Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01167-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01167-00
Accionante: DAVID GARCÍA MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Tema: Derechos fundamentales de petición, debido proceso
y trabajo / expedición de la tarjeta profesional de
abogado / carencia de objeto por hecho superado
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor David
García Martínez contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
El accionante, quien actúa en nombre propio, interpone demanda de
tutela contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de petición, debido
proceso y trabajo con fundamento en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: David García Martínez
1. HECHOS
1.1. El 13 de enero de 2023, radicó ante el Consejo Superior de la
Judicatura la solicitud para la expedición de tarjeta profesional de
abogado al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
1.2. El 18 de enero del 2023 la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura le confirmó la recepción de los documentos para iniciar
dicho trámite, sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción
de tutela no ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad
accionada.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El accionante manifiesta que el derecho fundamental de petición le
fue transgredido, toda vez que a la presentación de la demanda de
tutela no ha sido expedida la tarjeta profesional y en consecuencia no
ha podido ejercer su profesión de abogado, por lo que también se
encuentra vulnerado su derecho al trabajo.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales del debido proceso, derecho de
petición y derecho al trabajo.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA en cabeza de su director y/ o
quien haga sus veces al momento de fallar, que en un término no mayor a 48 horas,
se realice los trámites pertinentes para que dentro de dicho termino y se envíe la
Tarjeta Profesional a la dirección de domicilio registrada en el formulario único
de múltiples tramites.» (sic en toda la cita)
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4. INTERVENCIONES
Mediante auto del 9 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura como accionado.
4.1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia manifestó que en el transcurso del año han tramitado
2.647 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica y expedido
5.181 tarjetas profesionales de abogado y 764 licencias temporales
de abogado, pese a que recibieron 37.491 peticiones de toda índole.
Informó que el accionante solicitó a través del correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co su inscripción como abogado, así
como también la expedición de la tarjeta profesional como titulado
por la Universidad del Sinú.
En ese contexto, señaló que hasta el 3 de marzo del 2023 la
Universidad del Sinú allegó la información necesaria (inicio del
pregrado, número de acta, libro y fecha de grado) para continuar con
el trámite de la inscripción y expedición de la tarjeta profesional del
accionante.
Una vez verificado los requisitos, procedió con la inscripción del señor
David García Martínez en el Registro Nacional de Abogados y le asignó
la tarjeta profesional de abogado n.° 403.028, mediante el Acta n.°
5626 del 14 de marzo de 2023, documentos que fueron enviados al
contratista para la elaboración del plástico la cual sería enviada por la
empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A, al
domicilio registrado por el demandante.
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De igual manera, insistió que el accionante podrá acceder a la
certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que
puede ser descargada o consultada por la internet, a través del
servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier
ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o
en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx,
escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y
vigencia del documento.
Asimismo, anexó copia del oficio del 23 de marzo de 2023 enviado al
accionante informándole sobre el trámite y expedición de su tarjeta
profesional de abogado.
En ese contexto, al no existir la vulneración deprecada en el presente
asunto solicitó se niegue el amparo constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿El Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho
fundamental de petición de la accionante, al no resolver la
solicitud de inscripción de la tarjeta profesional formulada desde
el 13 de enero de 2023?
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2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que
señala este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos
y excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante,
salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.
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Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el registro nacional de
abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.
En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta
profesional, su trámite debe regirse por las reglas del procedimiento
administrativo general establecidas en los artículos 34 y siguientes de
la Ley 1437 de 2011, y el incumplimiento de este puede suponer una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso
administrativo.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor David García Martínez invoca la
protección de los derechos fundamentales de petición, debido proceso
y trabajo toda vez que a la fecha de presentación de la acción de
tutela no le había sido expedida la tarjeta profesional de abogado, la
cual fue solicitada desde el 13 de enero de 2023.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que:
1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado No.
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.
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i. El 13 de enero de 2023, el accionante solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura la expedición y registro de su tarjeta
profesional de abogado; solicitud sobre la cual la entidad
accionada informó que el 3 de marzo del mismo año la
Universidad del Sinú, allegó los documentos necesarios para
continuar con el trámite correspondiente.
ii. El 14 de marzo de 2023, la entidad la inscribió en el registro
de abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n.º
403.028 mediante Acta n.° 5626 en la que se dispuso lo
siguiente:
«ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No. 5626
Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a
efectuar la inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de:
DAVID GARCÍA MARTÍNEZ
Identificado (a) con la cédula No. 1067899751
Titulo obtenido por la Universidad DEL SINÚ MONTERÍA
Según acta de grado de fecha 24 de noviembre del 2022
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional
No.403028, con fecha de expedición el 14 de marzo del 2023.
Bogotá, D.C.,14 de marzo del 2023»
iii. La tarjeta profesional de abogado fue enviada por la unidad
al contratista Identificación Plástica S.A.S. para la elaboración
del plástico y una vez sea entregada, indica que se remitirá a
través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio
registrado por el accionante.
Así las cosas, la Subsección colige que aunque la petición se formuló
el 13 de enero de 2023, conforme a las pruebas aportadas en el
plenario, se tiene que hasta el 3 de marzo del mismo año la entidad
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accionada logró reunir los documentos restantes para continuar con
el trámite de registro y expedición de la tarjeta profesional de
abogado del accionante.
Asimismo, se tiene que a través del acta del registro n.° 5626 del 14
de marzo del año en curso fue expedida la tarjeta profesional del
accionante, la cual fue enviada al contratista Identificación Plástica
S.A.S., para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a la
Unidad, se remitiría a través del servicio de correo certificado de 472,
al domicilio registrado por el accionante, razón por la cual la situación
que dio origen a la presente acción constitucional ha sido superada.
De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que
reporta la conculcación del derecho desaparece, situación en la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción
de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
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pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual
y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de
tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de
protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»2.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que aunque las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia
el hecho generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se
encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las
garantías constitucionales, de acuerdo con la interpretación que en
derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la inscripción
de la tarjeta profesional del interesado, cualquier decisión que esta
Sala de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de
Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia tramitó y notificó
respuesta a la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
2
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor David García Martínez en contra
de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el veinte (20)
de abril de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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