Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
De relevancia constitucional: se pretende reabrir la discusión definida
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01185-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., septiembre cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: CECILIA DEL CARMEN GÓMEZ CUENTAS Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos / FALTA
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir la discusión definida
ante los jueces naturales y propiciar una tercera instancia respecto al cómputo de
caducidad del medio de control de reparación directa frente a hechos
considerados como graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa
humanidad.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 22 de junio de 2023, mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 7 de marzo de 2023, la señora Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros2, por
conducto de apoderado judicial, instauraron demanda de tutela contra el Juzgado
1
Que ingresó para fallo el 27 de julio de 2023.
2
La parte demandante está conformada por Édison Martínez Fuentes, Ena Isabel Martínez
Fuentes, Nelys Marina Ramos Aguilar, Iris María Martínez Fuentes, Jhon Bayron Martínez Ramos,
Noris Martínez Fuentes, Luis David Pérez Vargas, Joel de Jesús Villegas, Denis del Socorro Pérez
Caballero, Elis Margoth Pérez Caballero, Alecio Miguel Pérez Caballero, Segundo Manuel Pérez
Caballero, Luz Mila Pérez Caballero, Yorfenis Pérez Caballero, Zoraida Esther Truyol Cuentas,
Cecilia del Carmen Gómez Cuentas, Meidys Esther Gómez Cuentas, Liz Yanis Gómez Lizarazo,
Juleidys Gómez Lizarazo, Elizabeth Muñetón Domico, Rafael Augusto Gómez Cuentas, Graciela
María Cuentas Martínez y Rosalba Martínez Fuentes.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Hechos relevantes
El 15 de julio de 2021, los aquí accionantes ejercieron medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la muerte de
los señores Fredis Uriel Pérez Caballero, Dagoberto Martínez Fuentes y Rubén
Darío Gómez, ocurrida el 18 de junio de 2006.
Mediante providencia de 9 de agosto de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Santa Marta declaró probada -de oficio- la caducidad del medio de
control.
La parte demandante apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo de
Magdalena, el que, por medio de providencia 29 de junio de 2022 -notificada el 1
de noviembre de la misma anualidad-, confirmó la decisión de primera instancia.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
Alegó la parte tutelante que las decisiones de la autoridad judicial no fueron
ajustadas a derecho, dado que se desconoció la regla jurisprudencial para
contabilizar el término de caducidad de la acción, es decir, la sentencia proferida
en el proceso 85001-33-33-002-2014-00144-01 por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que establecía la imprescriptibilidad e inoperancia de la
caducidad en cuanto a la responsabilidad del Estado por delitos de lesa
humanidad, criterio vigente al momento de radicación de la demanda ordinaria.
Sostuvo que el cómputo de caducidad de la acción inició cuando la JEP aceptó el
conocimiento del caso según la resolución 3889 de 27 de agosto de 2020, debido
a que los accionantes conocieron de la responsabilidad de los agentes del Estado.
Además, dado que el proceso penal no finalizó ante la jurisdicción ordinaria, las
víctimas indirectas no fueron indemnizadas.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Precisó (trascripción literal con posibles errores incluidos):
Para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, pues, además debe determinar, si el interesado
advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos,
y que le era imputable el daño. Y esto ocurrió cuando la JEP profirió la
resolución No. 3289 del 27 de agosto del 2020. En el que resuelve aceptando
por competencia prevalente los miembros de las fuerzas militares (…).
Expresó que se configuró un defecto material y uno sustantivo, por la indebida
interpretación de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, puesto que
existen innumerables tratados o convenios internaciones respecto de los derechos
humanos que han sido ratificados por Colombia, los cuales integran el bloque de
constitucionalidad, que tienen fuerza vinculante para los jueces, quienes deben
interpretarlos y acogerlos sin que se presente ninguna limitación.
En línea con lo anterior, adujo que la sentencia T-386 de 2016 resulta aplicable al
caso porque “la tutela no constituye un mecanismo o una instancia para definir
aquellos conflictos que la ley ha establecido como competencia de otras
jurisdicciones…”; sin embargo, todas las decisiones judiciales deben someterse al
ordenamiento jurídico como se establece en los artículos 4 y 230 de la
Constitución Política, dado que tienen un carácter primordial, por tanto, cuando se
presenta una contradicción en entre una norma legal y una norma constitucional
debe preferirse la última, tal como se precisa en la sentencia C-542 de 2016.
Por último, adujo que, si bien existe el principio autonomía judicial, por lo que
puede apartarse del precedente conforme a un caso concreto, también esto
requiere que justifique de manera explícita y suficiente las razones por las cuales,
con su decisión, aportaría un mejor desarrollo a los derechos y principios
constitucionales.
4. Trámite en primera instancia
4.1. Previo a decidir sobre la admisión de tutela, se requirió al apoderado de la
parte tutelante, para que allegara los poderes otorgados por los demandantes y se
remitiera copia del registro civil que acredite la representación de Cecilia del
Carmen Gómez Cuentas respecto del menor Rubén Darío Muñetón Domico.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
4.2. Cumplido lo anterior, mediante providencia de 13 de abril de 2023, se admitió
la demanda de tutela; se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
se vinculó en calidad de terceros a Yoladis Marina Vargas Garizao, a Rubén Darío
Muñetón Domico y a los sucesores procesales de la señora Gratulina Martínez
Fuentes, dada su calidad de demandantes. No se vinculó al Ejército Nacional.
4.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó denegar el amparo solicitado,
por considerar que no se presentó una vulneración a los derechos fundamentales
invocados.
De manera subsidiaria, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, por
cuanto busca revivir términos precluidos, pues los demandantes tuvieron
conocimiento de la muerte de sus familiares a manos de miembros del Ejército
Nacional desde el momento mismo de su acaecimiento, además, fue confirmado
mediante sentencia penal de 29 de junio de 2016.
4.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta no intervino.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 22 de junio de 2023, la Sección Cuarta de la Corporación
negó el amparo solicitado, al considerar que, si bien en los casos de delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra se debe dar aplicación a la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
los jueces de conocimiento pueden apartarse de los precedente, siempre que
cumplan con una carga argumentativa que demuestre las razones que sustentan
su decisión.
Consideró que, aunque los accionantes alegaron que la caducidad de la acción
debió iniciar su cómputo desde que la JEP asumió conocimiento del caso, se
evidenció que el Tribunal Administrativo del Magdalena tuvo en cuenta las pruebas
del proceso que permitían considerar que conocieron la muerte de sus familiares
por parte de agentes del Ejército Nacional desde el mismo momento del hecho.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Por último, de acuerdo con lo mencionado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, consideró que la normatividad procesal y la jurisprudencia de
unificación daba cuenta de que no se requería sentencia penal en firme a menos
que se tratare de la desaparición forzada, de manera general; solamente con
haber obtenido conocimiento de la participación de agentes del Estado podían
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. La impugnación
La parte actora reiteró la afectación de los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, puesto que se
cometió un delito de lesa humanidad por parte de miembros del Ejército Nacional,
el cual es imprescriptible y sin consideración al término de caducidad, pues,
aunque el hecho ocurrió, no se tenía certeza que se cometió por parte de agentes
del Estado. Reiteró que no hay sentencia en la jurisdicción penal ordinaria
debidamente ejecutoriada, dado que fue la JEP la que asumió el conocimiento del
asunto.
Insistió en la aplicación de algunos pronunciamientos que han considerado
imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y, por tanto, la inaplicación del
término de caducidad en estos casos.
Finalmente, alegó que hubo una violación directa al acceso de la administración
de justicia, toda vez que no se tuvo en cuenta que Luis David Pérez Vargas, para
la ocurrencia de los hechos, era menor de edad, ni que Rubén Darío Muñetón
Dominico no había nacido, pues solo hasta que adquirieron la mayoría de edad
acudieron a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero la demanda fue
rechazada por caducidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección modificará el fallo recurrido, pues se considera que no hay lugar a
hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces3.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber4: i) que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional
al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.
Revisada la demanda, se evidencia que la parte actora acudió a la acción de tutela
con el propósito de que se estudie nuevamente si, como se analizó en primera y
segunda instancia ante los jueces naturales de la causa, operó el fenómeno de la
caducidad respecto de las pretensiones del medio de control de reparación
directa, con el propósito de reabrir, en su integralidad, el debate allí suscitado.
Resulta evidente que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se plantearon
los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de
apelación contra providencia del 9 de agosto de 2021, mediante la cual el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta declaró probada la caducidad
del medio de control.
3
Sentencia T–422 de 2018.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Los anteriores aspectos fueron analizados y resueltos por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, bajo los siguientes argumentos (trascripción de
forma literal, incluso con posibles errores):
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia
de unificación del veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), radicado
85001- 33-33-002-2014-00144-01, consejera ponente Marta Nubia Velásquez
Rico, con respecto a la caducidad del medio de control de reparación directa
con fundamento en el conocimiento del hecho dañoso estableció unas
premisas para procedencia de la caducidad, en los siguientes términos:
(…)
De conformidad, con la jurisprudencia antes citada se advierte que, resulta
factible contabilizar el término de caducidad visto desde un momento diferente
a la ocurrencia de los hechos, cuando se demuestre que la no comparecencia
del interesado ante el juez se encuentra justificada en el hecho de que i) se
desconocía la participación del Estado o ii) por razones materiales que
impedían el acceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues, no
puede contabilizarse contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia, situación que debe ser analizada rigurosamente con
las circunstancias especiales de cada caso.
Es decir, que en las acciones que contengan pretensiones indemnizatorias
dentro de aquellos asuntos que se solicite la responsabilidad patrimonial al
Estado por casos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro, el
término de la caducidad establecido por el legislador empezará a
contabilizarse una vez sean superadas las situaciones que hubiesen impedido
el ejercicio material del derecho de acción salvo en los casos de desaparición
forzada los cuales tienen regulación especial.
Descendiendo al caso concreto, el hecho dañoso que generó la presentación
de la demanda, fue el asesinato por miembros del Ejército Nacional de los
señores Rubén Darío Gómez Cuentas, Dagoberto Martínez y Fredy Uriel
Pérez el día 18 de junio de 2006, siendo presentado por los uniformados como
dados de baja en combate.
También se logró acreditar que el 29 de junio de 2016 el Juzgado Promiscuo
de Plato Magdalena emitió sentencia condenatoria por el delito de homicidio
en persona protegida en la persona de los señores Rubén Darío Gómez
Cuentas, Dagoberto Martínez Fuentes y Fredy Uriel Pérez Caballero a manos
de miembros del Ejército Nacional. Decisión que fue apelada por los
defensores y por lo cual fue remitido el expediente al Tribunal Superior para
decidir el recurso.
El 29 de marzo de 2019 el Tribunal Superior del Distrito Judicial — Sala penal,
procedió a remitir el asunto por competencia a la Jurisdicción Especial para la
Paz, por sometimiento de los condenados.
Mediante providencia del 27 de septiembre de 2020 la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz dispuso aceptar
el sometimiento por competencia prevalente de la JEP.
Teniendo en cuenta la sentencia de unificación antes expuesta se advierte que
en cuanto a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias en asuntos que
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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
se solicite la responsabilidad patrimonial al Estado por casos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro, el término de la caducidad
establecido por el legislador empezará a contarse una vez superadas
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción salvo en los casos de desaparición forzada los cuales tienen regulación
especial.
Pues bien, de conformidad con los anteriores elementos de orden probatorio,
emerge con claridad para esta Agencia Judicial que, contrario a lo afirmado
por el mandatario judicial de la parte actora los crímenes de lesa humanidad
no resultan imprescriptibles, ni tampoco se contabilizan desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia penal que puso fin al proceso.
Así las cosas, se advierte que los ahora demandantes tuvieron conocimiento
de la muerte de sus familiares a mano del Ejercito desde el mismo momento
de su acaecimiento, pues dicha situación fue informada por los uniformados.
Sin embargo, estos falsearon el informe señalando que se habían dado de
baja en combate falseando el informe que los dio como muertos en combate
(falsos positivos); situación de la que tuvieron certeza al momento de la
sentencia penal de primera instancia que los condenó - 29 de junio de 2016 -,
con anterioridad de someterse a la JEP.
Así las cosas, la parte actora tenía hasta el 29 de junio de 2016 para presentar
la demanda. No obstante, la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada
apenas el 22 de abril de 2021, cuando ya habían transcurrido los dos (2) años
otorgados para tal fin, por lo que en dicha fecha y más aún al momento de la
presentación de la demanda - 22 de abril de 2021- se encontraba configurado
el fenómeno de la caducidad del medio de control.
Así las cosas, los familiares de las víctimas estaban en la posibilidad de
advertir la participación y responsabilidad patrimonial del Estado por los daños
alegados, vale decir, la presunta ejecución extrajudicial de la referida señora a
manos de integrantes del EJÉRCITO NACIONAL, sin que fuere estrictamente
necesario esperar hasta que hubiere sentencia condenatoria ejecutoriada por
parte de la jurisdicción penal en contra de los procesados, máxime cuando
alguno de los actores se constituyeron como parte civil en dicho proceso
penal; ello teniendo en consideración a que, si bien tal proveído constituiría
prueba a fin de acreditar que en realidad hubo falla en el servicio, no puede
soslayarse que la responsabilidad estatal analizada en el presente asunto es
distinta a aquella perseguida a través del proceso penal, quien evalúa la
conducta del individuo acusado de cometer una conducta típica, antijurídica y
culpable, indistintamente de que ostente o no la calidad de agente del Estado,
a menos que se trate de aquellos delitos propios de ser realizados únicamente
por servidores públicos, situación que no es la del caso.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, porque el objeto de la demanda es continuar con el
debate propuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de
declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, asunto que,
como lo ha establecido esta Subsección en anteriores oportunidades5 fue
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 4 de noviembre de 2022.
Sección Tercera, Subsección B, sentencia 27 de septiembre de 2021, C.P: Martín Bermúdez
Muñoz.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
razonablemente decidido por las autoridades judiciales accionadas, en la medida
en que se estableció que debía acogerse la postura adoptada en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020; además, bajo un análisis probatorio, desde el
principio de la sana crítica y bajo la autonomía judicial, lo que permitió establecer
que los demandantes tenían conocimiento de que la lamentable muerte de sus
familiares era imputable a agentes del Estado desde el mismo momento de su
acaecimiento.
Por lo expuesto, se modificará la sentencia impugnada y se declarará la
improcedencia del amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de junio de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, la cual quedará así:
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con las
razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
con aclaración de voto
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01185-01
Accionante: Cecilia del Carmen Gómez Cuentas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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