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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01158-00

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01158-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Como consecuencia, se dispone, dejar sin efectos la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7001-23-33-000-2015-00113-01, para que en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01158-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00
Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – accede /
DEFECTOS MATERIAL O SUSTANTIVO - Configuración / por apartarse del
alcance dado a las normas concernientes con el tema de relaciones laborales
encubiertas o subyacentes, el cual ha sido definido en sentencias de unificación
con efectos erga omnes.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El 3 de marzo de 2023, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA presentó
acción de tutela en procura de obtener la salvaguarda de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica.
Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por el Consejo de Estado -
Sección Segunda - Subsección A, al proferir el fallo de 23 de junio de 20222, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió el señor
Hernando Cardona Castaño en su contra.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a que se ordene a la autoridad accionada4:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 21 de octubre de 2022.
3 17001-23-33-000-2015-00113-01 (3988-2017)
4 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00
Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<<(…) emitir nueva sentencia en el procesos en la cual se estudie nuevamente la
prescripción del tercer período contractual reconocido y con el fin de establecer que la
reclamación se efectuó por fuera del término de los 3 años, por lo que deberá
aplicársele el fenómeno de la prescripción a los derechos reclamados con anterioridad
al 19 de noviembre de 2010>>

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene que5:

4.- El señor Hernando Cardona Castaño, presentó demanda contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje –SENA, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio
2-2014009466 del 1° de octubre de 2014, mediante el cual dicha entidad le negó la
solicitud de reconocimiento de derechos laborales. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así
como el pago indexado de las prestaciones dejadas de percibir, y la seguridad
social que tuvo que asumir.

5.- El Tribunal Administrativo de Caldas, por fallo de 29 de junio de 2017 accedió a
las pretensiones de la demanda. Dicha autoridad judicial consideró que, de acuerdo
con el material probatorio arrimado al proceso, se encontraban demostrados los 3
elementos de una verdadera relación laboral, por lo que declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y ordenó el reconocimiento y pago del equivalente a las
prestaciones sociales, así como la devolución de los aportes que hubiese
consignado el actor al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales.

6.- Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A, que por fallo de 23 de junio de 2022 confirmó parcialmente la
decisión del A quo, al estimar que se encontraban plenamente acreditados los
elementos esenciales de una relación laboral (encubierta o subyacente) entre el
demandante y la entidad demandada.

7.- Por otra parte, hizo referencia a la prescripción trienal de los contratos, y
estableció que existieron 4 períodos contractuales a lo largo de la relación laboral:
(i) Periodo 1, del 22 de enero de 1996 al 16 de octubre de 2002, (ii) Periodo 2,
entre el 30 de enero de 2003 y el 16 de junio de 2004, (iii) Periodo 3, comprendido
entre el 17 de noviembre de 2004 y el 19 de noviembre de 2010 y, (iv) Periodo 4,
desarrollado entre el 28 de enero de 2011 y el 8 de junio de 2012. Considerando
que el demandante presentó la reclamación administrativa el 24 de septiembre de
2014, en la sentencia se estableció que en los 2 primeros periodos operó la
prescripción, pero en los 2 últimos no.

5 Expediente digital, folios 1 a 3 del escrito de demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00
Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela, la parte actora
advirtió que la autoridad accionada incurrió en cuatro defectos, al indicar en la
sentencia acusada que en el tercer período contractual no había operado la
prescripción trienal, porque, a su juicio, es “evidentemente claro que se superó el
término de 3 años para efectuarse la reclamación para el tercer período pues se
presentó 3 años 10 meses y 5 días después de su finalización”. Así, expuso
concretamente, que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
incurrió en los siguientes defectos:

9.- Defecto fáctico: al no existir material probatorio que indicara que entre las
interrupciones contractuales del accionante existiera prestación de servicio para
reconocer el pago de prestaciones por dichos períodos.

10.- Defecto material o sustantivo: al no apoyarse “en la sentencia en la norma”
que indica que cuando hay interrupción entre los contratos se debe necesariamente
estudiar y aplicar la interrupción contractual, para determinar la procedencia o no
de la prescripción.

11.- Desconocimiento del precedente judicial: por la forma en que se negó
aplicar la prescripción para el tercer período contractual, siendo evidente las
interrupciones contractuales, específicamente en el tercer período reconocido.

12.- Decisión sin motivación: al no haber analizado en debida forma el tercer
período contractual reconocido, para determinar si existió o no interrupción, y así
concluir si operó la prescripción trienal.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.- Por auto del 13 de marzo de 20236, requirió al apoderado judicial del Servicio
Nacional de Aprendizaje - Regional Caldas, para que allegara el acto
administrativo a través del cual se pudiera acreditar que el señor Luis Alejandro
Trejos Ruiz, en su condición de director regional de Caldas del Servicio Nacional
de Aprendizaje –SENA-, tenía a su cargo facultades de representación judicial de
la entidad.

14.- Una vez cumplida la anterior carga procesal, por auto de 30 de marzo de
20237, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial
demandada, y se vinculó al señor Hernando Cardona Castaño, como tercero
interesado. Así mismo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A8

6 Notificada el 17 de marzo de 2023.
7 Notificado el 11 de abril de 2023.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de abril de 2023, consta de 5 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00
Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.- El consejero Rafael Francisco Suárez Vargas hizo un resumen de la decisión
acusada, y expuso que las razones de hecho y de derecho que sustentan la
decisión están debidamente motivadas. Además, sostuvo que la circunstancia o
inconformidad advertida en la acción de tutela sobre el conteo del término de
prescripción no ha sido puesta en conocimiento del despacho ponente dentro del
proceso ordinario como correspondería, a través de una solicitud de aclaración y/o
corrección de sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código
General del Proceso.

(ii) Hernando Cardona Valencia -tercero interesado-9

16.- Adujo que el asunto no cumple con el requisito de inmediatez, en la medida
en que la acción de tutela fue formulada el 6 de marzo de 2022, es decir,
aproximadamente 8 meses y 12 días después de la sentencia que se refuta, sin
que se evidencie justificación para la interposición tardía de la misma.

17.- Manifestó que el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que la
parte accionante plantea los mismos argumentos que tuvo oportunidad de debatir
en cada instancia y que fueron despachados de manera desfavorable a sus
intereses; además, que, frente al tema de la prescripción, el SENA se pronunció de
manera general ante el juez de primera instancia, sin esgrimir los argumentos
ahora propuestos en sede de tutela. Por lo anterior, consideró que la entidad
accionante pretende con esta acción constitucional reabrir debates legales que
fueron resueltos por los jueces naturales al interior del proceso ordinario.

18.- Frente al defecto fáctico, indicó que del escrutinio de la providencia
cuestionada, emanan razonamientos sensatos, con apoyo normativo, que no se
muestran caprichosos o arbitrarios, sino sustentados en un ejercicio ponderado de
la autonomía e independencia judicial; por ende, adujo que el juez constitucional
debe inhibirse de usurpar las competencias del juez de conocimiento imponiendo
una tesis diferente o efectuando una nueva valoración probatoria, pues no es esa la
finalidad de la acción de tutela.

19.- Respecto del defecto sustantivo, adujo que la parte activa no citó la norma
que contempla la forma de aplicar la interrupción contractual, porque en realidad no
existe, pues es de desarrollo jurisprudencial, lo que excluye el defecto sustantivo
alegado.

20.- Por último, frente al desconocimiento del precedente judicial, indicó que en la
providencia discutida se analizó la continuidad de la vinculación contractual y la
prescripción del derecho reclamado siguiendo el criterio acogido en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, misma que el accionante solicita que sea

9 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de abril de 2023, consta de 10 folios.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

aplicada, pero a partir de su interpretación, lo que no da para estudiar aquel
defecto.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

21.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales10. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de
inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante
identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de
sentencias de tutela.

22.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales 11 : (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

23.- Los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas
metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el
escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial.
Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad
judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
11 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.

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causa en la interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las
pruebas del caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que
corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de
manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los
trámites judiciales”12.

D. Análisis del caso concreto

24.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos
que se alegan en la presente causa cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de
establecer si el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A incurrió en
los yerros o vicios alegados por la parte actora y si se justifica la adopción de
medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.

E. Verificación de los requisitos generales de procedencia.

25.- En primer lugar, encuentra la Sala que, en el presente asunto, pueden tenerse
por cumplidos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, establecidos en la jurisprudencia constitucional, así:

26.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de
evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado los motivos de la
violación que se le atribuye al pronunciamiento judicial objeto de reproche, la Sala
considera que la cuestión que se debate en la presente oportunidad trasciende el
ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, en la
medida en que se persigue la efectiva protección del derecho fundamental al
debido proceso, en relación con una errada aplicación de normas y jurisprudencia
en materia de prescripción de derechos laborales, frente al tercer período
contractual estudiado por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
en el fallo de 23 de junio de 2022, el cual ha adquirido firmeza y que supone la
eventual configuración de un defecto.

27.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. Frente
a esta particular exigencia, es claro que dentro del proceso contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho se agotaron todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa que la entidad actora tenía a su
disposición para procurar la salvaguarda del derecho fundamental que considera
transgredido, pues contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas,
la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el

12 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, recurso que era
procedente en este caso.

28.- En este punto la Sala encuentra necesario precisar que, si bien el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A en su contestación consideró que el
asunto no ha sido puesto a su consideración a través de una solicitud de aclaración
y/o corrección de sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código
General del Proceso, en las presentes circunstancias no resulta viable hacer esta
exigencia a la parte accionante, y mucho menos sustentar en ello la improcedencia
de la acción de tutela por falta de subsidiariedad teniendo en cuenta que la vía
procesal propuesta por la autoridad judicial accionada no es idónea ni eficaz para
corregir el yerro advertido por el SENA. La aclaración resulta procedente cuando el
fallo contenga “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”, y la
corrección se utiliza cuando en el proveído se haya incurrido en un “error
puramente aritmético”; situaciones que distan de los supuestos fácticos que
motivan la solicitud de amparo, pues la inconformidad con respecto al fallo no se
concreta en el empleo de un concepto o frase que generen duda ni mucho menos
de un error aritmético, sino que cuestiona de manera directa el análisis de fondo
frente a la prescripción de todo un período contractual. Censura que, de prosperar,
implicaría un cambio sustancial sobre los derechos reconocidos al demandante del
proceso ordinario. En ese sentido las solicitudes de aclaración y/o corrección de
sentencia no constituyen un escenario jurídico en el que el juez ordinario pueda
subsanar falencias en el análisis y en esa medida cambiar el sentido de la decisión
o modificar las prestaciones reconocidas.

29.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue
promovido dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del
hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este se formuló con un
promedio de menos de 5 meses de diferencia luego de haberse proferido el fallo de
23 de junio de 2022, por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
Esto último, en vista de que la decisión judicial censurada se notificó el 21 de
octubre de 202213, y la acción de tutela se radicó por correo electrónico el 3 de
marzo de 2023.

30.- Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. Este presupuesto no es exigible en el presente asunto, dado
que los alegatos contenidos en el escrito de demanda son de índole sustantivo y,
por ende, no están enderezados a poner de manifiesto ningún tipo de irregularidad
desde el punto de vista procesal, aun cuando lo discutido tenga una incidencia
directa y trascendental en los efectos del proceso contencioso administrativo.

13 Según información visible en el aplicativo SAMAI.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

31.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los
hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos
y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese
posible. Para el caso concreto, se tiene que la entidad accionante, obrando por
conducto de apoderado judicial, identificó en su respectivo escrito de demanda las
razones puntuales por las que estima vulneradas garantías de orden superior a raíz
de la decisión adoptada dentro del proceso de reparación directa, por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A. Así las cosas, puede afirmarse que
logró identificar con claridad los hechos que generaron la violación planteada por
vía de tutela y los derechos que resultaron transgredidos.

32.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último,
debe puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de
una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.

F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el
caso concreto.

33.- Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales le corresponde a
la Sala estudiar las causales específicas de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales.

34.- En el caso bajo estudio, si bien la parte actora alega la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo, así como un desconocimiento de precedente judicial y
decisión si motivación; la Sala advierte que todos van encauzados a lo mismo, es
decir, a cuestionar que el análisis de la prescripción trienal que se realizó con
respecto al tercer período contractual fue errado.

35.- En virtud de lo anterior, se estudiará la inconformidad de la parte accionante
bajo el defecto material o sustantivo, por cuanto los argumentos esgrimidos en la
presente acción se enmarcan en el mismo.

36.- En este punto, debe traerse a colación que la causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto
material o sustantivo se halla caracterizada, principalmente, como la existencia de
una falencia o yerro en una providencia judicial que tiene origen en el proceso de
interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables al caso
sometido al conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa falencia o yerro de
lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe evidenciarse
una irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que se profiera una
decisión que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas
iusfundamentales14.

14Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

37.- A partir de tales premisas, por ejemplo, en la Sentencia SU-195 de 201215, el
pleno de la Corte Constitucional identificó, por un lado, que, en un sentido amplio,
se estaba en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial
empleaba una norma inaplicable al caso concreto, dejaba de aplicar la norma
adecuada o interpretaba las normas de tal manera que contrariaba la razonabilidad
jurídica. Por otro lado, explicó que, en un sentido estricto, la configuración de este
defecto podía predicarse en las siguientes circunstancias: (i) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por
impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le
reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador; (ii) no se hace una
interpretación razonable de la norma; (iii) cuando se aparta del alcance de la norma
definido en sentencias con efectos erga omnes; (iv) la disposición aplicada es
regresiva o contraria a la Constitución; (v) el ordenamiento otorga poder al juez y
éste lo utiliza para fines no previstos en la disposición; (vi) la decisión se funda en
una interpretación no sistemática de la norma, es decir se trata de un grave error
en la interpretación; y (vii) se afectan derechos fundamentales, debido a que el
operador judicial sustenta o justifica de manera insuficiente su actuación.

38.- En otra sentencia de unificación, la Corte definió al defecto sustantivo como
una circunstancia que determinaba la carencia de validez constitucional de las
providencias judiciales y que tenía lugar cada vez que la autoridad judicial
respectiva desconocía normas de rango legal o infralegal aplicables a un asunto
determinado, “ya sea por absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por
error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada”16.

39.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión acusada,
encuentra esta Sala que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
efectivamente incurrió en el defecto específico que acaba de caracterizarse, tal y
como pasa a explicarse.

40.- En la sentencia del 23 de junio de 2022 que se censura, se confirmó
parcialmente la decisión del A quo, de acceder a las pretensiones en tanto se
encontraron acreditados los elementos propios de una relación laboral. En cuanto a
la prescripción, la autoridad accionada indicó lo siguiente:

<<…2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de
los contratos?

Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre el contratista y la
entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de prestación

15 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Cfr. Sentencia SU-918 de 2013 de la Corte Constitucional.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en algún
momento.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y se
aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de continuidad.

2.4.2.1. Inexistencia de una relación laboral continuada

Siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
concluye que entre el 22 de enero de 1996 y el 8 de junio de 2012, se presentó
ruptura del vínculo contractual, como se pasa a explicar.

El primer período contractual se puede delimitar entre el 22 de enero de 1996 y el
16 de octubre de 2002; pues durante este lapso se suscribieron 24 órdenes de
trabajo y contratos de prestación de servicios por las partes. Sin embargo, en dichos
documentos solamente reposa la fecha de inicio de cada encargo y la duración
horaria, pero no se señala expresamente la fecha de terminación.

Aunque no desconoce la Sala que al revisar las relaciones de pago que se
efectuaron al señor Cardona Castaño como contratista de automatización industrial
durante el referido período se puede determinar que este recibió pagos de forma
mensual, atendiendo al número de horas que efectivamente hubiera acreditado
prestó servicios, esos pagos no se realizaron todos los meses, luego no se puede
establecer o afirmar con plena certeza en qué momento realmente terminó el vínculo
e inició uno nuevo, o si tuvo de forma concurrente varios encargos con el propósito
de impartir formación profesional a los aprendices del Sena.

En suma, aunque resulta probada la suscripción de los referidos contratos de
prestación de servicios, no se puede establecer con un alto grado de convicción en
qué momento fenecieron y, de contera, no se puede determinar si hubo solución de
continuidad entre uno y otro encargo.

El segundo período contractual se desarrolló entre el 30 de enero de 2003 y el 16
de junio de 2004, toda vez que entre el contrato 785 de 2003 y el 818 de 2004, hubo
una interrupción de 5 meses (entre el 17 de junio y el 16 de noviembre de 2004) por
lo que se superó el término unificado por la Corporación para la configuración de la
solución de continuidad (30 días hábiles).

Así pues, al haberse presentado una interrupción considerable que suspendió la
continuidad del vínculo (entre el 17 de junio y el 16 de noviembre de 2004) debía
haberse reclamado en sede administrativa dentro de los tres años siguientes a la
terminación del referido período contractual; no obstante, la primera petición de
reconocimiento y pago de las acreencias laborales ante la entidad fue presentada por
el señor Cardona Castaño el 24 de septiembre de 2014, por lo que fue superado
ampliamente el término de prescripción y, en consecuencia, se configuró dicho
fenómeno.

De todos modos, aun cuando el primer período contractual hubiera sido claro en
cuanto a la determinación de los extremos temporales, debido a que sobre el
segundo período operó el fenómeno de la prescripción, igual suerte hubiere tenido el
primero.

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Pese a lo expuesto, dado que los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones son imprescriptibles, tal como se explicó en la precitada sentencia de
unificación de la sección segunda de 25 de agosto de 2016, el Sena deberá
completarlos al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía
como empleador durante el tiempo comprendido entre el 22 de enero de 1996 y el
16 de junio de 2004, salvo las interrupciones advertidas.

Por consiguiente, como se encuentra debidamente probada la existencia del vínculo
contractual desde el 22 de enero de 1996 y la subordinación que caracterizó esa
relación, resulta necesario reconocer y salvaguardar los derechos pensionales del
actor y por ello, el Sena deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía,
pues la totalidad del tiempo laborado se debe computar para efectos pensionales.

El tercer período contractual, corrió entre el 17 de noviembre de 2004 y el 19 de
noviembre de 2010, teniendo en cuenta que entre la terminación del contrato 07 de
2010 y el inicio de ejecución del contrato 043 de 2011, trascurrió un término de 2
meses y 7 días.

Luego, aun cuando se presentó una interrupción considerable que suspendió la
continuidad del vínculo, como la petición de reconocimiento y pago de las acreencias
laborales ante la entidad fue presentada el 24 de septiembre de 2014, no se superó
el término de prescripción de tres años para reclamar.

El cuarto período contractual, entonces, se desarrolló entre el 28 de enero de 2011 y
el 8 de junio de 2012. Sobre dicho lapso se advierte que el demandante prestó sus
servicios profesionales al Sena en una única y continuada relación laboral, ya que los
interregnos entre cada contrato no fueron superiores a los 30 días hábiles, tal como
se advierte en la tabla que obra en el acápite de hechos probados de esta
providencia.

Por lo tanto, ante la existencia de una relación laboral entre las partes corresponde
realizar el cómputo del término prescriptivo a partir de la terminación de su vínculo
contractual, esto es, desde el 8 de junio de 2012. Comoquiera que, se itera, el 24 de
septiembre de 2014, el actor presentó la reclamación administrativa, su solicitud se
encuentra dentro del término legalmente establecido para ello, no hay lugar a
declarar la prescripción por dicho período y le asiste derecho a que le sean
reconocidos los emolumentos prestacionales derivados de esa vinculación.

Debe precisar la Sala que pese a que la mayoría de las interrupciones contractuales
advertidas de la lectura de cada encargo son, en principio, inferiores a 30 días
hábiles, ello no implica el reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en
donde se presentó la interrupción, esto es, en los que no medió contrato de
prestación de servicios. En ese orden, la decisión de primera instancia será
modificada para declarar probada la excepción de prescripción>>.

41.- Para realizar el anterior análisis, la autoridad judicial accionada previamente
hizo un estudio del marco normativo y jurisprudencial concerniente con la
existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes. Así mismo, hizo
referencia específica a las reglas plasmadas en las sentencias de unificación
CESUJ2 del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de
2021, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues en aquellos

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fallos se fijaron las reglas para darle alcance a toda la normatividad relacionada con
las relaciones laborales encubiertas. Frente al asunto, la accionada indicó:

<<…2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual,
pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a
contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en
la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es
allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que
la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios».

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que
el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él
se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación – y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio jurídico.

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80
de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre
el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.

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Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En
el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
períodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.

[...] (…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por
lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta…>>.

42.- En razón a lo anterior, una vez realizada la lectura integral del fallo
cuestionado (23 de junio de 2022), así como la revisión del expediente digital
allegado en préstamo, para esta Sala de Subsección salta a la vista el error
contenido en la sentencia cuestionada al analizar la prescripción trienal del tercer
período contractual, pues a pesar de que indicó cuáles eran las normas aplicables
y el alcance dado a través de las sentencias de unificación CESUJ2 del 25 de
agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, frente al tema
de relaciones laborales encubiertas o subyacentes, al momento de aplicar la
primera de estas providencias para aquel período contractual, lo hizo de forma
errada, lo que conllevó a una equivocada e involuntaria contabilización del término
de prescripción trienal.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

43.- La equivocación aludida se pone de presente en tanto, una vez confirmó la
existencia de la relación laboral entre el demandante y la entidad demandada,
analizó las rupturas que se dieron a lo largo del vínculo contractual, aplicando la
segunda regla de unificación relacionada con la configuración de la no solución de
continuidad (30 días hábiles)17. Así concluyó que las pruebas obrantes en el
expediente dan cuenta de la existencia de 4 períodos contractuales a lo largo de la
relación laboral: (i) Periodo 1, del 22 de enero de 1996 al 16 de octubre de 2002,
(ii) Periodo 2, entre el 30 de enero de 2003 y el 16 de junio de 2004, (iii) Periodo
3, comprendido entre el 17 de noviembre de 2004 y el 19 de noviembre de 2010 y,
(iv) Periodo 4, desarrollado entre el 28 de enero de 2011 y el 8 de junio de 2012.

44.- Con respecto a los 2 primeros periodos consideró que había operado la
prescripción, en la medida en que los vínculos contractuales finalizaron el 16 de
octubre de 2002 y 16 de junio de 2004, respectivamente, sin que dentro de los 3
años siguientes se hubiese presentado petición de reconocimiento y pago de las
acreencias laborales ante el SENA por parte del señor Cardona Castaño, pues
aquello solo se dio hasta el 24 de septiembre de 2014, superando ampliamente el
término de prescripción.

45.- Por otra parte, adujo que el tercer período contractual, corrió entre el 17 de
noviembre de 2004 y el 19 de noviembre de 2010, pero estableció que, aun
cuando se presentó una interrupción considerable que suspendió la continuidad del
vínculo, esto es, de 2 meses y 7 días, entre el tercer y cuarto período, “como la
petición de reconocimiento y pago de las acreencias laborales ante la entidad fue
presentada el 24 de septiembre de 2014, no se superó el término de
prescripción de tres años para reclamar”.

46.- Como se aprecia, el término de prescripción trienal realizado sobre tal período
contractual está equivocado, pues entre la fecha de finalización de aquel, es decir,
19 de noviembre de 2010, y el 24 de septiembre de 2014, fecha de la
reclamación administrativa, transcurrieron 3 años 10 meses y 5 días, por ende, no
era plausible llegar a la conclusión que arribó el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A en el fallo de 23 de junio de 2022, toda vez que,
evidentemente aquel período contractual también estaba prescrito.

47.- Frente al cuarto período contractual no se hará análisis alguno, ya que no es
motivo de discusión.

17
La segunda regla establece un período de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la
ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda,
podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
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48.- Así las cosas, esta Sala de Subsección considera que el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A incurrió en un defecto material o sustantivo, por
apartarse del alcance, dado por la sentencia de unificación CESUJ2 del 25 de
agosto de 2016, a las normas concernientes con el tema de relaciones laborales
encubiertas o subyacentes.

49.- Vale aclarar que este defecto se verifica, únicamente al definir la prescripción
trienal del tercer período contractual establecido en la sentencia, pues como se
explicó, aunque en la sentencia cuestionada se fijaron las reglas que debían regir el
estudio del caso, según la normatividad y la jurisprudencia de la Sección Segunda,
al momento de aplicarlas y analizar el aludido período, se apartó del alcance dado
a este tipo de asuntos, arribando a una conclusión contraevidente.

50.- En definitiva, la Sala estima que la determinación de declarar que el tercer
período contractual no estaba prescrito, estuvo basada en una aplicación que
supera los márgenes que alinderan la valoración, criterio y aplicación de la ley y
jurisprudencia a cargo del juez que conoce del asunto, presentándose de tal
manera como indebida y en contraposición de las bases y fundamentos de la ley y
jurisprudencia que dice aplicar. En ese sentido, se procederá a otorgar amparo
solicitado en la demanda de tutela de la referencia, respecto al presente aspecto
reclamado a través de esta acción constitucional.

51.- En consecuencia, para hacer efectiva la orden de protección, la Sala
amparará el derecho fundamental al debido proceso invocado por la parte actora,
de suerte que se dejará sin efectos el fallo de 23 de junio de 2022 proferido por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A para que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se
sirva proferir una nueva decisión en la que se revise y adopten los correctivos
decisorios que procedan frente al tercer período contractual de cara a los
supuestos con que definió la prescripción para los demás períodos, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2015-00113-
01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

52.- Por otra parte, frente al defecto fáctico expuesto por la parte actora, en el que
indicó que no existía material probatorio que indicara que entre las interrupciones
contractuales del accionante existiera prestación de servicio para reconocer el pago
de prestaciones por dichos períodos; la Sala advierte que, contrario a lo afirmado,
la autoridad judicial accionada frente al tema de las prestaciones en los períodos en
los que no medió contrato de prestación de servicios sostuvo que al demandante
“(…) le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales que
depreca (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otras), en
el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2004 y el 8 de junio de 2012,
salvo las interrupciones Presentadas(…)”, es decir, que, claramente se advierte
que en el fallo no se reconoce al demandante el tiempo donde hubo interrupción
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Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

contractual. Por ende, la afirmación del SENA frente a este tema es contraria a la
realidad, razón por la cual esta Sala no hará algún análisis adicional frente al
asunto.

53.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. - Como consecuencia, se dispone, dejar sin efectos la sentencia del
23 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
7001-23-33-000-2015-00113-01, para que en el término de treinta (30) días,
contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva
decisión, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

18 VF

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