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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01042-00

Fecha
24 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01042-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental de petición invocado por el señor Juan Carlos Quiroga Chavarro, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01042-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

24 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-01042-001
Actor : Juan Carlos Quiroga Chavarro
Demandados : Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, directora
de la unidad de administración de la carrera judicial de esa
Corporación y rectora de la Universidad Nacional de
Colombia
Tema : Derecho constitucional fundamental de petición

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Juan Carlos
Quiroga Chavarro contra los señores magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, directora de la unidad de administración de la carrera judicial de
esa Corporación y rectora de la Universidad Nacional de Colombia, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Juan Carlos Quiroga Chavarro, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, directora de la unidad de administración de la
carrera judicial de esa Corporación y rectora de la Universidad Nacional de
Colombia.

Como consecuencia de lo anterior, pide (i) declarar que las autoridades
accionadas incurrieron en «yerros en la elaboración, ejecución y
calificación» de la prueba de aptitudes y conocimientos realizada el 24 de
julio de 2022, en el marco del concurso de méritos convocado por el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018; (ii) «recalificar su examen», en el sentido de indicar que obtuvo más
de ochocientos (800) puntos; y (iii) disponer que le asiste el derecho de
continuar en el aludido procedimiento de selección.
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

1.2 Hechos. Relata el accionante que el Consejo Superior de la Judicatura,
por medio de Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, convocó a
concurso de méritos (convocatoria 27), con el propósito de proveer cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, al que se inscribió para el empleo de juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, procedimiento de selección
dentro del cual el 24 de julio de 2022 se surtió la prueba de aptitudes y
conocimientos, cuyos resultados fueron publicados, a través de Resolución
CJR22-351 de 1º de septiembre siguiente2.

Que contra el anterior acto administrativo interpuso recurso de reposición, en
el que (i) planteó una serie de disentimientos relacionados con la forma como
se formularon las preguntas del mencionado examen, pues varias no ofrecían
una única respuesta; y (ii) deprecó la exhibición de los respectivos
documentos, motivo por el cual fue citado a la jornada celebrada el 30 de
octubre de 2022 para ese efecto, en la que pudo confrontar las opciones que
marcó en su hoja de contestaciones con las que la Universidad Nacional de
Colombia catalogó como correctas, lo que le permitió complementar
oportunamente dicho recurso.

Dice que el Consejo Superior de la Judicatura, con Resolución CJR23-29 de
16 de enero de 2023, desató los recursos de reposición interpuestos por
quienes aspiran al cargo de juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad contra la Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, en el
sentido de confirmarla, sin embargo, en aquel acto administrativo se emitió
una contestación «en masa» en la que no se analizaron todos los reproches
que adujo, situación que involucra un abuso de la «posición dominante» de
las autoridades accionadas que imposibilita la corrección de los errores que
puso de presente, en desmedro de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad.

Que la tutela de la referencia resulta procedente, comoquiera que si bien
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
enjuiciar las precitadas Resoluciones, este es ineficaz, por cuanto su trámite
involucra el agotamiento de diferentes etapas procesales que le impiden
obtener una decisión de fondo expedita, la cual solo es dable lograr por
conducto de la acción de amparo y que es necesaria dado que el concurso de
méritos sigue en desarrollo.

2
No indica qué puntaje obtuvo.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 2 de marzo de 2023, admitió la presente acción y ordenó
notificar a los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura,
directora de la unidad de administración de la carrera judicial de esa
Corporación y rectora de la Universidad Nacional de Colombia.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La señora directora de la unidad de administración de la carrera judicial
del Consejo Superior de la Judicatura pide negar el amparo deprecado, habida
cuenta de que acontece una carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que en la Resolución CJR23-29 de 16 de enero de 2023 se analizaron
todos los reproches que formuló el tutelante en el recurso de reposición que
interpuso contra la Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, con
fundamento en información suministrada por la Universidad Nacional de
Colombia, adjuntada a aquella determinación administrativa como anexo, y
de la que se colige que las preguntas de la prueba de aptitudes y
conocimientos no presentaban inconsistencias.

Que con el fin de que los concursos de méritos que adelanta la Rama Judicial
se surtan en debida forma, el Consejo Superior de la Judicatura celebra
contratos con centros educativos, tal como aconteció con la Universidad
Nacional de Colombia, con la que suscribió el 96 de 2019, con el propósito de
que se encargara de realizar y calificar la referida prueba, suministrar
información de carácter técnico y responder las peticiones atañederas al
procedimiento de selección y los respectivos recursos, entre otras tareas,
circunstancia de la que se deduce que estaba habilitada para determinar si las
preguntas consignadas en el examen tenían o no falencias.

Aduce que el sistema normativo ordena que las peticiones y los recursos
interpuestos en sede administrativa se desaten oportunamente, de fondo y de
manera congruente, pero no que deba accederse a lo solicitado, premisa de la
que se deduce que no ha vulnerado garantía superior alguna del demandante,
porque los argumentos expuestos en el correspondiente recurso de reposición
se despacharon en su integridad.

2.1.2 La señora rectora de la Universidad Nacional de Colombia, por
conducto del señor director del contrato 96 de 2018, celebrado con el Consejo
Superior de la Judicatura, asevera que en los anexos de la Resolución CJR23-
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

29 de 16 de enero de 2023 se contestaron todos los motivos de inconformidad
planteados en el recurso de reposición interpuesto por el accionante contra
Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, en los que, dicho sea de
paso, se indicó que las preguntas de la prueba se elaboraron correctamente, no
admiten múltiples respuestas y se diseñaron en atención a «estándares
técnicos internacionalmente aceptados», situación de la que se infiere que no
ha vulnerado derecho constitucional fundamental alguno del actor.

Que la tutela de la referencia resulta improcedente, comoquiera que el sistema
normativo prevé otro mecanismo para controvertir actos administrativos,
como lo es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (dentro de
la cual es dable pedir su suspensión provisional) y no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que haga necesario la adopción de
medidas urgentes en este trámite constitucional.

2.1.3 Los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura
guardaron silencio en la oportunidad previstas para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. Resulta necesario precisar que el accionante afirma
que la génesis de las vulneraciones invocadas radica en la falta de respuesta a
todas las inconformidades que expuso en el recurso de reposición (y su
adición), interpuesto contra la Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

2022, por consiguiente, la Sala considera que, en caso de que se demuestre la
omisión a la que alude el actor, comportaría un quebranto de la garantía
superior de petición, mas no de las que invoca en la solicitud de amparo,
razón por la cual el correspondiente estudio se limitará, en virtud del principio
de oficiosidad3, a dilucidar si se configuró o no el eventual desconocimiento
de aquel derecho fundamental.

3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si las autoridades
demandadas han vulnerado el derecho constitucional fundamental de petición
del tutelante, al presuntamente no despachar de fondo la totalidad de las
objeciones por él planteadas en el recurso de reposición (y su adición)
interpuesto contra la Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, por
cuyo conducto el Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados de
la prueba de aptitudes y conocimientos efectuada el 24 de julio de 2022, en el
marco de la convocatoria 27.

3.5 Derecho constitucional fundamental de petición. Se ha dicho que la
historia de la humanidad podría compendiarse en la epopeya de la conquista
de los derechos, para significar con ello el colosal tamaño del empeño del
hombre en su logro, jamás pacífico, por el contrario, sin excepción, precedido
de monumentales sacrificios, al de petición como uno de ellos, por supuesto
que le es inherente esa caracterización, cuyo periplo evolutivo se inaugura en
pleno oscurantismo de la humanidad, como generalmente es conocida la Edad
Media, en 1215 con la fecunda Carta Magna o Carta de Juan sin Tierra,
pasando por el Bill of Rights4, y posteriormente asume alcance ecuménico
con la Revolución Francesa, tanto en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 17895 como en la de 17936.

3
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del
juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su
función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de
otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción
así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca
de la demanda».
4
Texto aprobado el 13 de febrero de 1689 por el parlamento Inglés, cuyo numeral 5 enseña: «Que es un
derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo ilegal cualquier acción o procedimiento contra
los peticionarios».
5
Adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente el 16 de agosto de 1789, según su «Artículo 15. La
sociedad tiene derecho para pedir cuenta de su administración a todos los empleados públicos».
6
Votada por la Convención Nacional el 23 de junio de 1793, prevé: «Artículo 32. El derecho de presentar
peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede, en ningún caso, ser prohibido, suspendido, ni
limitado».

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

Colombia, desde luego, no ha sido ajena a la institucionalización del derecho
de petición, pues desde los albores de su proceso independentista se preocupó
por dicha garantía7, hoy día consagrada en el artículo 23 de la Constitución
Política en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Ahora bien, sobre el linaje constitucional fundamental del derecho de petición
no existe el menor atisbo de duda, como que la más restrictiva de las tesis, es
decir, la que sigue el método lógico sistemático, según la cual «los derechos
fundamentales son solo aquellos que expresamente el constituyente calificó
con esa denominación en el sistema constitucional»8, pues así lo dice su
enunciación taxativa y ubicación dentro del correspondiente articulado
(capítulo 1 del título II) de la Carta Política, amén de su inmediata aplicación
conforme al artículo 85 ib.9

Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:

Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido
abundante y reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al
considerar que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución
pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa,
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los
7
Por ejemplo, la «Constitución de la República de Cundinamarca» de 18 de julio de 1812, consagró:
«Artículo 7.o Igualmente pueden los ciudadanos juntarse pacífica y tranquilamente para formar y presentar
sus instrucciones o peticiones a las autoridades, avisando al Magistrado y presentándolas por escrito»,
posteriormente el Decreto de 27 de agosto de 1828 adoptado por El Libertador, dispuso en su «Artículo 23.
Los colombianos tienen expedito el derecho de petición, conformándose a los reglamentos que se expidan
sobre la materia», hasta su más elaborada adopción en la Constitución de 1963 así: «Artículo 15. Es base
esencial e invariable de la Unión entre los Estados el reconocimiento y la garantía, por parte del Gobierno
general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen
a los habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber: […] 12.o. El derecho de obtener
pronta resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios
públicos, sobre cualquiera asunto de interés general o particular».
8
Tulio Helí Chinchilla Herrera, ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, editorial Temis, Bogotá,
1999, p. 92.
9
El artículo 85 constitucional es del siguiente tenor: «Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos
consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
37 y 40».

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente
con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo
razonable, el cual debe ser lo más corto posible ; (v) la respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en
una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a
entidades estatales, y en algunos casos a los particulares ; (vii) el
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el
derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de
que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición
también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de
competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del
deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la
entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el
derecho de petición exige, por parte de las autoridades competentes, una
decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica la
prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir con ello
que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un
estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las
competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la
petición.

Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que una respuesta es
suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a
sus pretensiones10; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se
plantea11 (artículos 2, 86 y 209 constitucionales); y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la respuesta a lo
solicitado verse acerca de lo preguntado y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de
suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la
solicitud formulada12.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no da

10
Sentencias T-1160A de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-581 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar
Gil.
11
Sentencia T-220 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
12
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-350 de 2006, M. P. Jaime
Córdoba Triviño.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

una pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el
legislador.

3.6 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer «los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial»; acto administrativo en el que se
ofrecieron los empleos de «Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad», plaza a la que se postuló el accionante.

b) La señora directora de la unidad de administración de la carrera judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, a través de Resolución CJR22-351 de 1º de
septiembre de 2022, publicó «[...] los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial» (sic), en la cual el tutelante
obtuvo un puntaje no aprobatorio de 788,59 sobre 1000 puntos.

c) El 21 de septiembre de 2022 el actor interpuso recurso de reposición contra
el anterior acto administrativo, en el que indicó que las preguntas formuladas
en la respectiva prueba no ofrecían una única contestación correcta y algunos
de sus enunciados eran confusos, por lo que debía asignársele más de 800
puntos. Además, deprecó que se le exhibiera la prueba, su hoja de respuestas
y las que la Universidad Nacional de Colombia consideró correctas.

d) El accionante acudió el 30 de octubre de 2022 a la jornada de exhibición de
la prueba y el 15 de noviembre siguiente amplió su recurso, en el que pidió (i)
«reconocer los yerros en los que se incurrieron en la elaboración y ejecución
de la prueba escrita del concurso de méritos» para la provisión del empleo al
que se postuló; (ii) disponer que respondió correctamente las preguntas 7, 15,
17, 23, 24, 28, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 83, 96, 99, 102 a 105, 109, 113, 116 y
126 del aludido examen; y (iii) asignarle un puntaje superior a 800 puntos.

e) Por medio de Resolución CJR23-29 de 16 de enero de 202313, la señora
directora de la unidad de administración de la carrera judicial del Consejo
Superior de la Judicatura desató los diferentes recursos de reposición

13
«Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial».

8

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Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

formulados contra la Resolución CJR22-351 de 1° de septiembre de 2022, por
quienes aspiran a ocupar el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad. En dicho acto administrativo se analizaron los argumentos
planteados por los recurrentes, los cuales se agruparon temáticamente así:

1. Procedencia del recurso de apelación - Término para la interposición del
recurso de reposición.
2. Recurso sin sustentar - Sin adjunto - Sin motivación.
3. Exhibición - Acceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos
en la jornada de exhibición.
4. Copia - Entrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala –
Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter reservado.
5. Datos de terceros (constructores de preguntas, personal de logística,
funcionarios, calificadores de la prueba)
6. Repetir la prueba - Realizar un nuevo examen - Cambiar operador
técnico de la prueba - Rehacer convocatoria - Copia del contrato 096 de
2018 - Aplicación del Acuerdo 34 de 1994.
7. Solicitudes de revisión - Lector óptico.
8. Revisión por parte de terceros, apoderados, peritos, o por segundo
calificador.
9. Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los
datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o
modelo estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta-
Aciertos propios - Método para conocer aciertos a partir del puntaje.
10. Aciertos de otros aspirantes.
11. Aproximar puntajes, aplicación de decimales, redondeo, aplicación
aritmética – Expresar el puntaje en números enteros - Disminuir la curva
o promedio que se tuvo para calificar la prueba - Disminuir el puntaje
mínimo aprobatorio.
12. Calificar usando otras fórmulas aplicadas con anterioridad en la misma
convocatoria o en otras convocatorias - Justificación del uso de una
fórmula distinta en este concurso.
13. Índices psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad,
discriminación, dificultad, efectividad) -Análisis psicométrico de la
prueba.
14. Justificación de la prueba de aptitudes - No tener en cuenta el
componente de aptitudes.
15. Verificación previa de requisitos mínimos- Participantes ausentes -
Cómo afecta la calificación.
16. Número de aspirantes en los diferentes cargos y calificación individual.
17. Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de
la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia
de errores en el ensamblaje y diagramación de la prueba.
18. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas -
Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar.
19. Revocatoria de la calificación – Dejar sin efecto la Resolución CJR22-
0351 del 1° de septiembre de 2022 –- Revocar puntaje – Nulidad –
Reponer el resultado o la Resolución.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

20. Tiempo de la prueba insuficiente.
21. Situaciones logísticas en la aplicación de la prueba.
22. Nulidad o suspensión del contrato Universidad Nacional – Consejo
Superior de la Judicatura.
23. Suspensión del concurso.
24. Declarar desierto el concurso.
25. Permitir actualizar documentos de inscripción – Cambios de cargo.
26. Informar vacantes para cargos que serán cubiertos por los aspirantes de
la convocatoria
27. Responder recurso de manera individual- Notificación personal -
Ampliación del término para interponer recurso.
28. Vulneración de la confianza legítima por repetición de la prueba -
Explicación de errores en la construcción de la prueba inicial (de 2 de
diciembre de 2018) - Derechos adquiridos - Situación particular
consolidada. Mantener calificación anterior (prueba 2 de diciembre de
2018).
29. Mayor valor a algún componente de los que integran la prueba.
30. Aplicar los aspectos favorables concedidos a otros participantes en virtud
de los recursos presentados.
31. Fecha de elaboración de prueba - Actualidad de ítems aplicados.
32. Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad.
33. Mayor y menor puntaje en el componente de aptitudes y conocimientos
del cargo.
34. Accesibilidad al examen para personas en situación de discapacidad.
35. Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y
específicas.

Asimismo, en el anexo 2 (respuesta a objeciones) del precitado acto
administrativo se relacionó «una a una las preguntas que fueron objetadas
por los recurrentes para el Cargo de Juez Penal Municipal, indicando su
pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como la razón de las
opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura
y elaboración de las preguntas» (sic), dentro de las que se incluyeron las 7,
15, 17, 23, 24, 28, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 83, 96, 99, 102 a 105, 109, 113, 116
y 126, que el actor censuró en el respectivo recurso de reposición.

3.7 Caso concreto. En el sub lite la Sala observa que el reproche del
accionante radica en que, a su juicio, en la Resolución CJR23-29 de 16 de
enero de 2023 no se estudiaron todos los motivos de inconformidad que
consignó en el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución
CJR22-351 de 1° de septiembre de 2022, pues en él justificó de manera
amplia las razones por las que eran correctas las respuestas que marcó en las
preguntas 7, 15, 17, 23, 24, 28, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 83, 96, 99, 102 a 105,
109, 113, 116 y 126, y en el primero de los mencionados actos

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01042-00
Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

administrativos se desataron «en masa» todos los recursos sin atender sus
consideraciones.

No obstante, al analizar el anexo 2 de la Resolución CJR23-29 de 16 de enero
de 2023 se evidencia que se expusieron los motivos por los cuales las
respuestas catalogadas como correctas en la calificación de la prueba que
presentó el accionante el 24 de julio de 2022 eran las acertadas, y, además, se
desestimaron las demás opciones de contestación con fundamento en
argumentos razonables.

En ese orden de ideas, la Sala constata que sí existió por parte de las
accionadas una respuesta de fondo al recurso de reposición (y su adición) que
interpuso el tutelante contra la Resolución CJR22-351 de 10 de septiembre de
2022; diferente es que las explicaciones a sus inconformidades no hayan
resultado favorables a sus intereses, lo que no quebranta su garantía superior
de petición, por cuanto, como lo ha sostenido la Corte Constitucional14, la
respuesta idónea no siempre tiene que implicar la aceptación de lo solicitado.

De acuerdo con esta perspectiva, en el sub lite no se vulnera la garantía
superior de petición del tutelante, toda vez que las contestaciones
suministradas en la Resolución CJR23-29 de 16 de enero de 2023 (anexo 2)
guardan correspondencia de objeto frente a sus argumentos de reposición y
exponen el motivo de cada una de las preguntas efectuadas y respuestas
asignadas en el examen realizado al actor el 24 de julio de 2002, en el marco
de la convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama
Judicial.

Así las cosas, se colige que no existe trasgresión al derecho de petición del
tutelante; no obstante, frente a los planteamientos de fondo de cada una de
sus inconformidades él se encuentra en la posibilidad, si a bien lo tiene, de
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de los medios de
control dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para que sea analizada la motivación
y legalidad de cada una de las razones que sustentan las determinaciones
adoptadas en el precitado acto administrativo.

14
Sentencias T-1160A de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-581 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar
Gil.

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Actor: Juan Carlos Quiroga Chavarro

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que no se evidencia
trasgresión de la garantía superior de petición del accionante, esta Sala negará
el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental de petición
invocado por el señor Juan Carlos Quiroga Chavarro, por las razones
expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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