Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01082-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01082-01
Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas/alcance
Defecto fáctico/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii)
igualdad, iii) debido proceso, iv) mínimo vital, v) seguridad social y vi) dignidad
humana
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 5 de mayo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 25 de agosto de 2022, dentro del proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 08001-
23-33-000-2015-00606-01, vulneró sus derechos fundamentales indicados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. El actor presentó demanda contra la Universidad del Atlántico, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 000928 de 26 de junio de 2013, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de primera instancia el
20 de abril de 2018, accediendo a las pretensiones de la demanda.
5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el 25 de agosto de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de abril de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda
promovida por Rafael Enrique Marrugo Ferrer contra la Universidad del Atlántico y
Otros. En su lugar, se dispone NEGAR las pretensiones de la demanda
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.
6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:
[…] Mediante petición de 1 de febrero de 20131, el actor solicitó a la Universidad del
Atlántico el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con fundamento en
el artículo 9 literal b) de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 12 de abril
de 1976, desde el 18 de enero de 2007; esto es, desde que se desvinculó de la
Universidad.
La Sala advierte que para tener derecho a la pensión establecida en el literal c) del
artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976 dirigida a los empleados de la
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Universidad del Atlántico, era necesario que el demandante al 30 de junio de 19972
acreditara más de 20 años de servicio3, y hubiere sido retirado del servicio sin
importar la causa.
De esta manera, el retiro del servicio en las condiciones que estableció la
mencionada convención colectiva en su artículo 9, lejos de ser algo sin importancia,
es un elemento condicionante de la pensión; pues, su lectura e interpretación
integral representa varios escenarios en donde los requisitos para el derecho son
exigidos de distinta manera, al punto que el carácter voluntario de la renuncia o la
decisión de mantenerse en el cargo determinaban su monto.
Conforme con lo anterior, se advierte que el señor Marrugo Ferrer no tiene
consolidada su situación; dado que, si bien para el 30 de junio de 1997 tenía 40 años
de edad y había prestado más de 20 años de servicios en la Universidad del
Atlántico; y por tanto, podría ser beneficiario de las disposiciones contenidas en el
literal a), b) o c) del artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 suscrita
por el ente territorial, no se había retirado del servicio.
En efecto, de la lectura de los literales a) o b) de la referida Convención Colectiva
de Trabajo, se exigían para reconocer la pensión “a cualquier edad” y como mínimo
10 años de vinculación, que el trabajador fuera i) “retirado sin justa causa” o ii) que
“renuncie voluntariamente”. Además de ello señalaba la posibilidad de pensionarse
con 60 años y retirado de forma voluntaria.
De igual forma, el literal c) preveía la pensión con 20 años o más de servicio,
cualquier edad e independientemente de la causa de desvinculación de la
institución educativa, situación que se reitera, no se presenta en el presente caso,
pues el accionante no se había retirado del servicio al 30 de junio de 1997, en
cuanto estuvo vinculado hasta el 17 de enero de 20074, de acuerdo con la
certificación que obra en el plenario.
Condensando lo anterior, se concluye que el accionante no consolidó su situación
jurídica pensional en los términos exigidos en el artículo 9 de la Convención
Colectiva de Trabajo de 1976, con anterioridad al 30 de junio de 1997; debido a que,
si bien en esa fecha tenía el tiempo de servicio requerido, no había sido retirado del
servicio sin justa causa, ni renunciado voluntariamente a su cargo.
De manera que, al no ser beneficiario del reconocimiento de la prestación
convencional, es improcedente la compatibilidad pensional ordenada por el a quo,
por cuanto el demandante al 30 de junio de 1997, no se había retirado del servicio,
motivo por el cual no tiene derecho a lo ordenado en primera instancia.
2
Aun cuando el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 regula la protección de las pensiones extralegales originadas en actos del
orden municipal y departamental, adquiridas antes de su vigencia y que su inciso final señaló que “las disposiciones de este
artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”, lo cierto es que de una interpretación armónica de todo su
contenido, y especialmente del artículo 151 ibidem, así como de la aplicación del principio de favorabilidad y los efectos de la
sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997 mencionada en el acápite anterior, esta Corporación, ha entendido que la última
fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio de 1997.
3
Del 10 de octubre de 1977 al 30 de junio de 1997 el actor tenia 19 años, 8 meses y 20 días de servicio en la institución
universitaria.
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Ahora bien, la Sala considera pertinente reiterar que los reconocimientos
pensionales como el presente, solamente pueden quedar convalidados en los
términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sí y solo si, se consolidaron hasta
el 30 de junio de 1997, en consideración a la fecha de entrada en vigencia de dicha
norma en el nivel territorial; esto es, el 30 de junio de 1995, y en atención a que el
aparte de la norma que concedió el plazo adicional de dos (2) años para extender
sus efectos de amparo, se declaró inexequible por la Corte Constitucional a través
de una sentencia con efectos hacia futuro, proferida el 28 de noviembre de la citada
anualidad (C-410 de 1997)5 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: SE TUTELEN a favor de mi poderdante RAFAEL ENRIQUE
MARRUGO FERRER, los siguientes derechos fundamentales a saber:
Derecho adquirido, debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
pensión de vejez, mínimo vital, seguridad social en conexidad con la dignidad
humana, derecho de las personas de la tercera edad y los principios a la seguridad
jurídica, confianza legítima, buena fe y el principio de la condición más beneficiosa.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, la sentencia proferida en segunda
instancia por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B, integrada por el
Consejero Ponente doctor César Palomino Cortés y la consejera Sandra Lisset
Ibarra Vélez, de fecha veinticinco (25) de agosto de 2022 y notificada mediante
correo electrónico el día diecinueve (19) de septiembre de 2022, en el proceso con
radicación número: 08001-23-33-000-2015-00606-01, número interno: 1084-2019,
Demandante: Rafael Enrique Marrugo Ferrer; Demandado: Universidad del
Atlántico, la cual se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de
Estado, que profiera una nueva sentencia, en el proceso con radicación número:
08001-23-33-000-2015-00606-01, número interno: 1084-2019, Consejero Ponente
doctor César Palomino Cortés, Demandante: Rafael Enrique Marrugo Ferrer;
Demandado: Universidad del Atlántico y otros; en la cual se haga una valoración
adecuada de las normas aplicables al caso concreto, del precedente judicial, de
5 En este mismo sentido, ver las sentencias del 21 de noviembre de 2013, radicación: 0884-13, Actor:
Universidad del Atlántico; 27 de febrero de 2013, radicación: 0327-12, Actor: Universidad del Atlántico; 15 de
junio de 2011, radicación: 2062-10, demandante: Universidad del Atlántico; 19 de febrero de 2015, radicación:
0321-145, Actor: Universidad del Atlántico, entre otras.
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conformidad a las reglas jurisprudenciales establecidas por el Consejo de Estado y
conforme a derecho, en un término razonable.
CUARTO: ORDENAR a la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado,
proferir sentencia sustitutiva dentro del proceso en el proceso con radicación
número: 08001-23-33-000-2015-00606-01, número interno: 1084-2019, Consejero
Ponente doctor César Palomino Cortés, Demandante: Rafael Enrique Marrugo
Ferrer; Demandado: Universidad del Atlántico, en la cual se CONFIRME la sentencia
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de
Decisión Oral B, Magistrado Ponente doctor Ángel Hernández Cano, el día veinte
(20) de abril de 2018 […]”.
8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en un ii)
defecto fáctico; y en un iii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
normas jurídicas.
Actuación
9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 6 de
marzo de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó al
Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Universidad del Atlántico, a la Nación-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Gobernación del Atlántico, a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se le
desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
11. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adujo que:
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“[…] En ese contexto, consideramos que la presente acción constitucional carece
de la carga argumentativa necesaria para desarticular los fundamentos fácticos y
jurídicos que le sirvieron de sustentación a la sentencia de segunda instancia
proferida el veinticinco (25) de agosto de 2022, por el Consejo de Estado - Sala de
lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección “B”, integrada en su
momento por el Consejero Ponente, Doctor César Palomino Cortés y la señora
consejera Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez - notificada mediante correo electrónico
el día diecinueve (19) de septiembre de 2022 -, por cuanto, contrario a lo requerido
por la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el cumplimiento de
requisitos específicos que habilitan la interposición de la acción, el señor apoderado
del accionante se remite a reiterar los argumentos de hecho y de derecho que le
sirvieron de fundamento al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho fallado negativamente en la segunda instancia, desnaturalizando con ello
la acción constitucional incoada, en la medida que el carácter residual, y casi
extraordinario de la Acción de Tutela, le impone al actor o a quien lo represente, la
carga de demostrar las falencias de que adolece el fallo controvertido conforme a
los criterios establecidos por la jurisprudencia, y que, en este caso el apoderado
judicial del accionante resumió en los tres siguientes cargos: “1. Defecto sustantivo,
2. Defecto sustantivo por desconocimiento del Precedente, y 3. Defecto fáctico”.
La demostración de dichos cargos a nuestro juicio brilla por su ausencia, pues, lo
que se concluye de la lectura de su texto, es que, pareciera pretenderse con este
instrumento de carácter excepcional, es darle el tratamiento de una tercera instancia
claramente proscrita por misma jurisprudencia, amén de carecer de la relevancia
constitucional que debe enmarcarla, todo lo cual nos lleva a aducir que en nuestro
criterio carece de vocación de prosperidad […]”.
12. La Universidad del Atlántico señaló que:
“[…] Muy respetuosamente me permito solicitar al despacho, se sirva DENEGAR el
amparo constitucional solicitado por la parte actora, toda vez que la presente acción
no cumple con los requisitos de procedibilidad señalados en la Constitución Política
y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional […]”.
13. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, la Gobernación del Atlántico; y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
14. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 5 de mayo de 2023, resolvió lo siguiente:
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“[…] PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela del Rafael
Enrique Marrugo Ferrer contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B […]”.
15. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:
“[…] La sentencia reprochada estimó que para tener derecho a la pensión
establecida en el artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976 dirigida a los
empleados de la Universidad del Atlántico se requería que al 30 de junio de 1997,
el solicitante acreditara más de 20 años de servicio y hubiere sido retirado del mismo
sin importar la causa. Indicaron que el señor Marrugo Ferrer no tiene derecho a que
se le reconozca la pensión en los términos del artículo 9 de la Convención Colectiva
de Trabajo o se ordene la compatibilidad pensional en virtud de la misma, en la
medida que su situación pensional no quedó convalidada al tenor de los señalado
en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 pues si bien, para el 30 de junio de 1997
tenía 40 años y había prestado el servició por más de 20 años en la Universidad del
Atlántico, no se había retirado del servicio sin justa causa ni renunciado
voluntariamente a su cargo.
La tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por ello, no le
corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado
por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia.
Este recurso judicial tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario,
ni es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o
para que la parte desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al
caso.
Como no se advierte que la decisión cuestionada sea caprichosa o arbitraria y los
argumentos expuestos por el solicitante están encaminados a volver sobre la
controversia decidida por los jueces naturales, la tutela es improcedente […]”.
La impugnación
16. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Contrario a lo manifestado por el a quo, no se pretende con la presentación de
la acción de tutela constituir la misma en una instancia adicional, de parte del juez
constitucional, ni se pretende plantear un escenario con la finalidad proponer “una
mejor solución al caso”. A su vez al estudiarse los argumentos expuestos en el
memorial de tutela, se denota con claridad que no están encaminados a volver
sobre la controversia decidida por el Consejo de Estado en segunda instancia o la
valoración probatoria.
Se actuó, de conformidad a los lineamientos y los términos previsto en la norma, a
los requisitos generales y especiales de procedibilidad que hacen procedente la
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acción de tutela contra providencias judiciales, a la jurisprudencia aplicable al caso
concreto y de conformidad a la convención colectiva de trabajo de 1976,
observándose las etapas del procedimiento administrativo y el proceso judicial.
De conformidad a lo planteado en el derecho de petición, el cual dio origen a la
actuación administrativa y a la demanda interpuesta, encontramos que el señor
Rafael Enrique Marrugo Ferrer, reúne las condiciones necesarias para ser
beneficiario de la pensión convencional solicitada, lo anterior pese a ostentar la
calidad de empleado público y no haberse retirado del servicio al 30 de junio de
1997, siento este el argumento utilizado con la finalidad de desestimar las
pretensiones de la demanda, siendo lo anterior contrario a derecho y a lo que ha
indicado la jurisprudencia de esta corporación, razones estas por las cuales se debe
acceder a lo solicitado en la presente acción de tutela.
Es erróneo, el hecho que mi poderdante al no haberse retirado del servicio al 30 de
junio de 1997, no tiene derecho a ser cobijado por la convención colectiva de trabajo
de 1976. Lo anterior de conformidad a lo plasmado en acápite (concepto de
violación) de la demanda y los argumentos expresados en la presente acción de
tutela, en la cual se fundamentó con amplitud, el por qué se está frente a la
configuración del DEFECTO SUSTANTIVO, DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES Y EL DEFECTO FACTICO, los cuales no fueron estudiados al
momento de proferirse la sentencia de tutela […]”.
[…]
“[…] Como se sostuvo en la presentación de la presente acción de tutela; se observa
con claridad que:
1. El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección B, al momento de emitir la respectiva sentencias de segunda instancia,
desconoce el alcance y ámbito de aplicación del artículo 146 de la ley 100 de 1993;
al desconocer que las prerrogativas convencionales, estipuladas en el artículo 9 de
la convención colectiva de trabajo 1976, suscrita por los representantes legales de
la universidad del Atlántico, y por los representantes de la asociación sindical de
profesores universitarios ASPU seccional Atlántico y los representantes de los
trabajadores de la universidad del Atlántico SINTRAUA; le son aplicables al señor
Rafael Marrugo Ferrer, así este no se hubiese retirado efectivamente del servicio al
30 de junio de 1997; lo anterior teniendo en cuenta que para la fecha de entrada en
vigencia de la ley 100 de 1993, había consolidado su derecho y/o prerrogativa
convencional para pensionarse, tal como lo ha venido reconociendo el Consejo de
Estado en sendas jurisprudencias.
2. Desconoce de igual manera el fallo proferido por el accionado, que la ley 100 de
1993, entró a regir a más tardar el 30 de junio de 1995 y que se convalidaron las
situaciones pensionales de quienes cumplieran los requisitos exigidos dentro de los
dos (2) años después de su entrada en vigencia, esto es hasta el treinta (30) de
junio de 1997.
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3. Desconoce el fallo impugnado que “resulta viable que un empleado público a
quien no se le reconoció su pensión de Jubilación, pero que en los términos del
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cumplió los requisitos previstos en la respectiva
convención colectiva, pueda acceder a dicho beneficio”.1 Posición esta sostenida
en diversos pronunciamientos emanados del Consejo de Estado, tal cual fue
expuesto en el siguiente asunto, y relacionado en el memorial de tutela, del cual me
permito trascribir una vez más algunos apartes:
“Del mismo modo se encuentra acreditado que la señora NORMA CRISTINA COLL
DÍAZ, nació el 09 de diciembre de 1960 y prestó sus servicios al Estado en la
Universidad del Atlántico desde el 13 de enero de 1980 hasta 31 de julio de 2012
en el cargo de Profesional Universitario en la Universidad del Atlántico. Por lo
expuesto, es claro para la Sala que el derecho pensional de la señora NORMA
CRISTINA COLL DÍAZ se consolidó antes del 30 de junio de 1997, data en la cual
cumplía un poco más de diecisiete (17) años al servicio de la Universidad del
Atlántico, acorde con lo dispuesto en el literal b) del artículo 9° de la convención
colectiva de trabajo antes transcrita.
En este punto es preciso aclarar que si bien es cierto que la señora NORMA
CRISTINA COLL DÍAZ permaneció vinculada al ente educativo hasta el 31 de julio
de 2012, momento en el cual fue suprimido el cargo que venía desempeñando, no
puede entenderse que su continuidad en el servicio luego de la consolidación de su
derecho pensional implicaría la pérdida del mismo, pues como ya se dijo su
situación quedó resguardada en los términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Dado que el sistema general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, entró
a regir a más tardar el 30 de Junio de 1995 y convalidó situaciones pensiones de
quienes cumplieran los requisitos exigidos dentro de los dos (2) años siguientes a
su entrada en vigencia, es decir, hasta el 30 de junio de 1997, según el inciso 2° del
artículo 146; y el derecho pensional de la demandante se consolidó antes de esa
data, resulta forzoso el reconocimiento de la pensión de jubilación acorde con la
convención colectiva de trabajo, a partir de su retiro del servicio, en aplicación del
artículo 146 ibídem y por mandato del principio de favorabilidad”. (negrillas del
suscrito)
Es claro entonces, que al haberse consolidado el derecho pensional de mi
poderdante antes del 30 de junio de 1997, resulta forzoso el reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en la convención colectiva
de trabajo, lo anterior a partir su retiro del servicio de conformidad al artículo 146 de
la ley 100 de 1993. A su vez es claro, que no pierde este derecho por haber
continuado prestando sus servicios hasta el momento en el cual fue suprimido el
cargo que este desempeñaba, como se expreso en la sentencia proferida en
segunda instancia.
4. Desconoce la accionada, el derecho adquirido y la confianza legitima que ostenta
mi poderdante, el cual está amparado por nuestra C.P. en el artículo 58, el alcance
del principio de favorabilidad o de la condición más beneficiosa estipulada en el
artículo 53 de la C.P.; el derecho a la pensión y seguridad social que cobija a mi
poderdante, al aplicarse en el momento de dictar sentencia, un planteamiento
desfavorable a mi poderdante, existiendo normas jurídicas y amplia jurisprudencia
que amparan y/o avalan lo solicitado en el proceso judicial. Desconociendo a su vez
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lo pactado en el artículo 9 de la convención colectiva de trabajo de 1976 ya
mencionada […]”.
[…]
“[…] II. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES (VER FOLIOS 15 AL 30 DEL MEMORIAL
DE TUTELA).
En los casos citados como referencia, vemos que existe similitud en los
presupuestos facticos y jurídicos, que existen unas reglas fijadas en las decisiones
las cuales se conservan vigentes y por lo tanto la consecuencia jurídica de estas
decisiones, es aplicable al caso actual. Estando los falladores como se manifestó,
en la presente acción de tutela, obligados a seguir la decisión trazada en la ratio
decidendi de las sentencias citadas, sobre el asunto que fue de su conocimiento.
Desconociéndose por lo tanto el precedente judicial, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente, siendo
que la jurisprudencias citadas y desconocidas, son calaras al reconocer la
aplicabilidad de la convención colectiva de trabajo de 1976, para los empleados
públicos de la universidad del Atlántico, lo anterior bajo el amparo del artículo 146
de la ley 100, aun cuando no se hayan retirado del servicio para el año 1997 […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
6 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
19. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo en
el trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).
8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
22. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, en su
criterio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar lo siguiente:
“[…] Inicialmente la demanda le correspondió en reparto al Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Barranquilla, despacho que mediante auto 14 de 1 noviembre
de 2014 Ia admitió, en cuyo desarrollo se surtieron las siguientes etapas,
actuaciones y ordenaciones: notificaciones por estado electrónico; personalmente
al señor Procurador Judicial y a la parte demandada, quien contestó el introductorio.
En providencia del 27 de marzo de 2015, la referida agencia judicial, integró el
litisconsorcio necesario ordenando notificar al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al Departamento del Atlántico y a la Administradora Colombiana de
Pensiones — Colpensiones, otorgándoles el término concedido en el artículo 172
de la Ley 1437 de 2011, para ejercer su derecho de contradicción y defensa […]”10.
(Resaltado por la Sala).
24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada respecto de la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones.
10 Extractos tomados de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
el 20 de abril de 2018.
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Problemas Jurídicos
26. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la sentencia
de 25 de agosto de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 08001-23-33-000-2015-
00606-01, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, lo
que trajo como consecuencia que negara el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación.
27. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto sustantivo por interpretación
irrazonable de normas jurídicas; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; ix) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; x) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; xi) marco normativo
y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, xii) análisis del
caso concreto y finalmente las xiii) conclusiones de la Sala.
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Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello11, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
29. Esta Sección12 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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31. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”13.
32. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
33. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos
parámetros.
34. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
13Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P.Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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35. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
36. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
37. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:
37.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al i) debido proceso, a la ii) igualdad, al iii) acceso a la administración de
justicia, a la iv) seguridad social, al v) mínimo vital y a la vi) dignidad humana.
37.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales indicados supra, y además, ii) el actor cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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37.3. Ahora bien, la Sala respecto al defecto fáctico, considera que no se acreditó
con el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional, con
fundamento en las siguientes razones:
37.4. El actor indicó en su escrito de tutela lo siguiente:
“[…] En el presente asunto, se configuró con las decisiones y actuaciones proferidas
por los accionados. el defecto factico que da lugar a la procedencia de la acción
[…]”.
[…]
“[…] EN ESTE CASO: Se encuentra plenamente acreditado este defecto, toda vez
que el accionado, contando con las pruebas suficientes, las cuales fueron aportadas
en debida forma, omitió la “valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez”. Dando como resultado que sin una
razón valedera y ajustada a derecho diera por no probado el hecho que mi
poderdante tiene derecho a la pensión convencional reclamada […]”.
37.5. Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicó específicamente
cuales medios de prueba fueron valorados erróneamente por parte del juez
colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar
el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas
fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la
afectación de derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub
examine.
37.6. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el
defecto fáctico ha dicho lo siguiente : 16
“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
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contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales17.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es
exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
37.7. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales18, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales19.
38.Por último, la Sala analizará el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedibilidad:
38.1. Cumplió con el requisito general de inmediatez20.
17 Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto fáctico,
ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
18 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017,
C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
20 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 25
de agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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38.2. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados supra;
38.3. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
38.4. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
38.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
39. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
40. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169
de 31 de diciembre de 189621 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 ; así 22
como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200123; C-816 de 201124;
C-179 de 201625; y T-102 de 201426.
41. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”27 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
21 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
22 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
23 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
27 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
42. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional28, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
43. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional,
cuya doctrina es obligatoria29, la regla del respeto del precedente no es absoluta,
debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la
dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver
una situación concreta.
44. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los
cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala30, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
28 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
29 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas
como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que
debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia
resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en
los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
45. En efecto, la Sala31 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se
separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la
cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que
fundamenta el cambio de posición jurisprudencial32”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
46. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica
47. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía
de hecho por defecto sustantivo:
31 ibídem.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada,
o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica. 33
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente34 o porque ha sido derogada35, es inexistente36,
inexequible37 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador38.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma39.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes40.
d. La disposición aplicada es regresiva41 o contraria a la Constitución42.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición43.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma44.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente[…]”.
33 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
34Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
35Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
36Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
37Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
38Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
39Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
40Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9
de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
41Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
42Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
44Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
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48. Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede incurrir
un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al caso
concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.
49. Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la Corte
Constitucional ha dicho:
“ […] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco del
Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias indebidas
en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su conocimiento
a partir de la interpretación que estimen más ajustada al ordenamiento jurídico y a
los criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad, la jurisprudencia, la doctrina
y los principios generales del derecho.45
La preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra
sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado que
tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la interpretación
del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas posiciones sobre la norma
jurídica aplicable a determinada situación de hecho y sobre las consecuencias que
se derivan de ella.46
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas47. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la
administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
45 Constitución Política, Artículo 230.
46 La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de
su interpretación (norma jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha entendido que
una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y que una misma norma jurídica puede estar
contenida, a su vez, en diversas disposiciones. (Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
47 Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores48 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de
la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto
que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra la
Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y coherencia al
ordenamiento jurídico.49
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos
circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y alcance
que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto sustantivo
por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva interpretativamente
una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la
disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad. Sin embargo,
el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia dogmática respecto
de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino, solamente, cuando
la misma es manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación
notoria del derecho. En palabras de la Corte, las fallas originadas en el proceso
hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley
se le ha otorgado un sentido contraevidente”.50[…]”51
48 Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
49 Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades
individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social,
entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica
de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios
ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir.
Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior)
del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que
ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales;
en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales,
puede afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
50 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
51 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
50. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
51. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
52
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
52.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
52 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
53.Atendiendo a que la Corte Constitucional53 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
54.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
53 Corte Constitucional, Sentencia C -178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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55.Atendiendo a que, la Corte Constitucional54 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
56. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
57. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho55:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
54 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
55 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
58.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
59.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:56
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
56 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado57.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”58. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”59 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
60.Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).
61. Atendiendo a que la Corte Constitucional60 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
57 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
58 Sentencia T-173 de 2016.
59 Ibídem.
60 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.
Análisis del caso en concreto
62. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
63. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
64. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
64.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de agosto de 2022.
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Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
65. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial. En ese orden de ideas, expresó lo
siguiente:
“[…] Sentencia de tutela del Consejo de estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda Subsección B, Consejera ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ, en sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve
(2019), Radicación número: 11001-03-15- 000-2018-04671-01 (AC), Actor:
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO […]”.
[…]
“[…] d) Sentencia de tutela del Consejo de estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Consejera ponente: MYRIAM STELLA GTIÉRREZ
ARGÜELLO, de fecha nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (202021), Radicación
número: 11001-03-15-000-2021-00825-01, Demandante: VERA JUDITH GARCÍA
HERNÁNDEZ, Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto por desconocimiento del
precedente. Situaciones pensionales de empleados del orden territorial convalidadas
conforme el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 […]”.
66. La Sala precisa que, reiterando lo dicho por esta Sección61, las sentencias que
se alegan desatendidas no constituyen precedente judicial, toda vez que sus efectos
son inter partes, tal como lo prevé el artículo 48 de la Ley 270 de 7 de marzo de
199662, que prevé que “[...] las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de
2022, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-07479-01, Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2022, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000202110975-01 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de 2022, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2021-10262-01.
62 Estatutaria de Administración de Justicia
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acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su
motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces [...]”.
67.De igual manera, el actor en su escrito de tutela, señaló que la autoridad judicial
accionada se apartó de los siguientes precedentes judiciales:
“[…] a) Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado de fecha veintinueve (29) de septiembre de 2011; Consejero
Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación número: 08001-23-31-
000-2005-02866-03(2434-10) Actor: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Demandado:
JULIA LOURDES LLANOS BORRERO; la cual trata sobre la protección de
pensiones de pensiones extralegales, confianza legítima y principio de favorabilidad
[…]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los
ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan,
en nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los
asociados.
En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional
constituyen la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos
tienen que tener la certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que
entren a formar parte de su patrimonio y puedan denominarse “derechos
adquiridos”.
En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió
fue lo contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó,
antes no estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho
sólo se consolidó a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los
demás asuntos que están sub júdice […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, como se indicó arriba, en criterio que ahora unifica la Sala, las
convenciones colectivas están dentro de los supuestos establecidos en el artículo
146 de la Ley 100 de 1993.
En este orden de ideas, como la demandada, pese a que adquirió su pensión sin el
lleno de los requisitos legales, con base en normas que en principio, no le eran
aplicables por ser empleada pública, pero que por virtud de la validación realizada
por el legislador resultan aplicables”. (negrillas fuera del texto original). Es claro, que
el articulo 146 de la ley 100 de 1993, protegió los derechos adquiridos de las
personas que como en el caso de mi poderdante Rafael Marrugo Ferrer, alcanzaron
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
los requisitos para acceder a una pensión vitalicia de jubilación, por lo cual la
sentencia objeto de reproche desconoció los criterios fijados en la sentencia de
unificación citada. En virtud de lo anterior se debió respetar el derecho adquirido al
cual tiene derecho, a su vez dársele aplicación al principio de favorabilidad en
materia laboral y el de la condición más beneficiosa, correspondiéndole al juez,
verificar cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador y cómo ha de
aplicarse o interpretarse […]”.
[…]
“[…] Consejo de estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
Subsección B, Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Bogotá, D. C.,
cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 08001-23-31-
000-2006-005050-02(1740-15), Actor: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO,
Demandado: FLUVIO VIÑAS RAMOS
En la citada sentencia, el Consejo de Estado al pronunciarse sobre el caso concreto,
considero que […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, la Sala estima que de acuerdo con lo dispuesto con el literal c)
del artículo 9 de la convención colectiva de 1976, el señor Fluvio Viñas Ramos
adquirió su estatus pensional el 17 de enero de 1997, esto es, al cumplir 20 años de
servicios. Lo anterior, sin importar que su retiro del servicio se haya registrado 11
meses después, ante su renuncia voluntaria a la Universidad del Atlántico, y que el
referido reconocimiento prestacional se haya concretado en esa misma fecha, al
proferirse la Resolución 002363 de 22 de diciembre de 1997.
Consecuente con lo anterior, contrario a lo manifestado por el A quo, el derecho
pensional del accionado se consolidó el 17 de enero de 1997, es decir, antes del 30
de junio de 1997, fecha de la entrada en vigencia en el nivel territorial del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. Sobre este punto, se resalta
que aun cuando el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 regula la protección de las
pensiones extralegales originadas en actos del orden municipal y departamental,
adquiridas antes de su vigencia y que su inciso final señaló que “las disposiciones
de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”, lo cierto es
que de una interpretación armónica de todo su contenido, y especialmente del
artículo 151 ibídem, así como de la aplicación del principio de favorabilidad y los
efectos de la sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997 mencionada en el acápite
anterior, esta Corporación, ha entendido que la última fecha que ha de tenerse en
cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio
de 1997.
En conclusión, para el caso particular del señor Viñas Ramos, su situación pensional
quedó convalidada en los términos previstos en el artículo 146 de la Ley 100 de
1993, al haber acreditado los 20 años de servicios exigidos por el literal c) del artículo
9 de la convención colectiva de trabajo, antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones en el nivel territorial (30 de junio de 1997).
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
En este orden de ideas, la Sala señala que es legal el reconocimiento pensional con
fundamento en la convención colectiva de trabajo antes referida, a favor del
demandado en calidad de docente, empleado público. (negrillas del suscrito).
En tales condiciones y, comoquiera que el señor Fluvio Viñas Ramos consolidó su
situación jurídica particular con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha de entrada
en vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones a nivel territorial, es
coherente precisar que el acto acusado conserva su presunción de legalidad”.
Debe tenerse en consideración, que en la sentencia citada con anterioridad se avaló
el reconocimiento pensional del señor Fluviño Viñas Ramos, “Lo anterior, sin
importar que su retiro del servicio se haya registrado 11 meses después, ante su
renuncia voluntaria a la Universidad del Atlántico, y que el referido reconocimiento
prestacional se haya concretado en esa misma fecha, al proferirse la Resolución
002363 de 22 de diciembre de 1997.
Consecuente con lo anterior, contrario a lo manifestado por el A quo, el derecho
pensional del accionado se consolidó el 17 de enero de 1997, es decir, antes del 30
de junio de 1997, fecha de la entrada en vigencia en el nivel territorial del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 […]”.
68. La Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por haberse apartado de dichos precedentes judiciales.
Sentencia de 29 de septiembre de 2011 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado
69. La Sección Segunda del Consejo de Estado tenía que resolver el siguiente
problema jurídico63:
63 La situación fáctica del caso es la siguiente: “[…] La señora Julia Lourdes Llanos se vinculó al servicio de la
Universidad del Atlántico el 27 de diciembre de 1974, como Mecanógrafa de esta entidad, en condición de
empleada pública, pues no se ocupaba de actividades relacionadas con la construcción o sostenimiento de
obras públicas, en los términos del Decreto 3135 de 1968.
El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, a través del Acuerdo No. 002 de 31 de enero de 1976,
indicó que los docentes, auxiliares, asistentes y adjuntos tendrían el carácter de trabajadores oficiales, situación
que es abiertamente ilegal.
Asimismo, con posterioridad a la vinculación de la demandada, la Universidad del Atlántico suscribió la
Convención Colectiva de Trabajadores con los sindicatos de profesores y trabajadores de dicho ente. Este
instrumento se hizo extensivo a la accionada, argumentando que se trataba de una trabajadora oficial.
Entre tanto, a través del acto administrativo acusado, el ente accionante le reconoció a la demandada su pensión
de jubilación, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Colectiva de 1976.
En ese orden de ideas, a la accionada se le reconocieron beneficios de la Convención Colectiva, sin existir
causa válida para el efecto, pues se trataba de una empleada pública. En sí, se le otorgó una pensión de
jubilación teniendo en cuenta una edad inferior a la legal y en una cuantía superior a la que tenía derecho,
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01082-01
Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
“[…] El problema jurídico por resolver se contrae a determinar la legalidad de la
Resolución No. 000984 de 23 de octubre de 1992, de cara a establecer si el
reconocimiento pensional allí efectuado con fundamento en normas convencionales
puede protegérsele a la accionada en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993 […]”:
70. Consideró que:
“[…] De conformidad con el material probatorio allegado al expediente se evidencia
que la fuente del reconocimiento prestacional de la demandada fue la Convención
Colectiva de 1976, pues a pesar de ser empleada pública, se dio estricto
cumplimiento al artículo 9º de dicha convención.
Por consiguiente, y una vez que se ha tenido en cuenta que la accionada fue
pensionada en su condición de empleada pública al amparo de disposiciones
convencionales, procede la Sala a establecer si se reúnen los siguientes requisitos,
con el ánimo de determinar si es viable, a pesar de la ilegalidad del reconocimiento
y salvaguardar su situación pensional:
(a) Que su prestación haya sido consolidada o adquirida con anterioridad al 30 de
junio de 1995, esto es, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en
el orden territorial; y,
(b) Que su prestación de orden convencional se halle dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Frente al primer aspecto, cabe resaltar que la prestación de la señora Julia Lourdes
Llanos Borrero se concedió por haber cumplido más de 15 años al servicio de la
Universidad. Por consiguiente, se puede afirmar que la accionada adquirió su
derecho pensional con base en la normatividad convencional el 1º de octubre de
1992, fecha en la cual, cumplió con el tiempo de servicio; por tal motivo, al tenor de
lo manifestado en el acápite anterior, a pesar de la irregularidad de su prestación,
sería viable amparar su derecho con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146
de la Ley 100 de 1993 pues, se resalta, su situación jurídica se encontraba definida
antes de que entrara en vigencia dicho marco normativo. En efecto, ya que el
reconocimiento operó mediante Resolución No. 000984 de 23 de octubre de 1992,
antes de proferirse la Ley enunciada.
Ahora bien, como se indicó arriba, en criterio que ahora unifica la Sala, las
convenciones colectivas están dentro de los supuestos establecidos en el artículo
146 de la Ley 100 de 1993.
En este orden de ideas, como la demandada, pese a que adquirió su pensión sin el
desconociendo los mandatos de las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y de los Decretos 80 de 1980 y 1158 de
1994 […]”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01082-01
Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
lleno de los requisitos legales, con base en normas que en principio, no le eran
aplicables por ser empleada pública, pero que por virtud de la validación realizada
por el legislador resultan aplicables […]”.
Sentencia de 4 de julio de 2019 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado
71. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tenía que
resolver el siguiente problema jurídico64:
“[…] ¿Era procedente el reconocimiento pensional dispuesto a favor del señor Fluvio
Viñas Ramos en la Resolución 002364 de 22 de diciembre de 1997, con fundamento
en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Asociación Sindical de
Profesores Universitarios ASPU, Seccional Atlántico, el Sindicato de Trabajadores
de la Universidad del Atlántico SINTRAUA y la Universidad del Atlántico en 1976?
[…]”.
72. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver el
caso concreto, consideró lo siguiente:
“[…] En el caso bajo análisis se tiene que el señor Fluvio Viñas Ramos nació el 15
de noviembre de 194765 y prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico del 17
de enero de 1977 al 22 de diciembre de 1997, fecha en la que se aceptó su renuncia
como docente de tiempo completo66.
Asimismo, está acreditado que mediante la Resolución 002364 de 22 de diciembre
64 La situación fáctica del caso es la siguiente: “[…] El señor Fluvio Viñas Ramos nació el 15 de noviembre de
1947. Se vinculó a la Universidad del Atlántico como docente desde el 17 de enero de 1977 y prestó sus
servicios hasta el 22 de diciembre de 1997, fecha en la que se aceptó su renuncia al cargo.
Mediante la Resolución 0002364 de 22 de diciembre de 1997, la universidad reconoció una pensión de jubilación
a favor del demandado, a partir del retiro del servicio.
La parte actora indicó que el Consejo Superior de la Universidad a través del Acuerdo 002 de 31 de enero de
1976, estableció cuáles de sus servidores tenían el carácter de empleados públicos y cuáles ostentaban el de
trabajadores oficiales, incluyendo dentro de éste a los docentes que tuvieran el cargo de profesores titulares,
auxiliares, asistentes y adjuntos. Ello, en evidente violación del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, que
prevé que las personas que prestan sus servicios en establecimientos públicos son empleados públicos.
La entidad accionante sostuvo que al accionado se le reconoció su pensión de jubilación con fundamento en
una convención colectiva, bajo el falso argumento que era un trabajador oficial, cuando en realidad prestó sus
servicios a la institución en calidad de empleado público, y por lo tanto, no tenía derecho a ningún beneficio
convencional […]”.
65 Folio 36.
66 Folios 29 – 30 y 39.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01082-01
Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
de 199767, la universidad demandante reconoció y ordenó el pago de una pensión
de jubilación al señor Viñas Ramos, con efectos a partir del 1 de enero de 1998, en
cuantía igual al 100% de su salario base de liquidación, esto es, $4.200.295.
Dicho reconocimiento pensional se fundamentó en el literal c) del artículo 9 de la
convención colectiva de trabajo de 1976, que señalaba:
“Artículo 9o. La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la
pensión de jubilación según las siguientes reglas:
(…)
c) Con veinte (20) años de servicios o más, cualquiera que sea la causa
de la terminación del contrato y a cualquier edad”.
Así las cosas, la Sala estima que de acuerdo con lo dispuesto con el literal c) del
artículo 9 de la convención colectiva de 1976, el señor Fluvio Viñas Ramos adquirió
su estatus pensional el 17 de enero de 1997, esto es, al cumplir 20 años de servicios.
Lo anterior, sin importar que su retiro del servicio se haya registrado 11 meses
después, ante su renuncia voluntaria a la Universidad del Atlántico, y que el referido
reconocimiento prestacional se haya concretado en esa misma fecha, al proferirse
la Resolución 002363 de 22 de diciembre de 1997.
Consecuente con lo anterior, contrario a lo manifestado por el A quo, el derecho
pensional del accionado se consolidó el 17 de enero de 1997, es decir, antes del 30
de junio de 1997, fecha de la entrada en vigencia en el nivel territorial del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 199368 […]”.
[…]
“[…] En conclusión, para el caso particular del señor Viñas Ramos, su situación
pensional quedó convalidada en los términos previstos en el artículo 146 de la Ley
100 de 1993, al haber acreditado los 20 años de servicios exigidos por el literal c)
del artículo 9 de la convención colectiva de trabajo, antes de la entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial (30 de junio de 1997).
En este orden de ideas, la Sala señala que es legal el reconocimiento pensional con
fundamento en la convención colectiva de trabajo antes referida, a favor del
demandado en calidad de docente, empleado público.
En tales condiciones y, comoquiera que el señor Fluvio Viñas Ramos consolidó su
situación jurídica particular con anterioridad al 30 de junio de 1997, fecha de entrada
en vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones a nivel territorial, es
coherente precisar que el acto acusado conserva su presunción de legalidad […]”.
67 Folios 43 a 45.
68 Según lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01082-01
Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
73.Por su parte, la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 25 de
agosto de 2022, negó las pretensiones del actor, con fundamento en las siguientes
consideraciones jurídicas:
“[…] Dentro del expediente se encontró probado que el demandante nació el 9 de
junio de 195769.
El Departamento de Talento Humano de la Universidad del Atlántico, certificó que
Rafael Enrique Marrugo Ferrer laboró en dicha institución educativa en calidad de
empleado público desde el 10 de octubre de 1977 hasta el 17 de enero de 200770.
Mediante petición de 1 de febrero de 201371, el actor solicitó a la Universidad del
Atlántico el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con fundamento en
el artículo 9 literal b) de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 12 de abril
de 1976, desde el 18 de enero de 2007; esto es, desde que se desvinculó de la
Universidad.
La Sala advierte que para tener derecho a la pensión establecida en el literal c) del
artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976 dirigida a los empleados de la
Universidad del Atlántico, era necesario que el demandante al 30 de junio de 199772
acreditara más de 20 años de servicio73, y hubiere sido retirado del servicio sin
importar la causa.
De esta manera, el retiro del servicio en las condiciones que estableció la
mencionada convención colectiva en su artículo 9, lejos de ser algo sin importancia,
es un elemento condicionante de la pensión; pues, su lectura e interpretación
integral representa varios escenarios en donde los requisitos para el derecho son
exigidos de distinta manera, al punto que el carácter voluntario de la renuncia o la
decisión de mantenerse en el cargo determinaban su monto.
Conforme con lo anterior, se advierte que el señor Marrugo Ferrer no tiene
consolidada su situación; dado que, si bien para el 30 de junio de 1997 tenía 40 años
de edad y había prestado más de 20 años de servicios en la Universidad del
Atlántico; y por tanto, podría ser beneficiario de las disposiciones contenidas en el
69
Folio 59
70
Folio 25
71
Folio 17 a 21
72
Aun cuando el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 regula la protección de las pensiones extralegales originadas en actos
del orden municipal y departamental, adquiridas antes de su vigencia y que su inciso final señaló que “las disposiciones de
este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley”, lo cierto es que de una interpretación armónica de todo
su contenido, y especialmente del artículo 151 ibidem, así como de la aplicación del principio de favorabilidad y los efectos
de la sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997 mencionada en el acápite anterior, esta Corporación, ha entendido que la
última fecha que ha de tenerse en cuenta para determinar la existencia o no de un derecho adquirido es el 30 de junio de
1997.
73
Del 10 de octubre de 1977 al 30 de junio de 1997 el actor tenia 19 años, 8 meses y 20 días de servicio en la institución
universitaria.
25
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
literal a), b) o c) del artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 suscrita
por el ente territorial, no se había retirado del servicio […]”.
74. Ahora bien, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que al resolver el
caso sub examine, aplicó de manera correcta la regla jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2011, consistente en que las “[…],
las convenciones colectivas están dentro de los supuestos establecidos en el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993 […]”, por lo que al resolver el caso sub examine,
evidenció que el señor Rafael Enrique Marrugo no cumplió con todos los requisitos
establecidos en el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo para que se le
reconociera la pensión de jubilación, toda vez que, si bien es cierto, para el 30 de
junio de 1997 tenía 40 años de edad y había prestado más de 20 años de servicios
en la Universidad del Atlántico, no se había retirado del servicio ni renunciado
voluntariamente a su cargo.
75. En ese orden de ideas, la Sala debe hacer énfasis que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir la sentencia de 25 de agosto de
2022, tuvo en cuenta la respectiva Convención Colectiva del Trabajo siguiendo la
regla jurisprudencial mencionada supra, sin embargo, consideró que en el caso
concreto el actor no cumplió con los requisitos fijados en dicha convención para el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
76.En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de
25 de agosto de 2022, concluyó lo siguiente:
“[…] En efecto, de la lectura de los literales a) o b) de la referida Convención
Colectiva de Trabajo, se exigían para reconocer la pensión “a cualquier edad”
y como mínimo 10 años de vinculación, que el trabajador fuera i) “retirado sin
justa causa” o ii) que “renuncie voluntariamente”. Además de ello señalaba la
posibilidad de pensionarse con 60 años y retirado de forma voluntaria.
De igual forma, el literal c) preveía la pensión con 20 años o más de servicio,
cualquier edad e independientemente de la causa de desvinculación de la
institución educativa, situación que se reitera, no se presenta en el presente
caso, pues el accionante no se había retirado del servicio al 30 de junio de
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01082-01
Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
1997, en cuanto estuvo vinculado hasta el 17 de enero de 200774, de acuerdo
con la certificación que obra en el plenario.
Condensando lo anterior, se concluye que el accionante no consolidó su
situación jurídica pensional en los términos exigidos en el artículo 9 de la
Convención Colectiva de Trabajo de 1976, con anterioridad al 30 de junio de
1997; debido a que, si bien en esa fecha tenía el tiempo de servicio requerido,
no había sido retirado del servicio sin justa causa, ni renunciado
voluntariamente a su cargo.
De manera que, al no ser beneficiario del reconocimiento de la prestación
convencional, es improcedente la compatibilidad pensional ordenada por el a
quo, por cuanto el demandante al 30 de junio de 1997, no se había retirado del
servicio, motivo por el cual no tiene derecho a lo ordenado en primera
instancia […]”. (Resaltado por la Sala).
77. Por último, respecto a la sentencia de 4 de julio de 2019 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala considera que
no constituye precedente vinculante75 al no fijar una regla de obligatorio
cumplimiento para los jueces de inferior jerarquía en los términos del artículo 27076
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir la
sentencia de 25 de agosto de 2022 no incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
74 Folio 25.
75 Frente al tema, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 8 de junio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-
2023-02050-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16
de septiembre de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2021-
04679-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
marzo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00784-00.
76 Prevé el artículo 270: “[…] Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se
tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado
por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia
o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los
recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley
270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 […]”.
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable del
artículo 146 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 199377
78. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por interpretación
irrazonable del artículo 146 de la Ley 100 de 1993. En ese orden de ideas, expresó
lo siguiente:
“[…] Se configuró el defecto antes mencionado toda vez que:
a) El Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda – Subsección B, al momento de emitir la sentencia de segunda instancia,
desconoció el alcance y ámbito de aplicación del artículo 146 de la ley 100 de 1993;
emitiendo una interpretación irrazonable del articulo citado, al no reconocer que las
prerrogativas convencionales, estipuladas en el artículo 9 literal b, de la convención
colectiva de trabajo 1976, suscrita por los representantes legales de la universidad
del Atlántico, y por los representantes de la asociación sindical de profesores
universitarios ASPU seccional Atlántico y los representantes de los trabajadores de
la universidad del Atlántico SINTRAUA; le son aplicables a mi poderdante Rafael
Marrugo Ferrer, aun si no se hubiese retirado del servicio al 30 de junio de 1997, en
virtud que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100, el señor Rafael Marrugo
Ferrer, había consolidado su derecho y/o prerrogativa convencional para
pensionarse, tal como lo ha venido reconociendo el Consejo de Estado en sendas
jurisprudencias […]”.
79. Para la Sala, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que al resolver el caso concreto aplicó e
interpretó de manera razonable el artículo 14678 de la Ley 100 de 1993.
77 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
78 Prevé el artículo 146 lo siguiente: “[…] Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la
presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia
de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley […]”.
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
80. Para la Sala, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al
proferir la sentencia de 25 de agosto de 2022, tuvo en cuenta la respectiva
Convención Colectiva del Trabajo, sin embargo, consideró que en el caso concreto
el actor no cumplió con los requisitos fijados en dicha convención para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, lo que le permitió concluir que, el actor
no consolidó su situación jurídica pensional en los términos del artículo 9 de la
Convención Colectiva de Trabajo de 1976, con anterioridad al 30 de junio de 1997;
toda vez que, si bien en esa fecha tenía el tiempo de servicio requerido, no había
sido retirado del servicio sin justa causa, ni renunciado voluntariamente a su cargo.
81. En ese orden de ideas, la Sala comparte plenamente lo expuesto por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al concluir lo siguiente:
“[…] De manera que, al no ser beneficiario del reconocimiento de la prestación
convencional, es improcedente la compatibilidad pensional ordenada por el a quo,
por cuanto el demandante al 30 de junio de 1997, no se había retirado del servicio,
motivo por el cual no tiene derecho a lo ordenado en primera instancia.
Ahora bien, la Sala considera pertinente reiterar que los reconocimientos
pensionales como el presente, solamente pueden quedar convalidados en los
términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sí y solo si, se consolidaron hasta
el 30 de junio de 1997, en consideración a la fecha de entrada en vigencia de dicha
norma en el nivel territorial; esto es, el 30 de junio de 1995, y en atención a que el
aparte de la norma que concedió el plazo adicional de dos (2) años para extender
sus efectos de amparo, se declaró inexequible por la Corte Constitucional a través
de una sentencia con efectos hacia futuro, proferida el 28 de noviembre de la citada
anualidad (C-410 de 1997)79 […]”.
82. Se debe recordar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para efectos de que se configure el defecto en cuestión, se debe
acreditar en el caso concreto que la interpretación que se hace de una norma
jurídica sea grosera y arbitraria que traiga como consecuencia la vulneración de los
derechos fundamentales, situación que no aconteció en el presente caso, teniendo
en cuenta que el ejercicio hermenéutico de interpretación del artículo 146 de la Ley
79 En este mismo sentido, ver las sentencias del 21 de noviembre de 2013, radicación: 0884-13, Actor:
Universidad del Atlántico; 27 de febrero de 2013, radicación: 0327-12, Actor: Universidad del Atlántico; 15 de
junio de 2011, radicación: 2062-10, demandante: Universidad del Atlántico; 19 de febrero de 2015, radicación:
0321-145, Actor: Universidad del Atlántico, entre otras.
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
100 de 1993, que era la norma aplicable al caso concreto, se realizó de manera
razonable.
83. Además, la Corte ha dicho que se trata de una de las causales más restringidas,
dado que la interpretación de la ley es un escenario en el que se evidencian con
especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que dentro
del marco del Estado Social de Derecho se busca proteger al operador judicial de
injerencias indebidas en su rol de resolver las controversias jurídicas que se
sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada
al ordenamiento jurídico.
Conclusiones de la Sala
84.Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 5 de
mayo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela de 5 de mayo de 2023 proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actor: Rafael Enrique Marrugo Ferrer
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto al defecto
fáctico, por el no cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y al defecto sustantivo por interpretación
irrazonable de normas jurídicas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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