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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01184-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01184-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01184-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01184-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

TESIS: TESIS: LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN
DEBATE DE MERA LEGALIDAD Y A ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE
FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y A LA DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1, por estimar que le vulneró sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa.

1
En adelante la Sección Segunda

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00
ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA, actuando a través de

apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la

defensa, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la

SECCIÓN SEGUNDA al proferir la providencia de 13 de diciembre

de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2017-

00700-01.

I.2. Hechos

Indicó que laboró como auxiliar de servicios generales en diferentes

instituciones educativas de la Secretaría de Educación del Municipio

de Pereira, a través de distintitos contratos de prestación de

servicios, que se extendieron, de forma consecutiva, en el período

comprendido entre el 16 de febrero de 2004 y el 18 de febrero de

2016.

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ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Adujo que laboró en la Institución San Nicolás y en otros

establecimientos educativos de la Secretaría de Educación del

Municipio de Pereira en donde se le requiriera y las funciones que

realizaba evidenciaban la continua subordinación, lo cual demostraba

que las labores desarrolladas no fueron de carácter transitorio o

esporádico, sino que, por el contrario, se trató de una relación

prolongada en el tiempo.

Relató que mientras duró su vinculación, debió cumplir con una

jornada de diez horas diarias, que iniciaba a las siete de la mañana

y finalizaba a las cinco de la tarde, de lunes a sábado, y sin que le

fueran reconocidas las dos horas extras diarias que trabajaba mes a

mes.

Refirió que, el ente territorial tenía en su planta de personal

funcionarios que cumplían con las mismas actividades que ella

desempeñaba, pero cuya prestación se diferenciaba en que a

aquellos sí les cancelaban todas las prestaciones sociales de ley y a

ella no se le pagó ninguna, así como tampoco los aportes al sistema

de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales.

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Sostuvo que el 12 de julio 2017, presentó solicitud de reconocimiento

de la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones

sociales ante el Municipio de Pereira que, a través del Oficio 46892

de 2 de noviembre de 2017, denegó las peticiones.

Afirmó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el MUNICIPIO DE PEREIRA, proceso que fue

identificado con el número único de radicación 66001-23-33-000-

2017-00700-01 y le correspondió en primera instancia al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE RISARALDA que, mediante sentencia de 22

de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de

la demanda.

Señaló que, inconforme con la anterior decisión, al igual que la parte

demandada, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por

la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 13 de

diciembre de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y, en su

lugar, denegó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de

que en el caso objeto de estudio se evidenciaba que entre ella y el el

MUNICIPIO DE PEREIRA nunca existió una relación laboral

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encubierta o subyacente y continuada.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada

incurrió en defecto fáctico al haber valorado de forma indebida el

acervo probatorio, específicamente el testimonio de la señora

MARTHA ELENA OSORIO BUENO, quien fue testigo directo de la

subordinación a la que fue sometida en la vinculación laboral, debido

a que trabajaron en una misma institución educativa, en la cual, esta

última desempeñaba las funciones de secretaria.

Adujo que la autoridad judicial accionada desconoció que la

subordinación está plenamente probada por los testimonios,

especialmente, el de la señora OSORIO BUENO, que daba cuenta

que la actora carecía de autonomía para decidir qué día o en qué

momento desarrollaba las actividades de aseo.

Afirmó que inicialmente fue vinculada mediante ordenes de servicios,

cuya característica de temporalidad fue desfigurada por la renovación

continua e ininterrumpida por más de cinco años, ocultando la

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verdadera naturaleza laboral de la relación, lo cual se evidenciaba en

el fenómeno de contratación irregular utilizado por el Municipio de

Pereira, pues en otros 27 procesos promovidos por otros contratistas

contra ese ente territorial y con el mismo apoderado, se encontraba

probado que en los mismos sí hubo un contrato laboral en aplicación

del principio de contrato realidad, por lo cual en su caso debía

ordenarse el reconocimiento de los derechos adquiridos como

trabajadora con el pago de las prestaciones dejadas de percibir.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. DECLARAR, que la sentencia o fallo de segunda instancia
proferido en proceso contencioso Administrativo por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en
contra del MUNICIPIO DE PEREIRA violó por vía de hecho derechos
fundamentales como DERECHO A UN DEBIDO PROCESO, DERECHO
A LA IGUALDAD, DERECHO A LA DEFENSA, Y DERECHOS
ADQUIRIDOS.

3. ORDENAR dejar sin efecto la sentencia en segunda instancia
proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO y en su lugar se confirme la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda.

4. ORDENAR la revisión de la sentencia proferida por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO […]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó declarar improcedente la

solicitud de amparo de la referencia o en el evento en que se conozca

de fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de

vulneración de los derechos fundamentales alegados por la

accionante.

Afirmó que el presente asunto no debe superar el examen de

procedibilidad de la acción de tutela, por falta de los requisitos

mínimos que exige la jurisprudencia constitucional para desatar el

amparo contra una decisión judicial proferida con autonomía del juez

natural de la causa, en derecho y que goza de los efectos de la cosa

juzgada.

Manifestó que es evidente que en este caso la accionante pretende

darle un alcance particular al defecto fáctico para que, en sede de

tutela, el juez constitucional examine nuevamente el material

probatorio que aportó con la demanda ordinaria y así se le permita

acceder a una tercera oportunidad de revisión del asunto, con cuya

decisión se muestra inconforme.

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Señaló que en la sentencia objeto de controversia se advierte que

hay suficiente claridad sobre la debida valoración probatoria

efectuada, teniendo en cuenta que las únicas pruebas aportadas por

la hoy tutelante fueron los contratos de prestación de servicios

celebrados con la entidad territorial y dos testimonios transcritos

literalmente, sin embargo, aunque la accionante solo hace referencia

a uno de los testimonios, esto es, el de la señora MARTHA ELENA

OSORIO BUENO, también se analizó el de la señora LUZ STELLA

MARÍN, los cuales, en conjunto con las demás pruebas aportadas al

plenario, no resultaron suficientes para determinar la existencia de

una relación laboral encubierta o subyacente entre las partes.

Llamó la atención sobre la ausencia de fundamentos jurídicos que

emplea la accionante para alegar la presunta vulneración de su

derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que no podía resultar

admitido un señalamiento de esta índole bajo el simple argumento

de que a otras personas sí les reconoció la relación laboral, pues lo

cierto es que en la jurisdicción contencioso administrativa la justicia

es rogada y, por lo tanto, se requiere de una actividad probatoria

suficiente, pues cada situación particular es diferente y, en

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consecuencia, la decisión que en cada caso se adopte, obedecerá a

las particularidades de cada asunto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El MUNICIPIO DE PEREIRA sostuvo que no se advierte la

vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues las

decisiones proferidas dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho cuestionado están revestidas de

legalidad, máxime si se tiene en cuenta que lo pretendido por la

accionante es reabrir el debate procesal, por encontrarse inconforme

con la decisión cuestionada.

Añadió que una vez fueron valoradas las pruebas aportadas por los

sujetos procesales se concluyó que no se pudo probar la continuada

subordinación de la trabajadora respecto del empleador, lo cual

faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e

imponer reglamentos, dependencia que debe mantenerse por todo el

tiempo de duración del contrato, para poder aplicar el principio de

primacía de la realidad.

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Arguyó que la valoración probatoria de los testimonios por parte de

la autoridad accionada se hizo conforme a las reglas de la sana

crítica, pues los testimonios no fueron símiles entre ellos y, además,

en el presente proceso se dio un testimonio de oídas, esto es, el de

la señora LUZ STELLA MARÍN, quien no estuvo presente en el

momento en que la demandante prestó sus servicios.

Afirmó que en cuanto al otro testimonio recepcionado, esto es, el de

la señora MARTHA ELENA OSORIO, sí fue valorado, pero se

concluyó que se limitó a manifestar lo relacionado con su experiencia

personal como compañera de trabajo en la misma Institución

Educativa, refiriéndose a las labores que ella realizaba, más no

precisamente a las actividades desarrolladas por la demandante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

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Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 13 de diciembre de 2022,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2017-00700-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la

defensa, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en defecto fáctico por la indebida valoración del

acervo probatorio, específicamente, de los testimonios rendidos en

el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

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cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional2, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».3

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación4, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como

2
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
3
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [5]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [6].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [7].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el

[5] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[6] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[7] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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amparo constitucional [8].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ 9]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido

[8] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[9] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [10].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [11]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

[10] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[11] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria

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de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal, además de

recaer sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del

asunto, sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque los motivos que fundamentan su inconformidad se sustentan,

básicamente, en que, la autoridad judicial accionada debió declarar

la existencia de un verdadero vínculo laboral o contractual que

permitiera el reconocimiento del contrato realidad y de las

prestaciones laborales perseguidas por la tutelante.

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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, en la medida que se limita a una discusión meramente

legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada

por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN

SEGUNDA así:

“[…]2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Olga Lucía Pineda Pineda y el municipio de Pereira
interponen el recurso de apelación contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Risaralda, de 22 de noviembre de
2019, a través de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada contra el oficio 46892 de 2 de noviembre de
2017, expedido por el municipio de Pereira, que negó la solicitud
del reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así
como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas
de esta.

Teniendo en cuenta que ambas partes apelaron, la Sala deberá
dar respuesta, en primer lugar, al siguiente interrogante:

2.5.1. ¿Existió entre la demandante y el municipio de
Pereira una relación laboral encubierta o subyacente
derivada de la celebración de contratos de prestación de
servicios para el lapso comprendido entre 16 de febrero
de 2004 y el 18 de febrero de 2016, que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y
laborales que no devengó en ese período?

De acuerdo con el material probatorio que reposa en el
expediente, se tiene que la señora Olga Lucía Pineda estuvo
vinculada con la entidad demandada, a través de distintos
contratos de prestación de servicios, celebrados en un periodo
de más de 12 años, en virtud de los cuales desarrolló
personalmente un objeto similar en cada uno de ellos y, además,
por su ejecución, recibió una remuneración económica mensual.

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de los

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elementos del contrato de trabajo (prestación personal del
servicio, remuneración y subordinación continuada), a la luz de
los criterios establecidos en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.

2.5.1.1. Prestación personal del servicio: Se encuentra
acreditada dentro del plenario a partir de los distintos contratos
de prestación de servicios, cuyos objetos precisan que la labor
efectuada por la demandante era la de apoyo operativo y
asistencial en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Pereira o en la Secretaría de Educación; es decir,
el aseo general de dichas instituciones. De igual manera, los
testimonios de las señoras Luz Stella Marín y Martha Elena
Osorio Bueno coinciden en afirmar que su actividad fue personal,
y no por interpuesta persona.

2.5.1.2. Remuneración: De acuerdo con el contenido de los
contratos de prestación de servicios, por la labor contratada, la
señora Olga Lucía Pineda recibía una contraprestación
económica mensual (honorarios). Además, la parte demandada
no presentó inconformidad respecto de este elemento.

2.5.1.3. Subordinación continuada

Son indicios de la subordinación continuada los siguientes:

i)El lugar de trabajo. De acuerdo con los objetos de los
distintos contratos de prestación de servicios, así como con los
testimonios de las señoras Luz Stella Marín y Martha Elena
Osorio Bueno, este era las instalaciones físicas de la Institución
Educativa San Nicolás, perteneciente a la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira.

ii) El horario de labores. Conforme a las declaraciones de las
testigos Luz Stella Marín y Martha Elena Osorio Bueno, este
podría haber oscilado entre las 6:00 o 7:00 a.m. y las 2:00 o
3:00 p.m.; sin embargo, no se advierte de sus dichos referencia
al número de días de la semana en que debía asistir a la
institución educativa. Así las cosas, tales afirmaciones no pueden
considerarse, per se, con vigor probatorio suficiente para
demostrar la imposición de un horario laboral a la contratista,
pues al no haberse aportado ningún otro soporte probatorio
(p.ej. cuadros de turnos, de reuniones, etc.) que corrobore esa
estricta exigencia, debe tenerse como un indicio, pero no
necesariamente unívoco, concluyente y determinante de la

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subordinación, ya que también puede inferirse, razonablemente,
que la señora Olga Lucía Pineda cumplía ese horario motu
proprio, 36 pues al no presentarse prueba fehaciente del inicio y
terminación de la presunta jornada, cabe igualmente considerar
que, una vez terminadas sus labores, aquella podía dar por
finalizada la prestación de su servicio.

En este sentido, conviene recordar que el establecimiento de un
horario surge como parámetro natural y lógico de la coordinación
necesaria para llevar a buen término el objeto del contrato de
prestación de servicios. Sobre todo, en los casos de los
contratistas asignados a labores de limpieza o mantenimiento,
pues «sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que
deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de
trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas
en que no se les necesita».
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar. De acuerdo con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento
de la subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta
ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó
a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».

Pues bien, a partir de la lectura del objeto y de las obligaciones
de cada contrato se infiere que las funciones llevadas a cabo por
la demandante debían ejecutarse de forma coordinada con la
institución educativa para la cual las prestaba, pues las
actividades de aseadora o auxiliar de servicios generales (para
las que fue contratada) exigían, razonablemente, que aquella
colmara las necesidades específicas de la entidad en este
particular servicio. En ese sentido, resulta apenas lógico que la
entidad contratante le señalara a la señora Olga Lucía Pineda los
turnos en los que debía acudir para ejecutar sus labores, toda
vez que el objeto contractual convenido estaba sujeto a la
jornada estudiantil establecida por la Secretaría de Educación
territorial. En otras palabras, no podía la demandante actuar
como una rueda suelta dentro de las instituciones educativas
para las cuales prestaba su servicio.

Ahora bien, según las declaraciones de los testigos Luz Stella
Marín y Martha Elena Osorio Bueno, la demandante, además de
cumplir con un horario, debía acatar las órdenes del respectivo
rector de la institución educativa y, por lo mismo, estaba

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subordinada a las directrices de la entidad demandada. No
obstante, tales declaraciones no resultan convincentes y, en
cambio, ofrecen dudas respecto de las circunstancias en que
presuntamente se dieron tales hechos.

Esto es así, puesto que, por un lado, al afirmar la señora Luz
Stella Marín que «(…) yo iba a entregar refrigerios a las siete de
la mañana (…), y en la tarde, muchas veces, me tocaba ir a
entregar el refrigerio de la tarde; se entrega en dos horarios, el
refrigerio (…)», da cuenta de que no fue testigo directo de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que la demandante
desarrolló sus funciones para el municipio de Pereira, es decir,
del objeto de la prueba; por el contrario, se advierte de sus
afirmaciones que, al acudir a la institución educativa en solo dos
momentos durante el día (a repartir refrigerios) se constituye en
lo que la doctrina ha denominado un «testigo de oídas» o «ex
auditu», pues narra los hechos que un tercero (la actora) le
representaba. Al respecto, el tratadista Hernando Devis
Echandía se refiere de la siguiente manera:

[…]

Como puede advertirse de la anterior cita, no es ajustado a ella
la conclusión a la que llega el tribunal, según la cual «de la
naturaleza propia de la función de aseo desempeñada por la
señora Olga Lucía Pineda Pineda se desprende que debe ser
realizada de forma subordinada y permanente (…)», pues, por
el contrario, en la sentencia mencionada se precisó que labores
como las de «aseo» pueden, ahora sí, por su propia naturaleza,
estar sometidas «a las pautas (de la entidad) y a la forma como
en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades»; ya
que «sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que
deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de
trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas
en que no se les necesita» […]”. (Destacado del texto original)

De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la

autoridad judicial accionada, al conocer del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia,

consideró que no le asistía derecho a la actora, pues luego de

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efectuar el análisis de los contratos de prestación de servicios y las

declaraciones escuchadas en la audiencia de pruebas, logró inferir

que la misma prestó sus servicios desde el 16 de febrero de 2004

hasta el 18 de febrero de 2016, al servicio de diferentes Instituciones

Educativas del Municipio de Pereira.

No obstante, la SECCIÓN SEGUNDA descartó la existencia de la

relación laboral o contractual, por cuanto la hoy tutelante, no logró

acreditar bajo los supuestos de la carga de la prueba previstos en el

artículo 167 del Código General del Proceso12, la existencia del

elemento de la subordinación a la que dijo estar sometida de forma

permanente y la cual se mantuvo a lo largo de la vinculación

contractual, pues, el acervo probatorio no daba cuenta de ello,

especialmente, las pruebas testimoniales.

Frente al particular, la accionada sostuvo que no existía plena

coincidencia entre lo dicho por las testigos, señoras LUZ STELLA

MARÍN y MARTHA ELENA OSORIO BUENO respecto del período

de vinculación de la actora, el horario y quién le suministraba los

12 “[…] ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto

de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.

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insumos a aquella, para realizar sus labores; pues la primera afirmó

que la actora inició su vinculación en el año 2003, tenía un horario

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la entidad le entregaba uniformes de

dotación; mientras que la segunda sostuvo que la hoy tutelante

estuvo vinculada desde el 2004, cumplía un horario de 6:00 o 7:00

a.m. a 2:00 o 3:00 p.m., y se proveía ella misma de sus uniformes,

porque la entidad no se los suministraba.

Aunado a lo anterior, la providencia cuestionada sostuvo que en el

proceso tampoco obraba prueba documental que corroborara la

exigencia o imposición de un horario a la señora PINEDA PINEDA,

ni ningún otro elemento que demostrara que el ente territorial

ejerció sobre ella un poder disciplinante, como envío de correos

electrónicos, memorandos u oficios contentivos de llamados de

atención, sanciones, advertencias o cualquier otra forma propia del

correctivo laboral, por lo cual aclaró que la relación de coordinación

de actividades entre contratante y contratista, que implica que el

segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo

eficiente de la actividad encomendada, incluye el cumplimiento de

un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus

superiores o tener que reportar informes sobre sus resultados, lo

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cual, no significa, necesariamente, la configuración del elemento de

la subordinación continuada.

Igualmente, precisó que […] labores como las de «aseo» pueden,

ahora sí, por su propia naturaleza, estar sometidas «a las pautas (de

la entidad) y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las

distintas actividades»; ya que «sería absurdo que contratistas

encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la

jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas

sueltas y a horas en que no se les necesita […]”.

Corolario de lo anterior y con base en los elementos de juicio

allegados al expediente, que fueron apreciados de forma conjunta y

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la autoridad accionada

concluyó que no se encontraban plenamente acreditados los

elementos esenciales de una relación laboral encubierta o

subyacente entre las partes.

De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que la autoridad

judicial accionada se pronunció frente a los aspectos que aluden las

actoras, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

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abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece de relevancia

constitucional.

En ese sentido, la Sala advierte que el hecho de que la actora se

encuentre en desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por

la autoridad judicial accionada, dicha circunstancia no implica por sí

sola que se desconozcan los derechos fundamentales alegados, pues

en el plenario no se encontró demostrada la existencia de una

relación laboral.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 13, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”

13
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201714, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a un debate de mera

legalidad y a aspectos que fueron resueltos de forma admisible por

la SECCIÓN SEGUNDA, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de

la acción de tutela de la referencia por falta de relevancia

constitucional, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de

la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de abril de 2023.

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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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