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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01088-00

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01088-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 Número único de radicación: 110010315000-2023-01088-00 Actora: GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR Y OTRAS.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01088-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01088-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR Y OTRAS.

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO ERA PROCEDENTE
QUE LA SECCIÓN TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN CONDENARA A
UNA ENTIDAD QUE CARECÍA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA MATERIAL. NO SE TRATA DE UN ASPECTO MERAMENTE
FORMAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por las actoras contra

la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-01088-00
Actora: GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR Y OTRAS.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las señoras GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR, GLORIA

MARCELA y SANDRA PAOLA PEÑALOZA ROJAS, actuando a

través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, al haber proferido

en segunda instancia la sentencia de 23 de septiembre de 2022,

dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

número único de radicación 250002336000-2019-00120-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 8 de agosto de 1989, el señor JULIO CÉSAR

PEÑALOZA recibió un disparo por arma de fuego mientras se

encontraba en la plaza central de Soacha en el marco del evento de

recibimiento del entonces candidato presidencial LUIS CARLOS

GALÁN SARMIENTO.

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Comentaron que cinco días después, producto de la herida y por la

gravedad de la intervención quirúrgica que le practicaron, el señor

JULIO CÉSAR PEÑALOZA falleció.

Informaron que el 11 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia

declaró crimen de lesa humanidad el homicidio del señor JULIO

CÉSAR PEÑALOZA, en calidad de delito conexo al magnicidio del

señor LUIS CARLOS GALÁN.

Agregaron que la Corte Suprema de Justicia también encontró

probado que la POLICÍA NACIONAL actuó de forma omisiva, en la

medida en que dicha institución conocía de la visita del candidato

presidencial y fue requerida para activar los dispositivos de

seguridad, no obstante, no ejecutó las medidas necesarias para un

evento de tal importancia política y del riesgo que generaba.

Expusieron que además el Consejo de Estado al analizar casos

relacionados con dichos hechos, “[…] encontró que el Departamento

Administrativo de Seguridad (en adelante DAS) desvió las

investigaciones sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán […]”.

Adujeron que en el año 2019, en calidad de esposa e hijas del señor

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JULIO CÉSAR PEÑALOZA, promovieron demanda en ejercicio del

medio de control de reparación directa contra la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, esta última, en

calidad de sucesora procesal del DAS, con la finalidad de obtener el

pago de los perjuicios causados por el homicidio de su familiar.

Manifestaron que el proceso aludido fue identificado con el número

único de radicación 250002336000-2019-00120-00 y atribuido para

su trámite en primera instancia a la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA2.

Comentaron que, en la contestación de la demanda, la POLICÍA

NACIONAL propuso, entre otras, la excepción previa de indebida

representación “[…] sustentada en que, para la fecha de los hechos,

la entidad que se encontraba a cargo de los funcionarios que debían

proveer seguridad era el DAS y que esta función la heredó la Unidad

Nacional de Protección –UNP-, siendo la llamada a suceder

procesalmente en este caso […]”.

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En adelante el TRIBUNAL.

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Expusieron que mediante auto de 1o. de octubre de 2020, entre otros

aspectos, el TRIBUNAL declaró “[…] no probadas las excepciones

de: i) caducidad y ii) la denominada indebida representación. Esta

decisión no fue objeto de ningún recurso y quedó ejecutoriada […]”.

Explicaron que el 10 de mayo de 2021, en el curso de la audiencia

inicial, expusieron ante el TRIBUNAL el tema de la sucesión procesal

del DAS; no obstante, dicha autoridad judicial se abstuvo de resolver

el asunto en ese momento, a la espera del desarrollo del proceso y

resolver en otra oportunidad más oportuna.

Agregaron que el 3 de marzo de 2022, el TRIBUNAL profirió la

sentencia de primera instancia, en la que accedió de forma parcial a

las pretensiones de la demanda, no obstante, haber determinado

que, en efecto, la POLICÍA NACIONAL sí era la sucesora procesal

del DAS.

Adujeron que interpusieron el recurso de apelación respectivo, en

razón a que “[…] no se declaró la responsabilidad agravada del

Estado por graves violaciones de derechos humanos, aun cuando es

un hecho que implica un crimen de relevancia internacional; y (ii)

porque el Tribunal sólo ordenó las reparaciones por daño moral y

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dejó de lado otro tipo de reparaciones, como el lucro cesante y las

medidas de satisfacción, aun cuando se presentaron elementos

probatorios suficientes para que se otorgaran […]”.

Precisaron que, por su parte, la POLICÍA NACIONAL apeló la

sentencia aludida, entre otras razones, porque en su sentir no era la

llamada a suceder procesalmente al DAS en ese caso, conforme con

lo dispuesto en el Decreto Ley 4057 de 31 de octubre de 20113.

Anotaron que mediante sentencia de 23 de septiembre de 2022, la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación revocó la decisión recurrida

al estimar que la POLICÍA NACIONAL no era la entidad llamada a

responder en ese caso, dado que el sucesor procesal del DAS era el

Patrimonio Autónomo constituido para tal efecto y administrado por

la Fiduprevisora S.A.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que la presente acción de tutela cumple con el

requisito de relevancia constitucional porque “[…] es un caso que

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“Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones”.

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muestra la necesidad de aplicar estándares convencionales cuando

hay una responsabilidad imputable al Estado por graves violaciones

de derechos humanos […]” y, además en razón a que se “[…]

configura una situación materialmente injusta que resulta

incompatible con las garantías constitucionales y convencionales, lo

cual requiere una corrección jurídica […]”.

Adujeron que al proferir la sentencia cuestionada, el TRIBUNAL

incurrió en defecto sustantivo, porque aplicó el estándar ordinario y

no el convencional, pese a tratarse de un caso en el que están

inmersas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Agregaron que la “[…] falta de aplicación de ese estándar

convencional llevó al Consejo de Estado a estudiar aspectos formales

del proceso, como la adecuada sucesión procesal del DAS, con el

objetivo de limitar y centrar la discusión únicamente en el estudio de

la admisibilidad del medio de control […]”.

Expusieron que aunque la decisión estaba fundada en una norma

vigente “[…] no es adecuada en la medida en que debía aplicar el

estándar de protección convencional, dada la condición de las

accionantes de víctimas de una grave violación de derechos humanos

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[…]”.

Arguyeron que los artículos 8.1, 25 y 63.1 de la Convención

Interamericana de Derechos Humanos establecen que toda persona

tiene derecho al acceso a la administración de justicia y, en caso de

ser víctima de una grave violación de derechos imputable al Estado,

a recibir una reparación justa por los daños, lo que incluye “[…] (i) el

acceso a un recurso sencillo y rápido ante jueces y tribunales

competentes; (ii) el derecho a recibir una sentencia en donde se dé

respuesta al recurso en un término razonable; (iii) el derecho a que

la decisión judicial que se tome sea efectivamente cumplida […]”.

Explicaron que si bien era importante definir qué entidad debía

asumir la responsabilidad por los daños imputados al DAS, dicho

problema responde esencialmente a un aspecto previo para la

conformación del litigio y no a una decisión orientada a la justicia

material.

Afirmaron que la SECCIÓN TERCERA no tuvo en cuenta la sentencia

de la Corte Suprema de Justicia, emitida contra el entonces director

del DAS, el señor MIGUEL MAZA MÁRQUEZ, puesto que no efectuó

un análisis de fondo y erróneamente concluyó que a la POLICÍA

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NACIONAL no se le reprochó ninguna omisión, acción o

extralimitación, cuando de esta sentencia claramente se desprende

el daño antijurídico y el nexo de causalidad.

Arguyeron que la autoridad judicial accionada no valoró todas las

piezas procesales y se centró únicamente en el escrito de la

demanda, sin tener en cuenta los alegatos finales de los accionantes,

cuando estos resultaban determinantes para establecer la sucesión

procesal del DAS.

Aseveraron que la SECCIÓN TERCERA les impuso una carga

desproporcionada al considerar que era su responsabilidad, en el

impulso del medio de control, el no haber conformado

adecuadamente la legitimidad en la causa por pasiva.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, las actoras pretenden lo siguiente:

“[…]PRIMERA. Proteger los derechos fundamentales al debido
proceso y a la administración de justicia vulnerados por el
Consejo de Estado.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida el 7 de octubre del 2022 por el Consejo de Estado,

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Subsección A, Sección Tercera en la que se resolvió revocar la
sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sobre el medio de reparación
directa radicado por mi apoderada y sus hijas, Gloria Marcela
Peñaloza Rojas y Sandra Paola Peñaloza Rojas.

TERCERO. Ordenar al juez de segunda instancia que resuelva
integralmente el recurso de apelación presentado por la CCJ el
25 de marzo de 2022 en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al medio de
reparación directa radicado por mi apoderada y sus hijas, Gloria
Marcela Peñaloza Rojas y Sandra Paola Peñaloza. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación manifestó que,

en efecto, en la sentencia cuestionada se determinó que el daño se

le imputó a una entidad que no estaba llamada a responder, dado

que los hechos no eran responsabilidad de la POLICÍA NACIONAL,

pues no participó en ellos y no ostentaba la condición de sucesora

procesal de la entidad que habría causado el daño, esto es, el DAS.

Agregó que en la medida en que la entidad demandada no era la

llamada a responder, resultaba innecesario pronunciarse sobre los

demás argumentos de las apelaciones, en aplicación del artículo 282

del Código General del Proceso -CGP.

Indicó que no pasó por alto la importancia de los asuntos en los

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cuales se alega la grave violación de derechos humanos; sin

embargo, el hecho de que las pretensiones versen sobre una

situación con tales connotaciones no constituye un habilitante para

que se condene patrimonialmente a una entidad por hechos que le

resultan ajenos y frente a los cuales no tuvo injerencia y tampoco

tenía la condición de garante ni de sucesor procesal.

Expuso que en el caso de tutelas interpuestas contra decisiones

dictadas por las Altas Cortes es necesaria la configuración de una

anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez

constitucional, lo cual no ocurre en este asunto, pues en la respectiva

providencia se efectuó un análisis serio y razonado de la situación

fáctica, jurídica y probatoria.

I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, destacó que la presente acción de

tutela está dirigida contra la SECCIÓN TERCERA del Consejo de

Estado.

Aseguró que es respetuoso de las decisiones que dentro del ejercicio

de sus propias competencias, desarrolla y cumple el Consejo de

Estado, en este caso, de la sentencia que profirió al desatar los

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recursos de apelación presentados contra de la sentencia de 3 de

marzo de 2022.

Agregó que, en ese orden de ideas daría “[…] cumplimiento a las

decisiones que se profieran en segunda instancia o en sede de tutela

[...]”.

I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con

interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que no está llamada a responder por lo que pretende la actora

dado que, conforme con el Decreto Ley 4057 de 2011, no le fueron

trasladadas las funciones del DAS relacionadas con la protección de

las personas, sin que para la fecha en la que ocurrieron los hechos

origen de la controversia tuviera asignada dicha función.

Sostuvo que tampoco está llamada a responder en el presente

asunto, dado que no hace parte de la estructura de la Rama Judicial,

por lo que no tiene injerencia en las decisiones que haya adoptado la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la POLICÍA NACIONAL solicitó su

desvinculación del presente caso, por falta de legitimación en la

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causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991

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avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de

las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la

POLICÍA NACIONAL fue sujeto procesal dentro del proceso

ordinario origen de la controversia, es claro que debía ser notificada

de la existencia del presente trámite, en razón al interés directo que

le asiste en las resultas de este, en particular, porque en últimas lo

que las actoras pretenden es que responda por las pretensiones que

allí discutieron.

En consecuencia, la Sala denegará la solicitud de desvinculación de

la POLICÍA NACIONAL, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del

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texto)

En el caso bajo examen, las actoras pretenden que se deje sin efecto

la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 250002336000 2019 00120 01, mediante la cual dicha

autoridad denegó las pretensiones de la demanda.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa

presentada en el año 2019 por las actoras contra la POLICÍA

NACIONAL como sucesora procesal del extinto DAS, con ocasión

del homicidio del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA SÁNCHEZ en el

año 1989, en hechos relacionados con el asesinato del entonces

candidato presidencial LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO.

El disenso de las actoras radica en que, en su sentir, la SECCIÓN

TERCERA incurrió en el defecto sustantivo, al no aplicar al caso

los estándares convencionales y haber denegado las pretensiones de

la demanda por el hecho de que la POLICÍA NACIONAL en realidad

no fuese la sucesora procesal del DAS para el caso analizado.

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En sentir de las accionantes, la autoridad judicial accionada centró

su decisión en aspectos formales, en detrimento de la materialización

de sus derechos al acceso a la justicia y sustantivos como víctimas

de un delito de lesa humanidad.

Por otro lado, las accionantes aseguraron que la SECCIÓN TERCERA

no tuvo en cuenta que a la POLICÍA NACIONAL también se le

reprocharon omisiones, conforme con la sentencia proferida por la

Corte Suprema de Justicia contra el entonces director del DAS,

además que no estimó sus alegaciones y les impuso cargas

desproporcionadas.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación

vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto sustantivo,

al haber proferido la sentencia de 23 de septiembre de 2022.

La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto las actoras plantearon con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se configuró

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el defecto alegado; contra la decisión cuestionada no proceden

recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos

extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable4, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico del defecto

alegado, para enseguida resolver el fondo del asunto en el caso

concreto.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional5 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría

4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20096, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

6
M.P Mauricio González Cuervo.

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De igual forma, la Corte Constitucional7 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Caso concreto

Mediante la sentencia de 23 de septiembre de 2023, proferida en

segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa

origen de la controversia, la SECCIÓN TERCERA de esta

Corporación denegó las pretensiones de la demanda, con base en el

siguiente análisis:

“[…] 2. Decisión de los cargos de apelación

2.1. Legitimación en la causa por pasiva - la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional no era la llamada
a suceder procesalmente al extinto DAS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que,

7
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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aunque las acciones y omisiones en las que se edificaban las
pretensiones versaban sobre actuaciones del DAS, lo cierto era
que la llamada a comparecer al proceso y, por ende, a responder
por la condena era la Policía Nacional, pues con ocasión de la
supresión del DAS se le asignaron las funciones de protección en
el marco de las cuales se presentaron los hechos, de manera que
había adquirido la condición de sucesora procesal, en los
términos previstos en el Decreto 4057 de 2011 en concordancia
con el artículo 68 del CGP.

A su vez, en su recurso de apelación, la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional indicó que las normas de sucesión
procesal establecidas en el Decreto 4057 de 2011 aplicaban a
los procesos en curso para la fecha de supresión del DAS y frente
a aquellos que tuviesen relación con las funciones reasignadas
en tal momento a otras autoridades, supuestos que no se
cumplían en el sub lite, toda vez que la demanda de la referencia
fue presentada en 2019 y, en todo caso, las funciones de
protección no se le atribuyeron a la demandada, sino a una
autoridad distinta, a la Unidad Nacional de Protección.

Además, el artículo 68 del CGP no resultaba aplicable a este
caso, en cuanto la sucesión procesal derivada de la extinción del
DAS fue regulada en el Decreto 4057 de 2011, mientras que la
normativa civil citada se refería a procesos propios de la
jurisdicción ordinaria.

Para efectos de resolver el presente cargo, la Subsección precisa
que: i) la imputación versa sobre hechos ocurridos en 1989, en
los que estuvo implicado el DAS; ii) a través del Decreto 4057
de 2011, el Gobierno Nacional suprimió dicho departamento
administrativo, y iii) la demanda de la referencia fue radicada en
2019, contra la Policía Nacional, por estimarse que era la
sucesora procesal de la directamente implicada, en cuanto le
fueron trasladadas las funciones de protección pertinentes,
incluso desde antes de la supresión, lo que no era óbice para
aplicar las reglas adoptadas con ocasión de la extinción de la
entidad.

Así las cosas, la Sala debe determinar si las funciones del DAS,
en el marco de las cuales ocurrieron los hechos objeto de debate,
fueron trasladadas a la Policía Nacional y si ello habilitaba a la
demandada para que formulara las pretensiones en su contra,
al amparo del Decreto 4057 de 2011.

2.1.1. Supresión del DAS y alcance del Decreto 4057 de

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2011

El Presidente de la República, a través del Decreto – Ley 4057
del 31 de octubre de 2011, suprimió el Departamento
Administrativo de Seguridad –DAS– y, con el fin de garantizar la
eficiencia de los servicios que este prestaba, dispuso la
redistribución de sus funciones entre otras entidades del Estado.

En tal contexto, en virtud del artículo 3 2ibídem, asignó las
funciones del suprimido DAS a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional
de Protección y a la Fiscalía General de la Nación.

A cada entidad se le confirió una función derivada del artículo 2
del Decreto 643 de 2004, así:

Entidad Función
Unidad Administrativa Ejercer el control migratorio
Especial Migración de nacionales y extranjeros
Colombia y llevar el registro de
identificación de
extranjeros.
Fiscalía General de la Ejercer funciones de Policía
Nación Judicial, en coordinación
con la Fiscalía General de la
Nación, para
investigaciones de carácter
criminal, relacionadas con
la naturaleza y finalidad
institucionales
Ministerio de Defensa Ejercer funciones de Policía
Nacional – Policía Nacional Judicial, en coordinación
con la Fiscalía General de la
Nación, para
investigaciones de carácter
criminal, relacionadas con
la naturaleza y finalidad
institucionales.
Unidad Nacional de Brindar seguridad al
Protección Presidente de la República y
su familia, Vicepresidente y
su familia, Ministros y ex
Presidentes de la República;
la información relacionada

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con su seguridad tiene
reserva legal.

El mismo artículo 1829 del Decreto-Ley 4057 de 2011 señaló
que i) el DAS quedaría a cargo de los procesos judiciales y
reclamaciones en su contra hasta que culminara el proceso de
supresión; luego de lo cual ii) tales asuntos “en curso” recaerían
sobre las entidades del poder ejecutivo a las cuales se les
hubiesen asignado las funciones del DAS y iii) si tales
controversias versaban sobre una función que no fue asumida
por una entidad de la rama ejecutiva el Gobierno nacional
determinaría la entidad que se ocuparía de ellos.

Luego, el artículo 730 del Decreto 1303 de 2014 -reglamentario
del Decreto 4057 de 2011- dispuso, de un lado, que los procesos
y conciliaciones judiciales que a esa fecha no hubiesen sido
recibidos por las entidades a las que se les reasignaron las
funciones del DAS serían entregados a las receptoras –incluida
la Fiscalía General de la Nación31-; además, tratándose de
asuntos “que no deban ser asumidos por las entidades a las
cuales se trasladaron funciones o se incorporaron servidores”
serían asumidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

De otro lado, el Congreso de la República expidió la Ley 1753 de
201532, la cual, en su artículo 238, dispuso que un patrimonio
autónomo administrado por la fiduciaria La Previsora S.A. se
ocuparía de los procesos judiciales que no guardaran relación
con las funciones trasladadas a las entidades receptoras o que
por cualquier otra razón carecieran de autoridad administrativa
responsable.

[…]

Es así como el 15 de enero de 201633, en cumplimiento de lo
señalado en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, en calidad de fideicomitente,
Fiduciaria La Previsora S.A., en condición de fiduciaria y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como
beneficiaria, celebraron el contrato de fiducia mercantil 6.001-
2016.

Posteriormente, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, mediante el artículo 1 del Decreto
108 del 22 de enero 2016 y, con la salvedad de que fueran
atendidos y pagados con cargo al patrimonio autónomo creado
por el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, asignó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado los procesos judiciales

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en los que se desvinculara a la Fiscalía General de la Nación
como sucesor procesal del DAS y los que no guarden relación
con funciones trasladadas a las entidades receptoras.

No obstante, cabe advertir que el parágrafo 3 del artículo 6 del
Decreto 4085 de 201136 señaló que la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en ningún caso tendría la condición
sustancial de parte demandada en los procesos que se adelanten
contra las demás entidades públicas, razón por la cual contra
ella no podían dirigirse pretensiones ni ser convocada a los
procesos a ningún título y en ningún caso asumiría las
obligaciones patrimoniales de las entidades públicas en cuyo
nombre actuara.

De ahí que la representación judicial del patrimonio autónomo
creado en atención a lo previsto en el artículo 238 de la Ley 1753
de 2015 se radica en la respectiva entidad fiduciaria, por manera
que es por su intermedio que debe acudir a los procesos contra
el extinto DAS, que no guarden relación con las funciones
trasladadas a las entidades receptoras o que por cualquier otra
razón carecieran de autoridad administrativa responsable, sin
que deba vincularse a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

En ese orden de ideas, se advierte que los procesos promovidos
en contra del extinto DAS, que versaran sobre asuntos cuya
naturaleza no correspondiera con las funciones que fueron
trasladadas a las entidades señaladas en el Decreto-ley 4057 de
2011, debían ser atendidos por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado desde la supresión de la entidad -11 de julio
de 2014- y hasta el 15 de enero de 2016, cuando se constituyó
el patrimonio autónomo previsto en el artículo 238 de la Ley
1753 de 2015.

A partir de la constitución del patrimonio autónomo, por
mandato legal, los referidos procesos deben ser atendidos por el
Patrimonio Autónomo “PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica
Extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y su
Fondo Rotatorio”, cuya vocera es la Fiduciaria La Previsora S.A.

2.1.2. Alcance del Decreto 4057 de 2011 frente a los
hechos objeto de debate y las funciones asignadas a la
Policía Nacional

En el presente asunto no se reúnen los presupuestos del artículo
18 del Decreto 4057 de 2011 –en concordancia con el artículo 3
ibídem-, dado que el de la referencia no era un proceso en curso

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para cuando se suprimió el DAS y la Policía Nacional no asumió
las funciones de protección de personas para sucederlo
procesalmente, según la disposición legal en mención.

Sobre el particular se tiene que, con ocasión de la supresión del
DAS, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto-
Ley 4057 de 2011, en concordancia con el artículo 3 del mismo
Decreto, a la Policía Nacional le fueron asignadas las funciones
correspondientes a llevar los registros delictivos y de
identificación nacionales y a expedir los certificados judiciales,
con base en los informes o avisos que deben rendir
oportunamente las autoridades judiciales, no así la de protección
de funcionarios.

De ahí que, ni cuando la referida función fue asignada a la Policía
Nacional ni cuando pasó a la Unidad Nacional de Protección, las
normas correspondientes previeron que alguna de estas
entidades respondería por asuntos imputados al DAS por hechos
ocurridos en la época de su existencia.

De modo que, como no existe disposición expresa que así lo
disponga, la Policía Nacional no debe responder por los daños
derivados de los hechos que ocurrieron con ocasión de la muerte
de Luis Carlos Galán Sarmiento, dado que, aunque a tal entidad
se le asignó la función de protección, lo cierto es que ello ocurrió
años atrás de la supresión y no existe norma que le hubiese
impuesto el deber de hacerse cargo de las condenas que tengan
como fundamento hechos irregulares cometidos por el DAS
antes de su supresión.

En las condiciones analizadas, la Policía Nacional no está llamada
a responder por imputaciones contra el extinto DAS, ni en virtud
de las normas de supresión ni las de carácter general por las que
se le asignaron funciones de protección antes de la supresión del
mencionado departamento administrativo […]”

3. Caso concreto: falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional

La Policía Nacional no está llamada a responder por los hechos
objeto de controversia y, por ende, no está legitimada, porque
el ordenamiento jurídico no le impone esa carga, lo que sí
ocurre, por ejemplo, con los procesos judiciales existentes al
momento de la supresión que versaran sobre falencias con

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ocasión de la función de antecedentes judiciales, sin que en ellos
la Policía Nacional ostentara la “representación del DAS”, sino
que pasaba a ser su sucesora procesal por mandato de la ley.

En tal evento, la Policía Nacional en condición de sucesora
procesal se convertiría en parte, pues ocuparía el lugar del que
estaba llamado a responder y lo haría con su propio patrimonio.

Lo anterior, por cuanto es de la esencia de la sucesión procesal
que un sujeto responda por los hechos de otro, bien sea en
virtud de la ley o de la convención, por tal razón, el que en la
demanda se atribuyan los hechos al DAS y no a la Policía
Nacional no permite inferir que esta segunda entidad sea
representante de la primera.

[…]

A pesar de que en la demanda se atribuyen los hechos al DAS
en un contexto en el que el patrimonio autónomo constituido
mediante la Ley 1753 de 2015 debió ser el accionado, la parte
actora no lo demandó, sino que formuló sus pretensiones contra
un sujeto distinto, por considerar que recibió la función
pertinente años atrás de la supresión y que debía responder,
incluso, por los delitos cometidos por personal del DAS.

En virtud de lo antes expuesto, la Policía Nacional no está en la
obligación de asumir las consecuencias de las posibles
irregularidades cometidas por el DAS antes de su supresión, de
acuerdo con los hechos materia de la litis, pues carece de
legitimación en la causa por pasiva, lo que conlleva a la negativa
de las pretensiones.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala considera
innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos de las
apelaciones47 y revocará la sentencia impugnada para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda […]”.

Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que en la

providencia cuestionada la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación,

partió del hecho de que la demanda promovida por las actoras había

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sido radicada contra la POLICÍA NACIONAL, por cuanto estimaron

que era la sucesora procesal de la entidad directamente implicada,

esto es, del DAS.

Con base en dicha premisa, la autoridad judicial aludida precisó que

debía determinar como primera medida si las funciones del DAS, en

el marco en el que ocurrieron los hechos origen de la controversia,

fueron trasladadas a la POLICÍA NACIONAL, de forma que esa

situación habilitara para que las pretensiones fueran formuladas en

su contra.

La SECCIÓN TERCERA analizó el Decreto Ley 4057 de 2011, en el

que se dispuso la supresión del DAS, para establecer que conforme

con sus artículos 3 y 17 los procesos judiciales contra dicha autoridad

serían asumidos por las autoridades a las cuales se les hubiese

asignado sus funciones, sin perjuicio de que frente a las que no

fueran redistribuidas correspondería al Gobierno determinar la

entidad que se ocuparía de dichos casos.

La autoridad judicial accionada estableció que la sucesión procesal

del DAS por los hechos objeto de la demanda, de acuerdo con lo

previsto en los artículos mencionados, no le correspondía a la

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POLICÍA NACIONAL, ni a ninguna de las otras entidades receptoras

de las funciones allí mencionadas.

La accionada estableció que, en ese orden de ideas, debía acudirse

al artículo 238 de la Ley 1753 de 9 de junio de 20158 que previó la

creación de un patrimonio autónomo administrado por la Fiduciaria

La Previsora S.A., el cual se encargaría de atender los litigios en los

que hiciera parte el extinto DAS, en los asuntos que no hubiesen sido

atribuidos a alguna entidad en los términos señalados.

Con base en las anteriores proposiciones, la SECCIÓN TERCERA

estableció que la parte actora debió haber demandado al patrimonio

autónomo aludido, sin que la POLICÍA NACIONAL fuese la entidad

que debía responder, al no ser la sucesora procesal del DAS.

La autoridad judicial accionada aclaró que aunque la POLICÍA

NACIONAL participó en el esquema de seguridad del entonces

candidato presidencial LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, por

cuyo atentado falleció el señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA

SÁNCHEZ, lo cierto es que la imputación que las actoras perseguían

8
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

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derivaba de la falla en el servicio de seguridad que habría cometido

el entonces DAS.

Ahora bien, las actoras no cuestionan el hecho de que la SECCIÓN

TERCERA haya concluido, con base en la normatividad que aplicó,

que la POLICÍA NACIONAL no sea la sucesora procesal del DAS

para el caso origen de la controversia.

El disenso radica en que en su sentir la conclusión de la SECCIÓN

TERCERA “[…] se centró en aspectos formales del procedimiento,

como la sucesión procesal del DAS, y no en impartir justicia material

ante una grave violación de derechos humanos imputada al Estado

[…]”, esto último que debió ser analizado desde una perspectiva

convencional que imponía el deber de reparar el daño que fue

causado.

Al respecto la Sala advierte que no se encuentra configurado el

defecto sustantivo alegado, dado que si bien no se desconoce que

el Estado debe reparar los daños antijurídicos que le sean imputables

por la acción o la omisión de sus autoridades, no podía atribuirse la

responsabilidad a una entidad que no ejecutó los hechos que

fundamentaban la imputación que las actoras pretendían que se

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hiciera frente al daño, el cual fue atribuido al DAS, este último que

tampoco fue sucedido procesalmente por la POLICÍA NACIONAL.

Ahora bien, es claro que con base en una perspectiva convencional

ciertos aspectos de los procesos de reparación directa relacionados

con graves violaciones de derechos humanos pueden flexibilizarse,

como es el caso de los estándares probatorios9, no obstante dicha

situación no implica que pueda omitirse establecer si hay o no un

vínculo sustancial entre la parte demandada y el acaecimiento de los

hechos que originaron la formulación de la demanda (legitimación en

la causa por pasiva material), porque tal aspecto lejos de ser una

formalidad, es una garantía derivada del derecho fundamental al

debido proceso de quien es llamado a responder por determinada

actuación y, en particular, un requisito de mérito para la prosperidad

de las pretensiones.

Respecto de la legitimación en la causa material, tanto activa como

pasiva, como elemento necesario para que se puedan acceder a las

9
Corte Constitucional, sentencia SU060/21: “[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido la
necesidad de que el juez ordinario flexibilice los estándares probatorios frente a la demostración de la
acción u omisión del Estado, otorgando mayor protagonismo a la prueba indiciaria, en atención a las
dificultades probatorias que comportan los casos que comprometen graves afectaciones a los derechos
humanos, como los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales […]”.

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pretensiones de una demanda, esta Sala ha precisado 10:

“[…]17. La legitimación en la causa es un elemento
necesario para acceder a las pretensiones de la demanda,
por lo que es indispensable demostrar que existe
identidad entre: i) la parte demandante y la persona que tiene
interés en el objeto del litigio (legitimación en la causa por
activa); y ii) la parte demandada y la persona que, de
acuerdo a la relación sustancial, tenga el deber de
responder frente a las pretensiones de la demanda
(legitimación en la causa por pasiva).

18. De igual forma, esta Corporación ha determinado la
existencia de dos tipos de legitimación, a saber: i) una de hecho,
que hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del
proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha
iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud
de la correspondiente pretensión procesal, y ii) una material,
que da cuenta de la participación o vínculo que tienen las
personas -siendo o no partes del proceso-, con el
acaecimiento de los hechos que originaron la formulación
de la demandada. En este sentido, no siempre quien se
encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo
materialmente, en consideración a que, si bien puede
integrar una de las partes de la litis, ello no implica que,
frente a la ley, tenga un interés jurídico sustancial en
cuanto al conflicto […]”. (Destacado fuera de texto)

Sobre el mismo tópico la SECCIÓN SEGUNDA11 de esta Corporación

ha indicado:

“[…] De lo anterior, es posible concluir que la legitimación en la

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de Sala de 11 de
agosto de 2022, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación,
11001032400020140001300.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de sala de 31 de
enero de 2019, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-
02345-01.

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causa por pasiva de hecho es un requisito de procedibilidad de
la demanda en la medida que se refiere a la capacidad del
demandado de ser parte en el proceso, mientras que, la
legitimación en la causa por pasiva material es un
requisito para la prosperidad de las pretensiones. Así las
cosas, la legitimación en la causa no es constitutiva de excepción
de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para
proferir sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones
del demandante o a las excepciones propuestas por el
demandado […]”

Ahora bien, esta Sala señala que no constituye una carga

desproporcionada contra el demandante, el hecho de que para la

prosperidad de las pretensiones de la demanda se exija, entre otros

aspectos, la existencia de esa relación sustancial entre la parte

demandada y los hechos que originan la litis, dado que tratándose

del medio de control de reparación directa, el derecho de acción debe

ser ejercido a través de un abogado, este último que debe contar con

el conocimiento preciso para tal efecto.

Por otro lado, la Sala advierte que, en efecto, era razonable que la

SECCIÓN TERCERA no estudiara el caso a partir de la

responsabilidad directa de la POLICÍA NACIONAL, dado que las

actoras limitaron dicho aspecto, al precisar que esta entidad actuaría

como sucesora del DAS, esta última a la que se le atribuían la

omisión origen del daño.

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En el escrito de la demanda las actoras señalaron:

“[….]

Relación de causalidad

La veracidad de los hechos y el esclarecimiento de los mismos
que se ha logrado a través de la investigación y juzgamiento
adelantados en la jurisdicción penal, resulta contundente para
demostrar la responsabilidad de la entidad demandada por la
acción de sus agentes en el homicidio de Julio César Peñalosa
Sánchez, razón por la cual se encuentra claramente definida la
causalidad entre el hecho y el daño inferido a las demandantes
y en consecuencia, la responsabilidad patrimonial del
Estado colombiano es notaria e inexcusable,
considerando que en ausencia del accionar del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, Julio
César continuaría con vida y su familia no hubiese sufrido
los perjuicios relacionados con este medio de control.

[…]

5. Legitimación en la causa por pasiva

En el presente caso la Policía Nacional se encuentra
legitimada para actuar como sucesor procesal del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entidad
última sobre la cual se endilga responsabilidad en los
hechos en que resultó herido y por los que posteriormente
fallecería el señor Julio César Peñaloza Sánchez.

Dicha responsabilidad se desprende de las circunstancias
probadas en el proceso que derivó en la sentencia del 23 de
noviembre de 2016, mediante la cual la Corte Suprema de
Justicia condenó al director del DAS para la fecha del atentado,
general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez. En dicha decisión se
tuvo como demostrado que integrantes del DAS
facilitaron información sobre la actividad pública del
doctor Luis Carlos Galán Sarmiento cambiaron y
debilitaron su escolta y no garantizaron su seguridad, lo
cual derivó en el atentado que se efectuó el 18 de agosto
de 1989, en el cual resultó asesinado el candidato
presidencial junto con su escolta Santiago Cuervo y donde
Julio César Peñaloza Sánchez recibió las heridas que
finalmente acabarían con su vida el 23 de agosto del

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mismo año.

Por estos elementos se tiene que la Policía Nacional es la entidad
llamada a suceder procesalmente al DAS, dado que el Decreto
4057 de 2011, por el cual se suprimió la entidad, dispuso que
los procesos judiciales en curso, una vez extinto el DAS,
quedarían a cargo de las entidades de la Rama Ejecutiva que
asuman funciones, de acuerdo con la naturaleza y objeto
procesal […]”. (Destacado fuera de texto).

En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las

particularidades fácticas de este.

Situación distinta es que las actoras no compartan la tesis allí

dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN

TERCERA de esta Corporación decidió el asunto sometido a su

consideración.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva formulada por la POLICÍA

NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de marzo de 2023.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente (E) Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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