Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01184-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01184-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01184-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
29 de junio de 2023
Demandante: Olga Lucía Pineda Pineda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01184-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01184-01
Demandante: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto fáctico– falta
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la señora Olga Lucía
Pineda Pineda contra la sentencia del 27 de abril de 2023 del Consejo de Estado,
Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 6 de marzo 2023, la señora Olga Lucía Pineda Pineda, por
medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al «debido proceso, derecho a la igualdad, derecho a la defensa y
derechos adquiridos».
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 13 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se revocó la providencia
del 22 de noviembre de 2019 del Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Lo
anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 66001-23-33-000-2017-00700-01, instaurado contra el municipio de Pereira.
3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos
fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:
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Demandante: Olga Lucía Pineda Pineda
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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[…] 2. DECLARAR, que la sentencia o fallo de segunda instancia proferido en
proceso contencioso Administrativo por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA
violó por vía de hecho derechos fundamentales como DERECHO A UN DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO A LA DEFENSA, Y
DERECHOS ADQUIRIDOS.
3. ORDENAR dejar sin efecto la sentencia en segunda instancia proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en
su lugar se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de Risaralda.
4. ORDENAR la revisión de la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Olga Lucía Pineda se desempeñó como auxiliar de servicios generales
en diferentes establecimientos educativos oficiales de la Secretaría de Educación de
Pereira, a través de distintitos contratos de prestación de servicios, que se
extendieron de forma consecutiva, desde el 16 de febrero de 2004 hasta el 18 de
febrero de 2016.
5. El 12 de julio 2017, presentó solicitud ante el municipio de Pereira para el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones
sociales. Sin embargo, a través de oficio 46892 del 2 de noviembre de 2017, el ente
territorial negó las peticiones.
6. La señora Pineda Pineda demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho al municipio de Pereira, con el fin que se declarara la
nulidad del oficio que negó el reconocimiento de una relación laboral y el
consecuente pago de los derechos laborales generados en virtud de los servicios
prestados.
7. Como consecuencia de lo anterior, solicitó: «i) declarar la existencia de una
relación laboral entre ella y el municipio de Pereira, desde el 16 de febrero de 2004
hasta el 18 de febrero de 2016; ii) condenar al municipio de Pereira a liquidar y pagar
las prestaciones de ley (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de
servicio y vacacional, auxilios de transporte y alimentación, dotación, bonificación por
recreación, etc.); iii) condenar a la demandada al pago de los porcentajes de
cotización correspondientes a pensión y salud, y de los valores que debieron
aportarse a las cajas de compensación familiar; iv) que el tiempo laborado mediante
contratos de prestación de servicios se compute para efectos pensionales; y, v)
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ajustar las sumas resultantes «en los términos del artículo 178 del CCA y condenar
en costas a la demandada».
8. El 22 de noviembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que de los contratos de
prestación de servicios, era posible colegir que la accionante laboró como auxiliar de
servicios generales, en diferentes establecimientos educativos del municipio de
Pereira, desde el 16 de febrero de 2004 hasta el 18 de febrero de 2016, de forma
ininterrumpida. Adujo que en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre
las formas, entre las partes existió una verdadera relación laboral durante el tiempo
de vigencia de los contratos, pues se probó la concurrencia de sus elementos
esenciales, a saber, la prestación personal del servicio, la subordinación y la
remuneración.
9. Esgrimió que, no obstante, se presentaron numerosas interrupciones en los
contratos de prestación de servicios y en atención a que la petición se presentó el 12
de julio de 2017, se configuró el fenómeno de la prescripción parcial «es decir, el
causado con anterioridad al 1 de agosto de 2011. Por lo tanto, el vínculo se reanudó
el 1 de agosto de 2011 y se mantuvo de forma continuada hasta el 18 de noviembre
de 2015, en ese interregno no operó la prescripción.»
10. Inconforme con la decisión, las partes la apelaron, recursos que fueron resueltos
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del
13 de diciembre de 2022, la cual revocó la decisión del a quo, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, al estimar que una vez valoradas en conjunto
las pruebas documentales y testimoniales aportadas, no se desprendía que la labor
desarrollada por la demandante debía ser ejecutada bajo continua subordinación.
11. Explicó que, en el caso se debió probar que la actividad estuvo precedida de
órdenes permanentes o continuas por parte del ente contratante, tal como se
determinó en la sentencia de unificación «SUJ-025-CE-S2-2021» del 9 de
septiembre de 2021, donde se resaltó la necesidad de probar la continuidad de la
subordinación; «es decir, que esta se hubiera mantenido a lo largo de la vinculación
contractual, mediante actuaciones habituales de la entidad sobre la contratista.»
1.3. Fundamentos de la vulneración
12. Defecto fáctico: al haber valorado de forma indebida el acervo probatorio,
específicamente el testimonio de la señora Martha Elena Osorio Bueno, quien fue
testigo directo de la subordinación a la que fue sometida en la vinculación laboral,
debido a que trabajaron en una misma institución educativa, en la cual, esta última
desempeñaba las funciones de secretaria.
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13. Indicó que la autoridad judicial accionada desconoció que la subordinación
estaba plenamente probada por los testimonios, especialmente, el de la señora
Osorio Bueno, quien dio cuenta que la actora carecía de autonomía para decidir qué
día o en qué momento desarrollaba las actividades de aseo.
14. Por otra parte, explicó que se evidenciaba que la relación contractual no tuvo
carácter temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en
que se desarrolló por más de 5 años, «por lo que a la señora Olga Lucía Pineda
Pineda le asiste derecho a que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales
derivados de esa vinculación».
15. Violación al principio de igualdad: Afirmó que inicialmente fue vinculada
mediante ordenes de servicios, cuya característica de temporalidad fue desfigurada
por la renovación continua e ininterrumpida por más de cinco años, ocultando la
verdadera naturaleza laboral de la relación, lo cual se evidenciaba en el fenómeno de
contratación irregular utilizado por el municipio de Pereira, pues en otros 27
procesos1 decididos por el Tribunal Administrativo de Risaralda, promovidos por otros
contratistas contra ese ente territorial y con el mismo apoderado. Adujo que en
dichos procesos, se encontraba probado que sí hubo un contrato laboral en
aplicación del principio de contrato realidad, por lo cual en su caso debía ordenarse
el reconocimiento de los derechos adquiridos como trabajadora con el pago de las
prestaciones dejadas de percibir.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Auto admisorio
17. La magistrada ponente de primera instancia mediante auto del 9 de marzo 2023
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como
1 «66001233300020190015400, JOSE JESUS LONDOÑO MEJÍA 66001233300020190015400,
NETGIVIA MILENA BEDOYA MORALES 66001233300020170043900, LUIS FERNANDO GRANADA
VELARDE 66001333300420170001200, JOSE ALDEMAR MIRANDA CASTILLO
66001233300020180010000, ARBEY IGNACIO GOMEZ BECERRA 66001233300020190043300,
JORGE ARTURO LONDOÑO ACEVEDO 66001233300020170069800, LUIS ALBERTO RICO MENA
66001233300020170069600, WILLIAM SALAZAR FLOREZ 66001233300020160095300, YAGIR
EUDIVER PINEDA MORENO 66001233300020170005100, UBALDO ANOTNIO RUIZ SUAREZ
66001233300020170048800, MARIO LOPEZ CASTAÑO 66001233300020170048100, LUIS
ERNESTO RAMIREZ ESQUIVEL 66001233300020170030200, LUZ MARY ALVAREZ
66001233300020170004800, JOSE RUBIEL MESA MARIN 66001233300020170007500, OSCAR
FLOREZ VALBUENA 66001233300020170057500, JESUS ANTONIO ALVAREZ ENCISO
66001233300020170031400, YENNY PAOLA IDARRAGA VALENCIA 66001233300020170021000,
LUIS CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ 66001233300020170005000, OSCAR JIMENEZ GARCIA
66001233300020170005000, GUSTAVO ADOLFO BUITRAGO CORTES
66001233300020170002300, CLAUDIA ISABEL GARCIA ESTRADA 66001233300020170028000,
ALICIA TANGARIFE GARCIA 66001233300020170025300, LUZ ELENA ARCILA MURILLO
66001233300020160095100, JUAN CARLOS GUERRERO HERNANDEZ
66001233300020180011000, JOSE WILMER CASTAÑO VARGAS 66001233300020170000900,
JOSE ALEXANDER MOLINA ROJAS 66001233300020170031300, ARRISON SILVA ECHAVARRIA».
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demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso al municipio de Pereira y al Tribunal Administrativo de
Risaralda, quienes fueron parte demandada y juez de primera instancia del proceso
ordinario que ahora se discute.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
18. Solicitó declarar improcedente la acción o en el evento en que se conozca de
fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales alegados por la accionante. Afirmó que el presente asunto
no debe superar el examen de procedibilidad de la acción de tutela, por falta de los
requisitos mínimos que exige la jurisprudencia constitucional para desatar el amparo
contra una decisión judicial proferida con autonomía del juez natural de la causa, en
derecho y que goza de los efectos de la cosa juzgada.
19. Manifestó que era evidente que, en este caso la accionante pretendía darle un
alcance particular al defecto fáctico para que el juez constitucional examinara
nuevamente el material probatorio que aportó con la demanda ordinaria y así se le
permitiera acceder a una tercera oportunidad de revisión del asunto, con cuya
decisión se muestra inconforme.
20. Señaló que en la sentencia objeto de controversia hay suficiente claridad sobre la
debida valoración probatoria efectuada, teniendo en cuenta que las únicas pruebas
aportadas por la tutelante fueron los contratos de prestación de servicios celebrados
con la entidad territorial y dos testimonios transcritos literalmente, sin embargo, no
resultaron suficientes para determinar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente entre las partes.
21. Llamó la atención sobre la ausencia de fundamentos jurídicos que empleaba la
accionante para alegar la presunta vulneración de su derecho a la igualdad, teniendo
en cuenta que no podía resultar admitido un señalamiento de esta índole bajo el
simple argumento de que a otras personas sí les reconoció la relación laboral, «pues
lo cierto es que en la jurisdicción contencioso administrativa la justicia es rogada y,
por lo tanto, se requiere de una actividad probatoria suficiente, pues cada situación
particular es diferente y, en consecuencia, la decisión que en cada caso se adopte,
obedecerá a las particularidades de cada asunto.»
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1.5.2. Municipio de Pereira
22. Sostuvo que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues las decisiones proferidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado estaban revestidas de legalidad, máxime si
se tenía en cuenta que lo pretendido por la accionante era reabrir el debate procesal,
por encontrarse inconforme con la decisión cuestionada.
23. Añadió que una vez fueron valoradas las pruebas aportadas por los sujetos
procesales se concluyó que no se pudo probar la continuada subordinación de la
trabajadora respecto del empleador, lo cual lo faculta para exigirle el cumplimiento de
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e
imponer reglamentos, dependencia que debe mantenerse por el tiempo de duración
del contrato, para poder aplicar el principio de primacía de la realidad.
24. Arguyó que la valoración probatoria por parte de la autoridad accionada se hizo
conforme a las reglas de la sana crítica porque los testimonios no fueron similares
entre ellos y, además, en el presente proceso se dio un testimonio de oídas, esto es,
el de la señora Luz Stella Marín, quien no estuvo presente en el momento en que la
demandante prestó sus servicios.
25. Afirmó que, en cuanto al otro testimonio recepcionado esto es, el de la señora
Martha Elena Osorio, sí fue valorado, pero se concluyó que se limitó a manifestar lo
relacionado con su experiencia personal como compañera de trabajo en la misma
institución educativa, refiriéndose a las labores que ella realizaba, más no
precisamente a las actividades desarrolladas por la demandante.
26. Los demás sujetos, pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron
informe frente al asunto.
1.6. Sentencia de primera instancia2
27. El Consejo de Estado, Sección Primera mediante fallo del 27 de abril de 2023
declaró la improcedencia de la acción al considerar que, no se cumplió con el
requisito de la relevancia constitucional. Arguyo que, el hecho que la actora se
encuentre en desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por la autoridad
judicial accionada, no implica por sí sola que se desconozcan los derechos
fundamentales alegados, pues en el plenario no se encontró demostrada la
existencia de una relación laboral.
2 Notificada el 23 de mayo de 2023.
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1.7. Impugnación
28. Mediante escrito presentado el 23 de mayo 2023 la parte actora impugnó la
decisión de primera instancia y manifestó estar en desacuerdo con la decisión del a
quo, para lo cual reiteró el defecto fáctico y la violación al principio de igualdad.
29. Puso de presente que a la acción de tutela debía dársele la relevancia
constitucional debido a que se encontraban involucrados derechos fundamentales
tales como la igualdad, dignidad humana, trabajo, seguridad social, entre otros, «esto
por cuanto, en la sentencia que censuro, se señala que no se demostró la existencia
de una relación laboral entre mi representada y el municipio de Pereira, decisión que
conlleva a la exoneración de la entidad territorial y al desconocimiento de los
derechos laborales de la señora OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA».
30. Reiteró que, del material probatorio se encontraban elementos de convicción que
acreditan la existencia de una relación laboral derivada de la prestación del servicio
en forma permanente, sucesiva e ininterrumpida desde mayo de 2004 hasta el
noviembre de 2015, a saber: i) el servicio personal de la señora Olga Lucía Pineda
Pineda en el cargo de auxiliar de servicios generales; ii) el elemento de
subordinación «que se revela en la sujeción a las directrices de los rectores de las
instituciones educativas que por la naturaleza del cargo no posee discrecionalidad en
el cumplimiento del objeto contractual»; iii) la continuidad de su labor a través de 40
órdenes de prestación de servicios suscritos con la Secretaría de Educación
Municipal de Pereira; y iv) durante la prestación de sus servicios, la señora Olga
Lucía Pineda Pineda recibió una contraprestación económica.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. El Consejo de Estado es competente para conocer la impugnación interpuesta
por la señora Pineda Pineda contra la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de la acción de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333
de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 27
de abril de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual se
deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:
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¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?
33. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos
fundamentales al «debido proceso, derecho a la igualdad, derecho a la defensa y
derechos adquiridos» con ocasión de la sentencia del 13 de diciembre de 2022, que
revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral y, el consecuente pago de las acreencias
laborales?
34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del
caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5
36. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
38. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional6
39. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito
de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.
40. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.
41. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación
diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de
la garantía fundamental invocada.
42. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un
quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte
actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones
anteriormente anotadas.
43. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el
test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial
de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.
44. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.
45. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
46. En la sentencia SU-215 de 20228, el alto tribunal unificó los criterios que se
deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.
47. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 9 modificó
su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los
que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a
desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de
importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible
vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.
48. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera
y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción
de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el
mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
49. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste
de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este
presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al
identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la
vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial
accionada ha incurrido en uno de los defectos.
50. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una
simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella10.
51. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan
su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración de
una causal especifica de procedencia.
2.6. Caso concreto
52. Por las razones que a continuación se exponen, para esta Sala de Decisión, la
parte actora presentó argumentos tendientes a abrir el debate probatorio del proceso
ordinario.
53. En primer lugar, en la controversia propuesta en el escrito de tutela no se
exponen razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial con ocasión de la providencia
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
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proferida en segunda instancia dentro del proceso ordinario. En efecto, las
inconformidades presentadas por la señora Pineda Pineda consisten en que el fallo
cuestionado no analizó de manera sistemática una serie de pruebas, que a su juicio,
que daban cuenta que el elemento de la subordinación sí estaba probado, lo que
generó que se revocara la decisión del a quo, para en su lugar, negar el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de las
acreencias laborales.
54. No obstante, se tiene que dicho aspecto fue zanjado por la autoridad judicial
accionada quien advirtió que, de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente
se desprendía que el recurso de alzada no estaba llamado a prosperar, en la medida
en que, al abordar el estudio del caso concreto y verificar el cumplimiento de los tres
elementos que caracterizan una relación laboral, (la existencia de la prestación
personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo), no se logró probar fehacientemente la subordinación y
dependencia de la demandante respecto del empleador, requisito indispensable para
demostrar la existencia de una relación de trabajo.
55. En la providencia censurada, el tribunal accionado concluyó que la actora no
tenía derecho a la declaratoria de la existencia de un vínculo laboral encubierto y el
consecuente pago de las prestaciones sociales, y reconocerlos, sí constituía una
decisión ajena a derecho, pues como lo ha señalado la jurisprudencia, para la
declaratoria de la existencia de una relación laboral, deben estar acreditada la
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral
y la remuneración como contraprestación del mismo.
56. Para reforzar lo anterior, contrario a lo alegado por la parte actora, el tribunal
accionado sí analizó las pruebas que la parte actora echa de menos, a saber, los
testimonios de las señoras Luz Stella Marín y Martha Elena Osorio Bueno así como
los contratos de prestación de servicios, entre otros elementos de prueba, de los
cuales concluyó lo siguiente:
i) Conforme a las declaraciones de las testigos Luz Stella Marín y Martha Elena
Osorio Bueno, el horario de trabajo pudo haber oscilado entre las 6:00 o 7:00
a.m. y las 2:00 o 3:00 p.m.; sin embargo, no se advirtió el número de días de la
semana en que debía asistir a la institución educativa.
ii) Concluyó que tales afirmaciones no podían considerarse, per se, con vigor
probatorio suficiente para demostrar la imposición de un horario laboral a la
contratista, pues al no haberse aportado ningún otro soporte probatorio (p.ej.
cuadros de turnos, de reuniones, etc.) que corrobore esa estricta exigencia, debía
tenerse como un indicio pero no necesariamente unívoco, concluyente y
determinante de la subordinación.
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iii) No se probó el elemento de la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, ya que la actora no logró demostrar que la entidad ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual.
iv) Adujo que labores de aseo, por su propia naturaleza, deben estar sometidas a
las pautas de la entidad y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las
distintas actividades; ya que «sería absurdo que contratistas encargados del
aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo
de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les
necesita».
v) Indicó que según las declaraciones de los testigos Luz Stella Marín y Martha
Elena Osorio Bueno, la demandante, además de cumplir con un horario, debía
acatar las órdenes del respectivo rector de la institución educativa y, por lo
mismo, estaba subordinada a las directrices de la entidad demandada. No
obstante, tales declaraciones no resultaban convincentes y, en cambio, ofrecían
dudas respecto de las circunstancias en que presuntamente se dieron tales
hechos.
57. Por el contrario, la judicatura cuestionada adujo que en el caso solo obraban los
informes de cumplimiento de las actividades contratadas, además de las contratos de
prestación de servicios, los cuales no eran diáfanos en acreditar los hechos
indicadores de una subordinación, específicamente la dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la
imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi.
58. Así mismo, la autoridad judicial, accionada para justificar, su decisión trajo a
colación la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda mediante la cual se estableció que, en cuanto
al elemento de la subordinación no existe una presunción legal, sino que tratándose
de la configuración de una relación laboral subyacente o encubierta, el interesado
debe probar su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual.
59. Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia constitucional
ya que el debate propuesto frente al defecto fáctico obedece al mismo asunto
discutido en el proceso ordinario en relación con que, a juicio de la parte actora, sí
acreditó el elemento de la subordinación, situación que no logró probar en el proceso
ordinario, es decir, se advierte su simple inconformidad respecto a la decisión
adoptada por el juez de segunda instancia, que revocó, para en su lugar, negar el
reconocimiento de un vínculo laboral encubierto y el consecuente pago de las
prestaciones sociales.
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60. Más allá de este simple desacuerdo, la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa que le asistía en aras de demostrar una vulneración a sus derechos
fundamentales, pues únicamente arguyó que la autoridad judicial demandada no
valoró el material probatorio que aportó al proceso.
Así, se advierte que la motivación expuesta en la tutela simplemente evidencia que
dichas pruebas reiteraban las tesis propuesta en la demanda ordinaria, pero no
permite entrever de qué forma su valoración podía refutar la postura adoptada por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que fundamentó la
sentencia cuestionada tanto en las normas, la jurisprudencia vigente frente al tema y
las pruebas obrantes en el plenario, las cuales indicaban que no quedó probada la
falta de autonomía o de independencia de la contratista en el desarrollo de las
actividades por las cuales fue vinculada a la entidad demandada.
61. Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa no conlleva a que el
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de
relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita avizorar que la controversia gira
en torno a al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la
competencia de este juez se restringe a la protección efectiva e las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
62. Por último, frente al cargo de violación al principio de igualdad tampoco se supera
el requisito de la relevancia constitucional debido a que no se cumplió con la carga
argumentativa que le asistía en demostrar una vulneración a sus derechos
fundamentales y lo que pretende es convertir este mecanismo constitucional en una
tercera instancia, ya que se limitó a indicar que en casos idénticos la autoridad
judicial accionada sí accedió al encontrar acreditados los elementos esenciales de
una relación laboral encubierta o subyacente entre las partes.
63. Sin embargo, la parte actora no explicó por qué las providencias traídas a
colación versaron sobre circunstancias fácticas y jurídicas similares a su situación
concreta, máxime cuando dichos proveídos no fueron proferidos por la misma
autoridad judicial que profirió la sentencia acusada, pues se trata de providencias
que fueron dictadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
64. Así, teniendo en cuenta que la actora no cumplió con la carga argumentativa que
le asistía en demostrar una vulneración a sus derechos fundamentales, es preciso
señalar que el déficit argumentativo no le corresponde suplir a este juez
constitucional, en ese orden, este cargo tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional. En este punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido del
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mecanismo de amparo cuando se dirige contra providencias judiciales que, además,
son proferidas por una alta Corte como sucedió en este caso, conforme se puso de
presente en líneas anteriores, ya que supone un esfuerzo argumentativo
considerable por parte de quien estime que con lo resuelto en una sentencia dictada
por un órgano de cierre se incurrió en una vía de hecho.
65. Por último, se recuerda que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una
simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella11. Igualmente el máximo órgano
constitucional ha establecido que uno de los criterios para determinar si un asunto
reviste de relevancia constitucional, es que «la acción de tutela dirigida contra decisiones
de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.»
66. En ese sentido, para la Sala el asunto no supera el requisito de la relevancia
constitucional.
2.7. Conclusión
67. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia que declaró la
improcedencia de acción de tutela porque no se encontró satisfecho el requisito
general de la relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende que el
juez constitucional realice nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario,
contrario a proponer la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que
invocó su protección.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2023 del Consejo de
Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la acción de tutela
promovida por la señora Olga Lucía Pineda Pineda, por lo expuesto en este
proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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