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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00963-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede

Fecha
23 de mayo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00963-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Modificar la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar: 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-02700-00. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, sentencia del 4 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01853-00. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01 Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo, en cuanto al defecto de decisión judicial sin motivación, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor Iván Alexander Chinchilla Alarcón. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la sentencia del 26 de julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-053-2017- 00314-02, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00963-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

23 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: IVÁN ALEXANDER CHINCHILLA ALARCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional,
específicamente en lo atinente al cargo de decisión judicial sin motivación /
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN INDEBIDA – La
autoridad judicial accionada desconoció la existencia del precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional en la sentencia SU-354 de 2017,
relacionado con los topes indemnizatorios como restablecimiento del derecho
cuando se trata de empleados de carrera administrativa.

La Sala1 decide la impugnación contra la sentencia del 16 de marzo de 2023,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de febrero de 2023, el señor Iván Alexander Chinchilla Alarcón interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, porque consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Formuló las siguientes
pretensiones:

1. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso y que, en
consecuencia, se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal de

1 El 5 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar

el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Cundinamarca el 26 de julio de 2022 y aclarada el 13 de septiembre del
mismo año dentro del proceso 11001-33-42-053-2017-00314-02, en la parte
que concluye que:
De los salarios, primas y demás prestaciones que me debe reconocer y pagar
la Universidad desde el 1 de febrero de 2015, se descuenten las sumas que,
por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, yo haya recibido.

Esto como quiera que el precedente que se aplicó para concluir esta orden, se
refiere al reintegro de empleados provisionales, sin estabilidad plena, y de
personal de la Policía sujeto a la discrecionalidad del cargo y no al
nombramiento de cargos docentes de dedicación cátedra, el cual obtuve
judicialmente.

2. Que, como consecuencia de lo anterior y protegiendo mi derecho
fundamental a la igualdad, se aclare en la sentencia que:

Se debe pagar la totalidad de los salarios y prestaciones derivados del
nombramiento que debe hacer la Universidad desde el 1 de febrero de 2015,
sin efectuar ningún descuento, como quiera que el desempeño de un cargo
docente de cátedra y su consecuente remuneración, son una excepción a la
prohibición de desempeñar más de un cargo público y recibir más de una
asignación del erario, conforme a lo establecido por la Ley 4 de 1992, garantía
que hoy día aplica a los docentes catedráticos de la Universidad Nacional y de
otras instituciones públicas que simultáneamente ejercen cargos, públicos y
privados, de manera simultánea con su función docente.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:

En 2013, el señor Chinchilla Alarcón participó en un concurso de méritos
adelantado por la Universidad Nacional de Colombia, para proveer el cargo de
carrera de docente, dedicación cátedra 0.7, de la Facultad de Derecho, al término
del cual quedó de segundo en la lista de elegibles.

Expuso que, de conformidad con las reglas del concurso, el ganador debía
posesionarse en los 30 días siguientes al nombramiento, de lo contrario, se debía
nombrar al siguiente en la lista de elegibles. Que, no obstante, la Universidad
Nacional dejó pasar 150 días para nombrar al siguiente integrante de la lista, quien
tampoco se posesionó, ante lo cual dejaron pasar 90 días más, sin revocar el
segundo nombramiento.

Reclamó su derecho a ser nombrado, toda vez que el cargo seguía vacante y él
era el siguiente en la lista de elegibles, pero la universidad negó su petición
fundamentada en que la lista de elegibles ya se había vencido «desconociendo
que era atribuible a la negligencia» de la institución de educación superior.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demandó los actos administrativos que le negaron el nombramiento.
Dicho proceso le correspondió al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, el que, en
sentencia del 7 de noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación.

En sentencia del 26 de julio de 2022, la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, resolvió:

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del Oficio D-38 del 29 de marzo de 2016,
mediante el cual se negó la solicitud de nombramiento en el cargo de docente
de dedicación cátedra perfil C-30 del concurso convocado y desarrollado por
el Decano como Delegado del Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, ORDÉNASE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
nombrar en el cargo de Docente de Dedicación Cátedra Perfil C-30 de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales al señor IVÁN
ALEXÁNDER CHINCHILLA ALARCÓN (…) siempre que existe y no haya sido
provisto de manera definitiva y el demandante no se encuentre en alguna
situación de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, o haya cumplido la
edad de retiro forzoso o adquirido el status de pensionado.

A título de indemnización se ORDENARÁ el reconocimiento y pago de todos
los salarios, primas y demás prestaciones dejadas de percibir desde el 1° de
febrero de 2015, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya
recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis
(6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario, en los
términos de las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 proferidas por
la H. Corte Constitucional y la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por
el H. Consejo de Estado.

La parte demandante presentó solicitud de aclaración, la cual fue resuelta
mediante providencia del 13 de septiembre de 2022, en la que se aclaró el ordinal
tercero de la parte resolutiva, así:

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, ORDÉNASE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
nombrar en el Perfil C-30 en el cargo de Docente de Dedicación Cátedra 0.7
del Área de Relaciones laborales, Derecho Laboral Procesal y Seguridad
Social de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales al señor IVÁN
ALEXÁNDER CHINCHILLA ALARCÓN (…) a partir del 1° de febrero de 2015,
siempre que exista y no haya sido provisto de manera definitiva y el
demandante no se encuentre en alguna situación de inhabilidad,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

incompatibilidad o impedimento, o haya cumplido la edad de retiro forzoso o
adquirido el status de pensionado.

A título de indemnización se ORDENARÁ el reconocimiento y pago de todos
los salarios, primas y demás prestaciones dejadas de percibir desde el 1° de
febrero de 2015, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente incluidos los
honorarios percibidos por cualquier actividad, haya recibido el actor, sin que la
suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda
exceder de veinticuatro (24) meses de salario, en los términos de las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 proferidas por la H. Corte
Constitucional y la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por el H.
Consejo de Estado.

La anterior providencia fue notificada por correo electrónico el 21 de septiembre de
2022.

1.3. Argumentos de la tutela

El demandante considera que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso porque desconoció que
su nombramiento se trataba de un cargo de carrera docente en dedicación cátedra
con plena vocación de permanencia y «por ser de dedicación cátedra es
plenamente compatible con otros ingresos, incluso con cargos o asignaciones de
origen o naturaleza pública, como ocurre con muchos docentes catedráticos de la
misma Universidad Nacional».

Expuso que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 y
el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional (sentencia C-006 de 1996) y
del Consejo de Estado (sentencia del 29 de junio de 2011, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A), los honorarios y asignaciones públicas de la hora
cátedra son compatibles con otras asignaciones del erario.

Sostuvo que, mediante oficio 2.621 del 30 de septiembre de 2022, el Tribunal le
comunicó a la Universidad Nacional la ejecutoria de la sentencia, solicitando su
ejecución y cumplimiento; pero diferentes autoridades han dilatado el
cumplimiento porque no existía el cargo en el que debía ser nombrado, a pesar de
que ya fue certificado que existían dos cargos de cátedra 0.7.

De otra parte, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en: «1)
defecto material o sustantivo, entre tanto se decidió con base en un precedente

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Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

inaplicable al caso; ii) decisión sin motivación, como quiera que no se dio cuenta
del fundamento jurídico que permitió desconocer lo dispuesto por la Ley 4 de
1992 y su desarrollo jurisprudencial; y iii) desconocimiento del precedente, pues al
aplicar un precedente equivocado, se dejó de aplicar el que realmente
correspondía».

Para tal efecto, en cuanto a la incompatibilidad entre la indemnización y otros
pagos laborales públicos y privados, y dependientes e independientes, precisó
que el Tribunal accionado soportó su decisión en un precedente que no era
aplicable.

Manifestó que la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional estudió
tres casos de servidores públicos provisionales que fueron desvinculados sin
motivación alguna. Agregó que allí se reiteró la naturaleza de estabilidad relativa
que le asiste a los empleados provisionales y enfatizó en que estos no tienen
vocación de permanencia y, por tanto, no resulta obligatorio generar el pago de
salarios y prestaciones durante todo el tiempo transcurrido entre la desvinculación
y el reintegro derivado de la orden judicial.

Precisó que la incompatibilidad de la indemnización con otros ingresos y la
inclusión de topes para la indemnización (6 a 24 meses) es exclusiva para casos
de empleados que ocupan cargos en provisionalidad, lo cual es opuesto a su
caso, pues se trata de un cargo de carrera profesoral, con plena vocación de
permanencia y al ser de dedicación cátedra, está habilitado para ser compatible
con otras asignaciones del erario.

En relación con la sentencia SU-053 de 2015, según el actor, reiteró la tesis que
consiste en que la desvinculación de los servidores públicos que no tienen plena
vocación de permanencia, dada su naturaleza temporal y limitada de los empleos
provisionales, por lo que no resultaba aplicable en su caso.

Precisó que el Consejo de Estado, en las sentencias del 2 de junio de 2016,
expediente 11001-03-15-000-2015-03538-01, y del 16 de enero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-04124-01, ratificó la teoría según la cual el
precedente fijado en la sentencia SU-556 de 2014 va dirigido a personas que
ocupaban cargos en provisionalidad.

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Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En relación con los precedentes jurisprudenciales que debieron ser considerados
por el Tribunal, reiteró que el literal D del artículo 19 de la Ley 4 de 1992
estableció que los honorarios hora cátedra son una excepción a la prohibición de
desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una
asignación del erario, excepción aplicable para aquellos casos en los cuales los
docentes de hora cátedra reciben salario y prestaciones. Para fundamentar su
posición, citó la sentencia del 29 de junio de 2011, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Concepto 1508 del 12 de
agosto de 2003, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Afirmó que fue funcionario administrativo de la misma universidad entre octubre
de 1997 y septiembre de 2021, y que, de haber sido nombrado como docente en
la modalidad de dedicación cátedra desde febrero de 2015, los nuevos ingresos
como docente hubieran sido plenamente compatibles con los que percibía como
empleado administrativo.

Por último, indicó que, de mantenerse la exclusión o incompatibilidad ordenada
por el tribunal accionado, sería el único docente en dedicación cátedra de la
Facultad de Derecho, que no podría recibir otros ingresos del erario.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de febrero de 2023, el magistrado ponente del proceso
en primera instancia admitió la demanda y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, como parte demandada, y a la Universidad
Nacional de Colombia y al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, como terceros
con interés, con el propósito de que rindieran informe.

2.2. El Juzgado 53 Administrativo de Bogotá indicó que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, toda vez que lo pretendido es utilizar la acción de
tutela para insistir en su teoría de la correcta interpretación de la jurisprudencia y
así «hacer variar la decisión de segunda instancia».

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
indicó que la orden impartida consistente en el descuento de todos los salarios
que percibió el señor Chinchilla Alarcón durante el período de desvinculación,
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Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

provenientes de fuentes públicas o privadas, tuvo como fundamento las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015; «la primera de ellas hace alusión a
quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera, la segunda se refiere al
retiro discrecional de personal de carrera de la Policía Nacional».

Expuso que limitar la cuantía de la indemnización no obedece a la naturaleza de la
vinculación que otorga un fuero de estabilidad relativo, toda vez que en el caso de
la Policía Nacional se trata de personal de carrera, y tampoco se refiere
únicamente a la prohibición de percibir doble asignación del tesoro, pues la Corte
Constitucional expuso en sus fallos que las sumas a descontar incluyen las
percibidas en actividades privadas, dependientes o independientes. Agregó que
«el fundamento en ambos casos es el hacer congruente la reparación del daño
(indemnización), con el daño efectivamente sufrido por el accionante, atendiendo,
además, a las reglas de experiencia sobre la duración de la situación de
desempleo y falta de recursos, que es lo que se pretende resarcir».

Finalmente, manifestó que no le vulneró los derechos fundamentales al
accionante, puesto que los argumentos expuestos fueron estudiados en la
sentencia que puso fin al proceso.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 16 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. Para tal efecto, señaló que, de conformidad con lo
considerado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento de ese requisito.

Precisó que la discusión expuesta por el demandante no gira en torno al alcance,
aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino «frente a la mera
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto». Sumado al
hecho de que el conflicto tiene un alcance «meramente económico (…) pues recae
única y exclusivamente con los descuentos que debe hacerse sobre la
indemnización ordenada por el juez natural».

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Finalmente, recalcó que la tutela no es una tercera instancia, sino un mecanismo
de protección y garantía de los derechos fundamentales.

4. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó y manifestó
que la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues la discusión no se limita a un asunto meramente legal, dado que sí se le
están vulnerando sus derechos fundamentales.

Precisó que la aplicación indebida de un precedente jurisprudencial vulnera su
derecho fundamental a la igualdad, pues le extendieron los efectos de una tesis
establecida para determinados grupos poblacionales (provisionales y policías)
para una persona que no pertenece a esos grupos (docente catedrático).

Expuso que existen precedentes en sede de tutela del Consejo de Estado, en los
que se reconoció la relevancia constitucional de estos asuntos y, de paso, se
otorgó el amparo.

Por último, sostuvo que no pretende una mejor interpretación frente a la adoptada
por el Tribunal, ni tampoco busca reabrir el debate procesal, sino que su
fundamentación de la tutela consistió en argumentar que el tribunal accionado no
abordó la argumentación propuesta relativa a la compatibilidad salarial, ni
reconoció la especial naturaleza de los salarios de los docentes vinculados en
dedicación cátedra.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, revocar o modificar la
sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo
que declaró improcedente la solicitud de amparo. Para tal efecto, se deberá
establecer, en primer lugar, si la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con
el fin de establecer si la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales del señor
Iván Alexander Chinchilla Alarcón, al proferir la sentencia del 26 de julio de 2022.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional: el a quo consideró que la tutela presentada
no cumplía con este requisito, toda vez que lo pretendido por el demandante era
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario. Además, porque trajo a colación
un asunto de naturaleza meramente económica y, en esas condiciones, la tutela
no podía ser utilizada con ese propósito.

El demandante, en la solicitud de aclaración contra la sentencia de segunda
instancia, indicó lo siguiente:

En este punto, si bien el cargo para el cual obtuve el nombramiento
corresponde a un cargo de cátedra, siendo compatible incluso con otras
asignaciones del erario conforme a lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, resaltaré
que acojo respetuosamente la decisión del Tribunal, en el sentido que, frente a
los valores provenientes de la indemnización se deben descontar las sumas
que, por cualquier concepto laboral, público o privado se hayan recibido.

No obstante, el fallo deja una duda respecto a la aplicación de esta condición,
pues si bien es claro que, conforme a los precedentes jurisprudenciales
citados, no se podrían recibir doble salario producto de dos relaciones
laborales coexistentes en el mismo periodo de tiempo, considero que existiría
una duda interpretativa, pues una cosa es el ingreso salarial, derivado de una
relación laboral subordinada, sea esta pública o privada, y otra cosa son los
honorarios derivados de prestaciones de servicios autónomos e
independientes.
(…)

Conforme a lo anterior, la última aclaración que ruego hacer, es precisar si el
descuento que se ordena en el inciso segundo del numeral tercero de la parte
resolutiva de la sentencia, se refiere únicamente a las sumas percibidas por
cualquier concepto laboral, público o privado, es decir las referidas a salarios;
o si, por el contrario, cuando el fallo refiere la palabra independiente, incluye
para efectos de la deducción, los honorarios percibidos ocasionalmente como
conferencista por módulos de fin de semanas en Universidades del sector
privado.

Mediante auto del 13 de septiembre de 2022, la autoridad judicial accionada
resolvió la solicitud de aclaración e indicó que, «respecto a los descuentos se
aclara que aquellas sumas percibidas de manera independiente efectivamente
comprenden los honorarios que hubiera percibido por cualquier concepto,
incluidas las labores de conferencista» y, en consecuencia, aclaró el párrafo
segundo de la parte resolutiva de la sentencia así: «(…)descontando de ese
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Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente incluidos los honorarios percibidos por cualquier
actividad haya recibido el actor».

Como puede verse, el ad quem explicó detalladamente las razones de su decisión
y abordó de manera integral los argumentos que el señor Chinchilla Alarcón
expuso en la solicitud de aclaración, fundamentado en las sentencias de
unificación de la Corte Constitucional.

La Sala no advierte que la decisión del tribunal, sobre ese punto específico,
hubiera sido caprichosa, arbitraria o irracional, situación distinta es que la parte
demandante esté inconforme con el análisis efectuado, lo cual resulta insuficiente
para desmerecer la razonabilidad de esa decisión y provocar un nuevo examen
del juez de tutela.

Tal como lo señaló el a quo, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
2022 insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se
convierta en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales,
económicos sin trascendencia constitucional.

[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial
de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

Así pues, luego de considerar los criterios señalados, es claro que el presente
asunto, en lo que concierne específicamente a los descuentos de los honorarios o
ingresos que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente hubiera recibido el actor, no es de aquellos en los que exista la
necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o darle alcance a un
derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se alegue la vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
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Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En el fondo, la parte actora pretende que el juez de tutela ordene que se dicte una
nueva sentencia, en la que no se le realicen los descuentos en cuestión, sin que
esa discusión revista la trascendencia iusfundamental necesaria para que proceda
la intervención del juez constitucional.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, se respalda en las sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015, en las que se consideró que de la indemnización deberá
«descontarse todo lo que éste, durante el periodo de desvinculación, haya
percibido como retribución por su trabajo, ya sea que provenga de fuente pública o
privada, como dependiente o independiente». De manera que, en relación con el
defecto de decisión sin motivación, relacionado con los descuentos que se le
debían realizar al actor, la Sala concluye que no cumple con el requisito de
relevancia constitucional y, por tanto, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia en ese sentido.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el desconocimiento del precedente y la
indebida aplicación de los topes indemnizatorios establecidos en la sentencia SU-
556 de 2014 y SU-053 de 2015. Al respecto, la Sala advierte que la cuestión
discutida sí tiene relevancia constitucional, pues la parte actora cumplió con la
carga argumentativa, al señalar que la decisión cuestionada desconoció sus
garantías fundamentales por ignorar que el cargo para el cual se ordenó su
nombramiento era de carrera y que su vinculación no era en la modalidad de
provisional (como ocurrió en los casos examinados por la Corte), sino definitiva,
esto es, con vocación de permanencia, pues accedió al mismo después de haber
superado las diferentes etapas de un concurso de méritos. De ahí que, en su
criterio, no era procedente limitar la indemnización de 6 a 24 meses.

Se advierte, además, que el demandante no está utilizando el mecanismo de
amparo constitucional como una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, la Sala pasará a estudiar de fondo el asunto, únicamente en lo que
tiene que ver con el desconocimiento o la indebida aplicación del precedente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.2. Requisito específico de procedibilidad alegado por la parte actora

2.2.1. Del desconocimiento del precedente jurisprudencial

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas2:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció3.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso
las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no
habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean
similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las
razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente4).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión

2 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
3 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica» (se destaca).
4 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y
el material probatorio en cada caso concreto5.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.

En el caso bajo estudio, la parte actora alegó que, en la providencia del 26 de julio
de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, aplicó indebidamente las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015, toda vez que no tuvo en cuenta que «la inclusión de topes mínimos para
dicha indemnización (6 meses y 24 meses respectivamente) es una fórmula
exclusivamente propuesta por la Corte Constitucional para casos de empleados
provisionales desvinculados, quienes no tienen certeza alguna respecto de una
estabilidad laboral, a diferencia de mi caso, en el cual se ordena el nombramiento
en un cargo de carrera profesoral».

En orden a determinar si se configuró el desconocimiento del precedente alegado,
la Sala transcribirá los apartes pertinentes de la sentencia SU-354 de 2017 de la
Corte Constitucional, toda vez que allí se hicieron precisiones respecto del ámbito
de aplicación de las subreglas jurisprudenciales sentadas en las sentencias SU-
556 de 2014 y SU-053 de 2015, que son justamente las que el demandante
considera indebidamente aplicadas a su caso.

Esto dijo la Corte Constitucional en la sentencia SU-354 de 2017:

6.3.7. Por último, en las sentencias SU-053 y SU-054 de 2015, la Corte se
pronunció sobre varias acciones de tutela instauradas contra providencias
judiciales mediante las cuales no se anularon los actos administrativos que
retiraron del servicio a servidores públicos, sin motivación. Todos los
accionantes buscaron la protección de sus derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral.

Esta Corporación tomó en consideración lo señalado en la sentencia SU-556
de 2014 y adujo que las órdenes que se deben adoptar en los casos de retiro
sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de
carrera, son las siguientes: (i) el reintegro del servidor público desvinculado a
su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la
desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido
suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; (ii) para el

5 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
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Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

reintegro también deberá examinarse si el servidor público cumple con los
requisitos para acceder al cargo público, tales como la carencia de
antecedentes penales y disciplinarios; (iii) a título indemnizatorio, solo se debe
pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por
cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente,
haya recibido la persona.

De ese modo, en ambos fallos se reiteró lo señalado en la referida
providencia de unificación.

6.4. Ahora bien, según se expuso, los pronunciamientos de esta
Corporación sobre el punto que ahora se estudia están relacionados con
personas que fueron nombradas en provisionalidad en cargos de
carrera. Por esa razón, se hace necesario abordar el asunto desde una
perspectiva diferente con el fin de determinar qué sucede cuando la
persona que fue desvinculada a través de un acto calificado como
contrario a la ley no ejercía en cargo en provisionalidad, sino que hacía
parte de la carrera administrativa por haber superado un concurso de
méritos. Para ello, la Sala se referirá previamente a la naturaleza y finalidad
constitucional de los cargos de carrera administrativa.

(...)

8.5. Con todo, a juicio de esta Corporación el precedente fijado por la
jurisprudencia constitucional cuando se ordena el reintegro y la devolución de
los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia de la
nulidad de un acto de retiro se aplica con independencia de si la designación
fue en propiedad o en provisionalidad respecto de un cargo de carrera.

Esto, en cuanto el asunto no se relaciona con la temporalidad o la expectativa
de la permanencia en el empleo, sino con la esencia misma del
restablecimiento del derecho que genera la ficción jurídica de que el
funcionario nunca fue retirado del empleo, indistintamente de la clase de
vinculación que aquel ostente, de modo tal que serían incompatibles una
condena por ese concepto y al mismo tiempo el pago de salarios y
prestaciones recibidos por el ejercicio de otro cargo estatal en ese lapso.

Ahora bien, el precedente que ahora se aplica sostiene que con el propósito
de que la reparación corresponda al daño que se presentó cuando, de
manera injusta, se frustró la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, la
indemnización a ser reconocida no puede ser inferior a los seis meses que
según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma
indemnizatoria de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo
causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la
desvinculación del servicio.

Esta última subregla no será acogida en esta oportunidad, en tanto para
este caso el cargo que desempeñaba el demandante, según lo concluyó
el Consejo de Estado en la sentencia que se ataca y que no fue objeto de
debate según se explicó previamente, era un verdadero cargo de carrera
lo que hacía que su nombramiento en provisionalidad fuera contrario a
la Constitución. (Se destaca).
(…)

9.3. Ahora bien, en este caso no es procedente acoger la subregla según la
cual la indemnización a ser reconocida no puede ser inferior a los seis meses
que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

indemnizatoria de hasta veinticuatro meses, atribuible a la ruptura del nexo
causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la
desvinculación del servicio. Lo anterior, por cuanto el cargo que desempeñaba
señor Ramírez Zuluaga, según lo concluyó el Consejo de Estado en la
sentencia que se ataca, era un verdadero cargo de carrera lo que hacía que
su nombramiento en provisionalidad fuera contrario a la Constitución, lo que
impide aplicar una regla como la señalada, establecida por la naturaleza
propia de los cargos de provisionalidad.
(…).

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en la sentencia del 26 de julio de 2022, sostuvo lo siguiente:

Así las cosas, la Sala considera que debe revocar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar declarar la
nulidad del Oficio D-38 del 29 de marzo de 2016, mediante el cual se negó la
solicitud de nombramiento en el cargo de docente de Dedicación Cátedra C-
30 del concurso convocado y desarrollado por el Decano como Delegado del
Rector de la Universidad Nacional de Colombia.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA deberá NOMBRAR en el cargo
de Docente de Dedicación Cátedra C-30 de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales al señor IVÁN ALEXANDER CHINCHILLA ALARCÓN (…)
siempre que exista y no haya sido provisto de manera definitiva y el
demandante no se encuentre en alguna situación de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento, o haya cumplido la edad de retiro forzoso o
adquirido el status de pensionado.

Así mismo, a título de indemnización se ORDENARÁ el reconocimiento y
pago de todos los salarios, primas y demás prestaciones dejadas de percibir
desde el 1° de febrero de 2015, descontando de ese monto las sumas que
por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario, en los términos de las sentencias SU-556 de 2014 y
SU-053 de 2015 proferidas por la H. Corte Constitucional, así como la
sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por el H. Consejo de Estado.

En resumen, el Tribunal demandado consideró que, en relación con el monto a
indemnizar por concepto de emolumentos dejados de percibir por el señor Iván
Alexander Chinchilla Alarcón, se debían tener en cuenta los topes indemnizatorios
establecidos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 de la Corte
Constitucional.

Pues bien, de la revisión de la providencia cuestionada, la Sala concluye que en el
caso del demandante no solo resultaban inaplicables las sentencias SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015 -en lo relativo a los topes indemnizatorios-, sino que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-354
de 2017, cuando limitó el restablecimiento del derecho derivado de la declaratoria
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

de nulidad del Oficio D-38 del 29 de marzo de 2016, mediante el cual se negó la
solicitud de nombramiento del actor en el cargo de docente de dedicación cátedra
C-30 de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia.

En efecto, la autoridad judicial accionada aplicó el límite indemnizatorio
establecido por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-
053 de 2015, pero no tuvo en cuenta que en la sentencia SU-354 de 2017 se
consideró que la subregla establecida en la primera de las sentencias
anteriormente referidas, atinente al límite de la indemnización (mínimo 6 meses,
máximo 24 meses), no resulta aplicable cuando el cargo que se desempeñó o se
iba a desempeñar era un cargo de carrera.

En el presente asunto, el señor Iván Alexander Chinchilla Alarcón participó en la
convocatoria – Resolución 482 de 2013- realizada por el decano de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia,
para proveer «dos (2) cargos docentes en Dedicación Exclusiva y dos (2) cargos
en Dedicación Cátedra», específicamente, el cargo C-30, del Departamento de
Derecho, cátedra 0.7 del área de relaciones laborales, derecho procesal laboral y
seguridad social.

El Decreto Ley 1210 de 1993 «por el cual se reestructura el Régimen Orgánico
Especial de la Universidad Nacional de Colombia», dispuso en su artículo 21 que
el personal académico de la Universidad estaría conformado por: «profesores
universitarios de carrera, en las categorías de instructor asistente, instructor
asociado, profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado y profesor titular,
en dedicaciones de cátedra, medio tiempo, tiempo completo y dedicación
exclusiva»

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 123 de 2013 «por el
cual se adopta el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de
Colombia», expedido por el Consejo Superior Universitario de esa Institución de
Educación Superior, el personal académico de carrera está vinculado en la
categoría que corresponda a sus calidades académicas, y en la dedicación que
exijan las funciones que haya de desempeñar y que la Universidad requiera.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
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Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por su parte, el artículo 6 dispuso que el personal académico de carrera debe
estar vinculado como profesor auxiliar, asistente, asociado o titular, con
dedicación exclusiva, tiempo completo, medio tiempo o cátedra de acuerdo con
las siguientes equivalencias:

Dedicación Horas de actividad académica/semana Equivalente a tiempo
completo
(…)
Cátedra 0.7 21 0.7

Adicionalmente, el artículo 10 estableció que:

El ingreso a la carrera profesoral se formaliza mediante el acto de posesión. El
profesor adquiere el carácter de empleado público docente de régimen
especial y asume la responsabilidad de ejercer, según su categoría y
dedicación, las funciones de docencia, investigación, creación o interpretación
artística, extensión y dirección académica, de conformidad con la naturaleza,
fines y normas internas de la Universidad.

Visto lo anterior, para la Sala no cabe duda de que el cargo por el cual participó el
señor Chinchilla Alarcón en dedicación cátedra 0.7 es un cargo perteneciente a la
carrera especial profesoral de la Universidad Nacional de Colombia

De manera que, dada la naturaleza del cargo —perteneciente, se insiste, a la
carrera profesoral de la Universidad Nacional de Colombia— en el que, según la
propia autoridad judicial demandada, debió ser nombrado el señor Iván Alexander
Chinchilla Alarcón desde el 1º de febrero de 2015, al punto que tal fecha fue
tomada como hito para la indemnización que finalmente se le concedió, debió
atenderse la regla fijada en la sentencia SU-354 de 2017, según la cual los límites
o topes indemnizatorios señalados en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015 no aplican cuando se trata de personas que pertenecen a la carrera
administrativa —en este caso, carrera profesoral de la Universidad Nacional— por
haber superado un concurso de méritos; sin embargo, dicha autoridad judicial no
lo hizo así y, por ende, incurrió en desconocimiento del precedente.

Esta Subsección, en sentencia del 12 de diciembre de 20196, consideró que las
subreglas fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y
SU-053 de 2015 no resultan aplicables cuando los demandantes pertenecen a la

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),
expediente 11001-03-15-000-2019-04646-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

carrera administrativa o a alguna carrera especial. Lo anterior fue reiterado en las
sentencias del 27 de agosto de 20207 y del 4 de junio de 20218.

En suma, el Tribunal accionado se apartó del precedente de la Corte
Constitucional fijado en la Sentencia SU-354 de 2017, sin cumplir con la carga
argumentativa exigida a los jueces para tal fin, pues no hizo referencia al
precedente que abandonaba y, además, en la sentencia del 26 de julio de 2022, ni
siquiera identificó ni reconoció la existencia de dicho precedente.

Bajo ese contexto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, toda vez
que, en lo que atañe puntualmente a la procedencia o no de aplicar los topes
indemnizatorios previstos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, se
concederá el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso del señor Iván Alexander Chinchilla Alarcón.

Como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 26 de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, se insiste, únicamente en lo que tiene que ver con la aplicación de
los topes indemnizatorios. Asimismo, se ordenará a dicha Corporación que, en un
lapso no mayor a treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, en la que determine si las reglas contenidas en la sentencia SU-354
de 2017 de la Corte Constitucional eran aplicables al caso del señor Chinchilla
Alarcón y, en el evento de que considere que no son aplicables, de conformidad
con los principios de transparencia y razón suficiente, exponga ampliamente las
razones de esa decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Modificar la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En su lugar:

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia
del 27 de agosto de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-02700-00.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, sentencia del 4
de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01853-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00963-01
Demandante: Iván Alexander Chinchilla Alarcón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo, en cuanto al
defecto de decisión judicial sin motivación, de conformidad con lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso del señor Iván Alexander Chinchilla Alarcón. Como consecuencia, (i) se
deja sin efectos la sentencia del 26 de julio de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-053-2017-
00314-02, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta
(30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una
nueva decisión, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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r.aspx.

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