Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01195-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
21 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 21 de julio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-00
Demandante: Manuel Antonio García León
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició (1) las sentencias de primera y segunda
instancia, mediante las cuales se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, consistentes en declarar la nulidad de un acto
administrativo, a través del cual se negó la devolución de unos descuentos realizados por
concepto de salud, (2) la condena en costas efectuada mediante la sentencia de
segunda instancia en el medio de control referido y (3) los Autos de 28 de julio y 31 de
agosto de 2022, mediante los cuales se negó una solicitud de decreto y práctica de
pruebas en segunda instancia.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Manuel
Antonio García León en contra del Juzgado 14 Administrativo de
Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 7 de marzo de 2023, Manuel Antonio García León presentó acción
de tutela en contra del Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y del
Tribunal Administrativo de Santander por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso (derecho de defensa), acceso
a la administración de justicia, igualdad, petición y “pensión justa”, con
ocasión de las Sentencias de 26 de mayo de 2020 y 7 de septiembre de
2022, proferidas por las autoridades judiciales accionadas,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 68001-33-33-014-2016-00321-00/01. Adicionalmente, de
manera subsidiaria, cuestionó los Autos de 28 de julio y 31 de agosto de
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Manuel Antonio García León
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2022, proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander dentro de ese
mismo proceso.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1. Tutelar mis derechos constitucionales al debido proceso, defensa, petición,
pensión justa, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la
administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial.
2. Que se ordene dejar sin efectos las sentencias proferidas el 26 de mayo de
2020 y 7 de septiembre de 2022, cuya fecha fue corregida el 19 de octubre
de 2022, por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y
el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, y en su lugar se
conceda un término prudencial para que el Tribunal Administrativo de
Santander profiera una sentencia complementaria en los siguientes términos:
2.1. Que se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, el reembolso al
suscrito demandante de la suma de $13.984,487, debidamente indexada
desde noviembre de 2010, una vez hecho el descuento del punto porcentual
con destino al fondo de solidaridad y garantía en salud FOSYGA14, que debe
hacerse a la de $14.125.745, depositada en “Valor devoluciones de terceros”,
por el Consorcio FOPEP, como obra en el certificado de pagos anexo al oficio
radicado No. 201614200724271 del 9 de marzo de 2016 de la UGPP.
2.2. Que se revoque la condena en costas impuesta por el Tribunal
Administrativo de Santander en la sentencia del 7 de septiembre de 2022,
cuya fecha fue corregida el 19 de octubre de 2022 objeto de la presente
acción de tutela.
3. En el evento de no prosperar las anteriores peticiones, se solicita a los
Honorables Magistrados dejar sin efectos los autos de 28 de julio y 31 de
agosto de 2022 del Tribunal Administrativo de Santander; y en su lugar ordenar
la práctica de las pruebas solicitadas en el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo de primera instancia.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Manuel Antonio García León trabajó al servicio del Juzgado 7
Penal de Circuito de Bucaramanga, en el cargo de secretario, al cual
ingresó por concurso de méritos. Presentó su renuncia a dicho cargo el 2
de mayo de 2008 y fue aceptada ese mismo día mediante “Decreto” No. 5
de 2008.
5. 2) El 26 de mayo de 2008, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez ante la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) que,
mediante Resolución No. 13816 de 31 de marzo de 2009, reconoció la
pensión solicitada. Posteriormente, en virtud de una orden de tutela, la
mencionada autoridad administrativa expidió la Resolución No. PAP 6246
de 9 de julio de 2010, a través de la cual reliquidó la pensión del
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demandante y ordenó que sobre el retroactivo a reconocerse se realizaran
unos descuentos por concepto de salud.
6. 3) Mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2015, ante la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP (antes Cajanal), el
demandante solicitó que se realizara el reembolso de $14.125.745,
correspondientes a los descuentos por concepto de salud realizados del
retroactivo pensional que le fue pagado. La solicitud se fundamentó en
que, en el periodo comprendido entre su renuncia a la Rama Judicial y el
pago de su pensión, estuvo afiliado al sistema de salud como beneficiario
de su hijo, motivo por el que no había lugar a descontar los pagos de salud
dentro de ese periodo.
7. 4) Mediante “Auto” No. ADP 7888 de 16 de junio de 2016, la UGPP dio
respuesta a la solicitud del señor García León, en el sentido de indicarle
que la solicitud de devolución no era procedente en la medida en que,
según la normatividad aplicable al asunto, la cotización a salud sobre la
mesada pensional, resultaba de carácter obligatorio.
8. 5) Manuel Antonio García León presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP y otros2, con el fin de que se
declarara la nulidad del “Auto” No. ADP 7888 de 16 de junio de 2016 y se
ordenara la devolución del descuento realizado para el pago de salud.
9. El demandante indicó que se debía declarar la nulidad del acto
administrativo, en la medida en que se le estaba descontando una suma
de dinero por concepto de salud, pese a que no se afilió como cotizante
entre el 2 de mayo y 31 de octubre de 2010.
10. 6) El 26 de mayo de 2020, el Juzgado 14 Administrativo de
Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia en la que negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la
parte vencida. Para ello indicó que, en cumplimiento de la Constitución
Política y la Ley 100 de 1993, existía una obligación en cabeza de los
pensionados consistente en una contribución correspondiente al 12% sobre
las mesadas pensionales. Adicional a lo anterior, señaló que no existía
fundamento jurídico, ni jurisprudencial que sustentara la pretensión del
demandante de realizar la devolución de los descuentos realizados.
11. 7) La parte actora apeló la anterior sentencia, para ello cuestionó
que se justificara la realización de los descuentos en salud pues, a su juicio,
en el periodo en que se realizaron dichos descuentos: (1) se encontraba
2 Adicionalmente demandó al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud y Seguridad Social, al Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y al Fondo de Solidaridad y Garantía.
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cesante en atención a que renunció al cargo que tenía, (2) no estaba
afiliado a ninguna EPS como cotizante, (3) los descuentos realizados no se
enviaron a ninguna EPS, (4) existía constancia de que en el periodo
comprendido entre el 1 de mayo de 2008 y 31 de octubre de 2010 no se
realizaron pagos por concepto de salud, (5) en el mencionado periodo
estuvo afiliado al sistema de salud como beneficiario de su hijo y (6) el
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -FOPEP- no probó cual fue
el destino de esos dineros. Adicional a lo anterior, mencionó que hubo un
enriquecimiento sin causa del tercero “desconocido” a quien se dirigió el
dinero del descuento realizado.
12. 8) Por su parte, la UGPP apeló parcialmente la decisión, en el sentido
de cuestionar que no se hubiera emitido una condena en costas a la parte
vencida en el proceso.
13. 9) El 7 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander
profirió sentencia de segunda instancia mediante la que confirmó la
sentencia de primer grado en lo relacionado con la negativa a conceder
las pretensiones relacionadas con los descuentos en salud, revocó la
decisión de no condenar en costas y, en su lugar, condenó a la parte
vencida en primera instancia y, además, condenó en costas en segunda
instancia al demandante.
14. El tribunal indicó que era procedente el descuento efectuado sobre
el retroactivo en la medida en que se efectuó en cumplimiento de un
mandato legal y se trataba de aportes que apoyaban el sostenimiento del
sistema de seguridad social. Respecto del reparo relacionado con el
enriquecimiento sin causa, indicó que no sería objeto de estudio pues esos
argumentos no fueron expuestos desde la demanda, motivo por el que el
juez de primer grado no emitió ningún pronunciamiento al respecto.
Finalmente, con fundamento en el artículo 365 numeral 1 del Código
General del Proceso - CGP, estableció que era procedente la condena en
costas en primera y segunda instancia.
15. Como fundamento de la vulneración la parte accionante no
encuadró sus reparos en defectos y/o causales de tutela contra
providencia judicial.
16. Sin embargo, los reparos del actor se encaminaron a cuestionar las
sentencias del Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal
Administrativo de Santander, con fundamento en que: (1) durante el
periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2008 y el 31 de octubre de
2010, no estuvo afiliado a un EPS como cotizante activo, (2) hubo un
enriquecimiento sin causa por parte del tercero “desconocido”
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destinatario de los dineros que le fueron descontados y (3) que no había
lugar a que se profiera una condena en costas en su contra pues no actuó
de manera temeraria o de mala fe.
17. También se debe advertir que, si bien el demandante también
cuestionó los Autos de 28 de julio y 31 de agosto de 2022, proferidos por el
Tribunal Administrativo de Santander, lo cierto es que no expuso los motivos
por los que consideró que esas decisiones vulneraron sus derechos
fundamentales.
1.2. Posición de la parte demandada y los terceros3
18. El Tribunal Administrativo de Santander envió un correo electrónico
con el expediente judicial requerido escaneado, pero no realizó ningún
pronunciamiento sobre los fundamentos de la acción de tutela.
19. El Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga remitió informe a
través del cual manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
alegados por la parte demandante, motivo por el que solicitó que se
negara la acción de tutela. Adicional a lo anterior, envió escaneado el
expediente judicial requerido.
20. El Ministerio de Salud y Seguridad Social solicitó su desvinculación del
presente asunto, ya que consideró que no era la autoridad encargada de
resolver las pretensiones de la parte demandante.
21. El Ministerio del Trabajo rindió informe, mediante el cual solicitó su
desvinculación del presente asunto, pues consideró que no tenía
legitimación pasiva en la causa ya que lo que se cuestionaba en la
presente acción de tutela era una providencia judicial. Adicional a lo
anterior, consideró que la acción de tutela debía negarse en
consideración a que el descuento por concepto de salud realizado, se
soportaba en la legislación colombiana.
22. La UGPP solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela ya que no superaba el requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que lo pretendido por la parte actora era utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario. Adicional a lo
anterior, solicitó que se negara la acción de tutela ante la ausencia de
vulneración de derechos fundamentales.
3 El 10 de marzo de 2023, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como
demandados al Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga y al Tribunal Administrativo de Santander y, (3)
vincular, en calidad de terceros, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-, al Ministerio del Trabajo,
al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -FOPEP-, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Fondo de
Solidaridad y Garantía -FOSYGA- y a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud
– ADRES-, como terceros con interés en el asunto.
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23. El FOPEP solicitó su desvinculación de la acción de tutela pues indicó
que lo pretendido por la parte actora es la protección de sus derechos
fundamentales, los cuales no fueron vulnerados por esa autoridad
administrativa.
24. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud -ADRES rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela ya que no cumplía los requisitos de
inmediatez, ni relevancia constitucional. Adicionalmente, solicitó su
desvinculación tras considerar que la carga constitucional de dar
cumplimiento a un eventual fallo de tutela favorable, no estaría en cabeza
de esa autoridad administrativa.
25. El Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. identificación de la providencia objeto
de estudio. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
26. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Seguridad Social, el
FOPEP y ADRES, en sus respectivos informes, solicitaron su desvinculación
del proceso de la referencia por carecer de legitimación pasiva en la
causa. La Sala negará dicha solicitud porque (1) la vinculación de las
referidas autoridades se hizo en calidad de terceros interesados en el
proceso y (2) la eventual decisión de amparo de los derechos
fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a tener
incidencia en el proceso en el que dichas autoridades hicieron parte.
2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio
27. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de Segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 7 de septiembre de 2022, puesto que, pese a que también se
enjuició la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 14
Administrativo de Bucaramanga, lo cierto es que, con ocasión del recurso
de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo,
ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la
autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada
de dar cumplimiento a lo que se ordene.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
28. Para efectos metodológicos, la Sala estudiará primero los cargos
presentados contra la Sentencia de 7 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander. Posteriormente, hará referencia a
los reparos respecto de la condena en costas. Finalmente, se pronunciará
sobre los Autos de 28 de julio y 31 de agosto de 2022, proferidos por el
Tribunal Administrativo de Santander.
29. 1) Respecto de la Sentencia de 7 de septiembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander la Sala declarará la
improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional
como pasa a explicarse.
30. La relevancia constitucional es uno los requisitos que deben concurrir
para que resulte procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues, en los términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
31. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20145, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere de la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con el
objeto de obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad8.
32. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
33. Lo anterior obedece a que, si bien la parte actora mencionó la
relevancia constitucional como uno de los requisitos que deben concurrir
para que sea procedente la acción de tutela, lo cierto es que no realizó un
desarrollo sobre la necesidad de intervención del juez de tutela dentro del
presente asunto, el cual fue analizado y resuelto por su juez natural.
34. Adicional a lo anterior, la Sala logró evidenciar que la parte
demandante pretendió que se analizaran argumentos que ya fueron
expuestos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 68001-33-33-014-2016-00321-00/01.
35. En el escrito de tutela, el señor García León mostró su inconformidad
respecto del análisis realizado por las autoridades judiciales, en lo
relacionado con los descuentos en salud que le fueron realizados sobre el
retroactivo que le fue reconocido. Adicional a lo anterior, en el recurso de
apelación hizo referencia a un posible enriquecimiento sin causa del
destinatario del dinero descontado por concepto de salud.
36. En consecuencia, los reparos alegados, más allá de la configuración
de un defecto y/o vulneración de derechos fundamentales, se presentan
como una reiteración de los aspectos expuestos ante el juez ordinario, tal y
como se puede evidenciar en los argumentos planteados en la
demanda10 y en el recurso de apelación11 contra la sentencia de primer
grado del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
10 En las pretensiones de la demanda solicitó: “se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL — UGPP., reembolsar al suscrito la
suma de CATORCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($14.125.745.00),
descontada de manera ilegal de mi retroactivo pensional, aduciendo que la misma corresponde al 12% mensual
destinado al rubro salud durante el lapso comprendido entre el 1° de mayo de 2008 y el mes de noviembre de
2010, cuando me hallaba cesante por haber renunciado a mi último empleo ejercido en la Rama Judicial,
tiempo durante el cual ostenté la condición de beneficiario de mi hijo Antonio Andrés García Galvis en la EPS
Sanitas, por cuanto no tenía capacidad para pagar mi seguridad social.”
La anterior solicitud la fundamentó en que: “Desde el 13 de agosto de 2008 hasta el mes de noviembre de 2010
estuve afiliado a la EPS Sanitas, como beneficiario de mi hijo ANTONIO ANDRÉS GARCÍA GALVIS titular de la
cédula de ciudadanía número (…), por cuanto el suscrito no tenía capacidad de pago para ostentar la
condición de cotizante. (…) Según reporte del 19 de febrero de 2016 del Fondo de Solidaridad y Garantía en
Salud — FOSYGA, antes del mes de octubre de 2010 no me hicieron descuentos del 12% por concepto de salud,
dichos descuentos se efectuaron en noviembre de 2010 a favor de COOMEVA E.P.S. S.A., y desde diciembre de
2010 en adelante a favor de EPS SANITAS. 10. El Consorcio FOPEP certificó el 22 de febrero de 2016 los descuentos
efectuados por concepto de cotización en SALUD y en la última fila correspondiente al período octubre de 2010
aparece la suma de $14.125.745 girados a VALOR DEVOLUCIONES TERCEROS. Significa lo anterior, que en el
período comprendido entre el 1° de mayo de 2008 y el mes de octubre de 2010, en el cual me encontraba
cesante razón por la cual no recibí pensión ni sueldo alguno, ni estuve afiliado a ninguna EPS en calidad de
cotizante, se descontó de mi retroactivo pensional la suma de $14.125.745 girada a VALOR DEVOLUCIONES
TERCEROS.”
11 En el recurso de apelación se hizo referencia a lo siguiente: “El descuento de $14.125.745 efectuado en
noviembre de 2010, por el FOPEP, girado a “VALOR DEVOLUCIONES A TERCEROS”, es ilegal y se constituye un
enriquecimiento sin causa para la entidad receptora y el empobrecimiento correlativo para mí, por cuanto
recibió unos recursos por un servicio médico que nunca me prestó, ni estuvo disponible para mi uso.
(…) Es indiscutible que a todo empleado o pensionado se deba efectuar de, modo obligatorio, los descuentos
que por virtud de los servicios de salud disponga la ley. En mi caso particular, no recibí el servicio de salud entre
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37. Tales argumentos fueron abordados y resueltos en la oportunidad
procesal pertinente por el Tribunal Administrativo de Santander12 (como
juez natural del asunto).
38. En virtud de lo anterior, se reitera que no se evidenció la necesidad
de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el
juez natural, quien se pronunció sobre los reparos formulados por la parte
demandante.
39. Además, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otros términos, la presentación simple de
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional.
40. 2) En lo relacionado con la condena en costas, la Sala también
declarará la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
41. Para la Sala, la imposición de la condena en costas, en el caso
concreto, constituye un debate o controversia eminentemente patrimonial
y económica, pues, aunque la parte actora alegó con ello la trasgresión
de derechos fundamentales, ello no es suficiente para dar por cumplido
ese requisito, pues se requiere demostrar de manera razonable su
restricción desproporcionada. En ese orden, al igual que en ocasiones
mayo de 2008 y noviembre de 2010 en razón de mi estatus de pensionado porque no estaba pensionado y por
ende no recibía mesada alguna. En consecuencia, no había lugar ni justificación para realizar los descuentos.
(…) De ahí que el a quo sostenga que no existe fundamento jurídico ni jurisprudencial que sustente la pretensión
de devolver los dineros descontados por salud y, en la misma forma, que las apoderadas de las entidades
demandadas argumenten que por ley debe descontarse el 12% por salud a todo pensionado, cuyo monto debe
dirigirse a la EPS a la que esté afiliada la persona acreedora de esta prestación. Lo cierto es que la sentencia
impugnada no se demostró el destino final de los dineros descontados objeto de esta reclamación.”
12 “(…) la Sala comparte la posición del A quo pues es un deber de las entidades pagadoras realizar el
descuento con destino al sistema de salud, dado que es “inherente, esencial y necesario frente al otorgamiento
de la pensión; de ahí, que el no recibo de los servicios de salud por parte del actor en un periodo de tiempo no
tenga incidencia en la realización de los descuentos antes mencionados.
Debe tenerse en cuenta que la deducción del 12% con destino a salud procede desde el momento mismo en se
causa el derecho pensional por mandato legal y, además, se trata de aportes que apoyan el sostenimiento del
sistema de seguridad social generando un cubrimiento mayor, en este orden, es procedente el descuento
efectuado sobre el retroactivo pensional del demandante.
1.4. La Sala no analizará los argumentos del recurso referentes a un supuesto enriquecimiento sin causa o a una
falta de identificación del destinatario de la suma descontada, pues tales argumentos no fueron incluidos dentro
del concepto de violación de la demanda, y, en todo caso, es clara la norma en señalar que dichos recursos
hacen parte del sistema general de seguridad social.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-00
Demandante: Manuel Antonio García León
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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anteriores, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a
este aspecto13.
42. 3) Finalmente, en lo relacionado con los Autos de 28 de julio y 31 de
agosto de 2022, proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander, se
declarará la falta de relevancia constitucional.
43. No se superó el mencionado requisito, toda vez que la parte actora
no desplegó la carga argumentativa que justificara la intervención del juez
de tutela, pues, como se indicó en el fundamento de la vulneración
(párrafo 17) la parte ni siquiera expuso los motivos por los que cuestionaba
dichos autos.
2.4. Conclusión
44. Por las razones expuestas la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Seguridad Social, el FOPEP y
ADRES.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Manuel Antonio García León, por las razones señaladas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
13 Al respecto, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y
11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00,
Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00; Sentencia de 5 de febrero de 2020,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00294-00,
Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de 5 de junio de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01641-01,
Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01195-00
Demandante: Manuel Antonio García León
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin14.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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