Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01117-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01117-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01117-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
25 de mayo de 2023
Demandantes: Miriam Sotto y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01117-01
Demandantes: MIRIAM SOTTO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y
desconocimiento del precedente – revoca negativa y declara
improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 29 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera –
Subsección B que negó la petición de amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 2 de marzo de 2023, los señores Esperanza Preciado
Jiménez, Kevin Andrés Charry Preciado, Duván Andrés Charry Preciado, Yolman
David Charry Preciado1, Dago Felipe Charry Vela, Delcy Magaly Vela Rodríguez2 ,
Dioselino Charry, Myrian Osorio de Charry, Melba Patricia Charry Osorio, Dioselino
Charry Osorio, Francy María Charry Osorio, Nelly Andrea Charry Osorio y Gustavo
Adolfo Charry Osorio3 ; Jaime Auno Rodríguez, Nohemy Amaya Monroy y Nicolás
Rodríguez Campos4 ; Miriam Sotto, Laura María Castillo Sotto, Diana Lucía Castillo
Sotto, Edgar Castillo Amézquita, Flor de María Archa Londoño, Leidy Yarina Castillo
Delgado, Astrid Castillo Delgado, María Derly Castillo Delgado, Wilson Castillo
Archa, Víctor Mejía Arcila, Alba Lucha López Archa y John Harvin López Arcila 5,
actuando a través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
1 El abogado Benjamín Herrera Agudelo manifestó actuar como agente oficioso del señor Yolman David Charry
Preciado.
2 En nombre y representación del menor Brayan Steven Charry Vela
3 Familiares del señor Dagoberto Charry Osorio.
4 Grupo familiar del señor Jaime Alberto Rodríguez Amaya.
5 Grupo familiar del señor Fardi Castillo Arcila
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Demandante: Miriam Sotto y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y otro
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Catalina, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia dictada por la mencionada autoridad judicial el 25 de
agosto de 2022, por medio de la cual confirmó la decisión del 30 de abril de 2015
del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Neiva que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa iniciado
por los tutelantes contra la Nación - Ejército Nacional identificado con el radicado
41001-33-31-006-2007- 00157-00/01
1.2. Pretensiones
3. Los tutelantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y, como
consecuencia de ello pidieron: “Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin
efectos la sentencia de segunda instancia proferida por los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
y del Huila. Sección Tercera. Subsección A, notificada el 12 de septiembre de 2022,
profiriendo en su reemplazo, la que ordene el Juez de Amparo Constitucional y conforme a
los lineamientos que allí se dispongan al amparar los Derechos Fundamentales ya
enunciados.”6
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Los tutelantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, por la muerte de los señores Jesús Alfredo Bermúdez Acosta, Fardi
Castillo Arcila, Óscar Javier Moreno Urazan, Dagoberto Charry Osorio y Jaime
Alberto Rodríguez Amaya como consecuencia de un ataque militar.
5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva, quien profirió sentencia el 30 de
abril de 2015 en la que negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
exoneró a la entidad demandada, pues concluyó que fue el actuar de las víctimas
el causante del daño, toda vez que los occisos abrieron fuego contra los
uniformados y estos respondieron en legítima defensa.
6. La parte demandante apeló la decisión, recurso que fue desatado por el
6 Transcripción fiel del original con posibles errores.
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Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 7 en
sentencia de 25 de agosto de 2022 8 , en la que confirmó la decisión de primera
instancia, pues consideró que ninguna de las pruebas arrimadas al plenario
permitía inferir que los hechos obedecieron a una ejecución extrajudicial, por el
contrario, se probó que estos murieron por las heridas causadas por armas de
fuego dentro de un enfrentamiento con los integrantes del tercer pelotón de la
Compañía Berlín del Ejército Nacional.
1.4. Sustento de la vulneración
7. La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con ocasión del fallo del 25 de agosto de 2022, por cuanto, a su juicio,
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
8. En primer lugar, alegó que el mecanismo constitucional está revestido de
relevancia constitucional en la medida en que se trata de una grave violación de
derechos humanos derivada de la ejecución extrajudicial de 5 ciudadanos en la
vereda El Encanto de Pitalito (Huila).
9. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que no se valoraron en conjunto y de
manera integral las siguientes pruebas:
a) Los protocolos de necropsia de los señores Jaime Alberto Rodríguez Amaya,
Dagoberto Charry Osorio y Fardi Castillo Arcila, que evidenciaban los
numerosos impactos de proyectil y las diferentes trayectorias para cada una
de las víctimas.
b) La versión del único sobreviviente, el señor José Yesid Farfán Ortiz, el cual
manifestó que nunca hubo enfrentamiento con los uniformados. Puso de
presente que la autoridad judicial consideró que esta declaración tenía
falencias e incoherencias que le restaban credibilidad, sin valorarla en
conjunto con las demás pruebas, sobre todo con la versión rendida ante la
Procuraduría General de la Nación.
c) Las declaraciones de las esposas y compañeras permanentes de las
víctimas, que daban cuenta que la ejecución extrajudicial la perpetró el
Ejército Nacional.
7 El proceso fue remitido por el Tribunal Administrativo del Huila en desarrollo de lo dispuesto en materia de
descongestión en el Acuerdo PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021, proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
8 Decisión que fue notificada el 12 de septiembre de 2022.
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d) Los informes fotográficos y topográficos que permitían evidenciar la posición
ventajosa de los treinta soldados que integraban el dispositivo militar con
armas de fuego de largo alcance.
e) Los dictámenes de balística, tales como el n.º 10625 del 31 de agosto de
2011, firmado por el señor Antonio Sánchez Mora, el informe pericial 837 del
30 de marzo de 2007 y el informe 970 del 23 de abril de 2007, de los cuales
era posible establecer el lugar desde donde dispararon los soldados y el mal
estado de conservación de las pistolas 765 y 9mm.
f) La orden de operaciones y los informes de inteligencia, que demostraban que
se diseñó una emboscada lineal, en un sitio caracterizado por varias curvas,
con militares ubicados a ambos lados de la vía, en lugares preponderantes y
con armas de dotación oficial de largo alcance y dos equipos de cierre.
g) Las indagatorias e intervenciones de los militares en los procesos penal y
disciplinario y del sargento Deiger de Jesús Pérez, encargado de lanzar la
proclama, que daban cuenta de la posición dominante de los militares y de la
forma como fueron masacradas las víctimas.
10. A juicio de los tutelantes, la autoridad judicial se limitó a enunciar las pruebas,
sin fundamentar la decisión en las mismas, pues a su juicio, del material probatorio
antes mencionado se desprendía la existencia de “falsos positivos” y no resultaba
razonable concluir que el daño había ocurrido como consecuencia de la culpa
exclusiva de las víctimas.
11. Por otra parte, afirmó que se desconoció el precedente del Consejo de
Estado9 relacionado con ejecuciones extrajudiciales, en el que se concluyó que
9 Ver sentencias: (i) Consejo de Estado. Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad: 44001-23-31-000-2011-00080-
01 (55.287). Actor: Margelis Rodríguez Hernández. C.P: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; (u) Consejo de
Estado. Actor: María del Carmen Chacón. Rad: 41001-23-31-0001994-076544-01 (20601). C.P: Dr. Danilo
Rojas Betancourth; Aparte 21. 4.3; Sentencia del 09 de mayo de 2012. Rad 6300-12-33-1000-1998-01-00001
(18751), 63001233-1999-0061301 (18999); (iii) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Actor:
Gersaín Rojas Becerra. Rad: 17001-23-31-000- 2001-0216-01 (24335). C.P: Stella Conto Días Del Castillo;
Consejo de Estado. Sentencia del 07 de septiembre de 2015. Rad: 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; (iv) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del
05 de marzo de 2015. Actor: Luis Enrique Zapata Castrillón. Rad: 05001-23-31- 000-2004-03617-01. C.P:
Ramiro Pasos Guerrero; (y) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 30 de abril de
2014. Rad: 41001-23-31-000-1993-07386-00 (28075). C.P: Dr. Danilo Rojas Betancourth; (vi) Consejo de
Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de julio de 2014. Rad: 52001-23-31-000-1999-00956-
01 (28541). Actor: Manuel Antonio Burgos Burgos. C.P: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado. Sección
Tercera, Subsección B. Actor: Gersaín Rojas Becerra. Rad: 17001-23-31-000-2001-0216-01 (24335). C.P:
Stella Conto Díaz Del Castillo. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 05 de marzo
de 2015. Actor: Luis Enrique Zapata Castrillón. Rad: 05001-23-31-000-2004-03617-01. C.P: Ramiro Pasos
Guerrero. Consejo de Estado. Sentencia del 07 de septiembre de 2015. Rad: 85001-23-31-000-2010-00178-01
(47671). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B.
Sentencia del 30 de abril de 2014. Rad: 41001-23-31-000-1993- 07386-00 (28075). C.P: Dr. Danilo Rojas
Betancourth.
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había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto las muertes
tuvieron como causa el impacto de los proyectiles disparados por varios oficiales y
suboficiales del Ejército Nacional, no en el marco de un encuentro armado, sino
producto de una ejecución sumaria.
12. En este punto, puso de presente que el precedente desconocido, establecía
las siguientes reglas:
“(i) hechos de esta naturaleza infringen normas nacionales e internacionales,
constituyendo obligación gubernamental establecer la verdad, imponer sanciones,
evitar su repetición y fijar normas de control; (II) obligación de proteger a testigos y
familiares de amenazas de violencia o cualquier forma de intimidación así como
suministrar información de todo el trámite de las investigaciones a las víctimas,
velando porque los responsables sean juzgados adecuada y oportunamente; (iii) para
la demostración del nexo causal con la actividad Estatal, han posibilitado las Altas
Corporaciones, acudir a la prueba indiciaria, que ordinariamente demuestra: (1) que
la inactividad probatoria de la parte demandada, constituye indicio de responsabilidad
debiendo flexibilizarse; (II) los testimonios y las indagatorias del proceso penal,
pueden ser valorados como indicios, especialmente aquellos que establecen
circunstancias de modo, tiempo y lugar'; (iv) también han sido decididos algunos
casos, con fundamento en el régimen objetivo de responsabilidad, derivado de la
utilización de armas de fuego'; (y) que las ejecuciones extrajudiciales han obedecido
a un patrón generalizado así: Una ficticia operación militar, ofertas de trabajo, la
ejecución se produce en lugares alejados, alteración de la escena, los ejecutados no
disparan armas de fuego, les colocan armas en sus manos, los informes atentan
contra la lógica y la experiencia por ubicar las víctimas con armas de fuego, las
trayectorias de los disparos muestran el asesinato por la espalda y desde un sitio
distante donde se encontraba la tropa, acreditándose así el estado de indefensión;
(vi) las victimas aparecen como NN, sin documentos, sin bienes.”
13. La parte actora solicitó que se tuviera en cuenta como prueba, el expediente
de la JEP en un macro caso que considera tiene relación con los hechos objeto de
esta tutela. Dicho expediente fue remitido al trámite de la tutela objeto de la
referencia. No obstante, frente al mismo no se expuso de manera concreta, las
piezas procesales, pruebas o actuaciones que tendrían incidencia en el sub judice.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
14. Mediante auto dictado el 7 de marzo de 2023, el magistrado ponente de
primer grado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte actora y a
los magistrados del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y del Tribunal Administrativo del Huila.
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15. Así mismo, se dispuso la vinculación al titular del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva10 y al comandante del Ejército Nacional
como terceros con interés en el resultado del proceso.
1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados
1.5.2.1. Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
16. Manifestó que los demandantes proponen la misma discusión jurídica que
presentaron como apelación en el proceso de reparación directa, por cuanto, si bien
alegan que las providencias objeto de tutela incurrieron en un defecto fáctico, lo
cierto es que lo que pretenden es que se reabra el debate jurídico.
17. En todo caso, consideró que se realizó un adecuado análisis del material
probatorio tanto en primera como en segunda instancia y a partir de ello tuvo por
demostrada la culpa exclusiva de las víctimas en la consumación del daño.
1.5.2.2. Ministerio de Defensa Nacional
18. Sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que el asunto ya fue objeto de análisis y valoración probatoria
en el proceso ordinario.
1.5.2.3. El titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva y los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila guardaron
silencio en esta oportunidad.
1.6. Sentencia de primera instancia
19. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B dictó sentencia el 29
de marzo de 2023 en la que negó el amparo solicitado al encontrar que no se
configuraron los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.
20. Puso de presente que el tribunal, después de hacer una valoración conjunta
de las pruebas, en especial de los informes técnicos de necropsia, la orden
fragmentaria de operaciones n.º 38 "misil", el álbum fotográfico, el bosquejo
topográfico, el informe ejecutivo, las declaraciones de las esposas y compañeras
permanentes de las víctimas y del señor José Yesid Farfán Ortiz, consideró que
ninguna de ellas arrojaba la certeza de que los miembros del Ejército
indiscriminadamente y de manera desproporcional atentaron contra la vida de los
10 El Juzgado que conoció en primera instancia fue el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Neiva. Luego el expediente pasó a la autoridad judicial vinculada.
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señores Jaime Alberto Rodríguez Amaya, Dagoberto Charry Osorio y Fardi Castillo
Arcila, por el contrario, encontró probado que las muertes se dieron en el marco de
un enfrentamiento armado en el cual las víctimas tuvieron participación, y no, como
consecuencia de una ejecución extrajudicial.
21. En relación con el desconocimiento del precedente manifestó que los
pronunciamientos que se citaron como desconocidos no tienen el alcance de
sentencia de unificación a la luz de lo previsto en los artículos 270 y siguientes de
la Ley 1437 de 2011, y concluyó que carecen de carácter vinculante.
22. No obstante, afirmó que:
“En cada proceso los medios de prueba que tuvo a su disposición el juez fueron
diferentes, lo cual implicó que, si bien en todos los casos se discutió la configuración
de la falla del servicio derivada de graves violaciones a los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario de civiles víctimas del conflicto armado interno,
las circunstancias en que estos se produjeron resultaron distintas en cada proceso,
pues en todas esas providencias, a diferencia de lo que ocurrió en el asunto de la
referencia, se encontró probado que no hubo enfrentamiento entre los militares y las
víctimas y, por tanto, se concluyó que se trató de una ejecución extrajudicial, contrario
a lo que arrojaron las pruebas en el presente asunto en el que se demostró que los
occisos abrieron fuego contra los uniformados y pese a que estos lanzaron la
proclama en la que se identificaron como miembros del Ejército Nacional, las víctimas
haciendo uso de armas de fuego continuaron su ataque.”
1.7. Impugnación
23. Mediante escrito radicado el 20 de abril de 2023, el apoderado judicial de la
parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara
y se accediera a la petición de amparo constitucional.
24. Los recurrentes insistieron que los protocolos de necropsia no fueron
debidamente valorados sino únicamente referenciados, pues de aquellos se
advertía que las víctimas recibieron 25 impactos de los cuales 14 eran postero-
anteriores y 11 antero-posteriores, en diferentes partes del cuerpo.
25. Adicionalmente, puso de presente que la versión del único sobreviviente de
la ejecución extrajudicial fue valorada en forma indebida ya que no mereció
credibilidad por supuestas falencias e inconsistencias, desconociendo la
flexibilización probatoria que debe prevalecer en casos de graves violaciones a los
derechos humanos.
26. Consideró equivocada la conclusión de la autoridad judicial accionada y del
juez constitucional de primera instancia en relación con las declaraciones de las
esposas de las víctimas quienes reconocieron los cadáveres en la morgue.
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27. En igual sentido, reiteró el defecto fáctico expuesto en la demanda de tutela
frente a las demás pruebas enunciadas y adujo que la culpa de las víctimas consistió
únicamente en estar presentes en el lugar de los hechos con el fin de adquirir droga,
asunto que, a su juicio, fue utilizado como un señuelo.
28. En relación con desconocimiento del precedente indicó:
“Inconcebible, que por la falta de una Sentencia de Unificación, que no existe en
materia de los mal denominados "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales, se
descarte las numerosas sentencias constitutivas de Doctrina Probable que han
enseñado que para la demostración del nexo causal con la actividad Estatal, se puede
acudir a la prueba indiciaria11 , que ordinariamente demuestra: (i) que la inactividad
probatoria de la parte demandada, constituye indicio de responsabilidad, debiendo
flexibilizarse las exigencias probatorias12; (II) que los testimonios y las indagatorias
del proceso penal, pueden ser valorados como indicios, especialmente aquellos que
establecen circunstancias de modo, tiempo y lugar13 (iii) que los hechos ocurren en
lugares alejados; (iv) la presencia de un reclutador; (y) el hecho ordinariamente ocurre
en personas con antecedentes o propósitos criminales; (vi¡) ordinariamente las
personas aparecen cargadas con armamento; (viii) la manipulación de la escena de
los hechos.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora en contra de la sentencia del 29 de marzo de 2023 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Problemas jurídicos
30. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera Subsección B en la acción de tutela del vocativo de la referencia,
instaurada por la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Actor: Gersaín Rojas Becerra. Rad: 17001-23-31-000-
2001-0216-01 (24335). C.P: Stelia Conto Díaz Del Castillo.
12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 05 de marzo de 2015. Actor: Luis Enrique
Zapata Castrillón. Rad: 05001-23-31-000-2004-03617-01. C.P: Ramiro Pasos Guerrero
13 Consejo de Estado. Sentencia del 07 de septiembre de 2015. Rad: 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
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31. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por los tutelantes, en la valoración del material probatorio recaudado, en
las causales de procedibilidad de la acción de tutela y en los argumentos expuestos
en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer problema jurídico que
subyace al caso concreto consiste en determinar si se superan en el caso concreto
los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia
judicial.
32. De encontrarse superados, la Sala establecerá si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos de la parte actora, al incurrir en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.
33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos
en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.
2.3. Razones jurídicas de la decisión.
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
14
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su
procedencia16.
35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Providencia y Santa Catalina y otro
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en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
37. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
38. Para el caso concreto, la Sala anticipa que revocará la sentencia del 29 de
marzo de 2023, que negó el amparo deprecado, para en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto no se cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217.
2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
39. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela
formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre.
40. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por
RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el
impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.
41. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
17
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-215 del 16.06.22., M.P. Natalia Ángel
Cabo.
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cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión de esta Corporación.
42. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta
se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra
una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección
Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los
encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos,
sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.
43. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra
la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
44. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.”
45. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
“lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y
se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.
46. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
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una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal18”
47. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”20
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”21 En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”22
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal24.”
48. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
18
Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”
19
Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
20
Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
21
Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
22
Ob. Cit. “Sentencia SU-128 de 2021.”
23
Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”
24
Ob. Cit. “Ibid.”
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identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la
grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.4.3. Análisis de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en
el caso concreto
49. En el subjudice los tutelantes alegaron la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
ocasión de la sentencia del 25 de agosto de 2022, ya que consideran que el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
incurrió en un defecto fáctico, por la indebida valoración probatoria del material
recaudado en el expediente, a partir del cual se podía determinar que el hecho
constituyó una ejecución extrajudicial y en un desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado aplicable a los casos de graves violaciones de los derechos
humanos, en concreto a aquellos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.
50. De la revisión de la sentencia objeto de tutela, la Sala evidencia que la
autoridad judicial demandada hizo una relación del material probatorio obrante en
el expediente, en el cual incluyó las pruebas que los tutelantes consideraron como
indebidamente valoradas.
51. Al verificar la antijuridicidad del daño, encontró acreditado que “la muerte de
los sujetos antes mencionados, fue causada por miembros del Batallón de Infantería No.
27 "Magdalena" que para el día 05 de marzo de 2007, se encontraban realizando maniobras
de emboscada sobre el área rural del municipio de Pitalito, con el fin de neutralizar la
cuadrilla XIII de las FARC y demás organizaciones armadas al margen de la Ley, según la
orden fragmentaria No. 38/MISIL-Orden de operaciones Luminoso-emitida por el
Comandante del Pelotón Berlín 3 del Batallón de Infantería No. 27 "Magdalena". Todo lo
cual indica que ello fue el resultado de un enfrentamiento armado,”
52. Luego, al resolver los argumentos del recurso de apelación, esto es, la
inconformidad con la valoración probatoria por parte del juez de primera instancia,
puso de presente que si bien en los casos de graves violaciones a derechos
humanos, se hace necesario aplicar un estándar de flexibilización, lo cierto es que
cada asunto debe ser analizado en concreto sin que se pueda obviar alguno de los
elementos de la responsabilidad extrapatrimonial del Estado. Finalmente, encontró
acreditado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima:
“Se encuentra probado dentro del presente proceso, que las víctimas ante el llamado
o proclama del Ejército Nacional abrieron fuego contra los integrantes del tercer
pelotón de la Compañía Berlín con fundamento en las declaraciones rendidas dentro
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de la investigación penal que se adelantó ante el Juzgado 65 de Instrucción Penal
Militar de Neiva (ver fIs. 136 y ss del cdno. de pruebas No. 3 y fI. 10-12 del cdno. de
pruebas 7), las cuales coinciden y guardan ilación en la narración de los hechos
ocurridos.
En este orden, contrario a lo expuesto en la demanda, la Sala infiere de las pruebas
obrantes en el expediente que (…) murieron por las heridas causadas con armas de
fuego, dentro de un enfrentamiento con el Ejército Nacional en el que los occisos
participaron activamente (…) Reitera la Sala que la parte demandante tenía el deber
de probar las circunstancias en las que se desarrollaron los supuestos fácticos sobre
los cuales se sustenta el caso objeto de estudio, puesto que las meras afirmaciones
son insuficientes para generar responsabilidad administrativa respecto de la entidad
demandada. (…)”
Finalmente, es de anotar que el daño antijurídico sufrido por los demandantes como
primer elemento de la responsabilidad, se logró acreditar en el sub examine, sin
embargo, no puede ser endilgado a la entidad demandada con base en el eximente
de responsabilidad aquí desarrollado.”
53. Desde este panorama, la Sala advierte que la acción de tutela no cumple con
el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, por cuanto (i) el debate
planteado no está relacionado con la afectación de un derecho fundamental; (ii) la
solicitud de amparo se pretende utilizar como una instancia adicional del proceso
ordinario; y (iii) la decisión del tribunal fue consecuencia de la falta probatoria de los
actores.
54. En consecuencia, lo que se evidencia es que la parte actora tiene una
inconformidad con la valoración probatoria, por cuanto no le fue favorable, pero no
plantea un asunto que sea relevante desde el punto de vista constitucional.
55. En efecto, la Sala advierte que los tutelantes pretenden aplicar su teoría del
caso, sin tener en cuenta que en el proceso ordinario se negaron las pretensiones
al encontrar acreditado el hecho exclusivo de la víctima. Ahora, con la demanda de
tutela plantean nuevamente el mismo estudio que solicitaron en el recurso de
apelación y frente al cual ya hubo un pronunciamiento por parte del juez natural.
56. Se precisa que la Corte Constitucional ha insistido que uno de los objetivos
del requisito de relevancia constitucional es que la acción de tutela no se convierta
en una “tercera instancia” en la que se vuelvan a debatir los asuntos ya resueltos
por los jueces ordinarios.
57. Lo anterior, con el fin de preservar la competencia y autonomía del juez
natural y, además, porque la solicitud de amparo no puede ser utilizada para suplir
las falencias probatorias que se presentaron en el proceso ordinario, sino para
proteger derechos fundamentales.
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58. En este punto, conviene precisar que la competencia para valorar las pruebas
le corresponde al juez ordinario y no al constitucional, a menos de que se logre
argumentar razonablemente que, en realidad, se lesionó una garantía de orden
superior.
59. En esta controversia no se entiende cómo, la sentencia del Tribunal lesiona
o amenaza alguno de los derechos fundamentales de los tutelantes, en la medida
en que la decisión de la autoridad judicial accionada tuvo sustento en la acreditación
de un eximente de responsabilidad, cuestión frente a la cual no se elevaron
argumentos que lo desvirtuaran.
60. Lo que se observa es que la inconformidad de los accionantes se fundamenta
en su intención de obtener un nuevo pronunciamiento que sea favorable a sus
intereses, pero no logra explicar cómo sus cuestionamientos trascienden al plano
constitucional.
61. Lo mismo ocurre con el desconocimiento del precedente alegado, en la
medida en que el hilo argumentativo expuesto está dirigido a demostrar la
configuración de un defecto fáctico por la no aplicación de un estándar de
flexibilización para los casos de graves violaciones de derechos humanos.
62. Por último, se advierte que el simple alegato de una vulneración al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, como en el caso en cuestión, no
conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en la
demanda medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever
que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
63. Así las cosas, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito
de relevancia constitucional y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01117-01
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de marzo de 2023, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, que negó la petición de
amparo constitucional, para en su lugar DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de
conformidad con los motivos expuestos.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Salva voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Default.aspx
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