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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01170-00

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01170-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01170-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

30 de marzo de 2023

Demandante: Nelson Nerry Ayala Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2023-01170-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01170-00
Demandante: NELSON NERRY AYALA OVIEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
por inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito enviado el 6 de marzo de 2023 al correo electrónico de la Oficina
de Reparto Judicial de Cali, remitido a esta Corporación ese mismo día, el señor
Nelson Nerry Ayala Oviedo, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
con el fin de que se proteja su derecho fundamental a la igualdad y los principios
de favorabilidad y progresividad en derechos laborales.

Lo anterior, tras considerarlos vulnerados con la expedición de la sentencia de 6
de mayo de 2022 proferida por la mencionada autoridad judicial, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76111-33-33-002-2019-
00097-01, que ejerció contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante,
UGPP.

Pidió que se deje sin valor y efecto el fallo controvertido y se ordene al tribunal
accionado que profiera una nueva decisión en la que declare la nulidad de los
actos administrativos de carácter laboral que demandó vía contencioso
administrativa.
1

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Demandante: Nelson Nerry Ayala Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2023-01170-00

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La Sala extrae las siguientes circunstancias fácticas que son relevantes para la
solución del caso:

El demandante laboró en el INPEC desde el año 1986, en el cargo de inspector
código 4137, grado 13, y tras cumplir con los requisitos legales solicitó el
reconocimiento de su pensión de jubilación en octubre de 2007 y anexó certificado
de factores salariales desde el año 1997 hasta el año 2006, dentro de los que se
encuentran incluidos la asignación básica, sobresueldo, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, bonificación por servicios, sueldo de vacaciones, primas de
servicios, riesgo, seguridad, navidad y vacaciones, subsidio de unidad familiar y
sobresueldo municipal.

Mediante resolución de 13 de mayo de 2008, la entidad administradora del
sistema de seguridad social correspondiente le reconoció el pago de la pensión
teniendo en cuenta el promedio salarial de los años 1997 a 2006.

El 20 de agosto de 2003, el tutelante solicitó la reliquidación de la prestación por
nuevos factores salariales de los años 2006 a 2008, petición a la cual accedió la
entidad.

Tras varias peticiones de reliquidación pensional por nuevos factores devengados
en años posteriores, el 22 de diciembre de 2017 el actor pidió nuevamente la
respectiva reliquidación, pero esta vez con base en la nivelación salarial a la fecha
de su retiro y con los factores salariales expedidos por el INPEC en el año 2017,
solicitud que fue denegada en resolución de 11 de abril de 2018 expedida por la
UGPP.

El actor instauró recurso de reposición en contra del mencionado acto, el cual fue
confirmado por vía de reposición y apelación en resoluciones de mayo y junio de
2018, actos administrativos frente a los cuales el tutelante ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buga emitió sentencia en la que
declaró la nulidad de los actos demandados, con sustento en que las resoluciones
que negaron la reliquidación pensional del demandante desconocieron las normas
en que debían fundarse y que establecen los factores salariales que deben
tenerse en cuenta para reconocer la prestación, decisión que fue apelada por la
UGPP.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de 6 de mayo de
2022, dispuso revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda contencioso administrativa, con fundamento en que el
reconocimiento pensional realizado por el a quo no correspondió con los
2

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lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
en materia de ingreso base de liquidación, que corresponde al promedio salarial
de los últimos diez años de servicio.

El magistrado Omar Edgar Borja Soto salvó voto frente a la anterior decisión, con
fundamento en que no resulta aplicable la sentencia de unificación del Consejo de
Estado sobre la materia, dado que hace referencia al régimen de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985, pero al actor no lo cobija esa norma sino la Ley 32
de 1986.

3. Sustento de la vulneración

El tutelante alegó que el juez de segunda instancia realizó una valoración
superflua de las pruebas, lo que le impidió dar al caso la interpretación de acuerdo
a las mismas.

Explicó que de acuerdo al salvamento de voto, la regla jurisprudencial aplicada en
su caso no lo cobija, porque el demandante no era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, sino de la Ley 32 de 1986.

Sostuvo que debió darse prevalencia al principio de favorabilidad laboral por
cuanto las normas posteriores al reconocimiento de su pensión no deben ser
aplicadas en su caso.

Hizo un recuento sobre el marco legal que regula su derecho pensional, el
precedente sobre la materia y la jurisprudencia relacionada con la aplicación del
principio de favorabilidad laboral.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de 10 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
su notificación a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca; de igual forma, se dispuso la vinculación del juez Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Buga y del representante legal de la UGPP,
como terceros con interés.

5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes intervenciones:

5.1. La UGPP manifestó que no lesionó los derechos fundamentales de la parte
actora, pues aplicó el régimen jurídico que regula la pensión del actor, sobre el
cual hizo un extenso recuento. De igual forma, manifestó que la acción de tutela
no cumple con el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no hizo uso de
los recursos extraordinarios, ni de inmediatez dado que la acción se ejerció más
de nueve meses después de la ejecutoria del fallo cuestionado.

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5.2. Las demás autoridades vinculadas se abstuvieron de contestar la demanda,
pese a haber sido notificadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si con la decisión demandada se
vulneró el derecho fundamental a la igualdad del actor, y los principios de
favorabilidad y progresividad en derechos laborales, con la expedición de la
sentencia de 6 de mayo de 2022 proferida por la mencionada autoridad judicial,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76111-33-
33-002-2019-00097-01, que ejerció contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante, UGPP.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) el estudio
sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se
estudiará iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20121, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales2, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de
considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo
es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del

1 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.

4

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pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso
a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique
tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela
cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los
argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se
afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo

3
Ibidem.
4
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.

5

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impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de requisitos generales

4.1. Inmediatez

Al respecto, la Sala observa que dicho presupuesto no se cumple, por los
siguientes motivos:

En lo atinente, se estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de tutela
interpuestas en contra de providencias judiciales, el demandante debe acreditar el
cumplimiento de unos presupuestos generales de procedibilidad para que pueda
analizarse el fondo del caso concreto.

Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el objeto
de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados,
lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz5.

De manera que, el requisito de la inmediatez exige que la tutela se interponga tan
pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial y
consecuencial a su ocurrencia, esto es, seis (6) meses.

Lo anterior, debido a que el paso prolongado del tiempo indica que se ha disipado
la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose
así la inminencia de la afectación6, tal plazo prudencial, el cual se ha fijado en 6
meses por la Corte Constitucional y acogido por el Consejo de Estado, y ha de
analizarse en cada caso concreto para determinar si un exceso en el mismo se
halla justificado como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

5 El artículo 86 de la Carta prevé que «…toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales…».
6 Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia del

magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable y
extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho vulnerador
que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.

6

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Además de ello, la Corte Constitucional7 ha advertido que este requisito responde
a necesidades adicionales como son proteger derechos de terceros que pueden
verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, impedir que el
amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica y evitar el uso de este
mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en
la defensa de los derechos.

Sin embargo, la Corte Constitucional8 y esta Sala9 han admitido la procedencia de
la acción de tutela interpuesta cuando ha transcurrido un extenso espacio entre el
hecho que generó la vulneración, siempre que:

i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;

ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión;

iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; y

iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual.

En lo particular, la Sala no encuentra un ejercicio pronto de la acción dentro del
plazo de los seis meses dispuesto para ello, pues la sentencia de 6 de mayo de
2022, objeto de controversia, fue notificada por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante correo electrónico enviado a la parte
actora el 18 de mayo de 2022, según revisión en el sistema de consulta de
procesos y en SAMAI; en ese orden de ideas, dicha decisión quedó ejecutoriada
el 23 de mayo de 2022. Por consiguiente, como la presente acción de tutela se
instauró el 6 de marzo de 2023, esto es, cuando habían transcurrido más de
nueve (9) meses desde la ejecutoria del fallo cuestionado, se advierte que no se
cumplió con el requisito de inmediatez.

Adicionalmente, tampoco existe un motivo válido que justifique la inactividad de la
parte accionante para promover la solicitud de amparo dentro de los referidos seis
meses, ni que la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los

7 Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle
Correa.
8 Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria Sáchica

Méndez.
9 Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número 11001-

03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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derechos de terceros afectados con la decisión, ni existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues en el
presente asunto no se cumple con el presupuesto general de procedencia de la
inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de inmediatez, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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