Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00970-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00970-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00970-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
18 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00970-01
Accionante: ALBA ESTELLA NIETO GAVIRIA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y
acceso a cargos públicos / procedibilidad de la acción
de amparo contra actos administrativos dictados en
el marco de un concurso de méritos / provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial / requisito
de subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que rechazó por
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Alba Estella
Nieto Gaviria, actuando a nombre propio, en contra del Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y de la Universidad Nacional de Colombia.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00970-01
Ac c i o n a n t e : Al b a E s t e l l a N i e t o G a v i r i a
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, petición, igualdad y acceso a cargos públicos se fundamenta
en los siguientes:
1. HECHOS
En el escrito contentivo de la acción de tutela de la referencia, la parte
accionante sostuvo que:
1.1. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
1.2. Se inscribió a la anterior convocatoria para proveer el cargo de
juez promiscuo del circuito y el 24 de julio de 2022 presentó las pruebas
de conocimientos generales y específicos, aptitudes y psicotécnicas.
1.3. A través de Resolución núm. CJR-22-0351 del 1° de septiembre
de 2022, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura publicó los resultados de la prueba de
conocimientos y competencias. La demandante obtuvo el puntaje de
792,69.
1.4. El 21 de septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra
la anterior decisión y posteriormente, mediante escrito del 15 de
noviembre de 2022, complementó el recurso para objetar las preguntas
9, 18, 23, 28, 32, 34, 53, 59, 61, 62, 69, 82, 90 y 105 de la prueba de
conocimientos y competencias.
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1.5. Por medio de Resolución CJR23-00042 del 16 de enero de 2023,
la Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió los recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución No. CJR-22-0351 del 1 de
septiembre de 2022 y decidió confirmar la decisión recurrida.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que la acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad, con fundamento en que las decisiones que
se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos, generalmente,
constituyen actos de trámite y contra estos no proceden los recursos
de la vía gubernativa ni los medios de control que regula la Ley 1437
de 2011.
Por otro lado, sostuvo que la Resolución núm. CJR23-00042 del 16 de
enero de 2023 no se pronunció frente a las objeciones específicas que
presentó en el recurso de reposición y de complementación. En ese
sentido, adujo que se vulneraron los derechos fundamentales de
petición, debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos, al
resolver el recurso «de manera generalizada, sin atender de manera
particular la alzada propuesta».
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:
«Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos fundamentales de
petición, acceso a la información, debido proceso administrativo, derecho de
defensa, confianza legítima, carrera administrativa y acceso a cargos públicos
mediante concurso de méritos; además de aquellos que en su consideración también
se haya vulnerado y, en consecuencia, se ordene a las accionadas dentro del término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la notificación del fallo lo siguiente:
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PRIMERO: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de reposición
radicado el 20 de septiembre de 2022 y ampliado el 15 de noviembre del mismo
año, a través del cual se efectuaron cuestionamientos en torno a la confidencialidad
de la prueba, formulación y fórmala aplicada a la calificación de la misma, así como
también a las objeciones a las preguntas 9, 18, 23, 28, 32, 34, 53, 59, 61, 62, 69, 82,
90, y 105. Respuesta que se solicita comedidamente sea verificada por el juez
constitucional, en tanto las mismas se emitan con fundamento en la norma y la
jurisprudencia actual.
TERCERO: (sic) DEJAR SIN EFECTOS O MODIFICAR el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16 ENERO 2023 Y SUS ANEXOS QUE RESUELVE
EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA LA
RESOLUCIÓN CJR22-0351 Y SU ANEXO, por medio del cual se negó el recurso
de reposición presentado y se ORDENE expedir que resuelva de fondo y de manera
congruente cada uno de los puntos expuestos en el recurso presentado frente al acto
administrativo citado». (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 24 de febrero de 2023, el Consejo de Estado –
Sección Cuarta admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de
Colombia como accionados, y a los demás aspirantes inscritos en la
citada Convocatoria 27 como terceros interesados en las resultas del
proceso.
4.1. La Universidad Nacional de Colombia, por medio del director
del Proyecto Contrato 096 de 2018, señaló que los recursos de
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022 fueron debidamente resueltos y que, en el caso de
la demandante, se rechazó el recurso de reposición, de conformidad
con el numeral 2º del artículo 77 del CPACA, porque no aportó el escrito
de recurso adjunto al correo electrónico que envió el 21 de septiembre
de 2023 a la dirección electrónica habilitada para ello, pese a que el
término para la interposición finalizó el 22 de septiembre de 2023.
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4.2. Las demás partes guardaron silencio.
5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través de sentencia de 23 de
marzo de 2023, rechazó por improcedente la acción de tutela de la
referencia por no acreditarse el requisito de subsidiariedad, toda vez
que considera que la accionante puede ejercer el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que procede con el fin de que
se declare la nulidad de actos administrativos de carácter definitivo,
tales como «el que confirmó el puntaje que obtuvo e impidió que
continúe en el proceso de selección» para ingresar a la carrera
administrativa de la rama judicial.
Expuso que el proceso contencioso administrativo prevé mecanismos
como las medidas cautelares, que permiten al juez adoptar las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. Sobre el particular, citó a la Sala Plena de esta
corporación, en sentencia del cinco de marzo de 20147, determinó:
«En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción
de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la
acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b)
procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que
se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia
del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo».
De este modo precisó que la actora en el proceso ordinario puede pedir
la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo
de exclusión, medida cautelar que resulta un medio de defensa ágil y
efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar el objeto del proceso
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y la efectividad de la sentencia, pues estas deben ser resueltas a más
tardar a los 15 días hábiles siguientes a la admisión de la demanda, de
conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si:
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¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y acceso a
cargos públicos de la señora Alba Estella Nieto Gaviria, al expedir
las Resoluciones CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 mediante las cuales se le
asignó y confirmó la puntuación final en el marco de la
Convocatoria 027 para la provisión de cargos de funcionarios en
la Rama Judicial?
3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN DESARROLLO DE
CONCURSOS DE MÉRITOS
A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene
que la acción de tutela tiene carácter residual, en tanto que su
procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro
mecanismo judicial que permita la protección de sus derechos
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable1.
Ahora bien, es necesario advertir que no basta con la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino que éste deberá ser eficaz en
1 Reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del
artículo 6° ibídem, ésta acción no procede cuando existen otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esto consiste su condición de medio judicial
subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la
tutela no procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales.
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cuanto al fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica la
realización de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto por
el ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de este
para lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, el juez de
tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del caso concreto
en que se encuentra el solicitante.
En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales
podrían controvertir las decisiones tomadas por la administración -las
cuales están contenidas en actos administrativos de carácter general o
de carácter particular- mediante las acciones señaladas en el Código
Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha estimado que éstas vías
judiciales no son idóneas y eficaces para restaurar los derechos
fundamentales conculcados2.
En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los
medios de control que regula la Ley 1437 de 2011 – CPACA. Por lo
tanto, en el evento de que se presente, en desarrollo del concurso, la
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para
el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa
judiciales para lograr la continuidad en el concurso.
Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha señalado
que estos son pasibles de los medios ordinarios de control judicial
2 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
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contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar, como
medida cautelar la suspensión del acto3.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que rechazó por
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Alba Estella
Nieto Gaviria en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de
Colombia.
De acuerdo con los antecedentes descritos, se encuentra que la
demandante reprocha las Resoluciones CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 por medio
de las cuales se publicaron los resultados del examen en el marco de la
Convocatoria 27 iniciada para proveer cargos de funcionarios en la
Rama Judicial.
Su inconformidad radica, en síntesis, en que no se dio respuesta de
fondo a las objeciones presentadas en ejercicio del recurso de
reposición a las preguntas 9, 18, 23, 28, 32, 34, 53, 59, 61, 62, 69,
82, 90 y 105 de la prueba de conocimientos y competencias. Asimismo,
al resolver el recurso «de manera generalizada, sin atender de manera
particular la alzada propuesta».
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
3 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010
(MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
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4.1. En primer lugar, la parte accionante solicitó la siguiente
información:
«9. Responda la pregunta 9 de acuerdo con el siguiente texto
¿Qué hace que una determinada moneda se acepte de forma generalizada como
medio de pago y depósito de valor? En la historia relativamente reciente la
respuesta a la cuestión anterior ha venido dada, en general, por el respaldo o
garantía bien de unas instituciones de confianza (dinero fiduciario, normalmente
respaldado por uno o varios estados), bien de un activo cuyo valor es de extendido
consenso y aceptación (como el oro u otros bienes materiales preciados). La clave
parece estar, en definitiva, en la confianza generalizada que aporta un emisor de
rigor y calidad consensuados, o en la confianza que se deposita en un valor claro,
mensurable y compartido que un determinado bien o activo puede poseer. Tomado
y adaptado de
https://www.bbva.penmind.com/economía/finanzas/bitcoinunacuestiónde–
confianza/
De acuerdo con el texto anterior, una de las condiciones para aceptar una moneda
como medio de pago NO sería
a) el marco institucional que respaldaría la validez del medio para su uso corriente
b) el consenso que facilitaría la aceptación de la moneda en las transacciones
cotidianas
c) la mensurabilidad, que estaría derivada de la confianza depositada en el medio
el valor otorgado que estaría asociada a una percepción común acerca del medio
d) el valor otorgado que estaría asociada a una percepción común acerca del medio
Clave de la Universidad: “c. la mensurabilidad, que estaría derivada de la
confianza depositada en el medio el valor otorgado que estaría asociada a una
percepción común acerca del medio”.
El enunciado persigue elegir la que no es una condición para aceptar la moneda
como forma de pago. El enunciado presenta error en el momento de lanzar la tarea
y al leer los ítems de repuesta están mal diseñados generando ambigüedades en el
momento de responder lo que desea la pregunta, cada uno de los ítems presenta
una condición. Sin embargo a su vez se muestran carentes de argumentos para
elegir la respuesta correcta.
No hay claridad en el diseño de los ítems de repuesta ya que todos son de alguna
manera, condiciones a favor. Los ítems son arbitrarios por lo que no se puede
aceptar ninguna respuesta como correcta.
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En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta o en su
defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 18:
Se puede afirmar que la utilización del término "continente" o del adjetivo
"continental" no es inocente.
No es de extrañar que Nueva Zelanda intente que este término sea aceptado por la
comunidad internacional, y que se le considere continente. Basta con examinar un
mapa especializado, para comprobar que, si Nueva Zelanda no se considera un
archipiélago, puede perseguir la extensión de su plataforma Continental, más allá
de la equidistancia respecto a Australia o Nueva Caledonia. Ese aumento de la
soberanía tiene, sin duda, enormes repercusiones políticas, y económicas que
justifican ese "esfuerzo" por intentar adoptar una nomenclatura que se basa en
datos científicos que se conocen hace décadas.
No es compatible el texto:
a) Nueva Zelanda haga respetar su estatus de Estado de archipiélago con intereses
económicos
b) Un geólogo busque evidencias para desacreditar los hallazgos de geólogos
neozelandeses.
c) Un historiador presente una perspectiva contraria sobre el reconocimiento de los
continentes.
d) Australia y Nueva Caledonia acepten el reconocimiento internacional del Nuevo
Continente.
Clave de la Universidad: “a. Nueva Zelanda haga respetar su estatus de Estado
de archipiélago con intereses económicos”.
En las opciones de respuesta tanto a) como b) pueden ser tomadas como no
compatibles ya que en el texto no se rescata que Nueva Zelanda quiera ser
reconocida como archipiélago, lo que tal vez busca es ser reconocida como
continente, y no habla de geólogos que pueden desvirtuar dicha teoría. No son
claras las dos opciones, carece de elementos para poder elegir una.
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta o en su
defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTAS 23 Y 28: Su resolución no implicaba aptitudes, porque era
necesario tener conocimiento de lógica formal, especialmente tablas de verdad, por
tanto son preguntas que requerían conocimientos específicos y no deben ser
valoradas en el ítem de aptitud. O en su defecto tenerse por acertadas.
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PREGUNTA 32:
32. Nutricionistas afirmaron que se podría bajar más de 5kg en dos meses,
suprimiendo una de estas cuatro opciones: azúcares, grasas, jugos y carnes rojas.
Los resultados fueron:
Todos los que suprimieron jugos y carnes rojas por 2 meses, disminuyeron 5kg
La mitad de los que suprimieron azucares y grasas por 2 meses, disminuyeron 8kg
Una persona suprimió azucares por un mes y disminuyó cuatro (8) kg
Todos suprimieron una por 2 meses y disminuyeron 8kg
La afirmación es:
a. Falsa, las personas suprimieron una y no disminuyeron 5kg
b. Verdadera, al menos una persona suprimió una y disminuyó 8kg
c. Falsa, no todas las personas que suprimieron una y disminuyeron 8 kg
d. Verdadera, todos suprimieron una y disminuyeron 5kg
Clave de la Universidad: “d. Verdadera, todos suprimieron una y disminuyeron
5kg”.
Esta pregunta tiene un error en los ítems de repuesta que no permite precisar una
respuesta. Presenta un error entre letras y números en el presupuesto anotado como
“Una persona suprimió azucares por un mes y disminuyó cuatro (8)kg” que es
contraproducente en la taxonomía de la pregunta. No se puede validar el ítem.
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta o en su
defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 34:
34. La autoridad de transito establece que en una vía todos los carriles para
automóviles deben tener igual ancho. Se planea ampliar el ancho de una vía que
consta inicialmente de (4) cuatro carriles para automóviles. Si se propone ampliar
el ancho de una vía en un 30%, destinado un 20% de esta ampliación para la
movilización de bicicletas, y el porcentaje restante para un nuevo carril de
automóviles, se estaría incumpliendo con el requerimiento de la autoridad de
tránsito, porque:
a. La ampliación total debe contemplar un mínimo del 40% del ancho inicial de la
vía.
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b. Solo se destinaría un 24% del ancho inicial de la vía para el carril de
automóviles.
c. Solo quedaría disponible un 10% de ancho inicial de la vía para el carril de
automóviles.
d. Se debe destinar máximo el 5% del ancho inicial de la vía para el carril de
bicicletas.
Clave de la Universidad: “b. Solo se destinaría un 24% del ancho inicial de la
vía para el carril de automóviles”.
Se considera errónea la clave de respuesta proporcionada por la Universidad, dado
que al preguntarse porqué se incumple con el requerimiento de la autoridad de
tránsito, en atención a que si la vía consta inicialmente de cuatro carriles para
automóviles, y es ampliada en un 30%, es decir, sube 1 metro y 20 cm en total, de
los cuales se utilizará un 20% para bicicletas, es decir, 24 cm.
Así las cosas, la vía completa queda en 4,96 cm, de los cuales 96 cm equivalen al
carril adicional y a “un 24% del ancho inicial de la vía”.
Si bien el enunciado de la respuesta es correcto, lo cierto es que la clave
seleccionada no responde al interrogante planteado, que versa sobre la razón
por la que se vulneró la regla de mantener la equivalencia de medida en los 5
carriles, lo cual solo podía obedecer a dos razones, a que: i) no se hizo la
ampliación en la medida mínima requerida o a que ii) el área dispuesta para
bicicletas excedió lo que correspondía (supuestos que si tienen en cuenta las
respuestas a y d).
Por lo tanto, la Universidad Nacional calificó como acertada una respuesta que, a
pesar de ser cierta, no responde lo preguntado, con lo cual creó una ventaja
injustificada a favor de los participantes que marcaron la respuesta b), que
establece el porcentaje final de la medida, pero no la razón por la que se vulneró
la regla de equivalencia entre los carriles establecida por la autoridad de tránsito.
Así las cosas, como la ventaja dada a los participantes que marcaron la b) me afecta
directamente, dado que mi puntaje y posibilidad de aprobación depende de la
puntación que a ellos les fue otorgada, solicito que se restablezca el equilibrio en
la calificación, así:
Primero: Se me sume esta pregunta dentro de los aciertos, dado que marqué una
premisa que responde a lo preguntado -cuál fue la razón por la que se vulneró la
distancia mínima-.
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Segundo: En forma subsidiaria, se me sume esta pregunta dentro de los aciertos,
aunque la respuesta que elegí no fuera la correcta, porque, en aras de la igualdad,
objetividad e imparcialidad, así como para mantener el equilibrio en la
calificación, debe darse el mismo trato que se otorgó a quienes eligieron la c), pues
si ellos con una respuesta incorrecta obtuvieron puntaje, igual solución se debe
aplicar en mi caso, en virtud del recurso interpuesto en esta oportunidad.
En caso de que no se acceda a esta pretensión, solicito que se me informe dentro
de las personas que aprobaron en el cargo de Magistrado de Tribunal
Administrativo a cuántos se les calificó como acertada la respuesta b) de la
pregunta 34. En este aparte no se solicitan datos personales, sino sólo la cantidad
de personas a las que se les calificó la pregunta como correcta, beneficiándose de
un error de la Universidad.
Tercera: En forma subsidiaria, se corrija la calificación de este ítem, en el sentido
de computar a todos los participantes los aciertos reales que tuvieron y excluir este
a quienes seleccionaron la clave b), que corresponde a un error del calificador.
PRGUNTA (sic) 53:
53. Las normas que condicionan las demás normas, tienen un contenido abstracto
y abierto, y están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios
interpretativos del resto del ordenamiento, se denomina:
a. Directrices.
b. Reglas.
c. Principios.
d. Valores.
Clave de la Universidad: “d. Valores”
La forma en que está redactada la pregunta admite dos respuestas o claves válidas.
En efecto, la clave que se asume como válida por la Universidad es la d) “valores”,
pero también es válida la clave c) “principios”, habida cuenta, que para la doctrina
y el Tribunal Constitucional propio, el principio y el valor, es lo mismo, vale decir,
son criterios de interpretación de la ley.
Ciertamente, en la Sentencia C-1287 de 2001 con ponencia del magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA, la Corte Constitucional señala con
suprema claridad, con sustento en la doctrina especializada sobre la materia, que:
i) tanto los valores como los principios condicionan las demás normas, y, ii) que
la distinción entre valores principios, es de grado de abstracción y de apertura
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normativa, en el sentido que las normas que reconocen valores serían normas más
abstractas y abiertas que las que consagran principios.
En efecto, la naturaleza de ser los valores y los principios normas condicionantes
y con un contenido abstracto y abierto se expuso claramente en la sentencia:
“En lo que concierne a la noción de valores constitucionales, es posible apreciar un
acuerdo en cuanto al contenido esencial de dicha noción en los autores que abordan el
tema. En primer lugar la doctrina coincide en considerar que las normas que reconocen
valores son de naturaleza abstracta e inconcreta; para algunos son normas que orientan
la producción e interpretación de las demás normas, y que en tal condición fijan criterios
de contenido para otras normas; para otros, las normas que reconocen valores al igual
que las que consagran principios, determinan el contenido de otras normas, y aquéllas
sólo se diferencian de éstas por su menor eficacia directa, aplicándose estrictamente en
el momento de la interpretación. Lo cierto es que en todas las anteriores formulaciones
subyace la idea de que las normas que reconocen valores condicionan las demás normas,
y tienen un contenido abstracto y abierto, es decir, están formuladas como cláusulas
generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento.”
“1.1.2. Frente a las disposiciones que reconocen valores, las que consagran los principios
también serían normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de
concreción y por lo tanto de eficacia, alcanzando por sí mismos proyección normativa.
Así, finalmente la distinción entre principios y valores, sería una diferencia de grado de
abstracción y de apertura normativa. Las normas que reconocen valores serían normas
más abstractas y abiertas que las que consagran principios. Éstas, por ser más precisas,
tendrían proyección normativa, es decir aplicabilidad concreta o eficacia”
Por lo anterior, es claro que tanto los valores como los principios cumplen los
supuestos del cuestionamiento, vale decir, i) son normas que condicionan las
demás normas, ii) tienen un contenido abstracto y abierto, iii) y están formuladas
como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del
ordenamiento, por lo que las claves de respuesta d) universidad, y c suscrita, serían
correctas.
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta o en su
defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 59:
59. De acuerdo con varios autores de la teoría del derecho y con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, el juicio de proporcionalidad comprende varios niveles
o etapas. Una de ellas corresponde a la relación causal entre una medida restrictiva
y el principio constitucional que se busca maximizar, y se conocen con el nombre
de:
a. Adecuación
b. Proporcionalidad en estricto sentido
c. Necesidad
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d. Subsunción en sentido amplio.
Clave de la Universidad: “a. Adecuación”
El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la
adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la
necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no
exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los
principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la
proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el
principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios
constitucionalmente más importantes (Módulo Interpretación Constitucional-
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla-2017- pág.55).
Igualmente para la Corte Constitucional “El concepto de proporcionalidad
comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para
la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios
para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y
que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el
uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin,
es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique
principios constitucionalmente más importantes”(Sentencia C- 022 de 1996)
Por ello en relación con el principio de proporcionalidad, la adecuación se refiere
a la idoneidad del medio para el logro de un fin constitucionalmente válido,
mientras que la proporcionalidad en sentido estricto, se relacionada con la
proporcionalidad medios y fin, esto es que la medida adoptada no sacrifiquen
valores y principios que tenga un mayor peso que el principio que se quiere
satisfacer (Sentencia T-422 de 1992).
Conforme a lo anterior la proporcionalidad en sentido en estricto se sustenta en
que exista una relación causal entre el principio que se restringe y el principio
constitucional que se busca maximizar, toda vez que, solo se justifica la restricción
de un principio si el principio que se salvaguarda tiene un fin mayor o mayor peso.
De tal forma la respuesta acorde a la doctrina y la jurisprudencia, es la opción b,
esto es la proporcionalidad en sentido estricto.
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta o en su
defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 61:
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61. La interpretación del derecho realizada por la persona que tiene la facultad de
ofrecer una decisión con autoridad para un caso específico, esto es, producir una
solución de carácter normativo que constituye, en concreto, la aplicación del
derecho corresponde a la interpretación:
a. Doctrinal
b. Literal
c. Operativa
d. Fáctica
Clave de la Universidad: “c. Operativa”
Se considera una pregunta con dos opciones de respuesta válidas, por cuanto la
pregunta se torna ambigua, ya que la expresión “con autoridad” contenida por el
artículo 25 del Código Civil, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C- 820 de 2006, por lo que su formulación desconoce la postura
del Máximo Tribunal Constitucional; aunado a lo anterior, se advierte que la
interpretación operativa no es ejercida por el juez (persona con facultad para
ofrecer una decisión), sino por el legislador, y aquel no tiene la facultad de decidir.
Del mismo modo, debe advertirse que entre los diversos criterios de interpretación
en el Derecho se destaca, por su carácter histórico y formal, la interpretación literal,
la misma que se legitima por la aplicación de los principios de legalidad y de
congruencia procesal.
Sobre la literalidad de la norma, y por ende el deber de su aplicación por parte de
los funcionarios judiciales, que conforme a la Carta Política en su artículo 4º están
sometidos al imperio de la ley; la Corte Constitucional ha dicho:
“(…) De otro lado, en caso que la Corte considerase que existe cargo de
inconstitucionalidad, la norma demandada es compatible con la Constitución. En primer
término, el mandato de atender la literalidad de las disposiciones legales es desarrollo
del Preámbulo y de los artículos 1º, 2º y 150 de la Constitución Política, en cuanto
propugna por la calidad de los mandatos jurídicos y, por lo mismo, por la eficacia del
principio de certeza y seguridad jurídicas. En términos del Consejo de Estado “la
redacción de un texto legal no puede generar confusión en los destinatarios, sino todo lo
contrario, ofrecer estabilidad y certezas jurídicas. Como la sociedad tiene el deber
supremo de acatar la ley, obviamente cuenta con el derecho de exigir de la autoridad la
claridad normativa, pues lo último que la norma jurídica puede hacer es generar
incertidumbre, aspecto que riñe con su fin. La claridad de la ley, indudablemente, facilita
su observancia y, sobre todo, la adecuación de la conducta humana dentro de lo justo y
legal. || De esta manera el artículo 27 C.C. además de permitir interpretar la ley, es un
mandato dirigido al legislador para vincularlo a expedir leyes nítidas, de fácil
entendimiento para los asociados”. (…)
(…) Para la Sala, la interpretación gramatical que atiende la literalidad de un texto legal
no resulta incompatible con la Constitución, en la medida que, contrario a lo argumentan
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los demandantes, la aplicación de dicha modalidad de interpretación en modo alguno
puede ser comprendida como una licencia para dejar de aplicar los preceptos
constitucionales, a partir del uso exclusivo de la norma de rango legal. Esta imposibilidad
se infiere del mandato superior según el cual, en caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley, se deben aplicar las disposiciones constitucionales, como lo ordena
el artículo 4º de la Carta. Llevando dicha premisa al caso analizado, se encuentra que,
en realidad, el cuestionamiento de la validez constitucional que se plantea en la demanda
parte de una interpretación equivocada de la disposición legal acusada, que no desconoce
uno de los postulados axiales del Estado de Derecho, como lo es, el principio de la
supremacía constitucional (…). Sentencia de la Corte Constitucional, Sentencia C-054 de
2016. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Así las cosas, y dado que la Universidad Nacional con esta pregunta anota un
enunciado que no corresponde a la normatividad y jurisprudencia vigente, y de
conformidad con el artículo 26 del Código Civil, los jueces y los funcionarios
públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y a los negocios
administrativos, la interpretan la ley por vía de doctrina, pues establece la norma:
ARTICULO 26. <INTERPRETACION DOCTRINAL>. Los jueces y los funcionarios
públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios
administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido,
así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones
generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares.
Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por
vía de doctrina.
Solicito que se tenga como válida mi respuesta, y me sea asignada una puntuación
correcta, o en su defecto se excluya la pregunta del examen.
PREGUNTA 62:
62. Según el Código General del Proceso la carga de la prueba comprendida como
exigencia del comportamiento de las partes en el proceso, exigencia es
consagración normativa que tiene como finalidad:
a. Obligación sustancial de las partes de buscar y ofrecer a través de la prueba la
verdad como garantía fundamental del debido proceso.
b. Deber de colaboración, de las partes para probar los hechos de la demanda y la
contestación.
c. Carga del ejercicio de los derechos procesales, consistente en la colaboración
con la justicia civil, la búsqueda de la verdad y de un orden justo en el proceso.
d. Imperativo que les impone la obligación de aportar las pruebas para la fijación
del litigio y asegurar el derecho sustancial.
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Clave de la Universidad: “c. Carga del ejercicio de los derechos procesales,
consistente en la colaboración con la justicia civil, la búsqueda de la verdad y de
un orden justo en el proceso.”
Se considera errónea la clave anotada por la Universidad Nacional, en atención a
que la carga de la prueba exigida como un comportamiento de las partes no sólo
es exigible en el proceso civil, sino también en procesos comerciales, de familia y
agraria, así como en la Contencioso administrativa.
Al respecto establece el artículo 1 del Código General del Proceso:
“ARTÍCULO 1o. OBJETO. Este código regula la actividad procesal en los asuntos
civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de
cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades
administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados
expresamente en otras leyes.”
Y a su turno el artículo 167 del Código General del Proceso, preceptúa:
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de
parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que
se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los
hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud
de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la
cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
Del tal forma que, la carga de la prueba en los términos del inciso segundo del
artículo 167 del Código General del Proceso, es el deber de las partes para probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen, lo que se refleja en los hechos afirmados en la demanda y los medios
exceptivos indicados en la contestación.
En este sentido la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha señalado:
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“El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio de la carga de
la prueba, que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos
fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la
excepción. Y de acuerdo con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil “Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso”. Ahora bien, como lo ha manifestado la jurisprudencia nacional en materia de
la carga de la prueba, para lograr que el juez dirima una controversia de manera
favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y
completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación;
pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos
los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá
acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste
en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que
los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en
este sentido, en relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien
presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que
aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea,
más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean
reconocidos”.
En este orden, es claro que la respuesta correcta es la b), esto que conforme al
Código General del Proceso, la carga de la prueba comprendida como exigencia
del comportamiento de las partes en el proceso, tiene como finalidad, el deber de
colaboración, de las partes para probar los hechos de la demanda y la contestación,
o mejor expuesto, el deber de probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
En virtud de lo anterior, solicito que se tenga como válida mi respuesta, y me sea
asignada una puntuación correcta, o en su defecto se excluya la pregunta del
examen.
PREGUNTA 69:
69. Dentro del trámite de un proceso, el funcionario judicial decide en la audiencia
inicial, ante la inasistencia injustificada de las partes, realizar a fijación de los
hechos objeto del litigo, lo cual es:
a. Ajustado a derecho en virtud de la facultad oficiosa atribuida legalmente al
funcionario judicial como director del proceso que ordena suplir esa actividad de
las partes.
b. Contrario a derecho al quebrantar el principio dispositivo que le confiere
iniciativa exclusiva a las partes para fijar el objeto del litigio en esta fase del
proceso.
c. Correcto porque el objeto del litigio ya está delimitado por la demanda y su
contestación y su fijación es ratificación de lo consignado en ellas.
d. Legal pues se ha garantizado el acceso a la Administración de Justicia.
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Clave de la Universidad: “b. Contrario a derecho al quebrantar el principio
dispositivo que le confiere iniciativa exclusiva a las partes para fijar el objeto del
litigio en esta fase del proceso.”
Como se indicó al no existir ningún tipo de distinción respecto de las preguntas de
conocimiento, esto es, si se trataban de la parte general o de la parte específica, y
sin que la pregunta a estudio fuera circunscrita al Código General de Proceso a la
Ley 1437 de 2011, los participantes no tenían claridad bajo que normativa debía
darse solución.
Observarse que numeral 4 del artículo 372 del Código General de Proceso dispone:
“ARTÍCULO 372. AUDIENCIA INICIAL. El juez, salvo norma en contrario, convocará
a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las
consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios a las
partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
4. Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante hará
presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el
demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir
ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.
Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse, y
vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto,
declarará terminado el proceso.
Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán, en lo pertinente, para
el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros principales.
Cuando se trate de litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores solo se aplicarán
por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de
litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicarán al litisconsorte ausente”.
Por su parte, numeral 2º del artículo 180 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra:
“ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda
o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una
audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
2. Intervinientes. <Ver Notas del Editor> Todos los apoderados deberán concurrir
obligatoriamente. También podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público.
La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia,
salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente”.
En este orden, son consecuencias diferentes ante la insistencia de las partes y los
apoderados en la audiencia inicial las que conllevan las normas procesales en
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materia de procedimiento general en relación con el procedimiento administrativo,
por ello era indispensable que la pregunta fuera enmarcada en un régimen
específico, el general o el contencioso administrativo, y como ello no fue así, debe
tenerse como válida mi respuesta, toda vez que, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, área para la cual concurse, es legal realizarse la fijación del litigio
sin la asistencia de las partes ni de sus apoderados, puesto que con su citación se
garantiza el acceso a la administración de justicia.
Por lo anterior, solicito que se tenga como válida mi respuesta, y me sea asignada
una puntuación correcta, o en su defecto se excluya la pregunta del examen.
PREGUNTA 82:
82. Se estudia el caso de una psicóloga a quien le solicitan información desde una
entidad pública en relación con uno de sus clientes. Conforme a la solicitud, esta
se utilizará de manera anónima para ilustrar casos de acoso laboral. La psicóloga
se niega, aduciendo protección del secreto profesional. Desde una perspectiva
constitucional, dicho secreto profesional se encuentra amparado por:
a. El carácter de secreto profesional.
b. El carácter de la información.
c. La relación personal.
d. La utilización de la información.
Clave de la Universidad: “c. La relación personal.”
Según lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Nacional, todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca,
señalando expresamente que el secreto profesional es inviolable.
En desarrollo de dicha normativa constitucional, el artículo 24 de la Ley 1437 de
2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015 dispuso que solo tendrán carácter de
reservado las informaciones expresamente sometidas a reserva por la constitución
o la ley, en especial, entre otros asuntos los relacionados con las historias clínicas
y el secreto profesional.
Por su parte el artículo 10 de la Ley 1090 de 2006, “Por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético
y otras disposiciones”, son obligaciones del psicólogo:
“ARTÍCULO 10º. Deberes y obligaciones del psicólogo. Son deberes y obligaciones del
psicólogo:
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a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga,
los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados
por las disposiciones legales; (…)”
Así mismo el artículo 23 de la norma en cita consagra que “El profesional está
obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones del
ejercicio de su profesión haya recibido información.”
De lo anterior es claro que el secreto profesional se encuentra amparado bajo
reserva en razón al carácter de la información, así lo ha señalado, la Corte
Constitucional, al indicar que “el secreto profesional consiste en la información
reservada o confidencial que se conoce por el ejercicio de determinadas
profesiones y que se encuentra cubierta por un derecho-deber en cabeza de los
profesionales”. (Sentencia C-301 de 2012).
Por lo anterior, solicito que se tenga como válida mi respuesta, y me sea asignada
una puntuación correcta, o en su defecto se excluya la pregunta del examen.
PREGUNTA 90:
90. Un empleado público por las funciones especiales que desempeña y por la
necesidad del servicio, no ha podido disfrutar de las vacaciones de los últimos tres
años, solicita su disfrute de lo acumulado en tiempo. La entidad resuelve que
compensará económicamente dos periodos y ordena que el tercero sea disfrutado
efectivamente en tiempo. El empleado público demandó y solicitó sentencia
anticipada, para que el disfrute de sus vacaciones se dé solo en tiempo. Al resolver
el caso el órgano judicial competente debe:
a. Ordenar que la entidad reconozca en tiempo un periodo más, acorde con el límite
de compensación.
b. Requerir a la entidad un reemplazo para que el funcionario disfrute de sus
vacaciones en tiempo.
c. Ordenar que la entidad le conceda lo solicitado, garantizando el derecho al
descanso.
d. Confirmar la resolución, porque la decisión de la entidad está ajustada a derecho.
Clave de la Universidad: “a. Ordenar que la entidad reconozca en tiempo un
periodo más, acorde con el límite de compensación.”
La formulación de la pregunta no es acorde a derecho, dado que el artículo 1, del
Decreto 1045 de 19786, aplicable al caso, por cuanto la pregunta señala que el caso
involucra a un empleado público que no ha disfrutado de vacaciones en los últimos
tres años, establece:
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ARTÍCULO 1. Del campo de aplicación. El presente Decreto fija las reglas generales a
las cuales deben sujetarse algunas entidades de la administración pública del orden
nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales señaladas por la
ley para su personal.
Y frente al derecho a las vacaciones y su disfrute precisa que sólo se podrán
acumular vacaciones hasta por dos años:
ARTICULO 13. De la acumulación de vacaciones. Sólo se podrán acumular vacaciones
hasta por dos años, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidades del
servicio.
Por todo lo anterior, es claro que la pregunta tiene un supuesto de hecho que no
corresponde con el ordenamiento jurídico, como quiera que el límite de
acumulación de las vacaciones es hasta por dos años, es decir, dos periodos, y si
el órgano judicial ordena que la entidad reconozca un período más por el límite de
compensación (clave de respuesta A), esta decisión sería manifiestamente ilegal,
como quiera que el artículo 13 del Decreto 1045 de 78 señala que “Sólo se podrán
acumular vacaciones hasta por dos años”.
Es más, en un caso similar a la pregunta analizada, vale decir, el Departamento
Administrativo de la Función Pública en el Concepto 71441 de 2019 concluye que
“En conclusión, la ley sólo permite que se acumulen dos (2) períodos de
vacaciones, cuando haya necesidad del servicio y siempre que esto obedezca a
aplazamiento de las vacaciones decretado por resolución motivada”
En efecto, en el encabezado del concepto se señala:
En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual nos indica cómo
proceder ante un caso de vacaciones acumuladas, cuando se ha solicitado el
disfrute de las mismas sin haber obtenido respuesta por parte del director o jefe
inmediato.
Se debe precisar, que en ese concepto se trae a colación que sobre el tema del
descanso en virtud de las vacaciones, la sentencia C-598 de 1997, en donde afirmó
el Tribunal Constitucional que la compensación en dinero de las vacaciones está
prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, y precisamente el
Decreto 1045 de 1978 en el artículo 13, señaló taxativamente que sólo se podrán
acumular vacaciones hasta por dos años, siempre que ello obedezca a aplazamiento
por necesidades del servicio:
El extracto de la sentencia C-598 de 1997 es del siguiente tenor
“Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como
quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
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empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las
vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado.
Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos
taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador
efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es en caso de que los
trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria.”
Por lo anterior, solicito que se tenga como válida mi respuesta, y me sea asignada
una puntuación correcta, o en su defecto se excluya la pregunta del examen.
[…]».
Frente a esto, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, por medio de Resolución n.° CJR23-
0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2, contestó:
«Pregunta No. 9
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque el respaldo institucional se cita como uno de los
factores que garantizan la validez de una moneda como medio de pago. Este se
presenta en forma de respaldo estatal.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque de acuerdo con el texto, "La clave parece estar, en
definitiva, en la confianza generalizada que aporta un emisor de rigor y calidad
consensuados", por lo que el consenso entre los miembros de la sociedad es
importante para que una moneda tenga validez como medio de pago en las
transacciones cotidianas.
La opción C es la respuesta correcta porque en el texto, es la confianza en el medio
de pago la que surge a partir del criterio básico de mensurabilidad. Sin embargo,
lo contrario no es cierto: la mensurabilidad no depende de la confianza en el medio
de pago.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque según el texto, una percepción extendida sobre el valor
de un objeto (como el oro) es necesaria para que dicho objeto se pueda usar como
medio de pago
Pregunta No. 18
La opción A es la respuesta correcta porque el interés de Nueva Zelanda estaría
encaminado a ser reconocido como un continente, lo cual implicaría cambiar su
estatus actual de estado archipelágico.
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La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si parte de los reclamos de Nueva Zelanda se basan en
evidencia geológica, un experto en esta área con el interés de que Nueva Zelanda
no sea reconocida como continente, podría atacar la evidencia disponible que
soporta la idea de que Nueva Zelanda es un continente.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la discusión sobre el estatus de Nueva Zelanda podría
incluir las observaciones sobre los límites geográficos desde perspectivas como la
historia.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque el hecho de que Nueva Zelanda tenga intereses en ser
reconocida como continente, no impide que en Australia o Nueva Caledonia su
iniciativa reciba apoyo o se acepte. La información presente en el texto no permite
afirmar que una eventual aceptación por parte de estos países es contradictorio con
el planteamiento del autor.
Pregunta No. 23
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si bien la argumentación de Q sí es incorrecta, para la
argumentación de P, si las herramientas de caza que se encuentran son de tamaño
pequeño y poco peso, no se puede concluir que el grupo sea nómada, ya que pueden
pertenecer a otro grupo, pues no se garantiza que las herramientas pequeñas y de
poco peso sean de uso exclusivo de este grupo, de acuerdo con la información del
contexto.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque para la argumentación de P, si las herramientas de caza
que se encuentran son de tamaño pequeño y poco peso, no se puede concluir con
total certeza que el grupo sea nómada y, para la argumentación de Q, si no se
encontraron estructuras de resguardo, se puede concluir correctamente que el
grupo no es sedentario; como los restos son, o de un grupo nómada o de uno
sedentario, pero no son de un grupo sedentario, entonces son de un grupo nómada,
por lo cual SÍ es posible determinar si el grupo era nómada o sedentario.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si bien la argumentación de P SÍ es incorrecta, para la
argumentación de Q se debe considerar que, si no se encontraron estructuras de
resguardo, se puede concluir correctamente que el grupo no es sedentario; como
los restos son o de un grupo nómada o de uno sedentario, pero no son de un grupo
sedentario, entonces son de un grupo nómada, por lo cual SÍ es posible determinar
si el grupo era nómada o sedentario.
La opción D es la respuesta correcta porque de los resultados de la investigación
se puede concluir que el grupo era nómada; sin embargo, el argumento de P es
incorrecto porque esto se puede sustentar por el hecho de no haber encontrado
estructuras de resguardo, más no por haber encontrado herramientas de caza de
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tamaño pequeño y poco peso, lo cual es una condición necesaria pero no suficiente
para caracterizar a un grupo como nómada, pues no se garantiza que las
herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso exclusivo de este grupo.
Pregunta No. 28
La opción A es la respuesta correcta porque si se considera como verdadera la
afirmación “si se aumenta el presupuesto del proyecto, se puede contratar más
personas”, pero se niega que se contraten más personas, entonces se puede concluir
que no se aumenta el presupuesto en virtud de la relación propuesta. Sin embargo,
si se niega que se contratan más personas, no se puede concluir que la tasa de
desempleo no vaya a disminuir. Esta disminución puede darse por factores ajenos
a la contratación en el proyecto. Por tanto, si no se contratan más personas, se
puede afirmar que no se aumenta el presupuesto, pero podría disminuir la tasa de
desempleo.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque es suficiente con que se aumente el presupuesto para
que se contraten más personas. Por tanto, si no se contratan más personas, la única
conclusión a la que se puede llegar es que el presupuesto no aumenta. De manera
análoga, es suficiente con que se contraten más personas para que la tasa de
desempleo disminuya. Sin embargo, aún si no se contratan más personas, la tasa
de desempleo puede mantenerse constante.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si bien es cierto que solo se puede concluir que no se
aumenta el presupuesto al no contratar más personas, la segunda afirmación es
falsa. Es suficiente con que se contraten más personas para que la tasa de
desempleo disminuya. Sin embargo, aún si no se contratan más personas, la tasa
de desempleo puede mantenerse constante.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque no se está teniendo en cuenta que se está negando la
contratación de más personas (y por lo tanto, no se puede concluir que el
presupuesto aumenta), por lo que afirmar que si se contratan más personas
disminuye la tasa de desempleo, es falso.
Pregunta No. 32
La opción A es la respuesta correcta porque “para bajar más de 5 kg en dos meses
se debe suprimir en la dieta diaria solo una de las cuatro condiciones” y los sujetos
que suprimieron solo una condición, únicamente bajaron 5 kg, por tanto, los
sujetos no bajaron más de los 5 kg.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque aunque el sujeto que suprimió una sola condición haya
bajado más de los 5 kg no cumplió con el tiempo planteado en el estudio, por tanto,
no se pueden garantizar los efectos que pudo tener el otro mes en el peso del sujeto.
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La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque así los sujetos hayan bajado más de los 5 kg, no están
cumpliendo con uno de los requerimientos de la investigación, que es suprimir sólo
una condición.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque todos los que suprimieron solo una condición bajaron
únicamente 5 kg y los nutricionistas afirman que: “para bajar más de 5 kg en dos
meses se debe suprimir en la dieta diaria solo una de las cuatro condiciones”; por
tanto, no bajaron más de los 5 kg.
Pregunta No. 34
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si se mantiene el 20 % del total de la ampliación
destinado al carril de bicicletas, entonces bastaría con que se realizara una
ampliación del 31,25 %, y no del 40 %, para que el carril de automóviles tenga un
25 % del 31,25 %, quedando el 6,25 % para el carril de las bicicletas.
La opción B es la respuesta correcta porque de la ampliación propuesta, el 80 %
estaría disponible para el nuevo carril de automóviles. Dicho porcentaje, en la
ampliación del 30 % equivale a un 24 %, lo cual, de acuerdo con lo enunciado
sobre los requerimientos mínimos establecidos por la autoridad de tránsito, no es
suficiente, porque se debería cumplir con el 25 % de ancho del carril para cumplir
la condición de igualdad con los otros carriles.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque de la ampliación propuesta, el 80 % estaría disponible
para el nuevo carril de automóviles. Dicho porcentaje, en la ampliación del 30 %
equivale a un 24 %, que es mayor que el 10 %.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque de la vía, y se destina un porcentaje máximo del 16,67
% del área añadida y no del 5 % para el carril de bicicletas, quedaría disponible el
25 % del área total para el nuevo carril de acuerdo con lo establecido por la
autoridad de tránsito y, por tanto, el carril de las bicicletas no necesariamente debe
tener un porcentaje máximo del 5 % de la ampliación.
Pregunta No. 53
Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador jurídico y, en especial,
para los jueces y magistrados, es fundamental conocer los diferentes tipos de
normas que integran un sistema jurídico con el objeto de poder interpretarlas y
aplicarlas.
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque las directrices ordenan o permiten que se alcance un
estado de cosas o fin general en la mayor medida de lo posible.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque las reglas son normas que tienen un supuesto de hecho
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formulado de forma cerrada y ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es
decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten
algo definitivamente.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque los principios también son normas que condicionan las
demás normas, pero con mayor grado de concreción y, por lo tanto, de
aplicabilidad concreta, alcanzando por sí mismos proyección normativa.
La opción D es la respuesta correcta porque tanto la doctrina como la
jurisprudencia constitucional han definido los valores de la forma expuesta en el
enunciado.
Pregunta No. 59
Esta pregunta es pertinente porque como lo ha indicado la Corte Constitucional,
“tradicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha aplicado la ponderación para
solucionar colisiones entre derechos y principios fundamentales” (sentencia T-027
de 2018). Por esta razón, su conocimiento es imprescindible para jueces y
magistrados.
La opción A es la respuesta correcta porque en el juicio de proporcionalidad la
“adecuación” consiste en la relación causal entre la medida restrictiva y el
principio constitucional que se busca maximizar, de manera que, si se decide
restringir un derecho o principio, efectivamente se debe buscar la maximización
del derecho enfrentado.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque en el juicio de proporcionalidad la “estricta
proporcionalidad” hace referencia a la relación costo beneficio de la restricción,
enfrentada con la maximización no podría un juez restringir fuertemente un
derecho, para maximizar débilmente otro. Una decisión es justificada si los
beneficios obtenidos (la maximización de un derecho) supera los costes (la
restricción de otro derecho).
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque en el juicio de proporcionalidad, la “necesidad” se
relaciona con la obligación del juez constitucional o del legislador, de seleccionar
el mecanismo más benigno para la restricción del derecho, en el sentido de que no
exista un medio alternativo, igual de idóneo, y menos gravoso.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la subsunción consiste en la calificación de los hechos
probados empleando los términos generales con los que se formulan los
enunciados normativos relevantes para resolver la cuestión central.
Pregunta No. 61
Esta pregunta es pertinente porque los efectos de la interpretación del derecho que
desarrollan jueces y magistrados dependen principalmente de las competencias
que les atribuye el ordenamiento jurídico, entre las cuales está la de decidir con
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autoridad los conflictos y asuntos sometidos a su conocimiento. Por consiguiente,
es necesario que conozcan las diferentes clasificaciones de la interpretación
jurídica, en especial aquella que distingue entre interpretación “operativa” e
interpretación “doctrinal”.
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la interpretación “doctrinal” o “científica” no tiene
eficacia normativa, puesto que quien la realiza no tiene competencias jurídicas y
lo hace con una perspectiva puramente teórica, generalmente en medios
académicos.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque interpretación “literal” consiste en la obtención, a
partir de un texto cuyo significado no es enteramente comprensible, de un nuevo
texto que tenga el mismo significado que el texto original, pero que lo exprese
mejor. En la interpretación literal, entonces, se sustituye uno de los elementos
formales del mensaje, del texto jurídico, por otro tipo de expresión que tiene la
virtud pragmática de poder ser entendida de mejor forma.
La opción C es la respuesta correcta porque la denominada interpretación
“operativa” o interpretación de los órganos jurídicos es la interpretación realizada
por la persona que tiene la facultad de ofrecer una decisión con autoridad para un
caso específico, esto es, producir una solución de carácter normativo que
constituye, en concreto, la aplicación del derecho.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la interpretación fáctica corresponde a la
interpretación de los hechos que, la mayoría de las veces, funcionan como
condiciones para la aplicación de las normas en un caso concreto.
Pregunta No. 62
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la naturaleza de la carga de la prueba es más bien la
de una carga procesal que para las partes en el proceso “comportan o demandan
una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables,
como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la
pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”. (Sentencia C-086-16). En
cambio, la obligación procesal, es una prestación de contenido patrimonial que se
impone a las partes en virtud del proceso y “obedece[n] al concepto de
responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho
de defensa”. (Sentencia C-086-16).
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la carga de la prueba simplemente demanda de las
partes en el proceso “una conducta de realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho
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procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”.
(Sentencia C-086-16). Por el contrario, los deberes procesales “[s]e caracterizan
porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho
público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6°
del Código (artículo 6° del CGP)”. (Sentencia C-086-16). En síntesis, los deberes
procesales son imperativos legales que impone la ley y tienen como fin la adecuada
realización del proceso; por consiguiente, la conducta “es exigible cuando no
puede ejecutarse el acto debido por intermedio del juez o de otra persona”. (DEVIS
ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Temis.
2006, p. 397.
La opción C es la respuesta correcta porque se consagra legislativamente la carga
de la prueba en el CGP tomando en consideración que “[e]n efecto, responde a
fines constitucionalmente legítimos: ejercer los derechos con responsabilidad y
colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir
al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la
prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo”. “Es
también una carga adecuada para lograr esos mismos cometidos, si se tiene en
cuenta que quien invoca un hecho lo hace –lo debe hacer- sobre la base de un
conocimiento previo del mismo y por lo general dispone de algunos elementos
mínimos para dar crédito a sus afirmaciones, en especial cuando pretende obtener
algún beneficio de ellos; igualmente, contribuye eficazmente con el juez en su
tarea de dilucidar la verdad, garantizar la primacía del derecho sustancial y resolver
los litigios dentro de un término razonable (celeridad)”. (Sentencia C-086-16).
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la noción de carga de la prueba debe entenderse en su
naturaleza como una carga procesal que se destaca “porque el sujeto a quien se
la[s] impone la ley conserva la facultad de cumplirla[s] o no, sin que el Juez o
persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo
que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear
consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo, probar los supuestos de hecho para
no recibir una sentencia adversa”. (Sentencia C-086-16). Como consecuencia esta
opción al involucrar los términos “imperativo” y “obligación” excluye cualquier
posibilidad de tenerla por correcta, porque ellos no son compatibles jurídicamente.
En efecto, como conclusión se señala que las obligaciones procesales “obedecen
al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción
o del derecho de defensa”. (Sentencia C-086-16).
Pregunta No. 69
Esta pregunta es pertinente teniendo en cuenta que los jueces deben comprender y
aplicar de forma correcta en el proceso, la operancia del principio dispositivo en
materia de fijación del objeto litigioso, el cual está exclusivamente en cabeza de
las partes.
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La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque se ha establecido “que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no justifican su inasistencia dentro del término
correspondiente, se tiene que declarar la terminación del proceso, pues no habría
manera de fijar el objeto del litigio (inciso segundo del numeral 4º del artículo 372
del Código General del Proceso), toda vez que ni el juez ni los apoderados pueden
suplir esa función exclusiva de las partes. El juez orienta a las partes en la fijación
del objeto del litigio, pero no está facultado para variar los límites trazados por
ellas, porque tal labor corresponde al ejercicio del principio dispositivo que rige el
proceso civil; y para ello basta con asentar los temas controvertidos, entendiéndose
que aquéllas están conformes con todos los demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020).
La opción B es la respuesta correcta porque el proceso establecido normativamente
en el Código General del Proceso se caracteriza porque se adscribe al principio
dispositivo en el que exclusivamente las partes disponen o determinan la forma y
el momento en que plantean su litigio ante el juez. Así las cosas, de la señalada
disposición que las partes ejercen en torno a la oportunidad en que deben presentar
su problema ante el juzgador, y de la correspondiente imposibilidad de que éste de
oficio intente componer el litigio, se puede concluir que el objeto del litigio
también es delimitado o fijado exclusivamente por las partes. Conforme lo
anterior, se ha establecido “que cuando ninguna de las partes concurre a la
audiencia inicial y no justifican su inasistencia dentro del término correspondiente,
se tiene que declarar la terminación del proceso, pues no habría manera de fijar el
objeto del litigio (inciso segundo del numeral 4º del artículo 372 del Código
General del Proceso), toda vez que ni el juez ni los apoderados pueden suplir esa
función exclusiva de las partes. El juez orienta a las partes en la fijación del objeto
del litigio, pero no está facultado para variar los límites trazados por ellas, porque
tal labor corresponde al ejercicio del principio dispositivo que rige el proceso civil;
y para ello basta con asentar los temas controvertidos, entendiéndose que aquéllas
están conformes con todos los demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020).
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque vulnera el principio dispositivo aplicado a la fijación
del objeto de litigio, el cual no corresponde al juez. En efecto “[l]a fijación del
objeto del litigio no está concebida para que las partes “ratifiquen” los hechos y
pretensiones narrados en la demanda y la contestación, ni para resumirlos; pues
entonces esa actuación no cumpliría ninguna función importante y no sería más
que una pérdida de tiempo; dado que esa “síntesis” debió hacerse desde un
principio en la narración de los hechos de la demanda y podría realizarla el juez
con posterioridad. La fijación del litigio cumple una función de depuración de la
información contenida en esas esas narraciones para conservar lo que resulte
estrictamente necesario para conformar el tema de la prueba, que siempre debe
estar dirigido a demostrar los supuestos de hecho previstos en la proposición
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normativa que rige el caso. Todo lo demás no es más que información irrelevante,
que distrae la atención sobre lo que merece ser debatido y probado. La mayoría de
costos innecesarios que vulneran el principio de economía procesal, en términos
de tiempo y de recursos, se generan por no fijar adecuadamente el objeto del
litigio”. (Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de 2020).
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque vulnera el principio dispositivo aplicado a la fijación
del objeto de litigio, el cual no corresponde al juez. En efecto “[l]a fijación del
objeto del litigio no está concebida para que las partes “ratifiquen” los hechos y
pretensiones narrados en la demanda y la contestación, ni para resumirlos; pues
entonces esa actuación no cumpliría ninguna función importante y no sería más
que una pérdida de tiempo; dado que esa “síntesis” debió hacerse desde un
principio en la narración de los hechos de la demanda y podría realizarla el juez
con posterioridad. La fijación del litigio cumple una función de depuración de la
información contenida en esas esas narraciones para conservar lo que resulte
estrictamente necesario para conformar el tema de la prueba, que siempre debe
estar dirigido a demostrar los supuestos de hecho previstos en la proposición
normativa que rige el caso. Todo lo demás no es más que información irrelevante,
que distrae la atención sobre lo que merece ser debatido y aprobado.
La mayoría de costos innecesarios que vulneran el principio de economía procesal,
en términos de tiempo y de recursos, se generan por no fijar adecuadamente el
objeto del litigio”. (Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de 2020). El solo acceso
a la administración de justicia y a la contradicción en el proceso, no autoriza la
fijación del objeto del litigio por parte del juez. En efecto, el proceso establecido
normativamente en el Código General del Proceso se caracteriza porque se
adscribe al principio dispositivo en el que exclusivamente las partes disponen o
determinan la forma y el momento en que plantean su litigio ante el juez. Así las
cosas, de la señalada disposición que las partes ejercen en torno a la oportunidad
en que deben presentar su problema ante el juzgador, y de la correspondiente
imposibilidad de que éste de oficio intente componer el litigio, se puede concluir
que el objeto del litigio también es delimitado o fijado exclusivamente por las
partes. Conforme lo anterior, se ha establecido “que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no justifican su inasistencia dentro del término
correspondiente, se tiene que declarar la terminación del proceso, pues no habría
manera de fijar el objeto del litigio (inciso segundo del numeral 4º del artículo 372
del Código General del Proceso), toda vez que ni el juez ni los apoderados pueden
suplir esa función exclusiva de las partes. El juez orienta a las partes en la fijación
del objeto del litigio, pero no está facultado para variar los límites trazados por
ellas, porque tal labor corresponde al ejercicio del principio dispositivo que rige el
proceso civil; y para ello basta con asentar los temas controvertidos, entendiéndose
que aquéllas están conformes con todos los demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020)
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Pregunta No. 82
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque en general, el carácter del solicitante no es relevante,
y por ello es oponible a terceros (“De lo dicho se concluye que el secreto
profesional ha sido consagrado en guarda de la relación del profesional con la
persona que solicita y obtiene sus servicios, quien necesariamente debe hacerle
conocer datos y elementos que de otra manera no le serían confiados por ella. Esa
protección tiene efectos hacia el exterior de quienes han trabado la relación
profesional, es decir, se trata de algo oponible a terceros” Sentencia C301 de 2012
Corte Constitucional). La Ley 1090 de 2010, que regula la profesión de Psicología,
sólo contempla dos eventos en que el psicólogo puede revelar la información
confiada: por autorización del paciente o cuando con la no revelación se cause un
daño evidente al paciente o a un tercero (artículo 2, numeral 3). Dado que el
material va a ser usado en la elaboración de una cartilla de índole genérica, el daño
eventual ocasionado por la no revelación hacia un tercero no sería evidente.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque para que se active el secreto profesional que se
establece entre el psicólogo y su cliente no es relevante la información que se
pretende obligar a divulgar, sino la defensa de la relación personalísima que se
establece entre el profesional y su cliente.
La opción C es la respuesta correcta porque es el carácter personalísimo de la
relación lo que determina la aplicación del secreto profesional. “La Corte
Constitucional ha definido el secreto profesional como la información reservada o
confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad. En
este sentido, el secreto profesional es un derecho – deber del profesional, pues de
verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su
prestigio y su fuente de sustento. El secreto profesional nace de una relación de
confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación…” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque Como puede colegirse de las anteriores explicaciones,
la utilización eventual del material que puede obtenerse con la divulgación del
secreto profesional no es lo que protege la disposición constitucional.
Pregunta No. 90
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque si bien los médicos, por regla general, tienen a su cargo
obligaciones de medios (de prudencia y diligencia), la culpa no es presunta en este
tipo de obligaciones; se exige que quien demanda pruebe la falta de diligencia y
cuidado del médico, aun cuando el juez puede acudir a la carga dinámica de la
prueba. (Corte Suprema de Justicia, SC 917-2020, 14 de septiembre de 2020, M.P.
Luis Armando Tolosa Villabona p. 15)
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La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque las obligaciones que tienen a su cargo los médicos, por
regla general, son de medios; excepcionalmente pueden ser de resultado, como en
las cirugías plásticas estéticas, cuando en el contrato el médico se obligó al
resultado y así lo pactaron las partes. En este caso no se trata de una cirugía estética
y en consecuencia, no se está frente a la culpa presunta, y se rige por el régimen
probatorio de las obligaciones de medios en el que la culpa es probada, es decir,
quien demanda debe probar la culpa del médico según doctrina reiterada de la
Corte Suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia, SC 917-2020, 14 de
septiembre de 2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona p. 15)
La opción C es la respuesta correcta porque las obligaciones de los médicos en el
ejercicio de su profesión son, por regla general, de medios, ya que estos no se
obligan al resultado sino a poner todos sus conocimientos y su diligencia en pos
de alcanzarlo; para las cirugías estéticas sí se considera que son de resultado. Por
lo tanto, quien demanda a un médico cuando tiene a su cargo una obligación de
medios, como la de la pregunta, debe probar que este no actuó con prudencia y
diligencia, conforme a la lex artis. Además, las normas procesales permiten al juez
que pueda acudir de manera excepcional a romper el principio onus probando
incumbit actori para aplicar la carga dinámica contemplada en el artículo 167 del
Código General del Proceso. (Corte Suprema de Justicia, SC 917-2020, 14 de
septiembre de 2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona p. 15)
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una
respuesta incorrecta porque las obligaciones que tienen a su cargo los médicos por
regla general son de medios, excepcionalmente pueden ser de resultado, como en
las cirugías estéticas, que no es el caso del enunciado de la pregunta. Además, no
se trata de una responsabilidad presunta porque esta se predica frente a la
responsabilidad objetiva, y la responsabilidad de los médicos es subjetiva.
[…]». (sic en toda la cita)
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
la solicitud interpuesta por la parte accionante se dividió en dos
aspectos: (i) una petición de información relacionada con el trámite
adelantado en el marco del examen para el concurso de méritos y (ii)
un recurso de reposición en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022 que publicó los resultados de la prueba de
aptitudes.
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En ese sentido, resulta necesario precisar que la respuesta a lo
pretendido por el accionante en ejercicio del derecho fundamental de
petición se resolvió a través de la Resolución CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 – Anexo 2. Frente a esto, si bien la contestación de hizo
mediante un acto administrativo, sí es procedente efectuar un análisis
de fondo de la información otorgada, en los términos de la Ley 1755 de
2015.
Así pues, de acuerdo con lo citado se estima que dicha pretensión no
tiene vocación de prosperidad por cuanto la demandante recibió una
respuesta de fondo, clara y oportuna respecto de lo requerido, por lo
que se procederá a negar lo solicitado, con base en lo expuesto
previamente.
4.2. Por otra parte, surge con claridad la improcedencia de la acción de
tutela respecto del segundo reparo, en tanto que la accionante tiene a
su alcance los medios de control de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar las Resoluciones CJR22-
0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de enero de
2023 por medio de las cuales se le asignó al accionante su puntaje en
el marco de la convocatoria 027 para proveer cargos de funcionarios en
la Rama Judicial, máxime cuando dichos resultados consolidaron
situaciones particulares y concretas frente a los demás participantes.
Por tanto, la intervención excepcional del juez constitucional en el
asunto bajo estudio implicaría la vulneración de los derechos
fundamentales de los concursantes que aprobaron el examen, quienes,
al igual que la accionante, debieron someterse a las mismas reglas de
la mencionada convocatoria.
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En virtud de lo expuesto, debe acudir, si a bien lo tiene, a los medios
de control contemplados en los artículos 137 y 138 del CPACA, para
controvertir las resoluciones objeto de censura, a fin de que sea el juez
natural de la causa el que determine si las decisiones particulares
adoptadas se ajustaron o no a las reglas del concurso.
Ahora bien, en sentir de la demandante dichos medios de defensa no
son eficaces; no obstante, entiende la Sala de Subsección que son actos
administrativos definitivos, en tanto i) contienen la manifestación de
voluntad de una entidad pública; ii) se expidieron en ejercicio de la
función administrativa; iii) producen efectos jurídicos, teniendo en
cuenta que allí se publicaron los resultados del examen en el marco de
la aludida convocatoria, que define para los aspirantes un situación
jurídica, pues otorgan en cierta parte derechos a los concursantes; los
cuales como bien se indicó anteriormente son susceptibles de ser
controvertidos a través de los medios de control previstos en la Ley
1437 de 2011.
En ese contexto, considera la Sala de Subsección que en este asunto
no confluyen los presupuestos que acrediten la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, de tal manera que se requiera la adopción de
una decisión urgente a través de este mecanismo constitucional 4, por
lo que la peticionaria puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en la cual puede solicitar el decreto de alguna de las
medidas cautelares allí previstas, a fin de procurar la tutela judicial
efectiva.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
4 En este punto, la Sala debe insistir en que la procedencia de la acción de tutela en materia de concursos de méritos es
excepcional y aunque en asuntos anteriores ha adoptado decisiones de fondo, ello ha ocurrido ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, evento en el cual el medio ordinario de defensa deviene ineficaz.
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«15.- Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la Sala
Plena tuvo la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de
los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo y de las medidas cautelares que pueden ser
decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte consideró que estas nuevas
herramientas permiten garantizar la protección de los derechos de forma igual o,
incluso superior a la acción de tutela en los juicios administrativos, pero ello no
significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como
mecanismo de protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los
jueces constitucionales tienen la obligación de realizar, de conformidad con el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, un juicio de idoneidad en abstracto y otro de
eficacia en concreto de los medios de defensa alternos y, en ese sentido, están
obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de
los sujetos involucrados”5».
En ese contexto, no se advierte en el expediente elemento probatorio
alguno que permita a la Sala de Subsección intervenir de manera
excepcional, en tanto lo único que cuestiona es la eliminación de
preguntas que no superaron el control de vigencia y por el hecho de
ajustar los cuadernillos correspondientes.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de 23 de marzo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que rechazó por
improcedente la acción de tutela de la referencia, en atención a la
existencia de otros mecanismos judiciales de defensa que tiene la
accionante a su alcance para controvertir, a través del respectivo juicio
de legalidad, si dicha decisión se ajustó a las reglas de la convocatoria
para proveer cargos en la Rama Judicial.
Adicional a ello, de las pretensiones expuestas por la parte
demandante, se tiene que la misma solicita:
«[…]
5 T-059 de 2019.
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PRIMERO: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de reposición
radicado el 20 de septiembre de 2022 y ampliado el 15 de noviembre del mismo
año, a través del cual se efectuaron cuestionamientos en torno a la confidencialidad
de la prueba, formulación y fórmala aplicada a la calificación de la misma, así como
también a las objeciones a las preguntas 9, 18, 23, 28, 32, 34, 53, 59, 61, 62, 69, 82,
90, y 105. Respuesta que se solicita comedidamente sea verificada por el juez
constitucional, en tanto las mismas se emitan con fundamento en la norma y la
jurisprudencia actual.
[…]».
Por ello, de conformidad con el estudio efectuado previamente en el
cual se concluyó que las entidades accionadas sí brindaron una
respuesta de fondo frente a la petición de 20 de septiembre de 2022,
es necesario adicionar un numeral en la parte resolutiva de la sentencia
para efectos de negar el amparo del derecho fundamental de petición,
por no advertirse vulneración alguna del mismo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 23 de marzo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que
rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta
por la señora Alba Estella Nieto Gaviria en contra del
Consejo de Estado – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia.
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SEGUNDO.- NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición
solicitado por la señora Alba Estella Nieto Gaviria, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO.- REGISTRAR la presente providencia en SAMAI.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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