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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01172-00

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01172-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00 Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo TERCERO: En caso de que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01172-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: GILMA JUDITH CORTÉS BRAVO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
niega el amparo – las accionadas no incurrieron en la vulneración
de derechos fundamentales

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Gilma Judith Cortés
Bravo, a través de apoderado judicial y en contra de las sentencias de 28 de
noviembre de 2017 y de 18 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 4 y por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Gilma Judith Cortés Bravo, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de su derecho fundamental
a la igualdad y el principio de la favorabilidad, cuya vulneración atribuyó a las
sentencias de 28 de noviembre de 2017 y de 18 de agosto de 2022, proferidas,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión
No. 4 y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 15001-23-33-000-2016-00768-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el señor Ferinaldo Pérez Carmona era pensionado de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, y anotó que dicha persona falleció el 19 de julio de
2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

2.2. Comentó que el señor Pérez Carmona era su compañero permanente desde el
3 de octubre de 1992, pero, por mutuo acuerdo, decidieron mantener dicha relación
en secreto.

2.3. Refirió que, con ocasión de la relación sentimental que sostenía con el señor
Pérez Carmona, él asumió la responsabilidad «[…] económica de los gastos de
sostenimiento de [ella] y de [su] hija […]».

2.4. Adujo que su compañero permanente Pérez Carmona se encontraba casado con
la señora Nora Benedetty, quien falleció el 1° de agosto de 2012.

2.5. Señaló que, a partir del fallecimiento de la esposa del señor Pérez Carmona, su
compañero permanente «[…] toma la decisión de compartir, mesa, lecho y techo
[…]» con ella.

2.6. Expuso que, como consecuencia del fallecimiento de su compañero
permanente, presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
la cual le fue negada.

2.7. Indicó que, por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
acusados y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera la
pensión de sobrevivientes.

2.8. Mencionó que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 4, Corporación judicial que, en
sentencia de 28 de noviembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

2.9. Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación el cual fue
desatado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 18 de agosto de 2022, en el sentido de confirmar la
providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.10. Adujo que en las decisiones aquí acusadas se incurrió en defecto fáctico, por
cuanto se desconocieron las pruebas que daban cuenta que su relación sentimental
con el finado Pérez Carmona inició desde el 3 de octubre de 1992, tales como: (i)
la declaración extraprocesal que rindió el 7 de diciembre de 2013, y que fue aclarada
el 20 de enero de 2014; (ii) el interrogatorio de parte que se le practicó dentro del
proceso contencioso, y (iii) las declaraciones extraprocesales que rindieron las
señoras Flor María Montaña de Velásquez, Lucy Stella Cepeda Hurtado y Yenith
Rocío Bernal Bernal.

2.11. Afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo por
falta de aplicación de las leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 12 de 1975, 113 de 1975
y de los decretos 1161 de 1994 y 1406 de 1999.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

2.12. Aseguró que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias T-468 de 2007, T-301 de 2010 y T-485 de 2011
proferidas por la Corte Constitucional, y de 13 de julio de 2010 dictada por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral (Expediente No. 36124).

2.13. Por último, manifestó que se incurrió en violación directa de la Constitución,
dado que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA: Se admita la presente Acción de Tutela, como único medio
efectivo, que le queda a la perjudicada para la protección de sus Derechos
Fundamentales de rango constitucional, vulnerados en las sentencias
proferidas tanto – por el Tribunal Administrativo de Boyacá, como del Consejo
de Estado, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la Pensión de
Sobrevivientes a mi representada.

SEGUNDA: Sea tutelado el derecho a la IGUALDAD, considerado como
fundamental por nuestra Constitución Política.

TERCERO: Se revoque totalmente las Sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 4 del 28 de noviembre de 2017
y del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B del 18 de agosto
de 2022.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo
de Boyacá – Sala de Decisión No. 4 y al Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección B del 18 de agosto de 2022, que, en el término de ley, procedan
a emitir nueva sentencia dentro del proceso referido, acorde a la Constitución y
la ley, y los precedentes judiciales de la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, aplicables al caso en comento […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 8 de
marzo de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia,
vinculó como tercero con interés directo en los resultados del proceso a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares. También dispuso notificar al Ministerio Público para
lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
advierte que se allegó el siguiente informe:

5.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por conducto de apoderada judicial,
rindió informe en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo,
luego de considerar, en síntesis, que las «[…] sentencias judiciales […] no han sido

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

falladas en forma caprichosa ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento jurídico
para el caso […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala
de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de su derecho fundamental tanto a la sentencia proferida en primera
instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 15001-23-33-000-
2016-00768-00/01, que el presente análisis se centrará en determinar si en esta
última providencia se incurrió en las causales de procedibilidad invocadas, dado que
es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis4.

8. A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala
debe establecer lo siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, determinar:

b) Si la sentencia de 18 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 15001-23-
33-000-2016-00768-01, vulneró el derecho fundamental invocado por la
actora, al haber incurrido, supuestamente, en defecto fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución.

9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. Laciudadana Gilma Judith Cortés Bravo, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de su derecho fundamental
a la igualdad y el principio de la favorabilidad, cuya vulneración atribuyó a las
sentencias de 28 de noviembre de 2017 y de 18 de agosto de 2022, proferidas,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión
No. 4 y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 15001-23-33-000-2016-00768-00/01.

18. Eneste punto es preciso indicar que los defectos alegados por el extremo
accionante serán estudiados de manera conjunta.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

La Sala encuentra que, en efecto, se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia
constitucional porque pretende la protección inmediata de garantías de naturaleza
fundamental como lo es el derecho a la igualdad y, además, tal como lo precisó la
Corte Constitucional en sentencia T-199 de 2022 las controversias asociadas con
el reconocimiento pensional «[…] pueden involucrar derechos constitucionales
diversos […]»9; ii) la acción de amparo se dirige contra la decisión adoptada en

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
9
“la jurisprudencia constitucional ha establecido que las controversias que surgen con ocasión del reconocimiento de una
sustitución pensional pueden involucrar derechos constitucionales diversos. El presente asunto versa sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Ceneyda
Salazar de Gutiérrez”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

segunda instancia contra la cual no es procedente promover recurso alguno para
reclamar la protección del derecho fundamental que se invoca como quebrantado,
superando así el requisito de la subsidiariedad; iii) la acción de tutela se presentó
dentro de un término razonable, por lo que cumple con el requisito de la inmediatez;
iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) como no se alega la
existencia de una irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al
respecto, y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en
un proceso de tutela.

VI.4.2. Estudio de los defectos invocados en el sub examine

19. Ahora bien, se advierte que el planteamiento medular de la accionante radica en
señalar que se incurrió en defecto fáctico, por cuanto se desconocieron las pruebas
que daban cuenta que su relación sentimental con el finado Pérez Carmona inició
desde el 3 de octubre de 1992, tales como: (i) la declaración extraprocesal que
rindió el 7 de diciembre de 2013, y que fue aclarada el 20 de enero de 2014; (ii) el
interrogatorio de parte que se le practicó dentro del proceso contencioso, y (iii) las
declaraciones extraprocesales que rindieron las señoras Flor María Montaña de
Velásquez, Lucy Stella Cepeda Hurtado y Yenith Rocío Bernal Bernal.

20. Igualmente, afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
sustantivo por falta de aplicación de las leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 12 de
1975, 113 de 1975 y de los decretos 1161 de 1994 y 1406 de 1999.

21. Asimismo, aseguró que se incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial contenido en las sentencias T-468 de 2007, T-301 de 2010 y T-485
de 2011 proferidas por la Corte Constitucional y de 13 de julio de 2010 dictada por
la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral (Expediente No. 36124).
También en violación directa de la Constitución, dado que, a su juicio, se vulneró su
derecho fundamental a la igualdad.

22. Para resolver lo expuesto, la Sala considera necesario poner de relieve lo
siguiente:

22.1. La aquí actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera la pensión de
sobrevivientes, entre otros.

22.2. El
Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 4, mediante
sentencia de 28 de noviembre de 2017, resolvió negar las pretensiones de la
demanda.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

22.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al momento
de resolver el recurso de apelación interpuesto por la aquí actora, encontró
probados los siguientes hechos:

[…] -Por medio de la Resolución No 0971 de 22 de septiembre de 1978 se
ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro del Sargento Primero
del Ejército Ferinaldo Pérez Carmona10.
-Se arrimó al expediente copia del registro civil de defunción, en el cual se
observa que el señor Ferinaldo Pérez Carmona falleció el 19 de julio de 2013,
en la ciudad de Cartagena11.
-Obra copia del registro civil de defunción de la señora Nora Benedetty de Pérez
con fecha 1º de agosto de 2012, esposa del señor Ferinaldo Pérez Carmona12.
-El día 22 de noviembre de 2013 solicitó la demandante ante la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en
calidad de compañera permanente del señor Ferinaldo Pérez Carmona13.
-La señora Gilma Judith Cortés Bravo ante la Notaría Tercera del Círculo de
Bogotá, el 7 de diciembre de 2013, bajo la gravedad del juramento hizo
constar que, “manifiesto que conviví con el señor FERINALDO PEREZ
CARMONA (Q.E.P.D.), compartiendo mesa, techo y lecho de forma
permanente e ininterrumpida desde el mes de Diciembre del 2009”14.
-En forma posterior, la señora Gilma Judith Cortés Bravo ante la Notaría Tercera
del Círculo de Bogotá, el 20 de enero de 2014, bajo la gravedad del juramento
amplió la declaración extraproceso en donde aclaró que: “ratifico la
manifestación hecha en la susodicha declaración en el sentido que conviví con
el señor FERINALDO PEREZ CARMONA (Q.E.P.D.), compartiendo mesa,
techo y lecho de forma permanente e ininterrumpida desde el mes de diciembre
del 2009 y que esto sucedió a raíz del fallecimiento de su esposa señora NORA
BENEDETTI DE PEREZ (Q.E.P.D.), pero también lo es de que la relación
marital y convivencia con el señor FERINALDO PEREZ CARMONA
(Q.E.P.D.), data del 03 de Octubre de 1992 (…)”15.
-Las señoras Flor Marina Montaña de Vásquez, Lucy Stella Cepeda Hurtado y
Yenith Rocío Bernal Bernal presentaron declaración extraproceso ante la
Notaría 33 del Círculo de Bogotá, el día 5 de noviembre de 201316.
-La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a través de la Resolución No 8944
de 19 de diciembre de 2013 niega el pago de los haberes dejados de cobrar por
el causante, así como el pago de la pensión de beneficiarios del señor Sargento
Primero del Ejército Ferinaldo Pérez Carmona17.
-Por medio de la Resolución No 4172 de 9 de mayo de 2014 se resolvió el
recurso de reposición presentado en contra de la anterior decisión confirmando
en su totalidad la misma18.
-Se allegó el expediente administrativo del señor Ferinaldo Pérez Carmona
donde se reconoce la asignación de retiro19.
-Interrogatorio de parte decretado como prueba de oficio a la señora Gilma
Judith Cortés Bravo20 […]. (negrillas por fuera de texto)

10
Folios 3 al 4 del cuaderno principal
11
Folio 7 del cuaderno principal
12
Folio 6 el cuaderno principal
13
Folios 14 al 18 del cuaderno principal
14
Folio 8 del cuaderno principal
15
Folio 9 del cuaderno principal
16
Folio 10 del cuaderno principal
17
Folios 20 al 21 del cuaderno principal
18
Folios 31 al del cuaderno principal
19
Folios 55 al 65 del cuaderno principal
20
Folio 158 del cuaderno principal

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

22.4. Con base en lo anterior, el Tribunal accionado consideró que la aquí actora no
logró acreditar que convivió con el finado Ferinaldo Pérez Carmona por más de
cinco (5) años, por las siguientes razones:

[…] De lo expuesto, la Sala advierte que no se logró probar la convivencia del
señor Ferinaldo Pérez Carmona con la actora ya que no le está permitido llegar
a la convicción mediante supuestos que no están debidamente soportados; a
pesar de que en el recurso de apelación se insiste en la convivencia a partir de
diciembre de 2009 aclarando que la relación sentimental comenzó el 3 de
octubre de 1992, incurre en imprecisión cuando indica que compartió la
mesa, techo y lecho desde el 2009 a raíz del fallecimiento de la esposa del
señor Ferinaldo Pérez Carmona, lo que sucedió hasta el 1º de agosto de
2012.

Existen tres periodos de tiempo con los cuales pretende la demandante
sustentar la convivencia y apoyo mutuo para el reconocimiento y, pago de la
prestación pensional reclamada que son: i) desde el 3 de octubre de 1992 hasta
diciembre de 2009, donde existió una convivencia simultánea con la esposa
del causante y secreta, pero no para los familiares y amigos de la actora y
el señor Ferinaldo Pérez Carmona; ii) desde diciembre de 2009 hasta la
muerte de la señora Nora Benedetty de Pérez sucedida el 1º de agosto de 2012,
cuando se afianzó la relación y el apoyo como pareja; iii) desde el 1º de
agosto de 2012 hasta la muerte del señor Ferinaldo Pérez Carmona el 19 de
julio de 2013, periodo en el cual la convivencia fue exclusiva entre la
demandante y el causante.

Se deduce en forma clara que el causante compartía y mantenía relaciones
sentimentales desde el 3 de octubre de 1992 con la demandante pero que
debido a que este sostenía en forma simultánea un vínculo matrimonial con su
esposa e hijos, permanecía con ellos en su hogar y fue solo hasta el mes de
diciembre de 2009, cuanto según el dicho de la accionante, tomó fuerza su
relación como pareja bajo techo y lecho; si bien argumenta la actora que de
acuerdo con diversas sentencia de tutela que trae a colación puede ocurrir
la interrupción de la convivencia debido a diversas razones sin que ello
implique la pérdida de la sustitución pensional, también lo es que esta se
debe demostrar primero así después se interrumpa, que es lo que no
sucede dentro del sub-judice, ya que según la primera declaración
extraproceso rendida el 7 de diciembre de 2013 por la accionante y las
suscritas por las testigos Flor Marina Montaña de Vásquez, Lucy Stella
Cepeda Hurtado y Yenith Rocío Bernal Bernal, la convivencia entre los
señalados data de diciembre de 2009, es decir que no demostró
convivencia por espacio de cinco años, anteriores a la muerte del
causante, pues tan solo convivieron 3 años y 7 meses.

Indica la demandante en el interrogatorio de parte rendido, que se separó de
hecho de su matrimonio anterior en el año 1993, que conoció al causante en la
empresa Sincromotors cuando comenzó la relación sentimental el 3 de octubre
de 1992, aclarando que la relación de hecho empezó en diciembre de 2009
hasta la muerte de este en el año 2013, por lo que la relación de convivencia en
hogar fue en el año 2009. Agrega que si bien el causante no permutaba (sic) se
veían diariamente todo el tiempo fue el compañero permanente; añade que la
convivencia fue de dos o tres días a la semana y después este regresaba con
sus hijos, manifiesta que el causante vivía en el barrio Álamos norte y ella en
Floralia.

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Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

A pesar de lo dicho por la interrogada esto es que el apoyo mutuo por
parte del señor Ferinaldo Pérez Carmona comenzó desde 3 de octubre de
1992, las declarantes señalan que la convivencia fue desde diciembre de
2009.

Por consiguiente, no está probado que durante los últimos 5 años anteriores
al deceso del señor Pérez Carmona, existió una convivencia plena y
efectiva con la señora Gilma Judith Cortés Bravo pues esto no fue
corroborado con las pruebas anunciadas en acápites anteriores, es decir,
existe duda si la convivencia era permanente.

[…]

En consecuencia, al efectuar la valoración de la prueba bajo el sistema de la
libre apreciación o la sana crítica, advierte la Sala que si bien, en principio las
pruebas aportadas por el apoderado de la accionante tienen plena validez pero
las mismas no son contundentes al ser analizadas en conjunto tienen la
tendencia a diluir su poder de convicción sobre el hecho que pretenden
demostrar; y el interrogatorio de parte que podrían ser un soporte para
ellas, posee elementos que no provee certeza sobre la fecha de inicio de
la convivencia.

De tal manera, que partiendo de la premisa anterior se puede llegar a inferir
lógicamente que la fecha más asertiva a partir de la cual nace la
convivencia entre el señor Ferinaldo Pérez Carmona (q.e.p.d.) y la señora
Gilma Judith Cortes Bravo es diciembre de 2009, tal como lo hizo la
accionada en el acto administrativo demandado.

Así entonces, debido a que la fecha cierta del inicio de la relación es diciembre
de 2009 y que el señor Ferinaldo Pérez Carmona falleció el 19 de julio de 2013,
el tiempo de convivencia se calcula en 3 años y 7 meses
aproximadamente, insuficiente según lo establecido en el citado Decreto
4433 de 2004, para adquirir el derecho a disfrutar de la sustitución
pensional en calidad de compañera permanente.

De la forma como lo encontró probado el a quo, no se acreditó la convivencia
del causante con la señora Gilma Judith Cortés Bravo, por un tiempo superior a
5 años, desde la fecha en que formalizaron el vínculo legal y, de hecho, hasta
cuando ocurrió el deceso […]. (negrillas por fuera del texto original)

23. Visto todo lo anterior, la Sala advierte que la decisión de la Subsección accionada
se fundamentó en que la aquí tutelante no demostró la convivencia efectiva con el
señor Ferinaldo Pérez Carmona, dentro de los cinco (5) años previos al momento
de su muerte.

24. Para la Sala resulta razonable la conclusión a la que llegó la autoridad accionada,
toda vez que no hay certeza de que efectivamente la señora Cortés Bravo convivió
los últimos cinco años con el finado, ya que, de las declaraciones extraprocesales
allegadas al proceso contencioso y que fueron rendidas por las señoras Flor María
Montaña de Velásquez, Lucy Stella Cepeda Hurtado y Yenith Rocío Bernal Bernal,
se colige que la relación sentimental de la aquí actora inició en el mes de diciembre
de 2009, y no el 3 de octubre de 1992, como lo manifiesta la accionante.

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Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

25. En efecto, las señoras Flor Marina Montaña de Vásquez, Lucy Stella Cepeda
Hurtado y Yenith Rocío Bernal Bernal rindieron declaración extraprocesal el 5 de
noviembre de 2013, en donde manifestaron lo siguiente:

[…] QUE CONOCIMOS DE VISTA TRATO Y COMUNICACIÓN AL SEÑOR
FERINALDO PEREZ CARMONA (Q.E.P.D.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ
CON C.C. No 17159176. DESDE HACE 7 AÑOS, 15 AÑOS Y 7 AÑOS
APROXIMADAMENTE, SABEMOS Y NOS CONSTA QUE EL CONVIVIA EN
UNIÓN MARITAL DE HECHO CON LA SEÑORA GILMA JUDITH CORTES
BRAVO […] DESDE DICIEMBRE DE 2009 COMPARTIERON MESA, TECHO
Y LECHO DE FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA HASTA EL DIA
19 DE JULIO DE 2013 […]. (negrillas por fuera del texto)

26. Igualmente,es de resaltar que dentro del expediente contencioso obraba la
declaración juramentada rendida por la aquí actora, de fecha 7 de diciembre de
2013, en la que manifestó expresamente lo siguiente: «[…] manifiesto que conviví
con el señor FERINALDO PEREZ CARMONA (Q.E.P.D.), compartiendo mesa,
techo y lecho de forma permanente e ininterrumpida desde el mes de Diciembre del
2009 […]».

27. Asimismo, y aunque es cierto que la aquí actora rindió una nueva declaración
juramentada de fecha 20 de enero de 2014, en la que aclaraba que la «[…] relación
marital y convivencia [que sostuvo] con el señor FERINALDO PEREZ CARMONA
(Q.E.P.D.), data del 03 de Octubre de 1992, fecha a partir de la cual y en razón de
la voluntad mutua de iniciar una relación sentimental y de convivencia, el señor
FERINALDO PEREZ CARMONA (Q.E.P.D.) asume la responsabilidad económica
de los gastos de sostenimientos de la suscrita y mi hija […]», la realidad es que al
efectuarse un análisis integral de las pruebas -en su conjunto y conforme con las reglas
de la sana crítica- no se tiene total convicción de la fecha de inicio de la convivencia.

28. Es a partir de lo expuesto que para esta Sala la autoridad accionada no incurrió
en el defecto fáctico endilgado, por el contrario, se observa que efectuó un análisis
probatorio razonado y coherente, en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial; valoración que le permitió concluir razonadamente que la aquí accionante
no acreditó su condición de compañera permanente dentro de los cinco (5) años
previos al fallecimiento del señor Pérez Carmona.

29. Valga resaltar que esta Sección ha precisado que para la configuración del
defecto fáctico la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y
flagrante, y que la irregularidad en la apreciación del material probatorio debe tener
una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial21. De allí que la simple
discrepancia respecto de la valoración que pudo efectuar el juez natural de la causa
no significa que se haya incurrido en la referida causal de procedibilidad.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, número de radicación: 11001-03-15-000-2018-04496-00.

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Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

30. En este contexto, resulta oportuno aclarar que el hecho de que la actora no haya
acreditado la convivencia por un período igual o superior a cinco (5) años previos al
fallecimiento del señor Pérez Carmona, implicaba que no era procedente acceder
al reconocimiento pensional que solicitaba en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por ende, se generaba la imposibilidad de aplicar
las normas que alega la tutelante como no evaluadas por las autoridades
accionadas al resolver su caso -leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 12 de 1975, 113
de 1975 y de los decretos 1161 de 1994 y 1406 de 1999-.

31. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado
por la actora, y contenido en las sentencias T-468 de 2007, T-301 de 2010 y T-485
de 2011 proferidas por la Corte Constitucional, y de 13 de julio de 2010 dictada por
la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral (Expediente No. 36124),
la Sala advierte que dichas providencias no constituían precedente obligatorio para
la Subsección accionada porque la situación fáctica entre los casos difieren, en la
medida en que la aquí actora no demostró su condición de compañera permanente
por un período igual o superior a cinco (5) años previos al fallecimiento del señor
Pérez Carmona; mientras que en aquellas decisiones se demostró una convivencia
sentimental por un lapso igual o mayor a cinco (5) años.

32. Ante este panorama, se reitera, la decisión de la Subsección accionada se
encuentra debidamente soportada y respaldada en una interpretación sistemática
y razonada tanto de las normas aplicables para la resolución de la causa ordinaria
objeto de tutela como de las pruebas obrantes en el proceso, sin que se logre
apreciar que se hayan vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte
actora. Por tanto, en el caso de autos no se encuentra configurado la violación
directa de la Constitución que se invocó en el escrito de tutela.

33. En conclusión, para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales ni tampoco se configuró alguna de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
por lo tanto, se negará el amparo deprecado por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01172-00
Accionante: Gilma Judith Cortés Bravo

TERCERO: En caso de que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente (E)

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Ausente con permiso)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(18)

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