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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01173-01

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01173-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el numeral primero de la sentencia del 14 de abril de 2023. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción de tutela en cuanto al defecto fáctico alegado, por las razones expuestas en la presente decisión. 3. Confirmar en lo demás la providencia impugnada. 4 En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establece: “Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.” 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01 Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01173-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

15 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01
Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01
Demandante: ROSA INÉS OSPINA MUÑOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: DESVINCULACIÓN DE CARGO EN PROVISIONALIDAD
COMO CONSECUENCIA DE NOMBRAMIENTO DE
REGISTRO DE ELEGIBLES. MADRE CABEZA DE
HOGAR – REQUISITOS GENERALES

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia
del 14 de abril de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que resolvió:
“PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por
la accionante en relación con el cargo por el no decreto de las pruebas aportadas por la actora
con su recurso de apelación en el proceso ordinario.
SEGUNDO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE con respecto a los demás cargos por falta de
relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz. (…)”
I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Rosa Inés Ospina Muñoz, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Segundo Administrativo
de Medellín, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“1. Se revoquen las decisiones tomadas en sentencias de fecha 21 de noviembre de 2018 y
del 03 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Medellín -Antioquia- y el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisión-
respectivamente, dentro del radicado No.2015-01401
2. Como consecuencia de la petición primera, se ordene al INPEC a reintegrarme al puesto
de Pagadora Grado 20 Código 4173 o a un puesto de equivalente al que ocupaba al momento
de mi declaratoria de insubsistencia.
3. Solicito se declare la no solución de continuidad y en su defecto, me sean cancelados todos
los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha 18 de agosto de 2015,
hasta la fecha de ejecutoria del presente fallo.
4. Le solicito se accedan a las demás pretensiones invocadas en el libro de demanda
presentado en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquia.”

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Rosa Inés Ospina Muñoz ingresó, en provisionalidad, al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y el 7 de febrero de 2011
fue nombrada en provisionalidad en el cargo de pagador código 4173, grado 20 del
establecimiento penitenciario de mediana seguridad Bellavista en Medellín.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) realizó la convocatoria
núm. 250 de 2012 para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera
de la planta del personal administrativo del INPEC, entre los que se ofertó el cargo
desempeñado por la actora.

La CNSC, el 5 de septiembre de 2014, expidió la Resolución núm. 1827, por la cual
conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer 57 vacantes del empleo
denominado “pagador código 4173, grado 20” del sistema específico de carrera
administrativa del INPEC. La lista fue conformada por 109 personas. La
demandante, aunque participó en la convocatoria, no formó parte de la lista de
elegibles porque no superó el puntaje requerido.

Mediante oficio del 21 de marzo de 2015, la subdirectora de la Oficina de Talento
Humano del INPEC informó que existían algunos factores de protección para los
empleados que no superaron la convocatoria y que se aplicarían en el trámite de
vinculación de empleados de carrera, entre los que se encontraba la condición de
padre o madre cabeza de familia, situación que debía comunicarse antes del 27 de
marzo 2015.

Por Resolución núm. 002311 del 30 de junio de 2015, el INPEC terminó el
nombramiento en provisionalidad de la actora y le informó que ese cargo sería
ocupado por el señor Carlos Antonio Becerra Arango, quien se encontraba en la
lista de elegibles prevista en la Resolución núm. 1827 de 2014.

No obstante, la actora indicó que reportó verbalmente al INPEC que ostentaba el
fuero de protección de madre cabeza de familia, y el 27 de julio de 2015 envió
declaración extra juicio en la cual afirmó que tenía esa condición, de conformidad
con la Ley 82 de 1993 y el 18 de agosto de 2015, y por el INPEC por medio de
oficio núm. 15353 el INPEC, informó a la actora que el factor de protección de
madre cabeza de familia invocado no le era aplicable, pues el número de aspirantes
fue superior al número de vacantes a proveer.

Debido a lo anterior, la señora Ospina Muñoz presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el INPEC con la finalidad de que se dejara sin
efecto la Resolución núm. 002311 del 30 de junio de 2015 y, como restablecimiento
del derecho, se ordenara el reintegro al cargo que ostentaba al considerar que el
acto administrativo incurrió en falsa motivación e infracción de la norma superior en
que debía fundarse.

El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, en sentencia del 21 de noviembre
de 2018, negó las pretensiones del medio de control al estimar que no se acreditó
la falsa motivación puesto que en la resolución se estableció que el motivo del retiro

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

obedeció al nombramiento en propiedad de una persona que aprobó el concurso
de méritos.

Sostuvo, además, que la señora Ospina Muñoz no se encontraba amparada por la
Ley 790 de 2002, es decir, estabilidad laboral reforzada, porque la desvinculación
no se dio como consecuencia de reestructuración o modernización en la
administración o de una liquidación forzosa administrativa, sino como consecuencia
del nombramiento de un integrante de la lista de elegibles y agregó que la
protección constitucional no se configura con la simple afirmación de ser madre
cabeza de familia, sino que debe acreditarse.

La referida decisión fue apelada por la actora en la medida que el cargo no fue
apelado por un miembro de la lista de elegibles sino por otra funcionaria en
provisionalidad, mencionó que no se analizó si el acto atacado afectó su mínimo
vital a la luz de su avanzada edad y conforme a lo expuesto en la sentencia T-638
de 2016. Agregó que estuvo nombrada más de veinte años en provisionalidad,
cuando dicho encargo no puede pasar de seis meses. Frente a la condición de
madre cabeza de familia, sostuvo que el juez basó su posición en el interrogatorio
de la demandante, en el que manifestó que el padre de la menor se hacía cargo de
la manutención de ésta.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 3 de mayo de
20221, confirmó la decisión al considerar que el acto administrativo demandado fue
debidamente motivado, que la actora no probó su calidad de madre cabeza de
familia, que no fue desvirtuada la presunción de legalidad con la que cuentan los
actos administrativos y que, además, la actora propuso nuevos argumentos en el
recurso de apelación y que, por ende, su análisis implicaría una vulneración al
principio de congruencia.

3. Argumentos de la acción de tutela

La actora indicó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Precisó que no se
analizaron las pruebas incorporadas con el recurso de apelación, lo cual
desconoció los numerales 3 y 4 del artículo 212 del CPACA, por cuanto en el trámite
de apelación pueden ser solicitadas y aportadas y el tribunal no tuvo en cuenta que
las pruebas no fueron aportadas con anterioridad debido a la demora del INPEC en
responder las solicitudes por ella presentadas.

Señaló que la importancia de tener en cuenta las pruebas aportadas radicaba en
que de ellas se podía acreditar que el cargo del que fue removida no fue provisto
con alguna de las personas que integraban la lista de elegibles de la convocatoria
núm. 250 de 2012, sino con la señora Támara Vélez Zapata, quien no superó las
etapas del referido concurso.

Además, explicó que no se tuvo en cuenta que tiene la calidad de mujer cabeza de
familia, para lo cual mencionó que tiene clasificación Sisbén IV y que no cuenta con
la ayuda el padre de la menor, circunstancias que acreditan tal calidad y que fueron

1 La referida decisión fue notificada el 19 de septiembre de 2022.

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expuestas ante el INPEC y demostradas con la declaración extraproceso que
remitió a esa entidad.

Adujo que no se probó en el proceso judicial que el INPEC hubiera desplegado
mecanismos de protección en su favor por la situación de debilidad manifiesta, más
aún, al verse afectado el mínimo vital, pues el trabajo era el único medio que le
permitía tener un ingreso. Adicionalmente, sostuvo que no tuvo en cuenta su
desempeño laboral ni las declaraciones rendidas por las señoras Luz Andrea Álzate
Prisco, Maide María Zuluaga Quintero, Luz Inés Rodríguez Muriel y Claudia Yaneth
Peña Ramírez.

Frente al defecto sustantivo, argumentó que se encuentra probada la vulneración
del derecho fundamental a la igualdad porque la señora Támara Vélez Zapata,
quien se encontraba en condiciones similares a las suyas, no fue desvinculada. Lo
que le permite concluir que la interpretación de la Ley 790 de 2002 “fue muy pobre
al no haber tenido en cuenta los precedentes constitucionales y jurisprudenciales
sobre el fuero especial reforzado de mujer cabeza de familia”.

Finalmente, señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial
porque no se tuvieron en cuenta las sentencias de tutela proferidas el 18 y 25 de
mayo de 2017 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en las cuales se
explicó el marco normativo aplicable a la estabilidad laboral reforzada y su relación
con los derechos derivados de la carrera administrativa; así como las sentencias
de la Corte Constitucional T-326 de 2014, T-464 de 2019 y T-342 de 2021, que
tratan sobre la estabilidad relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad
que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

4. Oposiciones

El Juzgado Segundo Administrativo de Medellín remitió el expediente de forma
digital y no se pronunció frente a la solicitud de amparo.

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

5. Intervenciones

El INPEC, en calidad de tercero con interés, solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela porque los argumentos expuestos por la actora ya fueron
debidamente resueltos en el marco del proceso ordinario y, por tanto, se evidencia
que pretende convertir la solicitud de amparo en una instancia adicional.

Indicó que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, por haber transcurrido más de seis meses desde que la actora
conoció el fallo atacado y porque “se encontraba en capacidad de acudir ante la
jurisdicción para resolver el conflicto planteado en la acción de tutela”.

Finalmente, solicitó desvincular a la entidad en la medida que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la demandante.

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6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en providencia del
14 de abril de 2023, negó el amparo al considerar que no se incurrió en defecto
fáctico dado que el tribunal demandado fue claro al indicar que no era procedente
tener en cuenta las nuevas pruebas aportadas por la demandante en la apelación.

Precisó que el tribunal consideró que las nuevas solicitudes probatorias no tenían
relación con los cargos planteados en el proceso y que, de avalarse lo solicitado,
se estaría frente a una nueva reforma de la demanda al incorporarse un nuevo
cargo y conforme al artículo 281 del CGP, no se permite mutar la demanda y atacar
un acto administrativo diferente al que originó el debate o corregir defectos
probatorios.

Lo anterior, dado que la demandante en el recurso de apelación indicó que no
cuestionaba la no aceptación del cargo por parte de Carlos Antonio Becerra Arango,
sino el acto administrativo expedido por el INPEC, con el cual se nombró́ pagadora
a Támara Vélez Zapata.

Explicó que era adecuado el análisis desplegado por el tribunal demandado, dado
que la actora pretendió incorporar pruebas no relacionadas con el objeto del litigio,
de manera que no había lugar a su decreto.

Frente a los argumentos adicionales alegados por la demandante, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que la misma no cumple con el
requisito de relevancia constitucional dado que se reiteran argumentos que fueron
planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

7. Impugnación

La demandante impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos
del escrito inicial y afirmó que la desvinculación implicó una afectación a su mínimo
vital y al de su hija, quien está bajo su cargo, dado que el salario que devengaba
por el puesto que ocupaba al interior del INPEC, constituía su único sustento
económico.

Adujo que los jueces de primera y segunda instancia, únicamente se dedicaron a
copiar los apartes donde las testigos manifestaron que la suscrita trabajaba por
días, pero no de su condición de madre cabeza de familia la cual, a su juicio, se
encontraba probada con la declaración juramentada y el certificado de que
pertenece al Sisbén en el grado de pobreza extrema la no fue objeto de
pronunciamiento.

Expresó que la acción de tutela resulta procedente porque las autoridades
demandadas desconocieron la estabilidad laboral reforzada de la que goza, debido
a su condición de debilidad manifiesta por su calidad de madre cabeza de familia,
pues, como lo explicó, aun cuando los empleados en provisionalidad no tienen
derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, las entidades deben
considerar las condiciones particulares de cada caso y propender por la protección
de las personas en condición especial.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala
que preliminarmente debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la
sentencia de segunda instancia del 3 de mayo de 2022, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2015-01401-01, el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos alegados por la tutelante, al
confirmar la decisión de negar las pretensiones del medio de control al considerar
que el acto administrativo demandado no incurrió en falsa motivación y no se
encontró probada la condición de madre cabeza de familia de la actora.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, para que

2 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, la demandante insiste en los argumentos
propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Rosa Inés Ospina Muñoz
propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanto contra, el INPEC.

Si bien, la demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron
derechos fundamentales e incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, en últimas, lo que
pretende la demandante es que se reabra el debate surtido en el proceso con
radicado 2015-01401-01, el cual concluyó que no había lugar a acceder a las
pretensiones del medio de control.

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

La Sala observa que la señora Rosa Inés Ospina Muñoz demandó al INPEC, con
el objeto de que se declarara nulo el acto administrativo que terminó su
nombramiento, en consecuencia, se ordenara su reintegro y el reconocimiento y
pago de los emolumentos dejados de percibir, dado que a su juicio la entidad
demandada no tuvo en cuenta que debido a condición de madre cabeza de familia
goza de estabilidad laboral reforzada.

La demanda del medio de control estuvo fundamentada en que “la entidad
accionada al emitir el acto atacado no cumplió con los lineamientos legales,
jurisprudenciales y constitucionales referentes a la protección laboral reforzada de
los empleados en provisionalidad, como lo es la condición de ser madre o padre
cabeza de familia, ni precisó la ubicación geográfica del cargo a proveer, lo que lo
afecta de nulidad el acto.”

Además, en esa oportunidad pidió que se aplicaran las sentencias C-040 de 1995,
T-326 de 2014, C-640 de 2012, SU- 446 de 2011, T-102 de 2012, T-768 de 2005,
C-184 de 2003, T-1183 de 2005, SU-913 de 2009 y SU-917 de 2010.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora Rosa Inés Ospina Muñoz
propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho donde es demandante. Si bien la demandante alega
que las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es
que se reabra el debate jurídico sobre la legalidad del acto que dio por terminado
su nombramiento en provisionalidad en el entendido de que a su juicio no se tuvo
en cuenta de que goza de estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de
familia.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio de control
(resumido en la providencia de segunda instancia), la actora sostuvo lo siguiente:

«La PARTE DEMANDANTE interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
sustentando su oposición frente a la providencia impugnada con base en los siguientes argumentos:

Sostiene que el acto demandado si fue emitido con falsa motivación, toda vez que de acuerdo a la convocatoria
250 de 2012 los aspirantes a ocupar el cargo sabían de antemano la plaza o vacantes por la cual iban a concursar;
en el caso de la vacante del cargo de pagador código 4173 grado 20 para el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Medellín (Bellavista) y no de pedregal; vacante que no fue aceptada por el señor Carlos Antonio
Becerra Arango.

Expone, que el cargo vacante no fue aceptado por ninguno de los aspirantes, por lo que el INPEC se vio en la
necesidad de trasladar de otro establecimiento a la funcionaria en provisionalidad Támara Vélez Zapata, la cual
por demás también se presentó a la convocatoria en mención y no pasó, situación que no fue analizada, ni tenida
en cuenta pese a que obra en el proceso el oficio No. 8512-SUTAH-GATAL- 05593 de fecha 20/04/2017, emanado
de la Subdirección de Talento Humano del INPEC, es decir, reemplazando el cargo de la demandante con otra
funcionaria que ostentaba el cargo en provisionalidad y que tampoco pasó la convocatoria.

Considera que si es posible atacar un acto administrativo por causa posterior a su expedición, pues ya nació a la
vida jurídica, aclarando que no está atacando la no aceptación del cargo por parte del señor Carlos Antonio Becerra
Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC, con el cual se nombró como pagadora a la señora
Támara Vélez Zapata, funcionaria que al igual que la demandante ostentaba la calidad de provisionalidad, lo cual
acreditará con la documentación probatoria que aporta con el presente recurso.

Así mismo, respecto del cargo de infracción de norma superior en que debía fundarse, argumenta que no se t uvo
en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales que sobre el tema ha realizado la H. Corte Constitucional, citando
la sentencia T-638 de 2016, por lo que la interpretación efectuada por la a quo, de la Ley 790 de 2002 fue muy
pobre, al no analizar si a la demandante con el acto administrativo que declaró su insubsistencia se le estaba
afectando el mínimo vital, y que su edad es un indicador de la falta de probabilidades de integrarse al mercado
laboral.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-01
Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

Refiere que la sentencia recurrida desconoció los derechos de carrera, y los derechos amparados por el
nombramiento en provisionalidad, toda vez que, del material probatorio, se evidencia que la demandante sobrepasó
los 20 años nombrada en provisionalidad, cuando dicho encargo no puede pasar de 6 meses.

Frente a la condición de madre cabeza de familia, alude que la juez basó su argumento en el interrogatorio de parte
rendido dentro del proceso por la demandante donde manifestó que el padre de la menor se hacía cargo de la
manutención de ésta, y en la declaración de la señora Claudia Yaneth Peña Ramírez, quien indicó que la
demandante labora en un depósito por horas, hacía 18 meses, y que se encontraba terminando noveno semestre
de administración financiera; sin haber efectuado una indagación más profunda conforme los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional, esto es, preguntando acerca de la suma de dinero que le aportaba el
padre de la menor, la situación económica de este, el cual por demás tiene dos hijos más y un hogar para sostener,
la situación económica de la demandante, el estado afectivo y de ánimo de la menor al verse cohibida de muchas
cosas o elementos necesarios para su crianza, por la desvinculación laboral del INPEC de su madre.

Ello, sin valorarse el hecho que la demandante solo trabajaba por horas y cada vez que la necesitaban, sin
establecerse por parte del despacho, ni por la parte demandada, la periodicidad con que laboraba, el número de
horas, y la remuneración obtenida, la cual por demás no es comparable con la devengada en el INPEC. Tampoco
se ha considerado que la demandante inició sus estudios en administración financiera cuando se encontraba
laborando para el INPEC, con el fin de darse y darle a su hija una mejor calidad de vida, y ello era posible gracias
a los ahorros y dinero que recibía por su labor como pagadora; tampoco se preguntó si la demandante tenía los
recursos para finalizar sus estudios, lo que se vio truncado al ser retirada del cargo.

Por otro lado, indica que contrario a lo expresado en la sentencia, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, si violó la norma superior, toda vez que ante la no aceptación del cargo de pagador código 4173
grado 20 por parte del señor Carlos Antonio Becerra Arango, y luego de estar un año vacante el cargo, y en lugar
de haber nombrado a otro de los integrantes de la lista de elegibles, nombró a la señora Támara Vélez, quien
ostentaba calidad de provisionalidad y tampoco pasó el proceso de selección.

Finalmente, argumenta que se incurrió en un defecto fáctico, al no valorarse en su integridad el material probatorio,
esto es, sin tener en cuenta las declaraciones rendidas por las señoras Luz Andrea Álzate Prisco, Maide María
Zuluaga Quintero, Luz Inés Rodríguez Muriel; ni de forma completa la declaración de la señora Claudia Yaneth
Peña Ramírez, de la cual solo se tuvo en cuenta aquello que perjudicaba a la demandante. Ni tener en cuenta el
desempeño laboral de la demandante, ni la protección especial de madre cabeza de familia, y desconociéndose la
estabilidad laboral por haber laborado por más de 22 años para el INPEC.

Adicionalmente, solicita sea revocada la condena en costas y agencias en derecho impuestas en la primera
instancia, pues no existen elementos que justifiquen erogaciones por dichos co nceptos.

A parte de lo anterior, solicita se aprecien, estudien, analicen e incorporen al proceso las siguientes pruebas:

I. Derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, solicitando información respecto de la señora Támara Vélez
Zapata.
II. Respuesta al derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, en el cual se niega la solicitud de información.
III. Fallo de fecha 21 de abril de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ante el recurso de
insistencia, mediante el cual se ordenó dar respuesta a la información solicitada en el derecho de petición
presentado el 20 de febrero de 2017.
IV. Derecho de petición de fecha 21 de marzo de 2017, mediante el cual se solicita al director general del INPEC
información de la señora Támara Vélez Zapata.
V. Oficio No. 85102-SUTAH-GATAL-05593 del 20 de abril de 2017, mediante la cual se da respuesta al derecho
de petición presentado el 21 de marzo de 2017.
VI. Oficio No. 537-DIR-GH-3370 del 03 de mayo de 2017, en el cual se da respuesta a tres de los cuatro puntos
del derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, ante la orden dada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por el recurso de insistencia. (…)». (Subraya de la Sala)

Por su parte, en la demanda de tutela, la señora Rosa Inés Ospina Muñoz dijo que
la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria dado que a
su juicio se encontraba debidamente probada su condición de madre cabeza de
familia, en defecto sustantivo al considerar que a su juicio se realizó una
interpretación “muy pobre” de lo señalado en la Ley 790 de 2002.

De igual forma afirmó que también incurrió en desconocimiento del precedente
porque desconoció, además de las sentencias de la Corte Constitucional invocadas
en la demanda y el recurso de apelación, las sentencias T-373 de 2017, T-159 de
2012, T-605 de 2013, y T-464 de 2019, T-342 de 2021, así como las sentencias
dictadas dentro de acciones de tutela el 18 de mayo de 2017 y el 25 de mayo de
2017, por la Sección Primera de esta Corporación en las que se efectuó un estudio
acerca del derecho a la estabilidad laboral reforzada.

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

Como se ve, al margen de que la demandante esté alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que
las citó en la demanda y en el recurso de apelación que formuló inconformidades
contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Medellín, que denegó las pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar
que sí debió declarar nulo el acto administrativo demandado en la medida en que
se encuentra cobijada por estabilidad laboral reforzada con ocasión a su condición
de madre cabeza de familia.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en providencia del 3 de mayo de 2022, que en lo que interesa, consideró:

«(…) 2. PROBLEMA JURÍDICO.
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
se ajusta a derecho atendiendo a los cargos formulados en la demanda y su reforma, o si por el contrario como lo
sostiene la parte demandante debe ser revocada; en consecuencia, declarar la nulidad parcial de la resolución
número 002311 del 30 de junio de 2015 en su artículo tercero; y a título de restablecimiento del derecho, se
restablezca el derecho; se ordene el reintegro; y se cancelen todos los salarios y demás prestaciones desde la
terminación del nombramiento hasta se dicte la sentencia.

Para lo anterior se deberá determinar si la terminación del nombramiento en provisionalidad del cargo
desempeñado por la actora, se realizó de acuerdo a los parámetros legales y jurisprudenciales fijados para el
efecto, o si por el contrario como lo aduce la recurrente, la administración expidió el acto administrativo con falsa
motivación, infracción de las norma superior en que debía fundarse, y sin tener en cuenta la condición de madre
cabeza de familia, estabilidad laboral violación al debido proceso y, en consecuencia, establecer si el fallo d e
primera instancia debe ser revocado, modificado o confirmado.

3. CUESTIÓN PREVIA.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, debe la Sala pronunciarse respecto de las solicitudes probatorias
efectuadas por la parte demandante, en el escrito de apelación, y reiterados posterior a su concesión, y en los
alegatos de conclusión de segunda instancia.

En este orden, se tiene que el artículo 212 del C.P.A.C.A. establece:

“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pr uebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la
cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o
podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite
el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante
o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, dejaron de practicarse sin culpa de la parte que las pidió, pero solo
con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para
practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.”

De lo anterior, se evidencia que la norma referida establece de forma estricta que para que sean apreciadas las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados, lo que para el caso de la segunda instancia es dentro del término de ejecutoria del auto que admite el
recurso, lo cual no se dio en el presente asunto, habida cuenta que si bien se hizo la solicitud, esta no fue dentro
de la oportunidad o etapa procesal establecida para el efecto.

Además, es de precisar que si bien la parte actora aduce que dicha documentación no pudo ser aportada por culpa
del INPEC y que tuvo que acudir al recurso de insistencia para acceder a la misma, ello con el propósito de soportar
su petición en el aparte final del numeral 4 de la referida norma, dichos documentos no hacían parte de las
solicitudes probatorias indicadas en demanda, ni en la reforma; ni mucho menos se hizo mención alguna en los
hechos de la demanda o su reforma que dieran pie a pesar en la necesidad de decretar dichas pruebas de forma
oficiosa.

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

Aunado a lo anterior, se advierte que la demanda fue instaurada y reformada alegando que el acto atacado no
cumplió con los lineamientos legales, jurisprudenciales y constitucionales, referentes a la protección laboral
reforzada, la condición de ser madre o padre cabeza de familia, y sin precisar la ubicación geográfica del cargo a
proveer; afectando de nulidad el acto, es decir, sin fundar sus descargos en hecho o fundamento alguno que
permita concatenar las nuevas solicitudes probatorias con los cargos acusados; por el contrario, de avalarse lo
solicitado se estaría frente a una nueva reforma de la demanda, incorporando un nuevo cargo, lo cual resulta
improcedente, como quiera que la parte actora con antelación ya había agotado dicha posibilidad; igualmente, se
estaría frente a un nuevo escenario en el que entre otras cosas sería indispensable haber vinculado a la señora
Tamara Vélez Zapata, pues la decisión que se tome bajo esos fundamentos la afectará de forma directa.

Igualmente, cabe precisar desde este momento que si bien el artículo 281 del C.G.P. al reglar la congruencia de la
sentencia en su inciso final dicta que en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre
que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión;
no puede bajo este argumento pretenderse efectuar una mutación de la demanda y con ello atacar un acto
administrativo diferente al que originó el debate, o corregir defectos probatorios, esto en cuanto, la parte actora en
el recurso de apelación es clara en indicar que no está atacando la no aceptación del cargo por parte del señor
Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC, con el cual se nombró como
pagadora a la señora Támara Vélez Zapata.

Lo anterior, toma mayor firmeza si se considera que (i) el nombramiento de la señora Támara Vélez Zapata no
obra en el plenario, (ii) el acto administrativo en discusión no se hace alusión alguna a la referida señora Vélez
Zapata, (iii) no se allegó prueba que permita establecer aspecto de correlación tales como: que la forma en que el
INPEC organizó los cargos globales vacantes, versus las ganadores del concurso, tuvo algún tipo de irregularidad;
o que el traslado de la señora Vélez Zapata tuvo su origen en la aceptación del cargo que ésta ocupaba por alguno
de los ganadores del concurso; o que su traslado se dio inmediatamente y a tras la terminación del nombramiento
de la demandante; o que era quien se encontraba desarrollando sus funciones en el lugar donde el señor Carlos
Antonio Becerra Arango fue designado, etc., de forma que se evidenciara una relación directa en virtud de la cual
se pudiera considerar como un nuevo hecho, y no como una mutación procesal, al atacar un acto administrativo
diferente.

Por lo anterior, no es viable acceder a la solicitud de decreto, incorporación y análisis de las nuevas pruebas
allegadas por la parte demandante al momento de formular el recurso de alzada.

CASO CONCRETO.

Sea lo primero indicar que, entre el recurso, la sentencia y el concepto de violación expuesto en la demanda debe
existir congruencia, a fin de garantizar la lealtad procesal, de forma que no se sorprenda a la parte contraria co n
nuevas causales de nulidad, respecto de las cuales no pudo defenderse en la contestación (…)”

En este orden, queda claro que el juez de segunda instancia no puede abordar materias o cuestiones que se
plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de violación del libelo primigenio, pues ello iría en
contra de la lealtad procesal y la congruencia que debe existir entre la demanda, la sentencia, el recurso, y el
concepto de violación, haciendo que el apelante le esté vedado de exponer en el recurso, hec hos, cargos y
pretensiones nuevas que no fueron discutidas originalmente.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo expuesto en el acápite denominado cuestión previa, debe indicar la
Sala desde este momento, que no es posible entrar a analizar los aspectos relacionados con el nombramiento de
la señora Támara Vélez Zapata, puesto que del contenido del acto acusado se extrae que en el mismo no se hace
alusión alguna a la referida persona; como segundo aspecto, fue enfático el recurrente en indicar que no está
atacando la no aceptación del cargo por parte del señor Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto administrativo
expedido por el INPEC, con el cual se nombró como pagadora a la señora Vélez Zapata, acto que no obra en el
plenario, no fue atacado de nulidad dentro de este proceso, y no se logró concatenar con el debate bajo la figura
de un nuevo hecho nacido con posterioridad a la presentación de la demanda, como anteriormente se explicó.

En tercer lugar, de analizarse dicho aspecto se estaría yendo en contra del principio de congruencia, habida cuenta
que ello no fue uno de los argumentos expuestos en la demanda y su reforma, ni mucho menos del objeto probatorio
agotado en curso del proceso; simplemente se trajo a colación al momento de formular los alegatos de conclusión,
sin que cómo se ha reiterado, se haya logrado establecer una correlación evidente, entre el acto acusado y el acto
que nombró a la referida señora Vélez Zapata, y respecto de la cual por demás no se conoce si se encontraba o
no catalogada como una de aquellas personas cobijada por algún factor de protección que no permitía su
desvinculación.

Así pues, como se indicó con precedencia, corresponde a la Sala establecer si la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda se ajusta a derecho atendiendo a los cargos formulados en la demanda
y su reforma, o si por el contrario como lo sostiene la parte demandante debe ser revocada, y en consecuencia
declarar la nulidad parcial de la resolución número 002311 del 30 de junio de 2015 en su artículo tercero; a título
de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro y se cancelen todos los salarios y demás prestaciones
desde la terminación del nombramiento hasta se dicte la sentencia.

(…)

Es de indicar además, que según los dichos de la propia demandante y los documentos aportados como pruebas,
es claro que la entidad demandada previo a iniciar los nombramientos en propiedad de la personas que pasaron
con éxito el concurso de méritos, dispuso un procedimiento para establecer cuáles de las personas que se
encontraban nombrada en provisionalidad ostentaban una condición especial, como ser madre cabeza de familia,
a lo cual por demás se postuló la demandante, sin que ello fuera aceptado por la entidad hoy accionada. De modo

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

que el solo hecho de indicar que se ostenta una calidad especial no implica per sé que se reconozca tal, pues los
efectos que de ello se generen dependen exclusivamente de demostrar lo alegado.

Segundo, en cuanto al denominado retén social contenido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, es preciso
señalar que el mismo es aplicable a aquellos servidores públicos que ostenten una condición especial y estén
próximos a pensionarse, puesto que, aquellas personas que solo ostentan la calidad de pensionados per se ya
gozan de una protección autónoma, conforme lo ha indicado la H. Corte Constitucional; así mismo, el H. Consejo
de Estado ha considerado que tal condición para efectos de la protección reforzada reconocida por el legis lador a
sujetos de especial vulnerabilidad, aplica en el contexto de procesos de renovación de la administración pública,
cuando al servidor público le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio
para obtener el status de pensionado, sin que el solo hecho de estar próximo a consolidar el status, produzca un
fuero de estabilidad relativa en el empleo de libre nombramiento y remoción, o provisionalidad; ello siempre y
cuando con la destitución no se afecten los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social, entre
otros.

En este orden, en el plenario la parte actora no logró acreditar que la demandante ostentaba la calidad de madre
cabeza de familia, como se indicó con anterioridad, a fin de acreditar que era sujeto de protección conforme la Ley
790 de 2002; igualmente, tampoco acreditó que ésta tuviese la calidad de prepensionada, ni que con lo acaecido
se vulneran derechos fundamentales como el mínimo vital, y la seguridad social, pues como a bien lo indicó el A
quo, quedó claro que la demandante llevaba para ese momento 18 meses laborando por horas, demostrando co n
ello un ingreso económico adicional al aporte que efectúa el padre de su hija para la manutención, sin aportarse
soporte alguno que lleve a establecer que dichos ingresos resultaban insuficientes para sufragar los gastos del
núcleo familiar.

Además, en el presente caso es evidente que, si bien no se demostró la configuración de las situaciones fácticas
previstas por el “retén social”, este tampoco resultaría aplicable, en tanto la desvinculación no se originó en una
restructuración en la Administración Pública o de una liquidación forzosa administrativa, sino del nombramiento de
una persona que es titular de un cargo de carrera administrativa.
Aunado a esto, resulta contradictorio que la parte demandante refiera que no pudo continuar con sus estudios, y
que de las declaraciones rendidas en el proceso se infiera lo contrario, aspecto que, por demás, deja sin soporte
la afirmación tendiente a que la demandante no es posible acceder a un nuevo empleo, si se considera que al
obtener una mayor preparación académica se torna menos viable que el factor edad sea el determinante para
aspirar a un nuevo empleo más calificado.

Así mismo, se encuentra que fue acertado el argumento del A quo al afirmar que la lista de elegibles elaborada
como resultado de la convocatoria 250 de 2012, arrojó un número de aspirantes muy superior al número de
vacantes ofertadas para el cargo de pagador código 4173 grado 20, y por tanto no era viable que la entidad
demandada conservara o reubicara a la demandante en otra sede.

(…)

Finalmente, cabe indicar qué tratándose de la nulidad de actos administrativos, a la parte actora le corresponde la
carga no solo de alegar las causales de nulidad, sino de la prueba de los vicios que dice afectan su validez,
obligación procesal que en este caso no cumplió la demandante, como bien lo sostuvo el A quo, y, en consecuencia,
no fue desvirtuada la presunción de legalidad con la que cuentan los actos administrativos.

Por lo anterior, el contenido de la motivación del acto administrativo demandado no fue arbitraria, y obedeció a
verdaderas razones, argumentos que fueron plasmados en el mismo, por lo cual no se lograron acreditar los cargos
de nulidad invocados de falsa motivación, e infracción de norma superior en que debía fundarse, por lo que la
presunción de legalidad permanece incólume.

Conforme lo expuesto, concluye la Sala que al no probarse ninguna de las causales de nulidad invocadas por la
parte demandante, lo consecuente es confirmar el fallo de primera instancia por medio del cual se negaron las
pretensiones de la demanda. (…)».

Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia
objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente y citó además de las sentencias a las
que recurrió en la demanda y el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, sentencias nuevas de la Sección Primera del Consejo de Estado, e indicó
que no se tuvo en cuenta que se encuentra clasificada en el Sisbén como en estado
de pobreza extrema, lo cierto es que, dicha prueba tiene fecha del 20 de diciembre
de 2022, lo cual permite concluir que no fue aportada en el trámite del proceso
ordinario, pues además no se encuentra relacionada entre las pruebas de la
demanda, ni dicho argumento fue alegado en el marco del medio de control,
contrario a esto en el trámite del medio de control se evidencio que la menor hija
de la actora contaba con el apoyo económico del padre el cual es ex empleado del
INPEC, situación que desvirtuó la condición de madre cabeza de familia alegada.

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Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto concurren causales que dejan en
evidencia que la parte actora por un lado reiteró los argumentos que expuso en el
marco del proceso ordinario y por el otro además busca usar la acción de tutela
como escenario para aportar nuevas pruebas (pantallazo del Sisbén) que en todo
caso no fueron aportadas en el trámite del medio de control.

Lo que realmente se observa es la inconformidad de la demandante con las
conclusiones a las que llegó el juez natural, quien en la decisión cuestionada
determinó que la señora Ospina Muñoz no tenía derecho a lo reclamado en el
marco del proceso ordinario.

De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir
con claridad que el Tribunal demandado respondió las inconformidades propuestas
por la parte demandante y con fundamento en las normas, las pruebas aportadas
y la jurisprudencia de esta Corporación, concluyó que no había lugar a revocar la
decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones del medio de control
dado que en principio el acto administrativo demandado estuvo motivado en el
hecho de que la desvinculación se dio por el nombramiento en propiedad de
funcionario que buscó acceder a la plaza ocupada con ocasión a concurso de
méritos 3, además la demandante no probó la condición de madre cabeza de familia,
pues existían pruebas tales como testimonio en el que se afirmó que los gastos de
su menor hija eran sufragados por su padre el cual es pensionado del INPEC, lo
cual no concordaba con lo expuesto por la demandante.

Además de lo anterior, para la Sala es claro que el argumento de la actora basado
en que el tribunal no valoró las pruebas aportadas en la apelación en la medida en
que no tuvo en cuenta lo señalado en el artículo 212 del CPACA no es de recibo
dado que contra la providencia que admitió la apelación y la que corrió traslados
para alegatos de conclusión procedía recurso de reposición con la finalidad de que
el tribunal demandado se pronunciara sobre la solicitud probatoria elevada en

3 Al respecto se tiene que la Corte Constitucional en sentencia SU-691 de 2017, se pronunció sobre la
desvinculación de servidores públicos provisionales con ocasión de concurso de méritos y señaló que en casos
en que exista tensión entre los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada de que gozan algunas
personas, se deben aplicar las siguientes reglas:

“En primer lugar, las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y remoción, no gozan de estabilidad
laboral reforzada, por la naturaleza del cargo que desempeñan. Esta misma regla es, en principio, aplicable a
las personas nombradas en provisionalidad.

En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción
no le son aplicables reglas de prepensionados o de retén social, menos aún en el caso de profesiones liberales.
Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relación laboral una de las partes la conforma un sujeto especialmente
protegido (inciso 2º del artículo 43 de la CP), como lo son las madres cabeza de familia que cumplen con los
presupuestos establecidos en la sentencia SU-388 de 2005, puede llegar a reconocérseles la garantía de la
estabilidad laboral reforzada, claro está, mientras no exista una causal justificativa del retiro del servicio, dado
que la protección de la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con el otorgamiento de una inmunidad
que exonere de las obligaciones a su cargo, desconozca principios superiores como el mérito que fund a el
sistema de carrera o que la proteja frente a las medidas disciplinarias, fiscales o penales que eventualmente
puedan ejercerse en su contra. De esta manera, la garantía constitucional se sustenta en las siguientes
hipótesis:

1. La terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una
persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de los servidores públicos en provisionalidad, pues
precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad,
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos .”

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segunda instancia y no hizo uso del mencionado recurso en ninguna de las
oportunidades señaladas y en todo caso el tribunal demandado en la providencia
cuestionada se pronunció sobre las pruebas e indicó que:

“CUESTIÓN PREVIA.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, debe la Sala pronunciarse respecto de las solicitudes probatorias
efectuadas por la parte demandante, en el escrito de apelación, y reiterados posterior a su concesión, y en los
alegatos de conclusión de segunda instancia.

En este orden, se tiene que el artículo 212 del C.P.A.C.A. establece:

“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en
este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la
cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la
designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite
el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple
coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, dejaron de practicarse sin culpa de la parte que las pidió, pero
solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para
practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.”

De lo anterior, se evidencia que la norma referida establece de forma estricta que para que sean apreciadas las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados,
lo que para el caso de la segunda instancia es dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso, lo cual
no se dio en el presente asunto, habida cuenta que si bien se hizo la solicitud, esta no fue dentro de la oportunidad
o etapa procesal establecida para el efecto.

Además, es de precisar que si bien la parte actora aduce que dicha documentaci ón no pudo ser aportada por culpa
del INPEC y que tuvo que acudir al recurso de insistencia para acceder a la misma, ello con el propósito de soportar
su petición en el aparte final del numeral 4 de la referida norma, dichos documentos no hacían parte de las solicitudes
probatorias indicadas en demanda, ni en la reforma; ni mucho menos se hizo mención alguna en los hechos de la
demanda o su reforma que dieran pie a pesar en la necesidad de decretar dichas pruebas de forma oficiosa.

Aunado a lo anterior, se advierte que la demanda fue instaurada y reformada alegando que el acto atacado no cumplió
con los lineamientos legales, jurisprudenciales y constitucionales, referentes a la protección laboral reforzada, la
condición de ser madre o padre cabeza de familia, y sin precisar la ubicación geográfica del cargo a proveer;
afectando de nulidad el acto, es decir, sin fundar sus descargos en hecho o fundamento alguno que permita
concatenar las nuevas solicitudes probatorias con los cargos acusados; por el contrario, de avalarse lo solicitado se
estaría frente a una nueva reforma de la demanda, incorporando un nuevo cargo, lo cual resulta improcedente, como
quiera que la parte actora con antelación ya había agotado dicha posibilidad; igualmente, se estaría frente a un nuevo
escenario en el que entre otras cosas sería indispensable haber vinculado a la señora Tamara Vélez Zapata, pues
la decisión que se tome bajo esos fundamentos la afectará de forma directa.

Igualmente, cabe precisar desde este momento que si bien el artículo 281 del C.G.P. al reglar la congruencia de la
sentencia en su inciso final dicta que en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión; no
puede bajo este argumento pretenderse efectuar una mutación de la demanda y con ello atacar un acto administrativo
diferente al que originó el debate, o corregir defectos probatorios, esto en cuanto, la parte actora en el recurso de
apelación es clara en indicar que no está atacando la no aceptación del cargo por parte del señor Carlos Antonio
Becerra Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC, con el cual se nombró como pagadora a la señora
Támara Vélez Zapata.

Lo anterior, toma mayor firmeza si se considera que (i) el nombramiento de la señora Támara Vélez Zapata no obra
en el plenario, (ii) el acto administrativo en discusión no se hace alusión alguna a la referida señora Vélez Zapata,
(iii) no se allegó prueba que permita establecer aspecto de correlación tales como: que la forma en que el INPEC
organizó los cargos globales vacantes, versus las ganadores del concurso, tuvo algún tipo de irregularidad; o que el
traslado de la señora Vélez Zapata tuvo su origen en la aceptación del cargo que ésta ocupaba por alguno de los
ganadores del concurso; o que su traslado se dio inmediatamente y a tras la terminación del nombramiento de la
demandante; o que era quien se encontraba desarrollando sus funciones en el lugar donde el señor Carlos Antonio
Becerra Arango fue designado, etc., de forma que se evidenciara una relación directa en virtud de la cual se pudiera
considerar como un nuevo hecho, y no como una mutación procesal, al atacar un acto administrativo diferente. Por

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Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz

lo anterior, no es viable acceder a la solicitud de decreto, incorporación y análisis de las nuevas pruebas allegadas
por la parte demandante al momento de formular el recurso de alzada.”

Conforme a lo expuesto, para la Sala es claro que la demandante gozó de otro
medio de defensa judicial 4 del cual no hizo uso y en todo caso el tribunal
demandado si se pronunció respecto a la solicitud probatoria como improcedente
en la medida que lo pretendido por la demandante era cambiar el acto
administrativo demandado y la fundamentación del medio de control.

Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa
y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Y, aunque la parte demandante alegó la vulneración de derechos
fundamentales, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para
obtener una decisión a su favor.

Finalmente, respecto a las providencias citadas como desconocidas por la
demandante esto es, los fallos de tutela proferidos el 18 y 25 de mayo de 2017 en
los expedientes 2016-02142-01 y 2017-00138-01 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, y las sentencias T-326 de 2014, T-464 de 2019 y T-342 de
2021 de la Corte Constitucional, las mismas no son aplicables al caso objeto de
estudio dado que en ellas existen supuestos facticos diferentes a los alegados,
pues si bien en ellas se ordenó el nombramiento de un provisional por estabilidad
laboral reforzada la misma se dio por que en ellas fueron probadas condición
especiales tales como calidad de pre pensionado, condición de madre cabeza de
familia y especial protección de quienes por su condición física están en
circunstancia de debilidad manifiesta; no obstante en el caso objeto de estudio
como se vio la misma no fue acreditada en debida forma.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por actora, por lo expuesto, la Sala revocará
el numeral primero de la sentencia impugnada y, en su lugar, declara improcedente
la acción de tutela respecto de este punto y la confirmará en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar el numeral primero de la sentencia del 14 de abril de 2023. En su
lugar:

2. Declarar improcedente la acción de tutela en cuanto al defecto fáctico
alegado, por las razones expuestas en la presente decisión.

3. Confirmar en lo demás la providencia impugnada.

4 En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991,

establece: “Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por
irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.”

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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Ausente con permiso

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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