Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01149-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01149-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01149-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202301149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1
Temas: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de la inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) mínimo vital; iii) seguridad
social, iv) igualdad y v) petición
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Cesar
y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_AT20230114900P(.pdf) NroAct ua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del
Cesar y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, porque, a su juicio,
i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 24 de junio de 2021, ii) el
Tribunal, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2019, en el proceso adelantado
en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 200012339000201700029-
01; y iii) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, al no resolver las
peticiones que presentó la actora el 9 de septiembre de 2021 y 16 de marzo de
2022, mediante las cuales solicitó “[…] ordenar a quien corresponda, informarme a
nombre de qué Entidad fue ordenado el pago del Título Judicial constituido por el
extinto Instituto de los Seguros Sociales, por concepto de las cotizaciones
correspondiente a pensión de vejes (sic) de la suscrita […]”: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm.
GNR 215264 de 21 de julio de 2016 y VPB 40096 de 21 de octubre de 2016, por
medio de las cuales se negó la reliquidación pensional solicitada. Precisó que, a
título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) reliquidar su pensión bajo los
términos del artículo 6.° del Decreto 546 de 27 de marzo de 19712, es decir en
cuantía del 75% del salario más alto devengado durante el último año de servicio,
con inclusión de todos los factores que la misma ley prevé; ii) condenar a
2 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
Colpensiones a pagar el reajuste de las mesadas, a partir del 1.° de febrero de
2014; iii) ordenar el pago de intereses moratorios liquidados sobre las sumas
dejadas de pagar; y iv) condenar a la entidad demandada al pago de costas.
4. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 9 de
mayo de 2019, resolvió negar las pretensiones de la demanda.
5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 24 de junio de 2021, resolvió:
“[…] Primero. Revocar la sentencia apelada del 9 de mayo de 2019, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesto por la señora Carmen Paulina Gámez Rodríguez en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Como consecuencia de
lo anterior se ordena:
Segundo. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 215264 del 21 de julio
y VPB 40096 del 21 de octubre del 2016, dictadas por la Administradora Colombiana
de Pensiones, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión de vejez de la
señora Carmen Paulina Gámez Rodríguez, que debe obedecer a un 75 % del
promedio de lo devengado durante los últimos 7 años y 2 meses de servicio, con
inclusión de los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y en los
artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;3 1.° del
Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006;
1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, que hubiere devengado
la demandante y sobre los que se hayan efectuado los aportes al sistema pensional.
Las sumas resultantes a favor de la demandante se ajustarán en su valor, en
aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión
[…]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, y en el acervo
probatorio, la Sala considera que, en atención a la sentencia de unificación del 11
de junio de 2020, la señora Carmen Paulina Gámez Rodríguez no tiene derecho a
que su pensión de jubilación sea liquidada a partir del salario más alto devengado
durante el último año de servicio, pero sí a que sea calculada con el promedio de lo
devengado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional,
contado desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con inclusión
de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;4 1.° del Decreto 610 de 1998;
3 Artículo 1.°
4 Artículo 1.°
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900
de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013.
[…]
“[…] En cuanto a la prescripción trienal de mesadas, es necesario tener en cuenta
que el derecho pensional de la demandante se reconoció por medio de acto
administrativo del 24 de junio del 2013, la interesada fue incluida en nómina de
pensionados en el mes de octubre del 2014 y la solicitud de reliquidación pensional
que originó el presente proceso fue interpuesta el 9 de junio del 2016, mientras que
la demanda se radicó el 23 de enero del 2017, lo que quiere decir que dentro del
presente proceso no se ha configurado la aludida prescripción, por cuanto entre la
exigibilidad del derecho5 y la presentación del libelo inicial no transcurrieron más de
3 años […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. De conformidad con los hechos y las razones que originaron la presentación
de la solicitud, se advierte que la actora solicitó en su escrito de tutela dejar sin
efectos la sentencia de 24 de junio de 2021 preferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y la sentencia de 9 de mayo de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, y “[…] se me tutele el Derecho
fundamental de petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Nacional y
normas afines […]”.
7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:
“[…] Sea lo primero manifestar que la Posición de los Honorables Consejeros de
Estado y con el Respecto que me merecen, con la sentencia que hoy es objeto de
esta Acción constitucional, contravienen normas de Derechos sustancial, y que de
su interpretación no está llamado a prosperar otro criterio jurídico y que su aplicación
es de conformidad a su contenido y en el sentido literal, de los que taxativamente
expresa, ya que es claro el espíritu de que Legislador se encuentra plasmada en la
norma, salirse del marco legal de la misma .
cosa que considero que es incompatible, y se traduce e a lo establecido en el En
escrito de fecha 27 de agosto del dos mil veintiuno (2021) solicite al Juzgado
segundo laboral del circuito de esta ciudad mediante escrito que en su parte
pertinente dice lo siguiente: “CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, mayor de
edad, identificada con la cedula de ciudadanía número […] expedida en Valledupar,
por medio del presente escrito, y por SEGUNDA VEZ, me permito solicitar a usted,
se sirva ordenar a quien corresponda, informarme a nombre de qué Entidad fue
ordenado el pago del Título Judicial constituido por el extinto Instituto de los Seguros
5 Fecha de inclusión en nómina de pensionados de la demandante.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
Sociales, por concepto de las cotizaciones correspondiente a pensión de vejes de la
suscrita, la que resulto condenada por concepto del cálculo actuarial dentro del
proceso de la referencia, por un valor de ciento treinta y cinco millones cuatrocientos
cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos $ 135.442.252.oo moneda legal
colombiana, ya que a la fecha no figura información alguna en Colpensiones, sobre
mi Historia Laboral en el tiempo laborado en dicho Instituto, desde el día 15 de agosto
de 1995, hasta el día 9 de noviembre del año 2009, fecha de terminación del contrato
laboral de una manera consensuada interpartes, ni aparecen la correspondientes
cotizaciones pensionales, ordenadas en la sentencia de fecha 16 de agosto del dos
mil once (2011). “, enviado por correo electrónico al mencionado despacho judicial
el día 9 de septiembre de la misma anualidad. En vista de que no obtuve respuesta,
el mismo fue reiterado el día 16 de marzo del presente años (2022), corriendo con
la misma suerte, ya que el silencio ha sido total, afectándome la indiferencia del
mencionado despacho judicial, hasta el punto que mi derecho pensional se
encuentra en estos momentos en el limbo jurídico, ya que Colpensiones me exige la
mencionada información, para darle tramite a la misma […]”.6
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de marzo de 20237, inadmitió la
acción de tutela. La actora no presentó ni allegó documento alguno de subsanación
ante la Secretaría General de esta Corporación durante el término concedido8.
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de marzo de 2023: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar y al Juez Segundo Laboral del Circuito de Valledupar; y
iii) vinculó, en calidad de tercero con interés legítimo, a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, concediéndoles el término de tres (3)
días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] a pesar de que no se accedió a la reliquidación en los términos pedidos por la
demandante, sí se le concedió una mesada pensional en mejores términos de los
concedidos en sede administrativa, de conformidad con la actual posición
6 Transcripción literal del texto.
7 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “
AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado en forma digital.
8 Cfr. índice núm. 7 de SAMAI, Documento denominado “ENVIODENOTIFICACION_NOTIFICACI ON(.pdf)
NroActua 7”. Archivo aportado en forma digital.
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
jurisprudencial en materia de régimen de transición. Por tal razón no se considera
que la decisión adoptada haya afectado o desconocido los derechos fundamentales
de la señora Carmen Paulina Gámez.
Ahora, es importante mencionar que la acción de tutela no es clara y, por el contrario,
presenta serias inconsistencias, pues no se alega de forma directa la afectación de
los intereses superiores de la accionante, ni se proponen argumentos frente a lo
decidido por esta Subsección, es decir, que no se observan razones claras de
inconformismo con lo decidido o que permitan concluir que existió algún tipo de
desconocimiento de derechos constitucionales; además, es supremamente
relevante indicar el aludido fallo fue notificado el 8 de agosto del año 2021, esto es,
cerca de 1 año y 8 meses, sin que la demandante manifestara razones que
excusaran el incumplimiento de los requisitos mínimos de procedibilidad,
especialmente, es de inmediatez […]”.
11. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar solicitó negar la
acción de tutela al considerar que:
“[…] No obstante, la indudable errata, dado que estos párrafos se refieren a persona
distinta a la tutelante (CARMEN PAULINA GAMEZ RODRIGUEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía […]), puesto que se afirma que la señora CARMEN CECILIA
RODRIGUEZ ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía […], elevó derechos
de peticiones a este despacho; este despacho, responde los mismos, en los
siguientes términos:
El día 26 de octubre de 2022, se envió correo electrónico a CARMEN CECILIA
RODRIGUEZ ARIAS […], en el que se le informó que en la secretaria del despacho
se encontraba a su disposición el expediente correspondiente para compulsar copias
pedidas.
Se verificó en el aplicativo JUSTICIA SIGLO XXI, y se encontró que en este despacho
se tramitó un proceso ordinario seguido por CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS,
identificada con la cédula de ciudadanía […], contra el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES, radicado bajo el número 20001310500220100058700; el cual tuvo como
pretensiones la declaratoria de un contrato de trabajo y condenas por prestaciones
sociales. También se comprobó que el 23 de octubre de 2018, se endosó el deposito
judicial 424030000322049 por $135.442.252, a COLPENSIONES, pagado con abono
a cuenta.
Es importante informarle que el secretario de este despacho se comunicó con el
abonado […], habiendo sido atendido por la señora CARMEN PAULINA GAMEZ
RODRIGUEZ, en aras de dilucidar el fehaciente dislate y ésta informó que no entendía
por que se mencionaba el Juzgado Segundo Laboral, dado que esa tutela se la
redactó su hermano Julio Gámez, quien falleció en fecha reciente, por lo que le resulta
imposible dar una explicación concreta […]”9.
12. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación de la causa por pasiva, al
considerar que “[…] no se puede considerar que COLPENSIONES ha vulnerado
9 Transcripción literal del texto.
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derecho fundamental alguno, por cuanto no tiene responsabilidad alguna en la
transgresión de los derechos fundamentales. Lo anterior, teniendo en cuenta que
actualmente COLPENSIONES no tiene petición o trámite pendiente por resolver a
favor del ciudadano […]”.
13. El Tribunal Administrativo del Cesar allegó copia digital del proceso
adelantado en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
200012339000201700029-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 10, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202111 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 201812
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 13, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
11 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
12 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Cuestión previa
16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva,
para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
17. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por
pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200614, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
14 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[15].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
19. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
20. Al respecto, la Sala advierte que dicha autoridad fue vinculada como tercero
con interés, toda vez que, integró la parte demandada dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
200012339000201700029-01; es decir, le asiste interés en el proceso de la
referencia.
21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
22. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones.
15 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
Problemas jurídicos
23. En el caso sub examine, corresponde a la Sala i) determinar si, se cumplen o
no los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en especial si la actora
está legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción, y en caso
de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, establecer si en el
presente caso se vulneraron los derechos fundamentales invocados supra; y ii)
establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general
de la inmediatez.
24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, iii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al trabajo; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; viii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de petición; procediendo posteriormente a ix) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela
25. Al respecto el inciso primero artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:
“[…] ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]” (Destaca
la Sala).
26. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:
“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”
27. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado
donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia
oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha dicho16:
“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.
28. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio
de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
considerado lo siguiente:
“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los
niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo
individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”17
Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa18 […]” (Destaca la
Sala).
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena19, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
30. Esta Sección adoptó20 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200521, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
17 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
21 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
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tema.
31. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”22 que encaje en dichos parámetros.
33. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201423.
22 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
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Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
35. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de la inmediatez como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por
la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional24.
Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
36. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199125 previó que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199926 consideró que:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
37. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
en sentencia de unificación consideró lo siguiente:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición
24 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
26 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además,
teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial
adoptada en un proceso jurisdiccional […]27.
38. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito de inmediatez.
39. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 28:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200829, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
40. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho30:
“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0131, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis
del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.
28 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
29 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de
2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de
2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
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41. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
42. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente32:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
43. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
44. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho33:
32 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
33 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho
se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud
(Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta
forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor
relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
45. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
46. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:34
34 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado35.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”36. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”37 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
47. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
48. Atendiendo a que la Corte Constitucional38 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
35 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
36 Sentencia T-173 de 2016.
37 Ibídem.
38 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
49. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”
50. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional39 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una
obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el
ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas […]”.
Análisis del caso concreto
51. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
52. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
39 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
53. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
53.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 200012339000201700029-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la legitimación en la causa por activa
54. La Sala al estudiar el presente caso evidencia que la actora presentó la
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Valledupar, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 24 de junio de 2021, ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 9 de mayo
de 2019, en el proceso adelantado en ejercicio del medio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 200012339000201700029-01; y iii) el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Valledupar, al no resolver las peticiones que presentó la actora el 9 de
septiembre de 2021 y 16 de marzo de 2022, mediante las cuales solicitó “[…]
ordenar a quien corresponda, informarme a nombre de qué Entidad fue ordenado el
pago del Título Judicial constituido por el extinto Instituto de los Seguros Sociales,
por concepto de las cotizaciones correspondiente a pensión de vejes de la suscrita
[…]”, vulneraron sus derechos fundamentales.
55. En lo que respecta a los reparos propuestos por la actora contra el proceso
adelantado en ejercicio del medio del medio de control de nulidad y restablecimiento
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
del derecho mencionado anteriormente, la Sala advierte que la actora cuenta con
legitimación en la causa por activa, toda vez que integró la parte demandante dentro
del proceso referido supra.
56. Sin embargo, en lo que concierne a los reparos propuestos contra el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, relacionado con no resolver las
peticiones que presentó el 9 de septiembre de 2021 y 16 de marzo de 2022, la Sala
advierte que la actora no cuenta con legitimación en la causa por activa, por cuanto,
de conformidad con el informe rendido por el Juzgado de la referencia, la actora no
fue quien presentó las peticiones frente a las cuales se alega su falta de respuesta.
57. Al respecto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar señaló
que:
“[…] No obstante, la indudable errata, dado que estos párrafos se refieren a
persona distinta a la tutelante (CARMEN PAULINA GAMEZ RODRIGUEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía […]), puesto que se afirma que la señora
CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía
[…], elevó derechos de peticiones a este despacho; este despacho, responde los
mismos, en los siguientes términos:
El día 26 de octubre de 2022, se envió correo electrónico a CARMEN CECILIA
RODRIGUEZ ARIAS […], en el que se le informó que en la secretaria del
despacho se encontraba a su disposición el expediente correspondiente para
compulsar copias pedidas.
Se verificó en el aplicativo JUSTICIA SIGLO XXI, y se encontró que en este
despacho se tramitó un proceso ordinario seguido por CARMEN CECILIA
RODRIGUEZ ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía […], contra el
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicado bajo el número
20001310500220100058700; el cual tuvo como pretensiones la declaratoria de un
contrato de trabajo y condenas por prestaciones sociales. También se comprobó que
el 23 de octubre de 2018, se endosó el deposito judicial 424030000322049 por
$135.442.252, a COLPENSIONES, pagado con abono a cuenta.
Es importante informarle que el secretario de este despacho se comunicó con
el abonado […], habiendo sido atendido por la señora CARMEN PAULINA
GAMEZ RODRIGUEZ, en aras de dilucidar el fehaciente dislate y ésta informó
que no entendía por que se mencionaba el Juzgado Segundo Laboral, dado que
esa tutela se la redactó su hermano Julio Gámez, quien falleció en fecha
reciente, por lo que le resulta imposible dar una explicación concreta […]”40.
(Resaltado por la Sala)
40 Transcripción literal del texto.
22
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
58. En ese orden de ideas, frente a dicho reparo, la persona legitimada para
interponer la presente acción de tutela es Carmen Cecilia Rodríguez Arias, por ser
la persona que presentó las peticiones respecto de las cuales se aduce la falta de
respuesta.
59. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la actora no tiene un
interés directo y particular respecto al amparo que se solicita ante el juez
constitucional que permita establecer que el derecho fundamental de petición
presuntamente vulnerado sea propio de la actora.
Análisis del cumplimiento del requisito general de la inmediatez
60. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de 24 de junio de
2021, la cual quedó notificada el 9 de agosto de 202141; y ii) la actora presentó la
acción de tutela el 2 de marzo de 202342; es decir que, desde el 10 de agosto de
2021 (día en el que empezaron a correr los términos una vez surtida la notificación
personal) a la fecha de presentación de la acción de tutela, transcurrieron 1 año, 6
meses y 20 días.
61. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue
presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como
se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
62. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito
general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones
especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado 43, como por
ejemplo en los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones
41 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 5 de agosto de 2021, se entiende notificada personalmente el 9 de agosto
de 2021 y los términos comenzaron a correr a partir del 10 de agosto de 2021.
42 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CORREO_JUANSEBASTI(.pdf) Nr oActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
23
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte
motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración
de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el
hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii)
que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”.
(Resaltado por la Sala)
63. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que
la pensión de vejez constituye una prestación periódica y la presunta vulneración
alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal
prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos.
64. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta44, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en
sentencia de 28 de mayo de 201545, por medio del cual unificó su jurisprudencia
en cuanto a la aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar
el requisito de la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que
hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se estableció
“el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos
como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada con la
reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento
Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado
en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la
vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de
debilidad manifiesta.”
44 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte
Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social
particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha
considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las
personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza”. (Corte
Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de
2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el pensionado,
por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite enervar dicho
requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones se requieren
elementos adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]”.
[…]
“[…] Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento
único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela
contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional es un
pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es
per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es
necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006
y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco
Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que
pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus
derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad
alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado,
por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de los
pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y madres
cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin
que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de
cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser
denominados sujetos de especial protección[…]”.
65. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
66. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201746, reiteró la importancia del requisito general de inmediatez en la acción de
tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber
sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior
decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se
observa en el presente caso.
67. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general
de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en
cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses
siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.
Conclusiones de la Sala
68. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, toda vez que i) no se cumple con el requisito exigido en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, en la medida en que no se acreditó la legitimación en la
causa por activa de la actora para lograr la protección del derecho fundamental de
petición invocado en el escrito de tutela; y ii) no cumple con el requisito general de
la inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01149-00
Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Actora: Carmen Paulina Gámez Rodríguez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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