Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01095-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01095-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01095-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
13 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01095 00
Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley, al trabajo, al debido
proceso y al mínimo vital. Proceso en trámite.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Susan Tatiana Tobar Tavera interpone acción de tutela contra la providencia
del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante la que se decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución
99 de 2022, expedida por el Concejo Municipal de Floridablanca (Santander).
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
PRIMERA: Solicito […] me sean tutelados mis derechos fundamentales a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
[igualdad ante la ley, derecho al trabajo, debido proceso, derecho al mínimo vital,
derecho a acceder a cargos públicos, derecho al debido proceso (sic) y el derecho
a la celeridad y oportunidad en los procesos administrativos] consagrados en la
Constitución Política y desarrollados ampliamente por la jurisprudencia
[c]olombiana, que ha[n] sido vulnerado[s] por la entidad accionada al decretar una
medida cautelar desproporcionada, causando un daño irremediable a mi persona,
ya que con la suspensión decretada, no solo se me está vulnera[n]do mi derecho
al trabajo, ya que en consecuencia a la suspensión de mi empleo, también se
perjudica mi única fuente de ingresos y recursos de sostenimiento.
SEGUND[A]: Como consecuencia de la tutela de mis derechos, solicito se suspenda
de manera transitoria la orden contenida en el auto proferido dentro del proceso
radicado 680012333000-2022-00674-00 de fecha 9 de febrero de 2023 […]
Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo de tutela se solicita
como medida transitoria en tanto que los efectos de los recursos incoados son
diferidos. Por tanto, la medida que se solicita es hasta que se desaten los recursos
incoados.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:
i) A través de la Resolución 82 del 18 de octubre de 2022, el Concejo Municipal de
Floridablanca (Santander) convocó para la elección de secretario general de la
corporación para la vigencia 2023.
ii) El 28 de noviembre de 2022, surtidas las etapas del proceso de selección
establecidas en la Ley 1904 de 2018 modificada por la Ley 2200 de 2022, mediante
Acta de Plenaria 182 fue elegida secretaria general para el período 2023. Por Acta de
Plenaria 184 del 30 de noviembre de 2022, fue posesionada en el nivel directivo código
20, grado 3 y suscribió el Acta de Posesión 001-2022 del 30 de noviembre de 2022.
El 1.º de enero de 2023, empezó a ejercer sus funciones.
iii) El 17 de enero de 2023, se le notificó al correo personal el auto del 15 de diciembre
de 2022, proferido dentro del proceso de nulidad electoral que cursa ante el Tribunal
Administrativo de Santander, a través de cual se le dio traslado de la solicitud de
medida cautelar formulada por el señor José Manuel Junior Sequeda Ortiz para que
se suspendieran provisionalmente los efectos de la Resolución 99 de 2022.
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Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
iv) Mediante memorial del 20 de enero de 2023, descorrió el traslado y, a pesar de las
razones que esgrimió, el 21 de febrero de 2023, se le notificó providencia, por la cual
se admitió la demanda y se decretó la suspensión provisional del acto demandado.
v) La decisión adoptada por el Tribunal resulta excesiva y violatoria de sus derechos,
porque no se tuvo en cuenta que el procedimiento administrativo de elección del
secretario del Concejo se ajustó a las normas. Igualmente, le genera un perjuicio
irremediable que vulnera sus garantías fundamentales al trabajo como persona elegida
en convocatoria pública, al mínimo vital, a acceder a cargos públicos, al debido proceso
y a la celeridad y oportunidad en los procesos administrativos.
vi) Respecto de ese argumento se debe señalar en relación con la proporcionalidad
para la imposición de la medida que dentro del trámite objeto de controversia no existe
reclamación de derechos por parte de otra persona, sino que se fundamenta en la
protección del interés público, circunstancia que debe ceder ante el daño preciso y
concreto que se le está causando.
vii) Tampoco se estimó la situación administrativa en que se vería inmerso el Concejo
Municipal de Floridablanca (Santander), esto es, que ante la imposición de la medida
no tendría secretario general, toda vez que la señora Cielo Magaly Amado Suárez,
quien se desempeñaba en ese empleo, entregó su cargo el 31 de diciembre de 2022.
viii) Contra la decisión del Tribunal Administrativo de Santander se incoaron los
recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales según lo previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA),
se tramitarán en el efecto «suspensivo».
ix) En cumplimiento de la orden del Tribunal, el Concejo mediante la Resolución 18
del 27 de febrero de 2023, declaró la vacancia temporal en el cargo de secretario
general, en consecuencia, realizó un encargo y la desvinculó transitoriamente del
empleo.
1.4. Fundamentos jurídicos
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Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al trabajo, al debido proceso y al
mínimo vital previstos en los artículos 13, 25 y 29 de la Constitución Política.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante proveído del 9 de marzo de 2023, que se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y al
Concejo Municipal de Floridablanca, como demandados. Así mismo, se dispuso la
notificación al señor José Manuel Junior Sequeda Ortiz y a todas las personas que
intervienen dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación 68001 23
33 000 2022 00674 00, como terceros interesados en las resultas de este proceso,
para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran
el respectivo informe. Igualmente, se resolvió no decretar las medidas provisionales
solicitadas.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Santander. La magistrada Claudia Patricia
Peñuela Arce pide se declare improcedente la tutela porque no cumple el requisito de
subsidiariedad y, en el evento de que se decida estudiarla de fondo, se nieguen las
pretensiones por falta de sustento fáctico y jurídico. Al efecto, esgrime los siguientes
argumentos:
i) Ante esta corporación cursa demanda presentada en uso del medio de control de
nulidad electoral con radicado 68001 23 33 000 2022 00674 00, en la que se persigue
la nulidad del acto de nombramiento de la secretaria general del Concejo Municipal de
Floridablanca (Santander) para el período 2023.
ii) Por auto del 9 de febrero de 2023, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 277
de la Ley 1437 de 2011, se admitió la demanda y se decretó la suspensión provisional
de los efectos de la Resolución 99 de 2022, por medio de la cual se nombró a la señora
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Susan Tatiana Tobar Tavera en el nivel directivo, código 20, grado 3, denominación
secretaria general.
iii) Esa decisión se fundamentó esencialmente en que el Concejo Municipal de
Floridablanca (Santander) dentro de la convocatoria que adelantó para proveer dicho
empleo, desconoció lo preceptuado en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1904 de
2018, que establece la obligación de las corporaciones de elección popular de aplicar
de manera analógica el proceso de elección que el legislador prevé para los
contralores.
iv) Contra la providencia cuestionada, la parte demandada interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación. El 10 de marzo de 2023, se rechazó la
reposición y se concedió la alzada en el efecto devolutivo para que se surta su trámite
ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.
v) Así las cosas, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que cuando se controvierte una decisión judicial, se deben agotar todos los
recursos que procedan para su impugnación y, en el caso bajo estudio, falta que el
superior conozca y resuelva la apelación que formuló la señora Tobar Tavera.
vi) No se evidencia ninguna razón o fundamento que torne en imprescindible la
intervención del juez constitucional en desmedro de la competencia funcional que le
asista al ordinario que debe conocer de manera perentoria la apelación que se
interpuso contra la suspensión provisional del acto de elección de la demandante.
vii) De la revisión del escrito de tutela se extrae que los motivos de inconformidad son
idénticos a los alegados en la apelación, por tanto, no existe una justificación
proporcional y razonable que le permita al fallador constitucional confrontar la legalidad
de la medida cautelar, pues, este mecanismo no puede servir de instrumento para
desconocer las garantías de las demás partes y el rito procesal que el legislador
estableció frente a cada medio de control.
viii) Dentro del proceso electoral, el superior tiene una competencia especializada, por
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tanto, el recurso de apelación impetrado resulta el mecanismo judicial idóneo y eficaz
para controvertir la suspensión provisional decretada. Además, no se evidencia un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez de tutela de manera
expedita.
ix) Ahora, en lo que se refiere al fondo de los derechos reclamados, la elección de la
accionante como secretaria general del Concejo de Floridablanca para el período
2023, no implica que haya adquirido un derecho subjetivo que resulte inmodificable,
ya que, precisamente el legislador en garantía de la Constitución y la ley, permite la
posibilidad de que cualquier ciudadano ejerza la acción pública de nulidad electoral
cuando considere que el acto no cumple las formalidades legales o que el nombrado
no reúne las condiciones para desempeñar el cargo o que estuviere impedido para ser
designado.
1.6.2. El municipio de Floridablanca (Santander), por medio de apoderado, solicita
se amparen los derechos fundamentales invocados por la accionante, por las
siguientes razones:
i) En el presente caso se hizo la convocatoria que es la norma del concurso y todas
las etapas allí establecidas se cumplieron siguiendo los principios que en ella se
señalaron y que están acordes y por analogía con los previstos en la Ley 1904 de
2018, lo que no se ha discutido hasta el momento y justamente es el análisis que hace
improcedente la suspensión provisional.
ii) Lo que el accionante plantea en la demanda electoral y que se expone en el auto
que decreta la suspensión, es una interpretación sobre la obligatoriedad de contratar
a una universidad para realizar todo el procedimiento, olvidando que la responsabilidad
es del concejo y su mesa directiva, y que esas instituciones, solo son un soporte o
asesoría para un proceso cuando las condiciones del servicio, del cargo, del municipio
y de la corporación así lo requiera. Esas condiciones hasta el momento no se han
examinado y no se pueden analizar sino en el momento de dictar sentencia y previo
recaudo y valoración probatoria.
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iii) El amparo de las garantías fundamentales deprecadas es procedente, por cuanto
es el único mecanismo para proteger la efectividad de la sentencia que se dicte en el
juicio electoral, en la que será necesario ponderar y analizar bajo un criterio de
proporcionalidad si hay lugar a negar las pretensiones de la demanda, con el fin de
salvaguardar los derechos de la elegida como secretaria de la corporación edilicia que
fue retirada del cargo de período, para el que reúne todos los requisitos establecidos
en la resolución de convocatoria, que es la norma de obligatorio cumplimiento en el
proceso de selección.
1.6.3 Del Concejo Municipal de Floridablanca (Santander). El señor Néstor
Alexander Bohórquez Meza, en su calidad de presidente, rinde informe en los
siguientes términos:
i) Dentro del medio de control que se surte contra el acto de elección de la accionante
como secretaria general, se opuso a la concesión de la medida cautelar teniendo en
cuenta que el problema jurídico se soporta en la existencia de dos interpretaciones
válidas, en lo que se refiere a la apariencia de buen derecho, una exegética acogida
por el Tribunal Administrativo de Santander, y otra, sistémica conforme a las
decisiones adoptadas por el Consejo de Estado y los conceptos emitidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, los que han sido ampliamente
expuestos ante la autoridad demandada y que constituyen las razones expuestas por
la accionante, al impugnar la decisión que decretó la suspensión provisional.
ii) En ese sentido, siguiendo las reglas del Consejo de Estado, particularmente en el
auto de admisión dictado dentro del proceso de nulidad electoral con radicación 11001
03 28 000 2022 00172 00, donde se cuestiona la legalidad de la elección del secretario
general del Senado de la República, por no existir una sola interpretación válida no era
dable conceder la medida solicitada, como sucede en el asunto sub examine.
iii) En todo caso, contra la decisión adoptada por el Tribunal presentó los recursos de
reposición y apelación, el primero, fue rechazado a través de providencia del 10 de
marzo de 2023 y, el segundo, fue concedido ante el Consejo de Estado.
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iv) Sin embargo, dado que conforme a la Ley 1437 de 2011, la alzada se surte en el
efecto devolutivo no constituye un mecanismo efectivo en relación con los perjuicios
que genera el hecho de que la funcionaria deba ser apartada inmediatamente del
cargo, como lo evidencian las estadísticas de resolución de procesos definidas en el
estudio del Consejo Superior de la Judicatura, denominado Tiempos Procesales.
v) Lo anterior resulta altamente relevante, debido a que el nombramiento es de
período, esto es, por el término de un año, que corresponde en promedio a la duración
de un proceso en primera instancia. Adicionalmente, la providencia censurada afecta
el normal funcionamiento de la corporación, ya que no se puede nominar de manera
permanente el empleo objeto de debate.
vi) Por consiguiente, en el presente trámite se cumplen todos los requisitos para su
procedencia como mecanismo transitorio, máxime cuando lo que se solicita es
prudente, en tanto, no se busca suplir los mecanismos procesales ordinarios, pues la
petición se encamina a que se suspenda la decisión de primera instancia mientras se
surte y garantiza la segunda instancia.
vii) Adicionalmente, la funcionaria que se encuentra desvinculada provisionalmente,
solicitó el pago de seguridad social, por ello es necesario que se definan las
obligaciones a su cargo respecto a la accionante durante el período de suspensión del
acto que contiene su designación.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
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inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Susan Tatiana Tobar Tavera contra la providencia del 9 de febrero de 2023, que profirió
el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad
electoral con radicación 68001 23 33 000 2022 00674 00.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
2 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 5 de diciembre de 2022, el señor José Manuel Junior Sequeda Ortiz
interpuso medio de control de nulidad electoral para que se declarara nula la
Resolución 99 del 28 de noviembre de 2022, emitida por la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Floridablanca (Santander), por medio de la cual se eligió a la señora
Susan Tatiana Tobar Tavera como secretaria general, para el período comprendido
del 1.º de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, así como la suspensión
provisional del aludido acto.6
2.4.2. El 9 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander inadmitió la
demanda de nulidad electoral porque no cumplía con los requisitos previstos en los
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Índice 9, del expediente electrónico.
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artículos 162, numeral 7 y 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).7
2.4.3. El 15 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó
correr traslado de la solicitud de medida cautelar al municipio de Floridablanca
(Santander), al Concejo Municipal de Floridablanca, a la señora Susan Tatiana Tobar
Tavera y al representante del Ministerio Público.8
2.4.4. El 26 de enero de 2023, el Tribunal rechazó por extemporáneo e improcedente
el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la decisión
anterior.9
2.4.5. El 9 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander dictó auto
dentro del medio de control con radicado 68001 23 33 000 2022 00674 00, en el que
dispuso lo siguiente:10
PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada en ejercicio del medio de control de
NULIDAD ELECTORAL, por el señor José Manuel Junior Sequeda Ortiz, contra el acto
de elección de la señora SUSAN TATIANA TOBAR TAVERA […] en el nivel directivo
código 020 grado 03, denominación [s]ecretario [g]eneral del Concejo Municipal de
Floridablanca para el año 2023, contenido en la Resolución 099 de 2022.
[…]
SÉPTIMO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No.
099 de 2022, por medio de la cual nombró a SUSAN TATIANA TOBAR TAVERA […] en
el nivel directivo código 020 grado 03, denominación [s]ecretario [g]eneral del
Concejo Municipal de Floridablanca para el año 2023, conforme las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[…]
2.4.6. El 10 de marzo de 2023, el Tribunal decidió rechazar por improcedentes los
recursos de reposición interpuestos por la señora Tobar Tavera y el Concejo Municipal
de Floridablanca y concedió en el efecto devolutivo las apelaciones formuladas por «la
demandada […] el Concejo Municipal de Floridablanca y el [m]unicipio de
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8 Índice 9, del expediente electrónico.
9 Índice 9, del expediente electrónico.
10 Índice 9, del expediente electrónico.
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Floridablanca», en consecuencia, dispuso el envío del expediente a la Sección Quinta
del Consejo de Estado.11
2.4.7. El 22 de marzo de 2023, en cumplimiento del proveído del 10 de marzo de
2023, se remitió el proceso a esta corporación para que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 243, parágrafo 1, de la Ley 1437 de 2011, se decida sobre los recursos de
apelación impetrados contra el auto que decretó la medida cautelar.12
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Examen de procedencia de la acción de tutela
En el asunto objeto de estudio la señora Susan Tatiana Tobar Tavera alega que el
Tribunal Administrativo de Santander violó sus derechos a la igualdad ante la ley, al
trabajo, al debido proceso y al mínimo vital, al dictar la providencia del 9 de febrero de
2023, mediante la cual decretó la medida cautelar de suspensión provisional dentro
del proceso electoral con radicación 68001 23 33 000 2022 000674 00, en el que actúa
como parte demandada, por cuanto esa decisión resulta desmedida y
desproporcionada, toda vez que cumplió todos los requisitos y etapas que se fijaron
en la convocatoria pública que efectuó el Concejo Municipal de Floridablanca
(Santander) para proveer el cargo de secretaria general de la corporación.
Igualmente, arguye que ya hizo uso de todos los medios ordinarios de defensa judicial
que tiene a su alcance para controvertir la providencia acusada, esto es, la
interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación; sin embargo, como
estos tienen términos y trámites que pueden ser demorados, la única forma de que
exista una real protección a sus garantías fundamentales es la presente acción.
Así las cosas, la decisión objeto de censura no tiene carácter definitivo ni con ella se
pone fin al litigio que se planteó en el medio de control de nulidad electoral que impetró
el señor José Manuel Junior Sequeda Ortiz para que se declarara la nulidad de la
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12 Índice 9, del expediente electrónico.
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Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
Resolución 99 del 28 de noviembre de 2022, expedida por la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Floridablanca, por medio de la cual fue elegida la señora Susan
Tatiana Tobar Tavera como secretaria general de esa corporación para el período
2023.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando la acción de tutela se dirige a
controvertir providencias judiciales debe tenerse en cuenta que, en virtud del principio
de subsidiariedad, el debate frente a la decisión allí adoptada debe haber finalizado, lo
contrario implicaría una intervención injustificada por parte del fallador constitucional y
una transgresión al principio del juez natural.
En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-103 del 26 de
febrero de 2014,13 en la que expresó que cuando se atacan decisiones judiciales el
proceso debe haber concluido, pues en caso de que esté en curso, el juez de tutela no
puede analizar la solicitud de amparo, ya que no es posible utilizar la tutela como un
mecanismo paralelo para resolver las controversias que deben solucionarse al interior
del proceso.
Así las cosas, el fallador constitucional debe determinar si el juicio dentro del cual se
profirió la providencia judicial que se ataca se encuentra en trámite y si el debate que
dio origen a la interposición de la acción de tutela no ha sido resuelto al interior de este,
por cuanto si así ocurriere le corresponderá rechazar la acción por improcedente.14
En tal sentido, siendo que, como lo señaló la accionante, y se establece en los hechos
probados, no se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la providencia
del 9 de febrero de 2023, que decretó la suspensión provisional de la Resolución 99
de 28 de noviembre de 2022, el que se concedió ante la Sección Quinta de esta
corporación por medio de auto del 10 de marzo de 2023 y se remitió el 22 de marzo
de 2023, se debe concluir que se trata de un proceso en curso, lo cual impide la
mediación del juzgador constitucional.
13 Corte Constitucional. Expediente T-3.286.505. Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Radicado
11001 03 15 000 2018 00127 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01095 00
Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
Por otra parte, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron a la accionante a
acudir a la vía constitucional, entre ellas, que la resolución de los medios de defensa
ordinarios que ejerció contra la decisión atacada pueden resultar demorados por estar
sometidos a un trámite y términos legales y, en consecuencia, impedir la adopción de
una decisión de fondo, la Sala no encuentra que se cumpla alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable,15que
pretermita la subsidiariedad de la acción, toda vez que como se evidencia las
actuaciones surtidas en el Tribunal se han adelantado en el ámbito de sus
competencias de manera célere y oportuna e igualmente se remitió la alzada al
superior funcional para su conocimiento.
Ahora siendo que la apelación contra el proveído que decretó la suspensión provisional
se concedió en el efecto devolutivo, según lo dispuesto en el artículo 323 del Código
General del Proceso no se suspende el curso del proceso; así mismo prevé esa norma
que la «circunstancia de no haberse resuelto por el superior los recursos de
apelación16 […] no impedirá que se dicte la sentencia». Por consiguiente, dado que el
juez de primera instancia conserva su competencia, no puede considerarse, como lo
aduce la accionante, que el trámite del medio de control y la adopción de una decisión
definitiva dependa de lo que resuelva el ad quem; tampoco podría estimarse que el
cumplimiento de los términos procesales conlleve la ocurrencia de un daño.
3. Conclusión
La Sala concluye, entonces, que el asunto no cumple con el presupuesto de
subsidiariedad para realizar el estudio de la vulneración alegada, toda vez que se trata
de un proceso que se encuentra en trámite, lo que no permite la intervención del juez
de tutela.
15 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para
que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los siguientes:
su inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
16 «en el efecto devolutivo o diferido».
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01095 00
Demandante: Susan Tatiana Tobar Tavera
En tal sentido, la Sala rechazará por improcedencia la solicitud de tutela presentada
por la señora Susan Tatiana Tobar Tavera, por falta del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora Susan Tatiana Tobar
Tavera, por falta del requisito de subsidiariedad, conforme a la parte considerativa que
antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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