
permiten establecer un plazo superior al determinado29, como por ejemplo en los
casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se
deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Subrayado por la Sala).
45.En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la
pensión de jubilación constituye una prestación periódica y la presunta vulneración
alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal
prestación le sea reconocida.
46.En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta 30,
conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de
27 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 27 de enero de 2017, se entiende notificada personalmente el 30 de enero
de 2017 y los términos comenzaron a correr a partir del 31 de enero de 2017.
28 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “ED_1ESCRITOCORREOELE(.pdf) Nro Actua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
30 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional:
“La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está
constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos
de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y
aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza. “( Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 19
de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
28 de mayo de 201531, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la
aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de
la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte
una sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica,
se ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera
invariable, para determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial
para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto
es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a
que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de debilidad
manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos
criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado
lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que
el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le
permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido
que en ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para
proceder al estudio de fondo.
[…]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta
oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia,
determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no
del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando
el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o persona que
goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se circunstancia
que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es necesario
que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está
o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo
frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado
31. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de
2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello,
esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un
sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la Jurisprudencia
Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además
de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas,
padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad,
minusválidos, ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los
casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de
inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de
una providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados sujetos de
especial protección[…]”.
47. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de
la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
48. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente,
SU – 354 de 201732, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción
de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido
notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión
se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la
tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el
presente caso.
49. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales,
32 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que
con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la providencia.
Conclusiones de la Sala
50. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 13 de abril de 2023 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. .
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00958-01
Actor: José Ángel Cortés Cano
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.