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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01011-01

Fecha
21 de junio de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01011-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 28 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo presentada por el señor Sua Montaña, por las razones anotadas. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Harold Eduardo Sua Montaña, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01011-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

21 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 21 de junio de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01011-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició una providencia que decidió un recurso de
súplica que confirmó un auto en un proceso de nulidad simple (luego entendida como
nulidad electoral), tras considerar que las normas que regulan la posesión de los
congresistas no consagran la expedición de una certificación verbal, por lo tanto, no
existió un acto objeto de control judicial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada contra la Sentencia de 28 de marzo de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de febrero de 2023, Harold Eduardo Sua Montaña presentó
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, con ocasión del Auto de 16 de febrero de 2023,
proferido dentro del proceso de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-
2022-00355-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Dejar sin valor y efecto la decisión de rechazo de la nulidad
radicada con el número 11001032800020220035500.

SEGUNDO: Provéase una nueva decisión sobre la mencionada nulidad
teniendo en cuenta que ninguna autoridad puede supeditar el control de los

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Negar la solicitud de amparo presentada por Harold Eduardo Sua Montaña, contra el auto

interlocutorio proferido el 23 enero de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01011-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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actos de certificación a los efectos de tales actos sin violar con ello el artículo
84 de la Constitución al no haber establecido expresamente el legislador
dicha condición ni tampoco habría lugar a rechazar por disposición legal una
nulidad sustentada en hacer cumplir la disposición del artículo 149
constitucional de ‘los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno’ o de
lo contrario la supremacía constitucional estaría mermada.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) El 1 de agosto de 2022, Harold Eduardo Sua Montaña presentó
acción de tutela, bajo el radicado No. 1001-33-36-037-2022-00220-00,
contra el Congreso de la República, debido a que, consideró vulnerado
(se trascribe) “el goce efectivo del derecho a la participación en los
asuntos políticos por medio de representantes libremente elegidos”, con
ocasión de la “certificación verbal” de la posesión de los congresistas el 20
de julio de 2022 que desconoció el artículo 149 de la Constitución.

5. 2) El 12 de agosto de 2022, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
declaró improcedente la acción constitucional3.

6. 3) El 17 de agosto de 2022, el señor Sua Montaña presentó
demanda4 orientada a obtener la nulidad de “la certificación verbal de la
posesión de los ciudadanos congresistas del 20 de julio de 2022 por
desconocimiento del artículo 149 de la Constitución”.

7. 4) El 9 de septiembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró su falta de competencia para conocer de la demanda,
tras considerar que lo pretendido por el demandante era la nulidad de un
acto administrativo de contenido electoral y, en consecuencia, remitió el
expediente a la Sección Quinta de esta Corporación.

8. 5) En Auto de 15 de diciembre de 2022, la Sección Quinta (Sala
Unitaria) del Consejo de Estado rechazó la demanda, pues consideró que
el asunto objeto de estudio no era susceptible de control judicial5.

9. 6) Frente a la anterior decisión, el señor Sua Montaña presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de súplica, en el que indicó que, la
autoridad judicial incurrió en una indebida interpretación, pues su
pretensión iba dirigida contra el acto de certificación de la posesión de los
congresistas y no contra la posesión de los mismos. En ese entendido, el
acto alegado, a su juicio, si era susceptible de control ante la Jurisdicción

3 El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá manifestó que (se trascribe): “se debe señalar que la protección de los

derechos fundamentales y la satisfacción de las pretensiones aducidas por el accionante en su escrito habrían
de perseguirse a través de los medios de control establecidos en el artículo 137 y/o siguientes del CPACA; por lo
cual al tampoco evidenciarse un perjuicio irremediable que obligue a la toma de una decisión por parte del juez
constitucional, la tutela se torna improcedente por cuanto no puede utilizarse para que se decida sobre un
asunto cuyos mecanismos de defensa se encuentran contemplados en la norma en comento.”
4 En ejercicio del medio de control de nulidad simple.
5 Rad. 11001-03-28-000-2022-00355-00

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de lo Contencioso Administrativa según el inciso 3 del artículo 137 del
CPACA6.

10. 7) Mediante Auto de 23 de enero de 2023, la Sección Quinta (Sala
Unitaria) del Consejo de Estado decidió no reponer la decisión, toda vez
que el acto demandado no podía asimilarse al supuesto establecido en el
artículo 137 del CPACA. Adicionalmente, mencionó que el acto de
posesión de los parlamentarios no constituía un acto administrativo, sino
una solemnidad para que los servidores públicos ejerzan el cargo para el
que han sido nombrados. Finalmente, fue concedido el recurso de súplica.

11. 8) En Auto de 16 de febrero de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió el recurso de súplica, en el que confirmó el Auto de 15
de diciembre de 2022, dado que, al analizar las normas que reglan la
posesión de los congresistas, no se advirtió que se haya consagrado la
expedición de una certificación verbal, por lo tanto, no existió un acto
objeto de control judicial.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que se
le restringió el ejercicio de un derecho en detrimento de la supremacía
constitucional por lo siguiente, (se trascribe):

“1. Antes de proferirse el auto sub judice, le fue dicho al accionado que
ninguna autoridad puede supeditar el control de los actos de certificación a
una potencialidad de los mismos de producir efectos sobre el destinatario al
no haberlo establecido el legislador como requisito para ello y este
argumento fue eludido cuando el accionado confirma el rechazo arguyendo
la ausencia de esa potencialidad.

2. El accionado optó evaluar la súplica del accionante dejando de lado la
contrariedad ejercida contra la motivación de la no reposición de la decisión
de rechazo cuando una aplicación del inciso primero del literal c) del artículo
246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo conforme al principio de instrumentalización de las formas lo
permite tras contener dicha motivación un argumento relacionalmente nuevo
frente a los expuestos al momento de la presentación de la súplica o de lo
contrario hubiese sido más favorable a la pretensión recursiva en sí interponer
la súplica dentro de los tres posteriores a la notificación de la no reposición
para así refutarlos junto con los otros y estos no fuesen reafirmados en el
correspondiente auto sin confrontación alguna del recurrente.

3. No habría ninguna vía a través de la cual aplicar la disposición del artículo
149 constitucional de ‘los actos que realice no podrá dárseles efecto’ cuando
la configuración de la misma este endilgada o efectivamente recaída en
actos sin procedimiento legalmente establecido para cuestionarlos pues el
accionante acudió a la sede de tutela con ese propósito arguyendo tal
inexistencia y allí se le indico el increparlo ante la jurisdicción contenciosa
administrativo y estando en ella paso de un medio de control a control hasta
serle rechazado el propugnar aquello.”

6 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la

nulidad de los actos administrativos de carácter general […] 3. Cuando los efectos nocivos del acto
administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.”

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1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

13. Mediante Sentencia de 28 de marzo de 2023, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Para
ello, indicó que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en
el hecho en que el legislador no estableció que la posesión de los
congresistas fuera un acto administrativo o electoral, toda vez que la
misma no genera efectos jurídicos en cabeza del destinatario. Asimismo,
sostuvo que los argumentos jurídicos expuestos por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en relación con la naturaleza del acto demandado,
fueron suficientes para concluir que este no pudo ser objeto de control
judicial. Finalmente, consideró que, la providencia enjuiciada no incurrió en
la falta de motivación, porque resultó conforme con las normas que reglan
la materia.

14. La parte actora impugnó la decisión anterior, bajo el argumento de
que si no se protegían sus derechos fundamentales a través de esta acción
constitucional no habría mecanismo judicial por medio del cual alegar la
nulidad de la certificación verbal de la posesión de los congresistas.

“1. El fallo está centrado en determinar si “El Consejo de Estado, Sección
Quinta” le vulneró al accionante “el derecho fundamental de acceso a la
administración de justica” (cursiva añadida, extracto de la sección 2.3) al
incurrir “en falta de motivación” (ibídem) cuando lo alegado es la restricción
del ejercicio de un derecho “en detrimento de la supremacía constitucional”
(cursiva añadida, extracto del escrito tutelar), los argumentos expuestos en el
escrito tutelar de ninguna manera configuran falta de motivación pues con
ellos se señala el aplicar el accionado una norma legal desconociendo el
margen de acción para tal fin establecido en el artículo 84 constitucional
pese a haberle sido prevenido de ello en una actuación procesal que él
omitió siendo oportuna “conforme al principio de instrumentalización de las
formas” (ibídem) mientras la mencionada causal especial de procedencia
“está estructurada a partir de la ausencia o insuficiente argumentación en la
decisión” (cursiva y subrayado añadidos, extracto de la sentencia T-064 de
2010) y el escrito tutelar no está dirigido contra la mencionada sección en
particular sino con el Consejo de Estado en general al figurar involucrado en
la situación fáctica narrada la Sección Primera de esa corporación sin haber
sido interpuesta recusación por ello dada la proscripción de tal proceder en el
régimen procedimental aplicable.

2. Pasa inadvertido en el fallo que la ratio decidendi de los fallos proferidos en
el proceso del accionante instaurado con el propósito de amparar “el goce
efectivo del derecho a la participación en los asuntos políticos por medio de
representantes libremente elegidos” (cursiva añadida, extracto del escrito
tutelar origen del proceso 1001333603720220022000) haciendo aplicar la
disposición del artículo 149 constitucional de ‘los actos que realice no podrá
dárseles efecto’ es respectivamente “la satisfacción de las pretensiones
aducidas por el accionante en su escrito habrían de perseguirse a través de
los medios de control establecidos en el artículo 137 y/o siguientes del
CPACA” (cursiva añadida, extracto del fallo de primera instancia del proceso
11001333603720220022000) y “podrá el accionante acudir a la acción
electoral planteando la nulidad de los nombramientos de los dignatarios y las
demás actuaciones que enrostra como inconstitucionales o ilegales” (cursiva
y subrayado añadidos) y con ello haber precedente constitucional del cual
sobreviene como interpretación conforme a la Constitución el corresponderle

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a la jurisdicción contenciosa administrativa controlar los actos de la Rama
Legislativa del poder público susceptibles de la mencionada disposición
constitucional distintos a los de la competencia de la Corte Constitucional.

3. Las falencias acabadas de reputar contra el fallo en comento lo afectan
sustancialmente al punto de que dé si no hubiesen ocurrido la decisión no
sería otra sino la protección de los derechos alegados al haber defecto
sustantivo y fáctico por parte del accionado en vez de falta de motivación
del mismo y el implicar los mismos el permitirse requisitos para interponer
nulidad de actos de certificación mediante decisiones judiciales cuando el
artículo 84 constitucional proscribe hacerlo de esa manera y además tal
exigencia conllevaría a dejar sin control alguno actos frente a los cuales cabe
endilgar o efectivamente recae sobre ellos una consecuencia expresamente
estipulada a estos en el artículo 149 constitucional.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

15. La Sala revocará la Sentencia de 28 de marzo de 2023, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su
lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional, pues se advirtió que la parte
actora reiteró los argumentos planteados en el trámite del proceso
ordinario.

16. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
de los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la
Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones”8.

17. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se

7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005

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justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”9.

18. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales10.

19. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 201411, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela12 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia13; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad14.

20. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre
la nulidad de una “certificación verbal de la posesión de los congresistas”.
Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiara un aspecto
que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una instancia adicional.

21. Así las cosas, la Sala evidenció que la parte actora reiteró los mismos
argumentos que expuso en el proceso ordinario, concretamente, en el
recurso de reposición y, en subsidio, de súplica15 presentado contra el Auto
de 15 de diciembre de 2022, dentro del proceso No. 11001-03-28-000-2022-
00355-00.

9 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019 y SU 128 de 2021.
10 Ibidem.
11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de

tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
15 (…) no hay pretensión alguna contra la posesión de los de los ciudadanos congresistas del 20 de julio de 2022

propiamente dicha sino el acto de certificación de la misma que sí es susceptible de control ante la jurisdicción
contenciosa administrativa según el inciso tercero del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de la Contencioso Administrativo y de ahí el haberlo hecho a través del medio de control de nulidad simple.,
(…) el acto objeto de la nulidad pretendida es de los mencionados en el inciso tercero del artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo cuya vía procesal adecuada es
entonces el medio de control de nulidad simple tal y como lo he venido diciendo a lo largo del proceso
precitado.” Página 1 del escrito de reposición y, en subsidio súplica del proceso de nulidad simple No. 11001-03-
28-000-2022-00355-00

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22. Tales argumentos fueron abordados y resueltos por la Sección Quinta
del Consejo de Estado (Sala Unitaria), la cual decidió no revocar la
providencia enjuiciada, tras concluir que, (se trascribe):

“En efecto, la norma prevé la posibilidad de acudir al juez de lo contencioso
administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, cuando se
pretenda anular los actos administrativos de contenido general -y
excepcionalmente particular- y, además, las circulares de servicio y los actos
de certificación y registro.

Con todo, en este asunto, el supuesto “acto de certificación verbal” de la
posesión de los congresistas, no puede asimilarse al supuesto normativo que
se establece en el referido artículo 137 del CPACA.
(…)

Según el actor, en la sesión inaugural del Congreso se expidió una
“certificación verbal” de la posesión de los congresistas. No obstante, dicho
acto no tiene la connotación de certificación que pretende otorgarle el
actor.

Nótese que el acto de posesión de los congresistas es una ceremonia
solemne que se encuentra regulada en el Reglamento del Congreso de la
República, esto es, la Ley 5 de 1992. En efecto, para que los servidores
públicos -lo que incluye a los parlamentarios- puedan ejercer el cargo para el
cual han sido nombrados, designados y elegidos, deben tomar posesión de
aquel.

No obstante, ni la Ley 5 de 1992 ni ninguna otra norma del ordenamiento
jurídico, establecen que, para el ejercicio del cargo público para el que un
ciudadano ha sido nombrado, designado o elegido, deba expedirse una
“certificación verbal”. Incluso, el Reglamento del Congreso prevé cómo debe
seguirse el acto protocolario para la posesión de los congresistas y, de
ninguna manera, establece una fase en que deba expedirse un acto de
“certificación verbal”.

23. Asimismo, mediante Auto de 16 de febrero de 2023, la Sección
Quinta (Sala Colegiada) de Consejo de Estado resolvió el recurso de
súplica en el que manifestó que, (se trascribe):

“Por tanto, de conformidad con la norma transcrita, es claro que, en la
posesión de los congresistas, no se expide una certificación verbal, cuya
nulidad pretende el actor en este proceso; es decir, no existe un acto objeto
de control judicial en este caso.

Destaca esta Sala de Decisión que, en efecto, el artículo 137 del CPACA
establece que es posible demandar los actos de certificación. Sin embargo,
esto es procedente solo si tienen la potencialidad de generar un efecto
jurídico en cabeza del destinatario.
(…)

Sumado a lo anterior, el acto de posesión de los congresistas no es susceptible
de control judicial como se expuso en la providencia recurrida. En todo caso
se destaca que ha sido la posición de esta Sala que “a pesar de su
importancia, la posesión no se constituye en un acto pasible de control
judicial, pues, aunque fija la entrada en el cumplimiento de funciones del

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elegido, nombrado o llamado, no se trata de un acto administrativo o
electoral”16

Así las cosas, como el acto que pretende demandar el actor no existe, en los
términos señalados por el demandante, según la norma citada, aparejado al
hecho de que la posesión de los congresistas tampoco es susceptible de
control judicial, la Sala confirmará la providencia recurrida que rechazó la
demanda, en aplicación del artículo 169.3 del CPACA.”

24. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien se pronunció sobre los reparos que
formuló la parte actora contra el auto enjuiciado. En ese orden, se reitera
que lo pretendido por la accionante fue reabrir el debate jurídico y
someterlo a una instancia adicional, pese a que el juez natural dejó claro
que, la certificación verbal de la posesión de los congresistas no es un acto
administrativo, sino solemne, por lo tanto, no es posible que el mismo sea
objeto de control judicial.

25. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieran entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional17.

2.2. Conclusión

26. Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala revocará la
Sentencia de 28 de marzo de 2023 y, en su lugar, declarará improcedente
la acción de tutela presentada por la parte actora, comoquiera que lo
alegado no reviste relevancia constitucional.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 18 de febrero del

2021. Rad. 73001-23-33-000-2020-00045-01. MP. Lucy Jannette Bermúdez Bermúdez. Además, en el auto del 29 de
julio del 2010, Sección Primera, rad. 05001-23-31-000-2008-00649- 01, MP. María Claudia Rojas Lasso, al citar a esta
Sección, dijo lo siguiente:” (…) los actos de posesión no son actos administrativos porque no contienen decisiones
de la administración y por lo mismo no son objeto de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En efecto, la posesión en un cargo es una diligencia a través de la cual el elegido o
nombrado presta juramento ante la autoridad competente “de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben”, en cumplimiento de la obligación señalada en el inciso segundo del
artículo 122 de la Constitución Política, que la instituye en requisito previo e indispensable para ejercer como
servidor público, y como tal no puede ser objeto de una acción de nulidad como si se tratara de un acto
administrativo.”
17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 28 de marzo
de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que negó la solicitud de amparo presentada por el señor Sua
Montaña, por las razones anotadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Harold Eduardo Sua Montaña, por las razones dadas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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