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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01096-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01096-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción promovida por la señora Gloria Ariza de Vargas, por lo expuesto. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01096-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

20 de abril de 2023

Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 – Sala de
Decisión Oral – Sección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01096-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-00
Demandante: GLORIA ARIZA DE VARGAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTIVO – DESPACHO
003 – SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial –– falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por la señora
Gloria Ariza de Vargas contra la providencia del 27 de octubre de 2022, que modificó
la decisión del a quo, en el marco de un proceso ejecutivo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito recibido en el despacho ponente el 2 de marzo de 20231 , la señora
Gloria Ariza de Vargas, actuando por medio de apoderada judicial, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico - Despacho 003 - Sala de
Decisión Oral – B, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, el Ministerio de Salud y Protección Social, el ISS en Liquidación –
Fiduagraria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de remanentes
del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en Liquidación - P.A.R.I.S.S.- , con el
fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 27 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral B, mediante la cual modificó el
ordinal segundo de la parte resolutiva del auto del 16 de junio de 2022 del Juzgado

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 – Sala de
Decisión Oral – Sección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01096-00

Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en cual quedó redactado así:
“SEGUNDO: Decretase la terminación del presente proceso ejecutivo iniciado por la
señora Gloria Ariza De Vargas, contra la Nación – Ministerio de Salud y de la
Protección Social – ISS en Liquidación – Fiduagraria S.A.; (VÓCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMOINIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN ISS), y ordénese la
remisión del expediente digital correspondiente al liquidador del ISS, con el fin de que
sea acumulada la acreencia al proceso de liquidación, de acuerdo a lo expuesto”.1

3. Lo anterior, en el marco del proceso ejecutivo con radicado N.º 08001-33-33-005-
2016-00331-03, instaurado contra Nación – Ministerio de Salud y de la Protección
Social – ISS en Liquidación – Fiduagraria S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo de remanentes del Instituto Colombiano de Seguros Sociales
en Liquidación - P.A.R.I.S.S.-

4. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y reclamó lo siguiente:

“(…) ORDENAR dejar sin efecto la decisión de octubre 27 de 2022 dictada por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral –
Sección B y el auto de 16 de junio de 2022, del Juzgado Quinto Oral
Administrativo, en su defecto ordenar continuar el trámite ejecutivo de acuerdo
con el Mandamiento de Pago”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 2 de diciembre de 2016 la señora Gloria Ariza de Vargas presentó demanda
ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social – ISS en
Liquidación – Fiduagraria S.A.; (Vócera y Administradora del Patrimonio Autónomo
de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación ISS) y pretendió el
cobro coercitivo de la obligación contenida en la sentencia judicial dictada el 14 de
octubre de 2008, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, modificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del
Atlántico mediante decisión del 7 de julio de 2011, proveídos dictados al interior del
proceso ordinario contentivo del medio de control de reparación directa.

6. Mediante providencia del 12 de septiembre de 2018, el juez de primera instancia
libró mandamiento de pago a favor de la parte actora por la suma de “CIENTO
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DOS
PESOS ($166.828.102.00), más la suma que resulte de la actualización que haya de
hacerse de conformidad con lo ordenado en las providencias báculo de la ejecución,
y los intereses que se hayan causado”.

1 Transcripción con posibles errores.

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7. Posteriormente, Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
con auto del 16 de junio de 2022 dispuso:

PRIMERO: Aceptar el desistimiento del escrito del 26 de abril de 2019,
presentado por la apoderada del P.A.R.I.S.S.

SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la actuación a partir del
auto que ordenó librar mandamiento de pago, inclusive, y en su lugar ORDENAR
la remisión del expediente al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
para que, en el marco de sus competencias, gestione con la FIDUCIARIA el
correspondiente trámite inherente al pago de la sentencia judicial objeto de
recaudo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
considerativa.

8. Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Despacho 003 - Sala
de Decisión Oral – B por medio de providencia del 27 de octubre de 2022, que
ordenó:

PRIMERO. – MODIFICASE el ordinal segundo de la parte resolutiva del auto de
16 de junio de 2022 recurrido, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

SEGUNDO: Decretase la terminación del presente proceso ejecutivo
iniciado por la señora Gloria Ariza De Vargas, contra la Nación – Ministerio
de Salud y de la Protección Social – ISS en Liquidación – Fiduagraria S.A.;
(VÓCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMOINIO AUTONOMO DE
REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN
LIQUIDACIÓN ISS), y ordénese la remisión del expediente digital
correspondiente al liquidador del ISS, con el fin de que sea acumulada la
acreencia al proceso de liquidación, de acuerdo a lo expuesto.

SEGUNDO. – CONFIRMASE en todo lo demás.2

9. Como fundamento de su decisión adujo que confirmaría la decisión del a quo, que
declaró de oficio la nulidad de la actuación surtida en el proceso ejecutivo a partir del
auto que ordeno librar mandamiento de pago, pero modificaría el ordinal segundo del
auto recurrido, pues lo correcto era seguir lo dispuesto por el Decreto 2013 de 20123,

2
Transcripción con posibles errores.
3 ARTÍCULO 7°. Funciones del Liquidador. El liquidador actuará como representante legal del Instituto

de Seguros Sociales en Liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la entidad, dentro del
marco de este decreto y las disposiciones del artículo 6° del Decreto-ley 254 de 2000, modificado por
el artículo 6° de la Ley 1105 de 2006 y demás normas aplicables. En particular, ejercerá las siguientes
funciones:
(…)
5. Dar aviso a los Jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que
terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al
proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de procesos contra la entidad
sin que se notifique personalmente al liquidador. Quedan exceptuados del presente numeral los

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por lo que remitió el expediente digital al liquidar del ISS, con el fin de que fuera
acumulada la acreencia al proceso de liquidación.

10. Adujo que, de conformidad con las normas aplicables al proceso de liquidación
del ISS, esto es, los Decretos 254 de 2000 y 2013 de 2012: i) no era posible tramitar
y decidir el proceso ejecutivo promovido por la ejecutante y; ii) los jueces de la
República no podían abrir procesos ejecutivos contra el ISS, “por virtud del fuero de
atracción previsto en el proceso de liquidación del ISS, pues esas normas claramente indican
que todos los procesos ejecutivos promovidos contra el ISS debían terminarse y las
respectivas acreencias debían acumularse en el proceso de liquidación.”

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. La actora considera que se vulneró el acceso efectivo a la administración de
justicia porque “hay que cumplirle su SENTENCIA y el obligado es el MINISTERIO
DE SALUD y PROTECCION SOCIAL”, por los siguientes motivos:

12. Defecto sustantivo4: Explicó que el Decreto 1051 del 2016 señaló que “será
competencia del Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago de las
sentencias judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación. El
trámite de pago podrá hacerlo el Ministerio de Salud y Protección Social
directamente o través del patrimonio autónomo de remanentes constituido por el
liquidador del extinto Instituto de Seguros Sociales u otro que se determine para tal
efecto”

13. Adujo que le eran aplicables los Decretos 254 del 2000 y 2013 del 2012 por
cuanto la acción ejecutiva se inició contra el Ministerio de Salud y Protección Social y
no contra el ISS. Estimó que la ejecución reclamada tenía origen en una sentencia
originada cuando ya no existía el ISS; “ya que la liquidación del ISS fue ordenada
mediante el Decreto 2013 de 28 de septiembre de 2012; por ende, es claro que el
cobro debía someterse a un proceso ejecutivo a cargo del MINISTERIO DE SALUD y
PROTECCION SOCIAL, por mandato del Decreto 1051 de 2016.”

14. Complementó que el Ministerio de Salud y Protección Social es el subrogativo del
ISS liquidado, según lo dispuesto por el Decreto 1051 de 2016, y por lo tanto es de
esa entidad que se puede reclamar el pago de la obligación, “al estar LEGITIMADO
POR PASIVA.”

procesos ejecutivos referentes a obligaciones pensionales del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, los cuales continuarán siendo atendidos por Colpensiones.”
4 Si bien la parte actora no refirió de manera textual que se incurrió en un defecto sustantivo, lo cierto

es que de sus alegatos se colige que la vulneración de sus derechos fundamentales devino del
análisis de una serie de normas que establecen que, en su caso concreto sí era el Ministerio de Salud
y Protección Social el sujeto pasivo de la obligación, motivo por el cual esta Sala lo analizará de tal
forma.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

15. Mediante auto del 9 de marzo de 2023, la magistrada ponente decidió entre otras
cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como al Tribunal
Administrativo del Atlántico - Despacho 003 - Sala de Decisión Oral - Sección B, al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, al Ministerio de
Salud y Protección Social – ISS en Liquidación – Fiduagraria como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de remanentes del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales en Liquidación - P.A.R.I.S.S.-, como sujetos accionados.

1.5. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:

1.5.1. Ministerio de Salud y Protección Social

17. Solicitó declarar la improcedencia de la acción, y en consecuencia, exonerarlo de
toda responsabilidad que se endilgue durante el trámite de esta acción constitucional,
toda vez que no es la entidad competente para resolver la solicitud del accionante.

1.5.2. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral B

18. Resumió las actuaciones del proceso ordinario y solicitó negar las pretensiones
de la demanda toda vez que no transgredió ningún derecho fundamental ni se
configuró defecto alguno, por el contrario, la decisión se basó en las normas
aplicables a la liquidación de entidades de derecho público, a lo probado en el
referido proceso y a la sentencia C-382 de 2005 de la Corte Constitucional.

1.5.3. Fiduagraria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
remanentes del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en Liquidación -
P.A.R.I.S.S.)

19. Requirió negar el amparo deprecado ya que, en efecto, es la entidad competente
para realizar los pagos de las obligaciones a cargo del extinto Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación, “máxime cuando a la fecha este Patrimonio cuenta con
activos que le fueron transferidos al momento de suscribir el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 015 de 2015 y recursos asignados para tal fin mediante la Ley 2008 de
2019 y el Decreto 1305 de 2020.”

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20. Adujo que el Decreto Ley 254 de 2000 (modificado por la Ley 1105 de 2006)
estableció el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden
nacional, que para el caso en concreto constituye una norma especial en lo que se
refiere al reconocimiento y pago de las acreencias del liquidado Instituto de Seguro
Social, que por ser una norma especializada su aplicación es preferente frente a la
norma ordinaria.

21. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, pese a
estar debidamente notificada, no rindió informe de fondo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Ariza de Vargas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral B y otros, por tanto, debe
aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

2.2. Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?

24. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral B vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justica
con ocasión de la providencia del 27 de octubre de 2022 5, que modificó el ordinal
segundo de la decisión proferida por el a quo, para en su lugar, decretar la
terminación del proceso ejecutivo iniciado por la señora Gloria Ariza De Vargas?

25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y; (iii) el
estudio del caso concreto.

5 Si bien el actor también cuestionó el auto del 16 de junio de 2022 del Juzgado Quinto Administrativo

Oral del Circuito de Barranquilla, esta Sala se limitará a estudiar la providencia que puso fin al litigio,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral B.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su procedencia.8

27. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

28. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

29. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

30. Cabe destacar que la Corte Constitucional9 desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia

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providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito
de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

31. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.

32. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación
diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de
la garantía fundamental invocada.

33. Así, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura
implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por
la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las
razones anteriormente anotadas.

34. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el
test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial
de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

35. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.

36. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.

13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Decisión Oral – Sección B y otros
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37. En la sentencia SU-215 de 202211, el alto tribunal unificó los criterios que se
deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

38. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 12 modificó
su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los
que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a
desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de
importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible
vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

39. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, se planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

40. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste
de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este
presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al

11 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera

y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción
de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el
mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 – Sala de
Decisión Oral – Sección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01096-00

identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la
vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial
accionada ha incurrido en uno de los defectos.

41. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una
simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella13.

42. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan
su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración de
una causal especifica de procedencia.

2.5. Caso concreto

43. En el caso objeto de estudio, la acción de tutela presentada la señora Ariza de
Vargas no satisface el requisito de relevancia constitucional, ya que solo se plantea
un debate sobre la interpretación de la normatividad que establece la competencia
que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social para asumir el pago de las
sentencias judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del ISS. Por lo mismo, el debate planteado por la parte
actora no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental, por lo siguiente:

44. En primer lugar, en la controversia propuesta en el escrito de tutela no se
exponen razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial con ocasión de la providencia
proferida en segunda instancia. En efecto, las inconformidades presentadas por la
parte actora en su escrito de tutela están dirigidas a demostrar que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada debió aplicar el Decreto 1051 de 2016, que dispuso que
el referido ministerio sí tenia la competencia para asumir el pago de su obligación, y
en ese sentido, no se debía remitir el proceso al liquidador del ISS, con el fin de que
fuera acumulada la acreencia al proceso de liquidación.

45. Igualmente, la parte actora alegó que no le eran aplicables los Decretos 254 del
2000 y 2013 del 2012 por cuanto la acción ejecutiva se inició contra el Ministerio de
Salud y Protección Social y no contra el ISS. Estimó que la ejecución reclamada
tenía origen en una sentencia originada cuando ya no existía el ISS.

13 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.

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46. No obstante, se tiene que dicho aspecto fue zanjado por la autoridad judicial
accionada quien advirtió que realizaría un estudio integral de las normas atinentes a
la liquidación de las entidades de derecho público y citó el Decreto 254 de 2000,
mediante el cual Gobierno Nacional fijó el régimen para la liquidación de las
Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea
el noventa por ciento (90 %) o más de su capital social y las Empresas Sociales del
Estado. Agregó que, en esa norma se señaló que el liquidador, entre otras funciones,
tiene la de “dar aviso a los jueces de la república del inicio del proceso de liquidación,
con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad,
advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá
continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique
personalmente al liquidado”.

47. Posteriormente, el tribunal accionado trajo a colación el Decreto 2013 de 2012
por medio del cual el Gobierno Nacional dispuso la liquidación del ISS y ordenó la
terminación de los procesos ejecutivos individualmente considerados, a fin de que
fueran acumulados al proceso de liquidación.

48. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada explicó que, teniendo en
cuenta que la sentencia base de ejecución quedó en firme el 5 de junio de 2013 y la
liquidación del ISS fue ordenada mediante el Decreto 2013 del 28 de septiembre de
2012, era claro que el cobro debía someterse a las reglas previstas en el proceso de
liquidación y no en un proceso ejecutivo independiente.

49. Asimismo, el tribunal accionado estimó que si bien dentro del proceso ejecutivo
se había proferido mandamiento de pago, desconociéndose la existencia del proceso
de liquidación del ISS, lo cierto era que, posteriormente, fue advertida de esa
situación, por lo que procedió, en ejercicio del control de legalidad establecido en el
artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, a declarar de oficio la nulidad de la actuación
surtida en el proceso a partir del auto que ordenó librar mandamiento de pago,
inclusive, y en su lugar ordenar la remisión del expediente al liquidador del ISS, con
el fin de que fuera acumulada la acreencia al proceso de liquidación.

50. Por último, citó la sentencia C-382 de 2005 de la Corte Constitucional en la cual
se sostuvo que “el objetivo mismo del fuero de atracción de los procesos liquidatorios
que se controvierte en esta oportunidad, es el de garantizar que la totalidad de los
acreedores de las entidades públicas que se han visto afectadas a procesos de
liquidación puedan, efectivamente, acceder a la protección de las autoridades
encargadas de llevar a cabo tal proceso liquidatorio, en condiciones de igualdad, sin
que existan circunstancias adicionales –tales como la existencia de procesos
ejecutivos paralelos contra bienes de propiedad de la entidad en liquidación- que
obstruyan o restrinjan la efectividad de sus derechos crediticios”.

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51. Así, aunque en el escrito de tutela se planteó la configuración de un defecto
sustantivo, lo cierto es que los argumentos presentados por la parte actora se
traducen en una única inconformidad, que consiste en que no se debió decretar la
terminación del proceso ya que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene
legitimación para asumir el pago de la sentencia judicial derivada de las obligaciones
contractuales y extracontractuales a cargo del ISS.

52. Sin embargo, se reiteran las consideraciones expuestas por el tribunal accionado
consistentes en que, teniendo en cuenta que la sentencia base de ejecución quedó
en firme el 5 de junio de 2013 y la liquidación del ISS fue ordenada mediante el
Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, es decir de manera posterior, lo
pertinente era cumplir con lo dispuesto en los Decretos 254 de 2000 y 2013 de 2012,
esto es, terminar el proceso ejecutivo y enviar las diligencias al proceso de
liquidación, “ya que sólo de esta manera se garantizaba la finalidad misma del
proceso de liquidación: que, en igualdad de condiciones, los acreedores obtengan los
pagos que legítimamente reclamen”.

53. Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia constitucional
ya que el debate propuesto frente al defecto sustantivo obedece al mismo asunto
discutido en el ejecutivo en relación con que, a juicio de la parte actora, no se debió
decretar la terminación del proceso, es decir, se advierte su simple inconformidad
con respecto a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, que modificó la
decisión del a quo.

54. Así, es posible concluir que la línea argumentativa en sede constitucional apunta
a convertir la acción de tutela en una tercera instancia, máxime cuando los
fundamentos que ahora enmarca en el defecto sustantivo, se basan en la aplicación
de unas normas que fueron interpretadas de manera razonable por el tribunal
accionado como se explicó, lo que evidencia su déficit argumentativo frente al yerro
invocado que no le corresponde suplir a este juez constitucional y que le impide
realizar la labor necesaria de contraste entre los supuestos fácticos, argumentos y
las correspondientes prerrogativas jurisprudenciales.

55. En este punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido del
mecanismo de amparo cuando se dirige contra providencias judiciales, conforme se
puso de presente en líneas anteriores, ya que este supone un esfuerzo
argumentativo considerable por parte de quien considere que con lo resuelto en una
sentencia se incurrió en una vía de hecho.

56. Se concluye entonces que el simple alegato de una vulneración al debido proceso
y de acceso a la administracion de justicia, como en el caso en cuestión, no conlleva
a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira

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en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la
competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

57. Se reitera que, lo anterior deja en evidencia que la parte actora pretende utilizar
esta acción de tutela como una instancia adicional donde puedan volver a debatir lo
expuesto en el proceso ejecutivo. En ese sentido, para la Sala el asunto no supera el
requisito de la relevancia constitucional.

2.6. Conclusión

58. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ejecutivo frente, contrario a proponer la vulneración
de los derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción promovida por la señora
Gloria Ariza de Vargas, por lo expuesto.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

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Decisión Oral – Sección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01096-00

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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