Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01096-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01096-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01096-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de julio dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 – Sala de
Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - tercera instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 20 de abril de 2023, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud
de amparo por carecer de relevancia constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 1 de marzo de 2023, Gloria Ariza de Vargas, actuando por medio de
apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico - Despacho 003 - Sala de Decisión Oral – B, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el Ministerio de Salud y
Protección Social, Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (en adelante ISS) –
Fiduagraria1, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Considera que tales
prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la providencia de 27 de octubre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso ejecutivo 2
que instauró contra la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social – ISS
en Liquidación – Fiduagraria S.A.
1 Esta última en calidad de representante y administradora del Patrimonio Autónomo de remanentes del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales en Liquidación - P.A.R.I.S.S.-
2
Identificado bajo el número radicado: 08001-33-33-005-2016-00331-03.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 –
Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2.- La accionante pretende que en virtud del amparo se ordene: “(...) dejar sin efecto
la decisión de octubre 27 de 2022 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Atlántico Sala de Decisión Oral – Sección B y el auto de 16 de junio de 2022, del
Juzgado Quinto Oral Administrativo, en su defecto ordenar continuar el trámite
ejecutivo de acuerdo con el Mandamiento de Pago”.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El 2 de diciembre de 2016, Gloria Ariza de Vargas presentó demanda ejecutiva
contra la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social – ISS en Liquidación
– Fiduagraria S.A., con la finalidad de obtener el pago de la obligación contenida en
las sentencias de 14 de octubre de 2008 y 7 de julio de 2011, proferidas
respectivamente por el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el marco del proceso de reparación directa identificado
con el número radicado 08-001-23-31-002-1996-11347-00/01.
5.- El 12 de septiembre de 2018, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla libró mandamiento de pago a favor de la parte actora. Sin embargo,
mediante auto de 16 de junio de 2022, el mencionado despacho judicial declaró de
oficio la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que ordenó librar mandamiento
de pago y resolvió remitir el expediente al Ministerio de Salud y Protección Social,
para que, en el marco de sus competencias, gestionara con Fiduagraria S.A. el pago
de la sentencia judicial objeto de recaudo.
6.- Inconforme con lo anterior, la ejecutante apeló la decisión adoptada por el
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
7.- El 27 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico modificó el fallo
de primera instancia, en el sentido de decretar la terminación del proceso ejecutivo
y ordenar la remisión del expediente digital al liquidador del ISS, con el fin de que la
acreencia se acumulara al proceso de liquidación. Para tal efecto, estimó que de
conformidad con los Decretos 254 de 2000 y 2013 de 2012, en el caso objeto de
estudio: (i) no era posible tramitar y decidir el proceso ejecutivo promovido por la
ejecutante y; (ii) los jueces de la República no podían abrir procesos ejecutivos contra
el ISS, a causa del fuero de atracción previsto en el proceso de liquidación de dicha
entidad, debido a que las normas mencionadas indican que todos los procesos
ejecutivos promovidos contra el ISS debían terminarse y las respectivas acreencias
debían acumularse en el proceso de liquidación.
8.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración. Al respecto señaló que: (i) de conformidad con el Decreto 1051 del
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 –
Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2016 el cobro debía “someterse a un proceso ejecutivo a cargo del MINISTERIO DE
SALUD y PROTECCION SOCIAL”, pues el referido decreto señala que dicha entidad
es la encargada de asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de las
obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del ISS en Liquidación, por
lo que el trámite de pago podía realizarlo el Ministerio de Salud y Protección Social
de forma directa o través del patrimonio autónomo de remanentes constituido por el
liquidador del ISS; (ii) no era posible aplicar al caso objeto de estudio las
disposiciones consagradas en los Decretos 254 del 2000 y 2013 del 2012, debido a
que la acción ejecutiva se dirigió contra el Ministerio de Salud y Protección Social y
no contra el ISS, y porque la ejecución se originó en una sentencia proferida cuando
el ISS ya no existía; y (iii) según lo dispuesto por el Decreto 1051 de 2016, el
Ministerio de Salud y Protección Social es el subrogativo del ISS, por lo que esta
entidad se encuentra legitimada en la causa por pasiva para asumir el pago de la
obligación adeudada.
B. Sentencia de primera instancia
9.- Mediante providencia del 20 de abril de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, por no acreditar el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que ya que el debate propuesto por la parte actora
versaba sobre la interpretación de la normatividad que establece la competencia del
Ministerio de Salud y Protección Social para asumir el pago de las sentencias
judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo
del ISS, por lo que los alegatos propuestos en la demanda no tenían la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental.
C. La impugnación
10.- Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora presentó escrito de
impugnación, en el cual se limitó a manifestar su intención de impugnar el fallo
proferido en primera instancia, sin presentar argumentos adicionales. Al respecto
señaló que: “con el presente escrito muy respetuosamente me dirijo ante usted con
el fin de comunicarle que dentro de la oportunidad legal IMPUGNO el fallo de tutela
que fue declarado improcedente por parte del despacho”.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 –
Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
E. Análisis del caso concreto
12.- De acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnación, corresponde determinar
si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo deprecado en la
demanda al carecer de relevancia constitucional.
13.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una
acción de tutela satisface el requisito de relevancia constitucional es necesario
examinar dos elementos, a saber4:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
14.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el proceso ejecutivo, así como el recurso de apelación presentado por la actora en
ese trámite judicial, la Sala no encuentra que los argumentos que presenta la
demandante se proyecten como transgresión de los derechos fundamentales que
invoca. Una revisión de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela permite
advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 –
Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y
concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez natural de la
causa por no estar de acuerdo con la decisión de decretar la terminación del proceso
ejecutivo y remitir el expediente al liquidador del ISS, con el fin de que la acreencia
objeto de reclamo se acumulara al proceso de liquidación de la entidad.
15.- Como se indicó previamente, la accionante alegó, sin especificar la
configuración de alguno de los defectos establecidos en la jurisprudencia
constitucional, que las entidades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al aplicar
de forma indebida los Decretos 254 del 2000 y 2013 del 2012 y al no aplicar las
disposiciones contenidas en el Decreto 1051 del 2016.
16.- En ese sentido, reprochó que el juez de lo contencioso administrativo diera por
terminada la acción ejecutiva, sin tener en cuenta que, el Ministerio de Salud y de la
Protección Social, y no el ISS, era la entidad encargada de realizar el pago de la
condena proferida en el proceso de reparación directa Rad. 08-001-23-31-002-1996-
11347-00/01.
17.- De esta manera, la Sala advierte que los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela para sustentar la configuración de los yerros endilgados, fueron expuestos
en el recurso de apelación presentado por la parte actora en contra la providencia
del 16 de junio de 2022, proferida por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla. En ese trámite judicial la demandante alegó que: (i) ante la extinción
del ISS, debía tenerse al Ministerio de Salud y Protección Social como su sucesor
procesal; (ii) el Decreto 541 de 2016, señala que es competencia del Ministerio de
Salud y Protección Social, asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del ISS; y, (iii) la condena
objeto de ejecución fue proferida con posterioridad al vencimiento del término para
hacerse parte en el proceso de liquidación. Al respecto la demandante señaló que:
“(…) es improcedente la Nulidad decretada de oficio por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA; lo anterior en virtud; que tal como lo
estableció este Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión
Oral Sección B, mediante auto de fecha 7 de Febrero de 2018 en el proceso de la
referencia, en el presente caso sucedió lo que en derecho se conoce como la figura
de Sujeción Procesal, ya que en efecto, ante la extinción del INSTITUTO DE LOS
SEGUROS SOCIALES, acaece que si en el curso del proceso sobreviene la extinción
de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido
podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter, e incluso, toda sentencia
producirá efectos respectos de ellos aun cuando no concurran, tal como sucede en
este caso en concreto. En este orden de ideas, es claro que la NACIÓN – MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por autoridad de la ley, son sucesoras
procesales del extinto ISS.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 –
Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Así mismo, el Decreto 541 de 2016, expedido por el MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL, es claro al disponer que será competencia de este Despacho
Ministerial, asumir el pago de las SENTENCIAS JUDICIALES derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del ISS, esto se refiere a las
obligaciones y condenas en firme después del término establecido para los procesos
de liquidación.
(…)
Ahora bien, muy a pesar que el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE
BARRANQUILLA, oficio a la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO-
FIDUAGRARIA S.A. – como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DE
REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY LIQUIDADO, para
que informara al Despacho si el crédito de la Señora GLORIA ARIZA DE VARGAS,
aparecía calificado por el PARR ISS., es preciso manifestar que a la fecha la entidad
vocera jamás remitió la RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y CALIFICACIÓN
DEL CRÉDITO y solo emitió una respuesta ambigua.
Es preciso manifestar a su Despacho Señor Magistrado que tal RESOLUCIÓN DE
RECONOCIMIENTO Y CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO, jamás será remitida, puesto
que NO EXISTE, toda vez que el crédito de la señora GLORIA ARIZA DE VARGAS,
fue posterior al termino de hacerse parte en el proceso de liquidación.
Señor Magistrado, de conformidad con lo anterior queda plenamente demostrado que
la figura de Sujeción Procesal, es procedente, razón por la cual el contradictorio esta
únicamente conformado por la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, quien sería la única entidad obligada al pago, en atención al Decreto 541 de
2016, expedido por ese mismo Ministerio”.
18.- Estos reproches fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en
la providencia del 27 de octubre de 2022. Para tal efecto, comenzó por señalar que
de conformidad con las normas aplicables al proceso de liquidación del ISS, esto es,
los decretos 254 de 2000 y 2013 de 2012, no era posible tramitar y decidir el proceso
ejecutivo promovido por la accionante. Esto debido al fuero de atracción previsto en
el proceso de liquidación del ISS, por lo que las referidas normas indican que todos
los procesos ejecutivos promovidos contra esa entidad debían terminarse y las
respectivas acreencias debían acumularse en el proceso de liquidación.
19.- Esbozado lo anterior, la autoridad judicial enjuiciada indicó que la ejecución
reclamada por la señora Gloria del Socorro Ariza De Vargas tenía origen en una
sentencia que se profirió en el momento en que aún se encontraba vigente el proceso
de liquidación del ISS. Lo anterior, debido a que la sentencia condenatoria se dictó
el 14 de octubre de 2008 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del circuito de
Barranquilla, siendo modificada en segunda Instancia por el Tribunal Administrativo
del Atlántico en providencia del 7 de julio de 2011, condenándose en abstracto, por
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
lo que mediante el auto de 28 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo
de Barranquilla, resolvió el incidente de regulación de perjuicios, providencia que
quedó en firme el 5 de junio de 2013, mientras que la liquidación del ISS se ordenó
a través del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012. Por lo anterior, el Tribunal
concluyó que el cobro debía someterse a las reglas previstas en el proceso de
liquidación y no en un proceso ejecutivo independiente.
20.- Por último, citó la sentencia C-382 de 2005 de la Corte Constitucional en la cual
se sostuvo que “el objetivo mismo del fuero de atracción de los procesos liquidatorios
que se controvierte en esta oportunidad, es el de garantizar que la totalidad de los
acreedores de las entidades públicas que se han visto afectadas a procesos de
liquidación puedan, efectivamente, acceder a la protección de las autoridades
encargadas de llevar a cabo tal proceso liquidatorio, en condiciones de igualdad, sin
que existan circunstancias adicionales –tales como la existencia de procesos
ejecutivos paralelos contra bienes de propiedad de la entidad en liquidación- que
obstruyan o restrinjan la efectividad de sus derechos crediticios”.
21.- Bajo ese contexto, no hay duda de que la parte accionante propone en sede de
tutela los mismos argumentos que fueron expuestos en el escrito de apelación
interpuesto en contra del auto del 16 de junio de 2022, los que, a su vez, fueron
abordados por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
22.- Así, resulta evidente que la parte accionante busca crear una instancia
adicional al proceso contencioso administrativo y reabrir el debate jurídico, en torno
a la terminación del proceso ejecutivo objeto de estudio, asunto que, como ya se vio,
fue objeto de estudio ante la instancia judicial respectiva, la cual tuvo a su cargo
valorar los alegatos de hecho y de derecho que sometieron a su consideración. Por
lo tanto, no cabe ahora prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de
tutela no es mecanismo complementario al del medio de control ordinario, y no tiene
por fin revisar las bases del debate judicial para definir, como instancia final, las
razones de derecho objeto de la controversia.
23.- Con todo, se advierte que la decisión cuestionada encuentra claro sustento en
el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva
o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material
probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales y
jurisprudenciales que resultaban aplicables al caso.
24.- La Sala encuentra que la autoridad judicial demandada sustentó la providencia
acusada en las normas y la jurisprudencia sentada sobre la materia, específicamente
a partir del estudio de los Decretos 254 de 2000 y 2013 de 2012, y en las
consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-382 de
2005, de modo que los argumentos propuestos por la parte actora se traducen en un
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01096-01
Demandante: Gloria Ariza de Vargas
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Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
debate de carácter eminentemente legal, que consiste en imponer su interpretación
de las referidas normas, según la cual no se debió decretar la terminación del
proceso ya que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene legitimación para
asumir el pago de la sentencia judicial derivada de las obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del ISS.
25.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada dentro del proceso de reparación directa responden, en realidad, a una
discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre
que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado
a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de
la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
26.- Así las cosas, la demanda de tutela que se examina se torna improcedente al
no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto su objeto
es reabrir un debate ya tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que
desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos
fundamentales. De suerte que, esta Sala habrá de confirmar la sentencia del 20 de
abril de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
27.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 20 de abril de 2023, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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Demandante: Gloria Ariza de Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 003 –
Sala de Decisión Oral Sección Tercera – Sección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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