Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01142-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
8 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: JUAN GUILLERMO LONDOÑO BARRIENTOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA
MIXTA DE DECISIÓN
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación
directa que se adelantó por privación injusta de la libertad y
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Juan Guillermo Londoño Barrientos
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 2 de marzo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, Juan Guillermo Londoño Barrientos pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta con la sentencia del 31 de agosto
de 20221, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de
Decisión, que, en segunda instancia, denegó las pretensiones de la demanda de
reparación directa interpuesta por Juan Guillermo Londoño Barrientos contra la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que mediante fallo de tutela se protejan los derechos fundamentales al señor JUAN
GUILLERMO LONDOÑO BARRIENTOS y demás sujetos procesales por activa, al debido
proceso, y a la seguridad jurídica, en concordancia con el derecho a la igualdad procesal, y el
derecho a ser reparados los perjuicios integralmente por el hecho acaecido el día 16 de
septiembre de 2013 donde fuera CAPTURADO el Señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO
BARRIENTOS injustamente al ser sindicado de ser miembro de LOS URABEÑOS.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se REVOQUE la decisión de la Sala quinta
Mixta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia por emitir el fallo del día 31 de agosto
1 Notificada por correo electrónico del 31 de agosto de 2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
de 2022 por incurrir en flagrantes vías de hecho; dado el defecto factico por indebida valoración
probatoria, en que incurre la Sala Quinta Mixta de Decisión donde el Ponente es la Dra. SUSANA
NELLY ACOSTA PRADA por la investigación que se adelantó en contra del Señor JUAN
GUILLERMO LONDOÑO BARRIENTOS con errores groseros en su instrucción.
3. Que, como consecuencia de la anterior declaración, dentro de las 48 horas siguientes a la
ejecutoria de la sentencia de tutela por incurrir en flagrantes vías de hecho al revocar la sentencia
de primera Instancia se ordene al tribunal administrativo a que emita sentencia donde se ordene
a la Nación, Fiscalía General de la Nación y a la Rama judicial, a pagar el perjuicio moral y el
daño en vida de relación solicitado en las pretensiones de la demanda inicial; dada la verdadera
responsabilidad del estado por los daños ocasionados en el hecho ocurrido el día 16 de
septiembre de 2013; esto es, la captura del Señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO
BARRIENTOS.
4. Que de ser viable jurídicamente, se revoque la decisión emitida por la Sala Quinta Mixta del
Tribunal Administrativo de Antioquia y en consecuencia sea Usted, Honorable Consejo de Estado
quien ordene el pago de los perjuicios ocasionados con el hecho ocurrido el día 16 de septiembre
de 2013 tal y como se describen en las pretensiones de la demanda.
5. Que dado el recurso de apelación donde se solicita la responsabilidad solidaria de la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial, visto el fallo de primera instancia donde se absuelve a
la Rama Judicial requiero se vincule a esta acción constitucional como sujeto procesal; ya que el
fallo de tutela puede cambiar la decisión tanto de primera como de segunda instancia.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. El proceso penal
El 22 de agosto de 2013, el señor Londoño Barrientos fue registrado con circular azul
en el sistema INSYST de Interpol.
El 16 de septiembre de 2013, el señor Juan Guillermo Londoño Barrientos fue
capturado, en cumplimiento de la orden del 19 de febrero de 2013, proferida por el
Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de San Pedro, por
la presunta comisión de los delitos de desplazamiento forzado, extorsión y concierto
para delinquir.
Al día siguiente, el Juzgado de Control de Garantías de San Pedro de los Milagros
adelantó la legalización de la captura y formuló la imputación. Antes de la audiencia
de imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación se
percató de que Juan Guillermo Londoño Barrientos no era la persona responsable y
retiró la solicitud de medida de aseguramiento. El juzgado otorgó la libertad inmediata
del señor Londoño Barrientos.
En audiencia del 18 de marzo de 2014, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
fue decretada la preclusión del proceso penal adelantado contra el señor Londoño
Barrientos y fue ordenado el levantamiento de los registros de Interpol. El
levantamiento de la circular azul se hizo efectivo el 16 de febrero de 2015.
3.2. El proceso de reparación directa
Juan Guillermo Londoño Barrientos y otros interpusieron demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por estimar que
incurrieron en privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento del servicio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
de administración de justicia, asociados a la detención ocurrida entre el 16 y 17 de
septiembre de 2013 y a la demora en el levantamiento de la circular azul de Interpol2,
respectivamente.
Por sentencia del 29 de noviembre de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín declaró que la Fiscalía General de la Nación incurrió en privación injusta de
la libertad, por razón de la detención del señor Londoño Barrientos entre el 16 y 17 de
septiembre de 2013 y la condenó a pagar indemnización por perjuicios morales.
Además, desestimó la responsabilidad asociada al defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, toda vez que no encontró acreditado el daño derivado del
registro de circular azul en Interpol.
La Fiscalía General de la Nación y la parte actora apelaron. La Fiscalía alegó que no
había lugar a la condena, porque en audiencia del 17 de septiembre de 2013 se advirtió
que el actor no era la persona objeto de la orden de captura y fue ordenada la libertad
inmediata. La parte actora sostuvo lo siguiente: (i) que la Rama Judicial debía ser
condenada de manera solidaria, toda vez que impartió legalidad a la orden de captura
dictada por la Fiscalía General de la Nación; (ii) que fueron indebidamente liquidados
los perjuicios morales, y (iii) que hubo defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, por la demora en el levantamiento de la circular azul de Interpol.
Mediante sentencia del 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta Mixta de Decisión, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa. El tribunal consideró
que «de las pruebas aportadas no existe ninguna que permita determinar que […] Juan
Guillermo haya sufrido una privación ilegal de su libertad o de algún otro derecho, que
genere el deber de ser reparado». Lo anterior, por las siguientes razones: (i) que la
orden de captura estuvo debidamente motivada, (ii) que la libertad fue ordenada en las
36 horas legalmente previstas, (iii) que no fue impuesta medida de aseguramiento, y
(iv) que la información registrada en Interpol no es pública y no tenía fines de
detención.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante adujo que la sentencia del 31 de agosto de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, incurrió en
defecto fáctico, toda vez que sí se acreditó la privación injusta de la libertad.
Manifestó que la identificación para efecto de la orden de captura fue irregular, pues el
reconocimiento fotográfico «fue tomado a la ligera por el fiscal de instrucción y el juez
de garantías» y bastaba una simple confrontación de cédulas para verificar que había
un error. Dijo que la orden de captura también fue dictada sin tener en cuenta
circunstancias como el arraigo.
Señaló que también hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
toda vez que el centro de servicios judiciales se demoró injustificadamente para librar
los oficios para el levantamiento de la anotación azul en la base de datos de Interpol.
2 La circular o notificación azul está dirigida a recabar información de personas o actividades relacionadas con un
asunto penal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
5. Trámite procesal
Por auto del 13 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y dispuso la notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en calidad de demandados. Asimismo, en calidad de terceros con interés,
fue dispuesta la notificación a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial.
Mediante providencia del 24 de abril de 2023, el Despacho sustanciador ordenó la
notificación a Gabriel Jaime Londoño Barrientos, Parmenio Hernán Londoño
Barrientos, María Virgelina Londoño Barrientos, Gloria Patricia Londoño Barrientos,
María del Carmen Londoño Barrientos, Johan Sebastián Londoño Manco y Rosa Elena
Manco Chaverra, en calidad de terceros con interés, por haber sido demandantes en
el proceso de reparación directa que dio origen a la sentencia cuestionada.
La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones respectivas,
mediante correos electrónicos del 28 de marzo y del 8 y 10 de mayo de 2023.
6. Intervenciones
La Fiscalía General de la Nación alegó que la tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, pues, a su juicio, no fueron agotados los recursos disponibles (no
explica cuáles). Adujo que no fueron debidamente sustentadas las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Que, en todo caso, no hubo defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial demandada
valoró adecuadamente las pruebas del proceso de reparación directa y que la
sentencia cuestionada está acorde con el criterio fijado en la sentencia SU-072 de
2018, proferida por la Corte Constitucional.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, la Rama Judicial, Gabriel Jaime
Londoño Barrientos, Parmenio Hernán Londoño Barrientos, María Virgelina
Londoño Barrientos, Gloria Patricia Londoño Barrientos, María del Carmen
Londoño Barrientos, Johan Sebastián Londoño Manco y Rosa Elena Manco
Chaverra no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
señor Juan Guillermo Londoño Barrientos contra la sentencia del 31 de agosto de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones
de la demanda de reparación directa interpuesta contra la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.
La Sala anticipa que no se cumple el requisito general de relevancia constitucional
respecto de los cargos asociados al defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Por lo tanto, en este punto, la tutela se declarará improcedente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
En cuanto a los argumentos referidos a la presunta privación injusta de la libertad, sí
están cumplidos los requisitos generales de procedibilidad. Por consiguiente, se
determinará si la sentencia del 31 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, incurrió en defecto fáctico al desestimar la privación
injusta de la libertad del señor Juan Guillermo Londoño Barrientos.
La Sala no encuentra probado el cargo por defecto fáctico y, por lo tanto, se denegarán
las pretensiones de la acción de tutela, respecto de la privación injusta de la libertad.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) el análisis de la relevancia
constitucional en el caso concreto y (ii) analizará el defecto fáctico.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.
4. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
Si bien los argumentos relacionados con el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia se encuadran en el presunto defecto fáctico, lo cierto es que
se trata de argumentos reiterados del proceso de reparación directa. Veamos.
El recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 29 de
noviembre de 2019, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, señala
lo siguiente:
El séptimo elemento que genera responsabilidad del Estado se dio por cuanto, solo hasta el día
16 de febrero de 2015, mediante los oficios 3610, 3611, 3612, 3613 y 3614 emanados por la
secretaría de servicios administrativos de los Juzgados penales del Circuito Especializados de
Antioquia, casi dos años después, se ordenó que se levantaran las anotaciones en los
organismos del Estado, como lo es en la Interpol, y otros, los cuales hacen referencia en la
decisión mediante la cual se precluyó la investigación en contra del señor JUAN GUILLERMO
LONDOÑO BARRIENTOS.
En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:
[…] Aunque se tiene que la ejecutoria de la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito
especializado de Antioquia fue el día 18 de marzo de 2014, tal decisión dejó a la deriva a mi
cliente, y aun vinculado a este proceso, teniéndose en cuenta que solo hasta el día 16 de febrero
de 2015 se tomó la decisión por parte de la oficina del centro de servicios administrativos, de
oficiar a las centrales de información de la Policía, para que se levantara el nombre de mi cliente
como lo es, la Circular Azul de la Interpol, en donde aparecía como miembro del clan de los
Urabeños.
Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que
coinciden con las que expuso en el proceso ordinario. Por consiguiente, resulta
evidente que la tutela busca revivir la discusión respecto el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, con el simple fin de imponer el criterio propio y obtener
una decisión que declare la responsabilidad extracontractual del Estado. De hecho,
conviene resaltar que dichos argumentos fueron resueltos en la sentencia cuestionada,
así:
En cuanto a la anotación azul en el sistema INSYST de Interpol, se observa que esta solo
guardaba información sobre Juan Guillermo y no tenía por finalidad su detención, además, de
acuerdo con lo registrado en el sitio web de este organismo internacional, la mayoría de las
notificaciones son de uso policial y no se hacen públicas, lo que permite inferir que esta situación
no fue objeto de conocimiento social.
Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que las providencias objeto
de tutela vulneraron derechos fundamentales e incurrieron en defecto fáctico, lo cierto
es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate respecto de si existió
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, respecto de la demora en
librar los oficios para el levantamiento de la circular azul de Interpol.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela, respecto de
los argumentos referidos al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Ahora bien, la Sala considera que sí existe relevancia constitucional respecto del
argumento referido a la privación injusta de la libertad, pues no puede predicarse que
se trate de un argumento reiterado. Como se vio en los antecedentes, la primera
instancia del proceso de reparación directa reconoció la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación por privación injusta de la libertad y, por ende, no se trató de un
tema objeto de la apelación propuesta por la parte actora en el proceso ordinario.
Siendo así, como se anunció, será abordado el fondo del asunto respecto del supuesto
defecto fáctico por estar demostrada la privación injusta de la libertad.
5. Análisis del defecto fáctico
Lo primero que conviene decir es que la sentencia del 31 de agosto de 2022, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, desestimó la privación injusta de la libertad,
por cuanto no encontró que la detención ocurrida entre el 16 y 17 de septiembre de
2013 derivara en un daño con el carácter de antijurídico. En lo que interesa, dicha
sentencia explicó:
Capturado Juan Guillermo, fue llevado dentro del término oportuno (36 horas) ante el Juez de
Control de Garantías, quien legalizó el procedimiento sin observar irregularidades, ante él se
formuló imputación y ordenó su libertad, por cuanto la Fiscalía retiró la solicitud de medida de
aseguramiento porque se percató que el imputado no era la persona que investigaban.
De acuerdo con lo anterior, la afectación al derecho a la libertad de Juan Guillermo se dio dentro
de los parámetros normativos que así lo permiten y en cumplimiento de la obligación impuesta a
la Fiscalía por parte del artículo 250 constitucional.
Así mismo, no se impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad, por consiguiente,
se considera que el daño alegado por los demandantes no puede considerarse antijurídico, en la
medida que está permitido por el ordenamiento jurídico.
A juicio de la Sala, no se evidencia defecto fáctico, puesto que no se desconoció que
el demandante fue privado de la libertad. Otra cosa es que la autoridad judicial
demandada hubiese tenido en cuenta que esa privación no se prolongó más allá de
las 36 horas legalmente previstas. De conformidad con los artículos 2° y 297 de la Ley
906 de 2004 (modificado por el artículo 1° de la Ley 1142 de 2007), existe un límite de
36 horas para efecto de impartir control de legalidad a las capturas y evitar las
privaciones arbitrarias de la libertad.
Al respecto, la sentencia C-163 de 2008, la Corte Constitucional explicó que «Una visión
sistemática de la configuración legal de la institución del control judicial de la captura […]
permite afirmar que el término de treinta y seis (36) horas establecido en las diversas
disposiciones que regulan la materia tiene como propósito suministrar un límite temporal para
que se lleve a cabo el control de legalidad y evitar las privaciones arbitrarias de la libertad».
En un caso similar, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, explicó lo
siguiente:
[…] en el sub judice no se acreditó que [...] hubiera permanecido privado de la libertad más allá
del tiempo consagrado en la ley procesal penal vigente al momento de su captura (36 horas).
Asimismo, el extremo activo no probó que la Fiscalía General de la Nación hubiera infringido las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01142-00
Demandante: Juan Guillermo Londoño Barrientos
normas y procedimientos legales al ordenar y realizar su captura; ni demostró la inobservancia
de los términos legales que corrieron una vez se materializó la aprehensión del procesado […].
En el anterior sentido, se evidencia que el daño alegado consistente en la privación de […] por la
captura no reviste el carácter de antijurídico, puesto que ésta satisfizo la prerrogativa prevista en
los artículos 350, 351 y 352 de la Ley 600 del 2000.
Al igual que ocurrió en el precedente citado, en este caso la detención sin control de
legalidad no se prolongó más allá del término legalmente previsto (36 horas). Por
consiguiente, resultaba válido que el tribunal demandado concluyera que no hubo un
daño del que pudiera derivarse la existencia de responsabilidad por privación injusta
de la libertad.
En definitiva, no se evidencia el defecto fáctico alegado por la parte actora respecto de
la privación injusta de la libertad. Por consiguiente, en este aspecto será denegada la
tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela frente a los argumentos referidos al
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por las razones expuestas.
2. Denegar las pretensiones de tutela respecto de los argumentos asociados a la
privación injusta de la libertad, por lo expuesto en la parte considerativa.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
en caso de no ser impugnada.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.