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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01173-00

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01173-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante en relación con el cargo por el no decreto de las pruebas aportadas por la actora con su recurso de apelación en el proceso ordinario. SEGUNDO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE con respecto a los demás cargos por falta de relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01173-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00
Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz
Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara
la improcedencia con respecto a los demás

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01173-00
Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Provisión definitiva de empleos de carrera
administrativa / Nombramiento provisional / Condición de madre cabeza de familia / Retén social
/ Oportunidad probatoria en segunda instancia / Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente / Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara la improcedencia con
respecto a los demás.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra las sentencias del 21 de
noviembre de 2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente,
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
05001-33-33-002-2015-01401-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00
Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz
Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara
la improcedencia con respecto a los demás

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 6 de marzo de 2023 Rosa Inés Ospina Muñoz interpuso, en nombre propio, una
acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital e igualdad, presuntamente vulnerados
por las sentencias del 21 de noviembre de 2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por
el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respectivamente.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<1. Se revoquen las decisiones tomadas en sentencias de fecha 21 de noviembre de
2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Medellín -Antioquia- y el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de
Decisión- respectivamente, dentro del radicado No. 2015-01401.

2. Como consecuencia de la petición primera, se ordene al INPEC a reintegrarme al puesto
de Pagadora Grado 20 Código 4173 o a un puesto equivalente al que ocupaba al momento
de mi declaratoria de insubsistencia.

3. Solicito se declare la no solución de continuidad y en su defecto, me sean cancelados
todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha 18 de agosto
de 2015, hasta la fecha de ejecutoria del presente fallo.

4. Le solicito se accedan a las demás pretensiones invocadas en el libro de demanda
presentado en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquia->>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 1º de agosto de 1996 empezó a trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (en adelante, INPEC) en el cargo de auxiliar administrativo Grado 11.
Posteriormente, mediante acta de posesión del 7 de febrero de 2011, fue nombrada en
provisionalidad en el cargo de <<pagador código 4173, grado 20>> en el establecimiento
penitenciario <<Bellavista>> de Medellín.

3.2.- La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC) realizó la convocatoria

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No. 250 de 2012 para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera de la
planta del personal administrativo del INPEC.

3.3.- El 5 de septiembre de 2014 la CNSC expidió la Resolución No. 1827, mediante la
cual conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer 57 vacantes del empleo
denominado <<pagador código 4173, grado 20>> del sistema específico de carrera
administrativa del INPEC, ofertado a través de la convocatoria No. 250 de 2012. La lista
estaba conformada por 109 personas. Aunque la actora participó en la convocatoria, no
formó parte de la lista de elegibles, pues no superó el puntaje requerido.

3.4.- El 21 de marzo de 2015 la subdirectora de la Oficina de Talento Humano del INPEC
informó a la actora a través de una carta que <<existían factores de protección para los
empleados que no habíamos pasado la convocatoria y que se aplicarían en el trámite
de vinculación de los empleados en carrera […] factores entre los que se encontraba
“Condición de padre o madre cabeza de familia […]”>>; situación que debía reportarse
antes del 27 de marzo de ese año.

3.5.- Mediante Resolución No. 002311 del 30 de junio de 2015 el INPEC dio por
terminado el nombramiento en provisionalidad de la actora en el empleo <<pagador
código 4173, grado 20>> y estableció que ese cargo sería cubierto por Carlos Antonio
Becerra Arango, quien había ocupado un lugar en la lista de elegibles prevista en la
Resolución No. 1827 de 2014.

3.6.- La actora reportó verbalmente al INPEC que ostentaba el fuero de protección de
madre cabeza de familia, y el 27 de julio de 2015 envió una declaración extrajuicio en la
cual afirmó que tenía esa condición, de conformidad con la Ley 82 de 1993.

3.7.- El 18 de agosto de 2015, mediante oficio No. 15353 del INPEC, se informó a la
actora que el factor de protección de madre cabeza de familia invocado no le era
aplicable, pues el número de aspirantes fue superior al número de vacantes a proveer.

3.8.- El 3 de diciembre de 2015 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Resolución No. 02311 del 30 de junio de 2015. Solicitó que se
ordenara su reintegro al cargo que ostentaba en el INPEC. Adujo que Carlos Antonio
Becerra Arango, quien ocuparía el cargo del cual fue removida no se posesionó y, por
el contrario, eligió otro puesto en el establecimiento penitenciario y carcelario de Ciudad
Bolívar. Sostuvo que la motivación de la Resolución No. 02311 del 30 de junio de 2015
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no precisó las sedes geográficas de las plazas en provisionalidad, omitió la relación de
los elegidos en su orden para el cargo pagador y la relación de las vacantes
provisionales a proveer, por lo cual no fue claro si el cargo que ocupaba la actora se
encontraba dentro de las sedes referidas en la convocatoria.

3.9.- En sentencia del 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín negó las pretensiones porque consideró que en la Resolución No. 002311 del
30 de junio de 2015 sí se motivó la terminación del nombramiento en provisionalidad de
la demandante. En dicha resolución se estableció que el motivo del retiro fue el
nombramiento en propiedad de una persona que hacía parte de la lista de elegibles para
el cargo <<pagador código 4173, grado 20>>, que aprobó el concurso de méritos para
proveer cargos en propiedad del INPEC (convocatoria No. 250 de 2012), lo cual es legal.
Además, sostuvo que el hecho de que no se haya ocupado el cargo en propiedad no
afecta la validez del acto, pues es un hecho ulterior al momento de su creación.

3.9.1.- Aclaró que la demandante no se encuentra amparada a la luz de la Ley 790 de
2002 en la protección laboral <<reforzada, denominada como retén social>>, pues su
desvinculación no se desprende de una reestructuración o modernización en la
administración o de una liquidación forzosa administrativa, sino del nombramiento de un
individuo de la lista de elegibles previo concurso de méritos en carrera administrativa.
Además, no goza de la calidad de prepensionada, pues cuando entró en vigencia el
artículo 1º del Decreto 3905 de 2009 le faltaban más de tres años para causar el derecho
a la pensión, requisito necesario para la alegada protección especial1.

3.9.2.- Sostuvo que con respecto a la condición de madre cabeza de familia, no se
acreditó que la lista de elegibles elaborada como resultado del proceso de selección de
la convocatoria No. 250 de 2012 hubiera estado conformada por un número menor de
aspirantes al de empleos ofertados a proveer, requisito para que la administración
privilegiara a la empleada en provisionalidad. Por el contrario, la autoridad judicial
encontró que existía una lista de elegibles de 109 personas frente a 57 vacantes de
empleos ofertados para el cargo de <<pagador código 4173, grado 20>> de la entidad.
Agregó que la protección constitucional no se configura con la simple afirmación de ser

1 <<Concretamente, la demandante no goza de calidad de prepensionada como quiera que de conformidad con el

artículo 1 del Decreto 3905 de 2009, goza de protección especial quienes hubieran sido nombrados en provisionalidad
antes del 24 de noviembre de 2004 siempre y cuando a la fecha de expedición de la norma (8 de octubre de 2009),
les faltare 3 años o menos para causar el derecho a la pensión; en este caso cuando entró en vigencia la referida
norma la demandante tenía 41 años de edad lo que implica que le faltaba más de 3 años para adquirir el status, por
lo tanto se encuentra probado que la actora carece de los requisitos para ser prepensionada>>.

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madre cabeza de familia, sino que esa situación debe acreditarse2.

3.10. La demandante apeló porque los aspirantes a la convocatoria <<sabían de
antemano la plaza o vacantes por la cual iban a concursar; en el caso de la vacante del
cargo de pagador código 4173 grado 20 para el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Medellín (Bellavista) y no de pedregal; vacante que no fue aceptada por
el señor Carlos Antonio Becerra Arango>>. Precisó que el INPEC trasladó de otro
establecimiento a la funcionaria en provisionalidad Támara Vélez Zapata, quien también
se había presentado a la convocatoria en mención y no pasó, cuando lo correcto habría
sido nombrar a otro de los integrantes de la lista de elegibles.

3.10.1.- Consideró que sí es posible atacar un acto administrativo por causa posterior a
su expedición, <<pues ya nació a la vida jurídica>>. Aclaró que no está atacando la no
aceptación del cargo por parte de Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto
administrativo expedido por el INPEC que nombró a Támara Vélez Zapata, funcionaria
que al igual que la demandante ostentaba la calidad de provisionalidad. Citó la sentencia
T-638 de 2016 para decir que no se analizó si el acto atacado afectó su mínimo vital a
la luz de su avanzada edad. Agregó que estuvo nombrada más de veinte años en
provisionalidad, cuando dicho encargo no puede pasar de seis meses.

3.10.2.- Frente a la condición de madre cabeza de familia, sostuvo que el juez basó su
posición en el interrogatorio de la demandante, en el que manifestó que el padre de la
menor se hacía cargo de la manutención de ésta, y en la declaración de Claudia Yaneth
Peña Ramírez, quien indicó que la demandante trabajaba en un depósito por horas
hacía 18 meses y que estaba terminando noveno semestre de Administración
Financiera. Sin embargo, afirmó que el juez no efectuó una indagación más profunda3.

2 También precisó lo siguiente: <<Por otra parte, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC, estaba facultado, a la luz del decreto 271 de 2010 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 para distribuir los
cargos de la planta global y, mediante acto administrativo, ubicar al personal teniendo en cuenta la organización
interna, las necesidades del servicio y los planes y programas de la Entidad, cuestión que efectuó en el acto
administrativo acusado, por lo que tampoco se evidencia violación de la norma superior en este sentido>>.
3 <<[…] conforme los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, esto es, preguntando acerca de la suma

de dinero que le aportaba el padre de la menor, la situación económica de este, el cual por demás tiene dos hijos más
y un hogar para sostener, la situación económica de la demandante, el estado afectivo y de ánimo de la menor al
verse cohibida de muchas cosas o elementos necesarios para su crianza, por la desvinculación laboral del INPEC de
su madre. Ello, sin valorarse el hecho que la demandante solo trabajaba por horas y cada vez que la necesitaban, sin
establecerse por parte del despacho, ni por la parte demandada, la periodicidad con que laboraba, el número de
horas, y la remuneración obtenida, la cual por demás no es comparable con la devengada en el INPEC. Tampoco se
ha considerado que la demandante inició sus estudios en administración financiera cuando se encontraba laborando
para el INPEC, con el fin de darse y darle a su hija una mejor calidad de vida, y ello era posible gracias a los ahorros

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3.10.3.- Adujo que no se valoraron las declaraciones rendidas por Luz Andrea Alzate
Prisco, Maide María Zuluaga Quintero y Luz Inés Rodríguez Muriel, ni de forma completa
aquella de Claudia Yaneth Peña Ramírez, de la cual solo se tuvo en cuenta aquello que
perjudicaba a la demandante. Tampoco se tuvo en cuenta el desempeño laboral de la
demandante ni su calidad de madre cabeza de familia, ni la estabilidad laboral que le
asistía por haber laborado por más de veintidós años para el INPEC. Solicitó que fuera
revocada la condena en costas y que se incorporaran y analizaran seis pruebas
relacionadas con información sobre la vinculación de Támara Vélez Zapata4.

3.11.- Mediante sentencia del 3 de mayo de 2022, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia. Como
cuestión previa, consideró que no era viable acceder a la solicitud de decreto de las
nuevas pruebas allegadas por la demandante al momento de formular el recurso de
apelación. Luego, sostuvo que el acto administrativo demandado fue debidamente
motivado, la actora no probó su calidad de madre cabeza de familia y los cargos
relacionados con Támara Vélez Zapata fueron introducidos en el recurso de apelación,
de manera que su análisis implicaría una vulneración al principio de congruencia.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La actora considera que las autoridades accionadas incurrieron en tres defectos:
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

4.1.- En cuanto al defecto fáctico, aduce que no se analizaron las pruebas incorporadas
con el recurso de apelación, lo cual desconoció los numerales 3 y 4 del artículo 212 del

y dinero que recibía por su labor como pagadora; tampoco se preguntó si la demandante tenía los recursos para
finalizar sus estudios, lo que se vio truncado al ser retirada del cargo.>>.
4 <<I. Derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, solicitando información respecto de la señora Támara

Vélez Zapata. II. Respuesta al derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, en el cual se niega la solicitud de
información. III. Fallo de fecha 21 de abril de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ante el recurso
de insistencia, mediante el cual se ordenó dar respuesta a la información solicitada en el derecho de petición
presentado el 20 de febrero de 2017. IV. Derecho de petición de fecha 21 de marzo de 2017, mediante el cual se
solicita al Director General del INPEC información de la señora Támara Vélez Zapata. V. Oficio No. 85102-SUTAH-
GATAL-05593 del 20 de abril de 2017, mediante la cual se da respuesta al derecho de petición presentado el 21 de
marzo de 2017. VI. Oficio No. 537-DIR-GH-3370 del 03 de mayo de 2017, en el cual se da respuesta a tres de los
cuatro puntos del derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, ante la orden dada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por el recurso de insistencia>>.

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CPACA5, pues la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que las pruebas no
fueron aportadas con anterioridad debido a la demora del INPEC en responder las
solicitudes de la actora. Aduce que esas pruebas acreditan que el cargo del cual fue
removida no fue cubierto por ninguna de las personas que superaron el concurso de la
convocatoria No. 250 de 2012, sino que se nombró en provisionalidad a Támara Vélez
Zapata, quien no pasó el mencionado concurso.

4.1.1.- Afirma que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta su calidad de mujer
cabeza de familia, para lo cual menciona la clasificación Sisben IV y la ausencia del
padre de la menor, entre otras circunstancias que acreditan tal calidad. Considera que
esa calidad estuvo acreditada ante el INPEC a través de la declaración extrajuicio que
remitió a esa entidad. Agrega que en el proceso hubo declaraciones que probaban sus
condiciones de vulnerabilidad, pero que fueron estudiadas de forma parcial. Aclara que
nunca pretendió la vinculación de la señora Vélez Zapata al proceso judicial, como
equivocadamente entendió la autoridad judicial accionada

4.1.2.- Sostiene que no se estudió la protección para los funcionarios que ocupan cargos
en provisionalidad, máxime cuando trabajó por más de veinte años al servicio del
INPEC. Aduce que se le debió reincorporar a un cargo similar al que ocupaba, lo cual
era posible porque <<muchos de los que superaron el concurso para pagador,
renunciaron posteriormente al cargo>>. Alega que, al no procederse en ese sentido, se
vulneró su derecho al mínimo vital, pues ese trabajo era su único ingreso.

4.1.3.- Considera que no es cierto que todas las vacantes ofertadas en la convocatoria
No. 250 de 2012 hayan sido asumidas por personas que ganaron el concurso, pues
Támara Vélez Zapata, que ocupa uno de esos cargos, no ganó el concurso y fue
nombrada en provisionalidad, lo cual está probado por los oficios 85102-SUTAH-
GATAL-05593 del 20 de abril de 2017 y 85101-SUTAH-GATAL- del 2 de marzo de 2023.
Además, no se probó en el proceso judicial que el INPEC haya desplegado mecanismos
de protección en favor de la actora en su situación de debilidad manifiesta.

5 <<En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite

el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: […] 3. Cuando
versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero
solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en
la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria>>.

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4.2.- En cuanto al defecto sustantivo, precisa que se vulneró su derecho a la igualdad
porque Támara Vélez Zapata, quien se encontraba en condiciones similares a las suyas,
no fue desvinculada, como sí ocurrió con la actora. Añade que la interpretación de <<la
Ley 790 de 2002 fue muy pobre al no haber tenido en cuenta […] los precedentes
constitucionales y jurisprudenciales […] sobre el fuero especial reforzado de mujer
cabeza de familia>>.

4.3.- Sobre el desconocimiento del precedente, cita las siguientes sentencias
relacionadas con la protección de las mujeres cabezas de familia: sentencias del 186 y
257 de mayo de 2017 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en las cuales se
explica el marco normativo aplicable a la estabilidad laboral reforzada y su relación con
los derechos derivados de la carrera administrativa; sentencias T-326 de 2014, T-464
de 2019 y T-342 de 2021, que tratan sobre la estabilidad relativa de los funcionarios
nombrados en provisionalidad que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El INPEC (tercero con interés) solicita que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, pues los argumentos expuestos por la actora ya fueron debidamente resueltos
en el proceso ordinario. Agrega que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez por haber transcurrido más de seis meses desde que la actora conoció el
fallo atacado. Considera que tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad porque
la actora <<se encontraba en capacidad de acudir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa para resolver el conflicto de la presente acción de tutela>>. Aduce que la
CNSC actuó adecuadamente de conformidad con la Ley 909 de 2004 y el INPEC aplicó
debidamente el Decreto 1083 de 2015.

6.- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín (accionado) envió copia
digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 05001-33-33-002-2015-01401-00/01.

7.- El Tribunal Administrativo de Antioquia (accionado), pese a estar debidamente
notificado, guardó silencio.

6 Expediente No. 2016-02142-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Expediente No. 2017-00138-01. C.P. María Elizabeth García González.

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II. CONSIDERACIONES

8.- La Sala (i) negará el amparo solicitado con respecto al cargo relacionado con la falta
de decreto de las pruebas aportadas por la actora con su recurso de apelación en el
proceso ordinario. Por otra parte, (ii) se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se
declarará improcedente la acción de tutela con respecto a los demás cargos por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se reiteran
argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario 8. De
cualquier manera, se advierte que la tutela no podía prosperar por las razones que se
exponen a continuación.

9.- Aunque la tutela se interpuso contra las sentencias del Juzgado Segundo
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, solo se hará
referencia a la providencia proferida por esta última autoridad el 3 de mayo de 2022,
pues con ella se resolvió en segunda instancia y de manera definitiva el proceso
ordinario objeto de análisis en este fallo de tutela.

10.- En cuanto a los cargos relacionados con el defecto fáctico, distintos a aquel sobre
las pruebas allegadas con el recurso de apelación –que se analiza más adelante–, no
se aprecia su configuración. Primero, con respecto al presunto defecto por no analizarse
la situación de Támara Vélez Zapata, el tribunal accionado encontró que no era posible
analizar los aspectos relacionados con el nombramiento de esa persona porque: (i) en
el acto demandado en el proceso ordinario no se hace alusión a esa persona; (ii) la
apelante indicó que no cuestiona la no aceptación del cargo por parte de Carlos Antonio
Becerra Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC en el que se nombró
como pagadora a Támara Vélez Zapata, acto que no obra en el expediente, no fue
atacado de nulidad dentro de ese proceso, y no se logró concatenar con el debate bajo
la figura de un nuevo hecho nacido con posterioridad a la presentación de la demanda;
y (iii) de analizarse dicho aspecto, se vulneraría el principio de congruencia, pues ese
punto no fue expuesto en la demanda ni su reforma9.

8 El magistrado ponente advierte que considera que estos cargos deben estudiarse de fondo porque la accionante

alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital
e igualdad, y desarrolla los defectos que considera configurados en la decisión atacada: fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se
reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
9 <<[…] simplemente se trajo a colación al momento de formular los alegatos de conclusión, sin que cómo se ha

reiterado, se haya logrado establecer una correlación evidente, entre el acto acusado y el acto que nombró a la

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la improcedencia con respecto a los demás

11.- En la misma línea, esta Sala observa que, con respecto a los argumentos
relacionados con la configuración de un defecto sustantivo por violación al principio de
igualdad con respecto a la situación jurídica de Támara Vélez Zapata, no se configura
defecto alguno, pues la actora no planteó ese debate en el proceso ordinario, y solo
pretendió incorporar estos nuevos argumentos con el recurso de apelación, lo cual
vulnera el principio de congruencia y habilitaba al juez para substraerse de su análisis.

12.- Ahora bien, en lo que corresponde a los demás cargos por defecto fáctico, estos
tampoco prosperan. Con respecto a la situación de Carlos Antonio Becerra Arango, el
tribunal explicó que, si bien los participantes de la convocatoria 250 de 2012 conocían
las sedes vacantes, dicho aspecto no determina el lugar donde quienes aprobaron la
convocatoria tomarían posesión del cargo, pues para ello el Acuerdo 297 de 2012
estableció el procedimiento de <<audiencias públicas para escogencia de vacantes
ubicadas en diferentes sedes de trabajo>>.

12.1.- Allí se prevé que cuando el aspirante no asista a la audiencia, se le asignará la
sede más cercana al lugar donde presentó el examen, sin perjuicio de que, si se
presenta con posterioridad, pueda optar por aceptar la plaza asignada o escoger alguna
otra de las vacantes que para ese momento se encuentren disponibles. Por esto, la
aceptación o no del cargo es un acto posterior que no vicia el acto de
nombramiento.

12.2.- Este hecho también denota que el cargo a proveer hacía parte de la planta global
de la entidad demandada y, por ende, si bien los concursantes pudieron tener en cuenta
dicho aspecto al momento de aspirar al mismo, también tenían claro que ello dependería
del lugar que ocuparan en la lista de elegibles. En consecuencia, el acto tampoco
estaría viciado incluso si el señor Becerra Arango no hubiera aceptado otro cargo,
asignado a este seguramente ante su no oportuna comparecencia a la audiencia de
escogencia de vacantes, pues es ello era algo discrecional de cada participante.

13.- Sobre la indebida valoración de pruebas testimoniales que supuestamente
acreditaban la condición de madre cabeza de familia de la actora, el tribunal accionado
aclaró que valoró los testimonios del proceso bajo las reglas de la sana crítica, por lo

referida señora Vélez Zapata, y respecto de la cual por demás no se conoce si se encontraba o no catalogada como
una de aquellas personas cobijada por algún factor de protección que no permitía su desvinculación>>.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00
Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz
Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara
la improcedencia con respecto a los demás

que el descontento de la actora sobre las conclusiones alcanzadas solo reflejaba la
intención de trasladar la carga de la prueba al juez al indicar que este no efectuó una
indagación más profunda de los testigos. Este análisis se considera adecuado y no se
aprecia defecto alguno en la valoración de los testimonios, máxime cuando la actora no
especifica en qué medida dicha valoración fue inadecuada, y solo argumenta que se
debió indagar de forma diferente.

13.1.- En consecuencia, quien tenía la responsabilidad de demostrar la condición de
madre cabeza de familia era la demandante, máxime cuando ello era uno de los
principales argumentos esgrimidos en el concepto de la violación. Por esto, el tribunal
accionado no encontró acreditados los parámetros que la Corte Constitucional ha
definido al respecto10. Se aclara que esta omisión probatoria no puede subsanarse en
sede de tutela con nuevos argumentos y pruebas no expuestas en el marco del proceso
ordinario.

13.2.- Además, el tribunal accionado precisó de forma adecuada que la entidad
demandada, antes de iniciar los nombramientos en propiedad de las personas que
pasaron con éxito el concurso de méritos, dispuso un procedimiento para establecer
cuáles de las personas que se encontraban nombradas en provisionalidad ostentaban
una condición especial, como ser madre cabeza de familia; la actora se postuló, pero
ello no fue aceptado por la entidad demandada. Se comparte la apreciación del tribunal
accionado, según la cual el solo hecho de indicar que se ostenta una calidad especial
no implica, per se, que esta se reconozca, pues esa aseveración debe ser probada, lo
cual no ocurrió en el caso concreto.

14.- En lo que respecta al <<retén social>> contenido en el artículo 12 de la Ley 790 de
200211, aplicable a aquellos servidores públicos que ostenten una condición especial y
estén próximos a pensionarse, la parte actora no logró acreditar que tuviese la calidad
de prepensionada ni que con su retiro se vulneraran derechos fundamentales como el
mínimo vital. En el proceso se encontró acreditado que, para ese momento, la actora
llevaba 18 meses laborando por horas, lo que le daba un ingreso económico adicional
al aporte que recibe del padre de su hija para su manutención, y no aportó soporte

10 Corte Constitucional. sentencias SU-388 de 2005, T-420 de 2017 y T-003 de 2018.
11 <<De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio

en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa
económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad
de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres
(3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley>>.

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz
Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara
la improcedencia con respecto a los demás

alguno que lleve a establecer que dichos ingresos resultaban insuficientes para sufragar
los gastos del núcleo familiar12.

15.- El tribunal agregó que la lista de elegibles elaborada como resultado de la
convocatoria No. 250 de 2012 arrojó un número de aspirantes superior al número de
vacantes ofertadas para el cargo de <<pagador código 4173 grado 20>>, de manera
que no era viable que la demandada conservara o reubicara a la demandante en otra
sede. También precisó que la actora fue nombrada en provisionalidad, nombramiento
que puede durar hasta tanto se supere la situación que lo originó, lo cual acaeció con la
finalización del concurso de méritos de la convocatoria No. 250 de 2012, con ocasión de
la cual se dio el nombramiento de Carlos Antonio Becerra Arango y la consecuente
desvinculación de la demandante.

16.- Por último, sobre el desconocimiento del precedente alegado, se observa que el
tribunal accionado basó su interpretación en las sentencias de unificación 446 de 2011
y 917 de 2017 de la Corte Constitucional, en las cuales se analizó la estabilidad relativa
de los servidores en provisionalidad, la necesidad de motivar los actos de retiro y el trato
preferencial que se debe dar a las mujeres cabeza de familia. De igual forma, citó dos
sentencias del Consejo de Estado13 y otra de la Corte Constitucional14 para explicar el
alcance del retén social. Además, las reglas jurídicas de las sentencias citadas por la
actora en su escrito de tutela no tienen entidad suficiente para variar la decisión
alcanzada por la autoridad accionada, pues el supuesto de hecho que permite su
aplicación –condición de madre cabeza de familia– no fue acreditado en el proceso
ordinario atacado.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales con respecto al cargo
relacionado con las pruebas aportadas con el recurso de apelación del proceso
ordinario

12 Además, si bien no se demostró la configuración de las situaciones fácticas previstas por el <<retén social>>, este

tampoco resultaría aplicable porque la desvinculación no se originó en una restructuración en la Administración
Pública o de una liquidación forzosa administrativa, sino del nombramiento de una persona que es titular de un cargo
de carrera administrativa.
13 Consejo de Estado. Sentencia del 15 de abril de 2010. Radicado No. 2010-00278-01. C.P. Bertha Lucía Ramírez

de Páez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 29 de febrero de 2016. Expediente No
05001233300020120028.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 31 de octubre 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

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17.- Los requisitos se cumplen pues: i) la actora indicó de manera clara los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos fundamentales a la
seguridad social, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital e igualdad, y se identifica el
defecto en el que habría incurrido la providencia acusada (fáctico)15; iii) se encuentra
cumplido el requisito de subsidiariedad porque la parte actora utilizó todos los
mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales
antes de acudir al juez de tutela; iv) la solicitud se presentó en un término prudencial
(inmediatez), puesto que la providencia cuestionada se profirió el 3 de mayo de 2022,
fue notificada el 19 de septiembre de 2022 y la tutela se presentó el 6 de marzo de 2023,
es decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación 16
como por la Corte Constitucional17; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.

F. No se configura el defecto fáctico alegado porque el Tribunal Administrativo de
Antioquia concluyó de forma adecuada que el decreto de las pruebas allegadas
por la demandante con el recurso de apelación no era viable

18.- Se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que la oportunidad
para allegar nuevas pruebas en segunda instancia es dentro del término de ejecutoria
del auto que admite el recurso, lo cual en su criterio no se dio en el presente asunto,
pues si bien se hizo la solicitud, esta no fue dentro de la oportunidad establecida para el
efecto. Esta Sala observa que la actora allegó las referidas pruebas con su escrito de
apelación, esto es, antes del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de
apelación. En consecuencia, no se comparte la interpretación del tribunal accionado
según la cual esa solicitud probatoria <<no fue dentro de la oportunidad establecida para
el efecto>>, pues se observa que fue anterior al término de la ejecutoria del auto. Sin
embargo, no se aprecia la configuración de un defecto en este sentido, pues el tribunal
accionado planteó otros argumentos que sí permitían abstenerse del decreto de las
referidas pruebas.

15 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el cargo es de evidente relevancia constitucional porque

no fue objeto de análisis en el proceso ordinario, pues el reparo se origina en la providencia de segunda instancia en
tanto allí fue donde el Tribunal Administrativo de Antioquia no decretó las pruebas incorporadas por la actora en su
escrito de apelación. La actora no pudo exponer este cargo en su escrito de apelación, pues la omisión en el
mencionado decreto fue posterior a su recurso.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ),

C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00
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18.1.- En efecto, el tribunal analizó el argumento según el cual la actora no pudo aportar
las referidas pruebas –relacionadas con la situación jurídica de Támara Vélez Zapata–
por culpa del INPEC, por lo cual se configuraba la causal 4 del artículo 212 del CPACA.
Al respecto, sostuvo adecuadamente que dichos documentos no hacían parte de las
solicitudes probatorias indicadas en la demanda ni en la reforma.

18.2.- Precisó que en la demanda y su reforma se alegó que el acto atacado no cumplió
con los lineamientos referentes a la protección laboral reforzada, la condición de ser
madre cabeza de familia, y que este no precisó la ubicación geográfica del cargo a
proveer. El tribunal consideró que las nuevas solicitudes probatorias no tenían relación
con los cargos planteados en el proceso. Sostuvo que de avalarse lo solicitado se estaría
frente a una nueva reforma de la demanda al incorporarse un nuevo cargo, lo cual
además requeriría la vinculación de Támara Vélez Zapata, pues la decisión que se
tomara bajo esos fundamentos la afectaría de forma directa.

18.3.- Añadió que el artículo 281 del CGP18 no permite mutar la demanda y atacar un
acto administrativo diferente al que originó el debate o corregir defectos probatorios, esto
en cuanto la actora indicó en el recurso de apelación que no cuestiona la no aceptación
del cargo por parte de Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto administrativo
expedido por el INPEC, con el cual se nombró pagadora a Támara Vélez Zapata. Lo
anterior, máxime porque (i) el nombramiento de Támara Vélez Zapata no obra en el
plenario, (ii) el acto administrativo en discusión no hace alusión a la referida señora
Vélez Zapata y (iii) no se allegó prueba que permita establecer correlación entre ese
hecho y lo discutido en el proceso19. Se considera adecuado el análisis desplegado por
el tribunal accionado, pues la actora pretendió incorporar pruebas no relacionadas con
el objeto del litigio, de manera que no había lugar a su decreto.

18 <<[…] En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el

cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio […]>>.
19 <<[…] tales como: que la forma en que el INPEC organizó los cargos globales vacantes, versus los ganadores del

concurso, tuvo algún tipo de irregularidad; o que el traslado de la señora Vélez Zapata tuvo su origen en la aceptación
del cargo que ésta ocupaba por alguno de los ganadores del concurso; o que su traslado se dio inmediatamente y
tras la terminación del nombramiento de la demandante; o que era quien se encontraba desarrollando sus funciones
en el lugar donde Carlos Antonio Becerra Arango fue designado, etc., de forma que se evidenciara una relación directa
en virtud de la cual se pudiera considerar como un nuevo hecho, y no como una mutación procesal, al atacar un acto
administrativo diferente>>.

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz
Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara
la improcedencia con respecto a los demás

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados
por la accionante en relación con el cargo por el no decreto de las pruebas aportadas
por la actora con su recurso de apelación en el proceso ordinario.

SEGUNDO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE con respecto a los demás cargos por falta
de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Ausente con permiso
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto

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